Cada vez menos autobuses cruzan Caracas. No se encuentran piezas de recambio o alcanzan precios demasiado elevados como para que los propietarios puedan permitírselas. En las calles, cada vez más personas rebuscan en los contenedores. En un mes, el precio de los huevos se ha duplicado, como el de la harina de trigo. El precio del kilo de pasta se ha quintuplicado… Helena (nombre supuesto) describe la situación de su ciudad y dice sentirse “privilegiada”. Esta empleada de banca tiene acceso a un comedor de empresa. “Sólo pago 4.000 bolívares por la comida [es decir, 4 céntimos en el mercado negro; 50 céntimos, en el mercado oficial]”. Su salario mensual, que considera bueno, asciende a 650.000 bolívares (6,78 euros, 83 euros), el equivalente al precio de 10 kilos de pasta. Según las proyecciones del FMI, la inflación superará el 1.000% en 2017 y el 2.500%, en 2018.
En este contexto, la decisión de las agencias de rating S&P Global Rating (Standard and Poor’s) y Fitch, de revisar a la baja las capacidades de hacer frente a sus pagos de Venezuela, ha sido recibida por los venezolanos como el enésimo episodio de una crisis económica que ya ha conmocionado sus vidas. ¿Cómo es posible que la situación pueda empeorar? La semana pasada, las malas noticias se acumulaban. El lunes 13 de noviembre, S&P declaraba que el país se encontraba en situación de “quiebra parcial”, habida cuenta de su incapacidad para hacer frente a la devolución de dos préstamos por importe de alrededor 200 millones de dólares (170,6 millones de euros). Un día después, Fitch hacía lo propio. Las decisiones de las agencias de rating apartan un poco más de los mercados a Venezuela. Para más inri, el jueves 16, la Asociación internacional de productos derivados (ISDA) constataba la quiebra de la compañía petrolera nacional PDVSA, principal fuente de riqueza del país. La demora en los pagos podría alcanzar los 1.160 millones de dólares, según la agencia AFP. Esta asociación, que representa a los acreedores, tiene entre sus miembros a los bancos Goldman Sachs, Barclays, la Sociedad General y BNP Paribas.
Según el peor escenario –la bancarrota de Venezuela–, el país corre el riesgo de ver embargados sus activos en el extranjero. Este peligro puede afectar a los bienes de PDVSA situados fuera del territorio nacional, como Citgo. Esta empresa, con base en Estados Unidos, se encarga de refinar el petróleo de Venezuela y lo distribuye gracias a su red de estaciones de servicio. Pero el reembolso de la deuda soberana por medio del embargo de bienes de PDVSA no es sencillo. Venezuela y PDVSA son dos entidades diferentes, con sus propias deudas. Podría repetirse el caso de la compañía minera canadiense Crystallex: “expropiada” por el Estado de Venezuela, ha ganado la demanda que interpuso y a día de hoy pretende embargar los haberes de Citgo.
El margen de maniobra del Gobierno es limitado, pero existe. Como destacaba el economista jefe del banco de inversiones Torino Capital, Francisco Rodríguez, en el diario El Universal, “el default no es más que el incumplimiento de un contrato y el incumplimiento de un contrato solo acarrea consecuencias graves cuando la parte agraviada decide ir a una Corte [sic] para obligar a la otra parte a cumplirlo”. Si el Gobierno actuase rápidamente, sería poco probable que se tomaran medidas. Sin embargo, esto es lo que podría decidir la ISDA en contra de PDVSA: estudia los procesos que se deben seguir y se reunirá nuevamente el 27 de noviembre.
El difícil pago de las deudas
La situación se puede comparar a una carrera contra el reloj, mientras que Venezuela no tiene capacidad de pago. Los analistas consideran que el Estado debe reembolsar 1.470 millones de dólares (1.200 millones de euros) antes de finales de 2017, 8.000 millones en 2018 (6.800 millones de euros), correspondientes a una deuda total estimada de entre 110.000 y 150.000 millones de dólares (en torno a 94.000 y 128.000 millones de euros). Sin embargo, las arcas del Estado se encuentran vacías. Las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV) no llegan a los 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros).
La caída del precio del petróleo ha causado importantes perjuicios al país, toda vez que la reciente subida de la cotización del barril no resolverá inmediatamente la situación económica. “Con la convicción de que los precios del petróleo no bajarían nunca, el Gobierno y PDVSA se endeudaron mucho más de lo que podían pagar”, escribe Víctor Álvarez, exministro de Industria con Hugo Chávez (2005-2006).
