Cumbre de la UE: los conflictos de intereses que los 27 prefieren no ver

Se trata de la primera reunión en tiempos de pandemia, en Bruselas, en carne y hueso, de los jefes de Estado y de Gobierno. En el encuentro que daba comienzo este viernes por la mañana, se espera matar dos pájaros de un tiro: alcanzar un acuerdo sobre la arquitectura del presupuesto de la UE para los próximos siete años, tras el casi total impasse de la cumbre de febrero sobre la cuestión (una dotación de algo menos de 1 billón de euros), pero también validar la mecánica de un plan de estímulo sin precedentes frente al covid, por valor de 750.000 millones de euros.

La Comisión Europea, al igual que Berlín –que ocupa la Presidencia rotatoria de la UE hasta finales de año– y París, sigue esperando un gran avance el sábado por la noche. En caso de fumata blanca, este acuerdo sentaría las bases de una deuda común para los miembros de la UE, un paso hacia una Europa más integrada y, en teoría, más solidaria. Para el presidente francés Emmanuel Macron, permitiría financiar parte del plan de estímulo de un billón de euros que esbozó el 14 de julio, por un importe de 30.000 a 40.000 millones de euros.

Pero otros líderes ya están prediciendo la celebración de una nueva reunión durante el verano, dado que las cuestiones peliagudas, y las amenazas cruzadas de veto, siguen siendo numerosas. Los Países Bajos y sus aliados “frugales” muestran su rechazo no sobre el monto global del estímulo, sino sobre su distribución; quisieran reducir la proporción de subsidios (500.000 millones de euros, en esta etapa) para aumentar la proporción de los préstamos (250.000 millones).

Otro punto de fricción lo constituye lo que en Bruselas se llama “la gobernanza” de este nuevo mecanismo. Para decirlo claramente quién, desde la Comisión Europea o los 27 Estados, debería validar las etapas del desbloqueo del dinero para la estimulación económica de cada país. También en este caso, los países llamados frugales, con los Países Bajos a la cabeza, harán todo lo posible por endurecer el mecanismo y abogarán por que otros países tengan voz en la naturaleza y la aplicación del plan de recuperación de un Estado miembro tan pronto como reciba dinero europeo. Desde el punto de vista político, se trata de una cuestión muy delicada, ya que afecta a la soberanía de los Estados miembros.

El tercer obstáculo se refiere al debate que ya había tensado a los socios europeos en febrero, vincular el pago de la ayuda financiera al respeto del Estado de derecho por parte de los países beneficiarios. La idea de una “condicionalidad”, planteada por el Parlamento Europeo en marzo de 2018 y defendida por la Comisión en mayo de 2018, fue retomada la semana pasada por el belga Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Queda por ver si los dos principales países a los que va dirigida esta medida, Polonia y Hungría, seguirán vetándola. Especialmente porque las negociaciones sobre el presupuesto se están llevando a cabo de forma unánime.

A pesar de la creciente presión del Parlamento Europeo, los líderes de la UE van a evitar abordar, salvo sorpresas, otro tema que amenaza toda la arquitectura del presupuesto, la problemática situación de los líderes húngaros y checos ante las ayudas europeas. Estos últimos participan en la elaboración del presupuesto para los próximos siete años, mientras que su entorno –incluso empresas en las que tienen participación– se benefician de las ayudas estructurales de la UE.

En concreto, el círculo próximo de Orbán es el principal beneficiario de la ayuda pagada a Hungría y, en particular, de la Política Agrícola Común (PAC), como se documenta en una investigación de The New York Times de finales de 2019. Pero el caso del primer ministro checo Andrej Babis también preocupa a muchos diputados. Sigue teniendo vínculos con el grupo Agrofert, que fundó y que se dedica a la industria alimentaria, los productos químicos y los medios de comunicación. Agrofert es también uno de los principales beneficiarios de las ayudas de la UE a la República Checa.

En una resolución adoptada en junio, el Parlamento Europeo les instó a “renunciar a sus intereses comerciales, no solicitar financiación de la UE o abstenerse en la toma de decisiones que afecten a sus intereses”. Los eurodiputados reclaman la obligación de publicar los beneficiarios finales de las subvenciones de la UE, pero también la introducción de límites máximos para los pagos directos, para cada persona física.

Andrej Babis, que fue uno de los más fervientes defensores en la cumbre de la UE de febrero de un aumento del presupuesto de la UE, niega haber cometido el menor acto censurable. Después de que una delegación de eurodiputados se desplazara a Praga a principios de año para observar el presupuesto de la UE, llamó “loca” a la presidenta de la delegaciónllamó, la conservadora alemana Monika Hohlmeier, y “traidores” a los eurodiputados checos que la acompañaban. Tras la adopción de la resolución el mes pasado, criticó la “interferencia” del Parlamento Europeo en los asuntos internos del país, lo que le valió una respuesta firme del presidente del PE, David Sassoli.

El eurodiputado alemán de los verdes, Daniel Freund, también ha visitado este año la República Checa y Hungría. “Orbán funciona un poco con el dinero de las ayudas europeas como el jeque de un emirato con el dinero del petróleo”, señaló. “La comparación puede parecer extraña, pero en ambos casos el dinero viene de fuera, parece que no puede agotarse, y en principio sólo es accesible a una pequeña élite del país”.

Y continúa: “La solución no es sólo criticar a Babis o a Orbán. Es la forma en que Europa otorga sus ayudas lo que ha hecho posible estas situaciones. Tenemos que ver la forma en que Europa lo hace para desembolsar y controlar el dinero”. Daniel Freund sugiere por ejemplo bloquear el pago de los fondos de estimulo previstos post-covid a Hungría hasta que se incorporara a la Fiscalía Europea, una institución todavía en ciernes, en proceso de creación desde 2017. También aboga por el fortalecimiento de los recursos humanos de las pocas instituciones, como la Olaf, encargadas de investigar los casos de fraude en el territorio.

No está claro que la cuestión interese a la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen en Bruselas este fin de semana y que están especialmente impacientes por anunciar colosales sumas de dinero para “reactivar” la economía del continente. Los controles esperarán.

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Traducción: Mariola Moreno

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