La Comisión Europea se limita a usar 'balas de fogueo' para combatir los paraísos fiscales

El diagnóstico es preciso y abrumador, pero los remedios dirigidos a aportar soluciones a la dramática situación que se describe son, cuando menos, tibios. Este miércoles 17 de junio, la Comisión Europea presentaba su plan para reformar en profundidad la fiscalidad de las empresas con el fin de que las multinacionales no puedan hacer de Europa un paraíso fiscal a su servicio. 

La institución europea se muestra determinada a acabar con un problema, que Mediapart hace años que viene denunciando. “La lucha contra la evasión fiscal empresarial constituye una prioridad absoluta para la actual Comisión”, puede leerse en un comunicado. La constatación es similar a la que nosotros hemos hecho: “Los sistemas fiscales aplicables a las empresas en los países europeos datan de los años 30, cuando los intercambios comerciales entre países eran más limitados, los modelos de empresa eran más simples y los productos eran bienes materiales. Con el cambio de cambiar la actividad de las empresas, el sistema fiscal también ha de evolucionar. Las reglas actuales ya no se adaptan a un entorno económico globalizado, digital, móvil”.

“No podemos seguir aceptando que algunas empresas prácticamente no paguen impuestos”, resume Pierre Moscovici, uno de los dos comisarios europeos al frente del asunto.

Tras los anuncios preliminares realizados en marzo y en mayo, la Comisión por fin ha detallado cuál sera su plan de acción. “Cualquier empresa, pequeña o grande, debe pagar los impuestos correspondientes en el país donde obtenga beneficios”, avisó el pasado 27 de mayo, Valdis Dombrovskis, su vicepresidente. La institución sabe que se está a la espera de que se produzca el cambio de rumbo. El que fuera primer ministro de Luxemburgo, entre los años 1995 a 2013, Jean-Claude Juncker, se convirtió el objetivo principal del escándalo Luxleaks, que sacó a la luz el pasado mes de noviembre la flexibilidad de las autoridades fiscales de dicho país cuando acoger multinacionales se trataba.

Hasta la fecha, la Unión Europea ha sido más que discreta en lo que se refiere a la fiscalidad empresarial. Y eso, a pesar de que el asunto esta en el centro del debate mundial desde que la OCDE, por encargo del G20, presentó en septiembre su plan de lucha contra los reyes de la optimización fiscalreyes. En octubre, los ministros de Economía y Finanzas de los 20 países más ricos serán los encargados de presentar este plan, cuya redacción está casi lista.

Sobre el papel, Juncker y Moscovici no eluden ninguna cuestión: elaborar una lista de 30 paraísos fiscales, reabrir el viejo debate de la fiscalidad común para toda Europa, debatir sobre las ventajas que suponen para las empresas establecer una contabilidad país por país y determinar cómo garantizar el gravamen real a las multinacionales.

Y, sin embargo, lo menos que se puede decir es que, el plan presentado este miércoles, apenas suscita entusiasmo entre aquellos que lo conocen. Todo lo contrario, coinciden a la hora de denunciar su tibieza. Las ONG francesas, agrupadas en la plataforma  que lucha contra los paraísos fiscales, lamentan que la Comisión “renuncie a ir más allá” y “deploran la falta de ambición de este plan de acción, que no está a la altura de las expectativas”.

Idéntico análisis realiza la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, cuyo secretario general, Jan Willem Goudriaan, ha declarado: “Se seguirá diciendo a enfermeras, trabajadores sociales, bomberos, que se aprieten el cinturón porque no hay dinero, mientras que multinacionales rentables como Ikea, Google, Amazon, Starbucks, Fiat Finance y McDonalds pagan menos del 1% de impuestos sobre unos beneficios astronómicos”.

Los Verdes europeos, los más preocupados por las cuestiones de justicia fiscal, mantienen el mismo discurso y “manifiestan su profunda inquietud ante la falta de acción y de determinación por parte de la Comisión Europea”. En cuanto a Alain Lamassoure, diputado del PPE (derecha) y presidente de la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre los rescriptos fiscales, “invita a la Comisión a acelerar el proceso”.

¿A qué se debe este escepticismo unánime? Porque después de haber realizado un grave diagnóstico, la Comisión solo propone medidas bastante tibias, por lo que hacen dudar de la voluntad o de la capacidad real existente para mover las líneas trazadas. Para muestra, basten los siguientes ejemplos:

► Lista de paraísos fiscales muy selectiva

Se trata de la medida más transparente, pero no la más útil. La Comisión ha elaborado un listado de los 30 paraísos fiscales no cooperativos que figuran con más frecuencia en los listados de los 28 Estados miembros (y en, al menos, 10 listas negras diferentes). Junto a territorios exóticos habituales (Islas Vírgenes británicas, Bermudas, Bahamas) o países que rechazan de forma oficial cualquier cooperación relativa al secreto bancario (Panamá, Brunei), se encuentran territorios europeos que aparecen con poca frecuencia como Mónaco, Liechtenstein o Andorra. Sin embargo, el listado no menciona ni a Líbano —chantre de la opacidad—, ni Suiza, ni tampoco a ningún país miembro de la Unión Europea. Ahora bien, Luxemburgo y los Países Bajos, aunque cada vez cooperan más con las autoridades fiscales y con la justicia de los países vecinos, continúan en el centro de numerosos sistemas de evasión fiscal.