“En 2007, esta deuda equivalía al 56% de los ingresos de las exportaciones, pero en 2017, con la caída de los precios y de la producción del petróleo, este porcentaje supera el 400%”, prosigue el economista. En 2014 llegó el momento de tomar decisiones. El Gobierno no pudo pagar la deuda y las importaciones. En ese momento, el Gobierno opta por la devolución del préstamo y la escasez de algunos alimentos, de los medicamentos se multiplican.
En este país, que todavía no ha conseguido diversificar su economía pese a los intentos por desarrollar otros sectores como la agricultura, la solución sólo puede llegar con la explotación del oro negro. Pero también ahí saltan todas las alarmas. Ante la falta de inversión, la producción se encuentra de capa caída. Según un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en octubre sólo se extrajeron 1,955 millones de barriles al día. Desde 1989, el nivel nunca antes había sido tan bajo. Cada año salen menos barriles de las explotaciones venezolanas. El país debe hacer frente al agotamiento de las reservas del lago Maracaibo (noroeste del país), que los pozos del cinturón del Orinoco, al este, apenas logran compensar. Y el petróleo obtenido en esta zona de explotación reciente es de bastante peor calidad: “Se trata de un petróleo ‘extrapesado’ y hay pocas refinerías en el mundo que puedan tratarlo directamente. Todo el petróleo del cinturón debe pasar por un proceso previo para quitarle los metales pesados y el azufre”, dice el economista venezolano Arnoldo Pirela, especialista en energía. Destaca que ni siquiera China utiliza el petróleo venezolano que recibe: lo vende o lo cambia por petróleo más ligero, que puede tratar en sus refinerías.
Resulta difícil de imaginar hoy una Venezuela sin corrupción. El sistema de cambio, controlado por el Estado, en el que coexisten varios tipos, facilita la especulación y la fuga de capitales. La Marea Socialista, una organización política de izquierdas, ha hecho cálculos: la evasión procedente de los ingresos del petróleo superó los 259.000 millones de dólares entre 1998 y 2013 (220.000 millones de euros). Una cifra superior a la necesaria para pagar la deuda. Preocupado por demostrar la ineficacia de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida y que ahora se encuentra huida tras haber denunciado las prácticas autoritarias del Gobierno, su sucesor Tarek William Saab multiplica las denuncias de casos de corrupción, de sobrefacturación o de maquillaje de las cifras de producción en el seno de PDVSA, en concreto en el cinturón del Orino. El martes 21 de noviembre, volvía a saltar el escándalo. El fiscal general anunciaba que el presidente de Citgo, José Ángel Pereira, y 25 presidentes habían sido detenidos. Dichos dirigentes firmaron un contrato para refinanciar la deuda con las empresas Frontier Group Management LTD y Apollo Global Management LLC. El acuerdo, firmado “en condiciones desfavorables” y en secreto, según Tarek William Saab, conlleva un importante perjuicio para la filial de PDVSA. Citgo fue presentado como garante de esta financiación “por un montante de 4.000 millones de dólares [3.400 millones de euros]”. Las detenciones llegaban en un momento en que la sexta mayor refinería de Estados Unidos se encuentra amenazada por los poseedores de deuda, si se declara en bancarrota a Venezuela.
La difícil negociación de la deuda
Frente a estas dificultades, el presidente socialista, Nicolás Maduro, se muestra optimista. “No habrá bancarrota en Venezuela”, zanjaba en su programa de televisión, el domingo 12 de noviembre. El Gobierno está llevando a cabo la renegociación y la refinanciación de la deuda. El lunes 13 de noviembre, horas antes de que la ISDA se declarase en bancarrota, el vicepresidente Tareck El Aissami se entrevistaba con los titulares de obligaciones del Estado de Venezuela, sin lograr convencerlos. “El Gobierno no ha presentado propuestas de restructuración ni de refinanciación”, escribía el economista Francisco Rodríguez en un informe, tras una reunión que no duró más de media hora.
Las sanciones económicas de la UE (embargo de armas, pero también congelación de haberes), y sobre todo de Estados Unidos, hacen que el pago y la renegociación sean más difíciles. Las sanciones con Estados Unidos impiden que una lista de altos funcionarios negocien la deuda con los americanos. Y las dos personalidades a las que el Gobierno ha encargado las negociaciones se encuentran en esa lista negra; se trata de Tareck El Aissami, sancionado por tráfico de drogas, y del ministro de Finanzas Simón Zerpa, sancionado sobre todo por corrupción. Además, Washington ha prohibido que sus ciudadanos puedan comprar nuevas obligaciones emitidas por Venezuela, mientras que el 70% de los poseedores de obligaciones de Venezuela son canadienses y estadounidenses.
El economista venezolano marxista Manuel Sutherland prevé otra salida: “Venezuela podría negociar con un fondo chino para que adquieran deuda a los poseedores americanos de obligaciones”, dice. Dado que estas obligaciones han perdido una gran parte de su valor, la suma que habrá de devolver a China será menor. Al actuar así, ¿Venezuela no pasaría a depender aún más de China? “En esta difícil situación, hay pocas puertas de salida para Venezuela”, dice el economista.
La quiebra echa a Venezuela en los brazos de China y de Rusia. La deuda de Venezuela con estos dos países ronda los 28.000 y los 8.000 millones de dólares, respectivamente. China no abandona a su aliado y aporta un apoyo tímido: “Creemos que el Gobierno y el pueblo venezolano son capaces de gestionar adecuadamente el problema de la deuda”, declaró el ministerio de Asuntos Extranjeros el 16 de noviembre. China, de momento, no propone refinanciación. Señal de que Venezuela ve en este aliado un apoyo inquebrantable: determina sus ventas de petróleo en yuanes, en detrimento del dólar.
Rusia, por su parte, ha ido un poco más allá. Aceptó reprogramar un crédito de 3.150 millones de dólares, concedido en 2011 para comprar armamento ruso. Rosneft, el gigante petrolero semipúblico ruso, dirigido por Igor Setchine, próximo a Vladimir Putin, tiene un pie ya en la economía venezolana. El año pasado, la compañía obtuvo el 49,9% de la participación de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, como garantía a un préstamo de 1.500 millones de dólares (2.700 millones de euros). El Gobierno de Venezuela trata de renunciar a dicho acuerdo, que tampoco gusta a Estados Unidos.
Ademas, en el arduo camino del Gobierno venezolano para renegociar su deuda hay un adversario bien conocido: la oposición. En 2018, está prevista la celebración de elecciones presidenciales, aunque todavía se desconoce la fecha exacta. Los poseedores de deuda venezolana reclamarán garantías de que serán reembolsados, en caso de que se produzca un cambio de presidente. Además, la legislación venezolana estipula que cualquier operación relacionada con un nuevo endeudamiento debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, ahora en manos de la oposición y privada de sus poderes. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechaza cualquier restructuración. El diputado y economista José Guerra explica que “la solución pasa efectivamente por refinanciar la deuda, pero no hay programa económico coherente, creíble, sostenible. Hay que eliminar el control de los cambios, hay que eliminar el control de los precios, hay que aumentar el precio de la gasolina… No está en los planes. Nadie va a aceptar reestructurar la deuda sin un programa económico que no ofrece la posibilidad de pagar en el futuro”.
La deuda será uno de los desafíos de las negociaciones, que mantendrán los dos adversarios políticos, y que pueden celebrarse, en diciembre, en la República Dominicana. Nicolás Maduro espera poder convencer a la oposición para solicitar a Estados Unidos que levante la sanciones económicas. Aunque, de momento, no abundan las señales en esa dirección.
El conflicto político agrava la situación económica y retrasa las soluciones que evitarían la bancarrota. Durante este tiempo, los venezolanos se dirigen por el mismo camino que su país: se endeudan. El criminólogo Wilmer Téllez, que trabaja para una empresa de desinsectación para arreglárselas, ha aprovechado ofertas de crédito para comprarse un par de zapatos, que necesitaba, por 2,5 millones de bolívares (25 euros en el mercado negro; 319 en el mercado oficial) y espera ahora que la inflación “se coma su crédito” en unos meses. Pronto, estos “2,5 millones de bolívares no valdrán nada”. ___________
El ministro de Comunicación asegura que el Gobierno y la oposición de Venezuela están "muy cerca" de llegar a un acuerdo
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Cada vez menos autobuses cruzan Caracas. No se encuentran piezas de recambio o alcanzan precios demasiado elevados como para que los propietarios puedan permitírselas. En las calles, cada vez más personas rebuscan en los contenedores. En un mes, el precio de los huevos se ha duplicado, como el de la harina de trigo. El precio del kilo de pasta se ha quintuplicado… Helena (nombre supuesto) describe la situación de su ciudad y dice sentirse “privilegiada”. Esta empleada de banca tiene acceso a un comedor de empresa. “Sólo pago 4.000 bolívares por la comida [es decir, 4 céntimos en el mercado negro; 50 céntimos, en el mercado oficial]”. Su salario mensual, que considera bueno, asciende a 650.000 bolívares (6,78 euros, 83 euros), el equivalente al precio de 10 kilos de pasta. Según las proyecciones del FMI, la inflación superará el 1.000% en 2017 y el 2.500%, en 2018.