Casualidades de la vida, una reputada ONG norteamericana, Americans for Tax Fairness, publicaba pocos minutos antes de que la Comisión anunciase su plan, un informe desolador, que detalla cómo el número uno mundial de los grandes almacenes, Walmart, se sirve de los paraísos fiscales europeos para ahorrarse pagar sobre los beneficios que obtiene en el extranjero. Desde 2009, la compañía ha creado 22 filiales en Luxemburgo y dispone de 15 más en los Países Bajos, en un entramado que recuerda bastante al de McDonalds, Starbucks o Amazon.

Y, muy recientemente, Bélgica ha incluido a Luxemburgo en su lista de ¡paraísos fiscales! El país de Jean-Claude Juncker está considerado por la OCDE como “no conforme”, en lo que se refiere a las reglas de buena gobernanza, aunque se prevé que deje de formar parte de este grupo en los próximos meses.

► Transparencia limitada sobre los rulingsrulings

La medida se anunció en marzo, como una primera respuesta al escándalo LuxLeaks. Se aprobó una directiva para imponer, de aquí a enero de 2016, la transparencia entre Estados miembros con relación a los “rulings fiscalesrulings ” –acuerdos entre una empresa y las autoridades fiscales de un país– en cuanto al gravamen impositivo que debe prever una empresa en los próximos años. De forma paralela, la comisaria de Competencia, la muy activa Margrethe Vestager pidió a 21 países, entre ellos Luxemburgo y Francia, que le facilitase la totalidad de los “rulings” firmados en los últimos años e investiga los vínculos entre Apple e Irlanda; Starbucks y los Países Bajos; Amazon y Fiat, en Luxemburgo.

La Comisión se felicita por avanzar con rapidez hacia la “transparencia” relativa a estas problemáticas prácticas. El análisis es similar en Francia: “Actualmente, no hay ningún país que pueda resistirse, es el momento de hacerle frente y de llegar lo más lejos y lo más rápido posible”, defienden en el Ministerio de Finanzas. Pese a todo, no abogan por una total transparencia, como reclaman las ONG que luchan por la justicia fiscal. Estas organizaciones lamentan que estos datos no se vayan a hacer públicos, sino que se limiten a intercambiarlos entre administraciones fiscales y la Comisión Europea. “Hay que ir por fases, hay que tranquilizar a los países más reticentes”, argumentan desde París. Es paradójico, sobre todo porque ha sido a raíz de la revelación de estas prácticas, por parte de una coalición de periódicos, cuando se ha desencadenado el proceso de reforma en curso.

► Acelerar poco a poco la contabilidad país por país

La medida era de esperar. La Comisión se refiere periódicamente a la posibilidad de imponer a las empresas una contabilidad país por país. Este principio tiene como objeto que las multinacionales trasladen a las autoridades fiscales, del país en el que operan, las informaciones detalladas, país por país, relativa a su cifra de negocios, sus beneficios, su liquidez, así como los impuestos que han pagado en ese territorio. Es fundamental para arrojar luz sobre los malabarismos empresariales en cada país, sobre cómo localizan sus beneficios en los paraísos fiscales y crean artificialmente déficits para sus filiales instaladas en países con una fiscalidad estándar, donde por norma general operan.

Este concepto, ideado en 2003 por el contable británico Richard Murphy, próximo a la ONG Tax Justice Network, es una de las armas que espera poder emplear la OCDE, pese a que Murphy estima que  la organización internacional ha desviado su verdadero espíritu, ya que se corre el riesgo de excluir a los países en vías de desarrollo. En julio de 2013, Francia abría la veda al imponer la elaboración de este tipo de informes a los bancos, en virtud de la llamada Ley de separación bancaria, adaptando una disposición votada en el Parlamento Europeo. Europa ha seguido su estela y ha impuesto la misma medida a las industrias extractivas.

Los observadores esperaban que la Comisión propusiese ampliar dicho principio a las multinacionales. Ay. De momento se conforma con lanzar una consulta pública sobre la cuestión, así como un análisis de impacto para contribuir “a la elaboración de decisiones futuras”. Tan solo unas palabras para un asunto de esta magnitud... El pasado mes de abril, Pierre Moscovici ya advirtió en RFI de que esta medida generaba hostilidad de las empresas y que su preocupación no era ninguna “estupidez”. Una prudencia así no pasa inadvertida a las ONG. Manon Aubry, de Oxfam, lamenta que, pese a los discursos voluntaristas, “sigamos sin ser capaces de preguntar a las empresas por lo que hacen en Europa; ¿cuáles son sus filiales?, ¿sus estrategias fiscales? Sigue siendo un misterio”.

Los Verdes son unánimes. Recientemente han conseguido que una comisión del Parlamento Europeo dé el visto bueno a la elaboración de informes país por país, durante el examen de la directiva relativa a los derechos de los accionistas. Bien es verdad que Martin Schultz, el presidente del Parlamento, aplazó la votación final a una sesión plenaria, donde es posible que la proposición finalmente quede enterrada. “La decisión de no comprometerse a la elaboración de este informe financiero público país por país pone de manifiesto la poca determinación de Pierre Moscovici”, denuncia la diputada europea Eva Joly. “Este proyecto no precisa de la unanimidad del Consejo y ha pasado la primera fase en el Parlamento Europeo, el comisario Moscovici tenía la posibilidad de apoyarlo. Al no hacerlo, sencilla y llanamente anima a que se aplace. Se trata de una oportunidad perdida, por no decir que estamos ante un torpedeo”.

► Consolidación fiscal aplazada o... ¿anulada?

Esta medida se presenta como la disposición faro del plan europeo. También es la más técnica y la más antigua. Podría haber sido la más audaz y sin embargo existe una gran preocupación por que finalmente sea la más desvirtuada. La Comisión ha vuelto a poner sobre la mesa la –ya recurrente– cuestión de la base imponible común consolidada del impuesto de sociedades (BICCIS). Este texto, lista desde hace más de cuatro años, propone que una empresa presente en varios países europeos aplique lo que los expertos denominan la imposición unitaria. Consiste en considerar a todas las filiales de una multinacional como una sola e única empresa, evaluar sus beneficios totales, con independencia de dónde estén localizados, para después dividirlos proporcionalmente en función del número de países donde se lleva a cabo realmente la actividad de la empresa. Así, cada Estado es libre a continuación de gravar en el porcentaje que estime la parte de los beneficios que le ha sido “atribuida”.

Esta solución, que ya ha adoptada Estados Unidos en su comercio interior, se considera el arma más segura para acabar con las estrategias de optimización más o menos leales de las empresas. Los expertos tributarios ya no serían los que decidirían donde se localizan los beneficios, sino que son los Estados quienes llevan la iniciativa. En cuestiones sobre fiscalidad, el principal escollo radica en que, cualquier medida nueva adoptada en Europa debe alcanzarse con el consenso de los 28 Estados miembros, y hace meses que Irlanda y los Países Bajos bloquean una medida que les privaría de sus fondos de comercio, articulados en tornos a los entramados fiscales de las empresas que acogen.

Para superar esta dificultad, la Comisión propone proceder por fases, favoreciendo en un primer momento las reglas de cálculo de los 28 en lo que respecta al modo de contabilizar los beneficios o las pérdida de una empresa. No hay razones para alarmar a los empresarios, muy partidarios de simplificar las reglas administrativas, ya que esto les permitiría calcular de una sola vez cuáles son sus resultados, sin tener que hacer 28 cálculos diferentes como sucede actualmente.

Sin embargo, la Comisión ha aplazado, sin dar fechas, la segunda fase, la más importante, la de la consolidación. Es decir, el momento en que Europa establecerá cuáles son las prácticas aceptables –en su opinión– en materia de optimización fiscal y según qué principio decidir repartir los beneficios entre los países, cuyos ciudadanos son clientes de la empresa en cuestión. O, dicho de otro modo, para avanzar y para no verse bloqueados por algunos Estados miembros, la Comisión ha aplazado, sin fecha determinada, las cuestiones de mayor interés relativos a la imposición única. “Por resumir, la Comisión sigue los deseos de las empresas relativos a la simplificación de trámites, pero no avanza nada en aquellas cuestiones que más nos interesan a nosotros como es el reparto real de beneficios, en Europa y entre Europa y los paraísos fiscales”, aclara Lucie Watrinet, de la ONG, CCFD-Tierra Solidaria.

Incluso el sosegado Alain Lamassoure se mostraba a principios de esta semana sorprendido. “Existe la tentación de retrasarlo en exceso, de decir que se trata de una cuestión técnica... pero no es verdad, lo que hace falta es valentía política”, declaraba. Roberto Gualtieri, el socialdemócrata italiano responsable de los asuntos económicos en el Parlamento Europeo, ha hecho un llamamiento a los Estados miembros para que se “comporten de forma responsable” y “aprueben el paquete de la Comisión sin demora y, lo más importante, sin diluirlo”. Si estas tímidas proposiciones terminasen siendo todavía más blandas, efectivamente no quedarían en nada.

La UE sólo se pone una tirita en la herida de 50.000 millones de euros que le inflige la evasión fiscal de las multinacionales

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto original en francés: