Se trata de uno de los peores naufragios –que sepamos– ocurridos en esa zona del Mediterráneo, donde desde 2015 miles de personas intentan llegar a las puertas de Europa. Cientos de personas perdieron la vida al zozobrar su embarcación en aguas internacionales frente a la costa suroeste de Grecia el martes por la noche.
Según las últimas cifras, fueron rescatadas del mar 104 personas, y se recuperaron 78 cuerpos sin vida. Según los supervivientes, la embarcación de madera podía llevar hasta 700 personas a bordo, entre ellas un centenar de niños, lo que hace temer la desaparición de más personas bajo las aguas.
El barco, que al parecer zarpó de Tobruk (Libia) el 9 de junio, transportaba a ciudadanos egipcios, sirios y paquistaníes (entre otros). "Esas son las principales nacionalidades que encontramos procedentes de Tobruk", señala Sara Prestianni, encargada de derechos de la red EuroMed Droits, que ha trabajado mucho en esta ruta migratoria. "Alrededor de 13.000 personas han tomado esa ruta desde Tobruk desde principios de año. Cada vez vemos más sirios.”
Al parecer la embarcación estuvo a la deriva durante varios días, probablemente al quedarse sin combustible o sufrir una avería en el motor. Para protegerse, las mujeres y los niños iban en la bodega de la embarcación. El jueves, las autoridades portuarias griegas anunciaron la detención de nueve ciudadanos egipcios, sospechosos de ser contrabandistas y uno de ellos el capitán de la embarcación.
Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades griegas anunciaron tres días de luto nacional. Una reacción que podría parecer, desde la distancia, a la altura del acontecimiento. Pero esos anuncios de "reacción" ya no bastan. Es hora de actuar, de dejar de limitarse a contar los muertos y luego lamentarlo, como si las políticas puestas en marcha no hubieran contribuido a segar esas vidas, con el pretexto de que su origen, color de piel o religión no eran los buenos.
Un ejemplo clarificador es el sistema de acogida puesto en marcha para los ucranianos que huían de su país y de la agresión rusa que asolaba su vida cotidiana.
¿Cómo fue posible organizar en un abrir y cerrar de ojos la acogida de varios millones de personas en Europa, desencadenando de paso una protección temporal que les permitiera viajar libre y gratuitamente y obtener un permiso de residencia temporal en los distintos países de acogida, movilizados para organizar esta acogida a escala europea? ¿Por qué no puede transponerse una política de acogida semejante para otras nacionalidades y otros perfiles, a los que preferimos dejar morir en el mar y en las rutas migratorias, sin demasiados miramientos?
De la indignación a la indiferencia general
Es difícil no recordar la indignación que causó la muerte del pequeño Alan Kurdi, cuyo cadáver apareció boca abajo en una playa turca en 2015. En aquel momento, muchas personalidades políticas encajaron esa tragedia y compartieron su emoción, en un momento en que Europa se enfrentaba a la llegada de un gran número de sirios que huían de la guerra.
Sin embargo, a principios de 2023, nuestra publicación sobre una niña cuyo cuerpo fue encontrado en la misma posición que la de Alan Kurdi en una playa de Kerkennah, una isla frente a la costa de Sfax, suscitó la indiferencia general en lugar de poner en tela de juicio las políticas migratorias de la UE y de terceros países como Libia, Túnez, Marruecos y Turquía, encargados de proteger sus fronteras, a pesar de que desprecian regularmente los derechos de sus propias poblaciones, por no hablar de los migrantes.
El 2 de junio, los guardacostas tunecinos encontraron el cadáver de otra niña frente a la misma costa, esta vez flotando en el agua, con un mono infantil color rosa y con unas zapatillas azules todavía puestas. La única reacción fue un tuit escrito al día siguiente por un estudiante de doctorado tunecino que transmitía la foto de la criatura y denunciaba la "externalización criminal de la política europea de fronteras" y la "corrupción de las autoridades". El tuit, poco compartido y que debería haber dado la vuelta al mundo, decía: "Las fronteras matan". Pero prevaleció el silencio y, una vez más, la indiferencia.
Habría mucho más que decir. Desde hace meses, la morgue del hospital de Sfax está a rebosar de cadáveres, abandonados en el mar o en las playas y encontrados por los pescadores. Las salidas desde Túnez nunca han sido tan elevadas. El país se ha convertido en la principal puerta de entrada a Europa, abarcando diferentes perfiles, empezando por los propios tunecinos, pero también los emigrantes subsaharianos. La retórica xenófoba y estigmatizadora de Kaïs Sayed hacia ellos no ha frenado esos flujos; al contrario, a veces ha empujado a algunos de ellos a dejar Túnez, que antes era un país de tránsito y ahora convertido, para algunos de ellos, en un país de destino.
El 6 de junio, Giorgia Meloni viajó a Túnez para negociar con el Jefe de Estado tunecino, a golpe de talonario, para frenar el flujo de migrantes en origen. En los tres primeros meses de 2023, las autoridades registraron un aumento del 5% en el número de personas interceptadas en el mar con respecto al año pasado. Y eso sin contar las personas que han hecho la travesía a Lampedusa, ni las vidas engullidas por el Mediterráneo, calificado en una triste y banal letanía de "cementerio". El mar es práctico porque puede "tragarse" cuerpos y ocultar al resto del mundo lo que equivale a un asesinato en masa, en el caso de víctimas cuyas vidas son, en última instancia, menos valiosas que otras.
Una "omisión de socorro que se ha convertido en la regla"
Este tipo de naufragios, de los que se tiene conocimiento y en los que se puede llevar a cabo una operación de rescate a posteriori, exigen una reacción política, dado el número de desaparecidos, al igual que el ocurrido en Sicilia el pasado mes de febrero, que causó la muerte de al menos 86 personas. Durante semanas siguieron apareciendo cadáveres en una playa de Calabria. Hace unos meses, se difundieron también en las redes sociales imágenes espantosas de cadáveres de adultos devueltos por el mar tras un naufragio frente a las costas de Libia, que suscitaron escasas reacciones políticas en todo el mundo.
Sara Prestianni señala que, por enésima vez, "este naufragio frente a las costas de Grecia demuestra la ausencia real de un plan y de voluntad de rescate, con Estados que no asumen sus responsabilidades y que intervienen cuando ya es demasiado tarde". "La omisión de socorro parece haberse convertido en la regla", lamenta, recordando que la cifra de muertos en el Mediterráneo este año es "abrumadora" (1.166 hasta la fecha, frente a los 3.800 de todo 2022).
Esta vez, los guardacostas griegos se cuidaron de señalar que ninguna de las personas a bordo de la embarcación llevaba chaleco salvavidas. Según las autoridades, la embarcación había partido de Libia para llegar a Italia y un avión de Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras, la había localizado el martes por la tarde. Sin embargo, según las autoridades, los exiliados rechazaron "toda ayuda". Frontex se declaró "profundamente conmovida" por la noticia del naufragio.
A pesar de todas estas tragedias, la Unión Europea, y Francia en particular, se obstina en mantener una política que está teniendo efectos devastadores.
Las autoridades tampoco mencionan que Grecia es acusada regularmente de devolver a los migrantes al mar, para que se cojan miedo de que, tras una supuesta ayuda, en realidad serán expulsados del territorio, una práctica ilegal según el derecho marítimo internacional y la Convención de Ginebra, que deben permitir a cualquier persona en apuros ser rescatada y llevada a un puerto "seguro" y poder, si lo desea, presentar una solicitud de asilo en el país al que intentaba llegar.
El pasado mes de mayo, una publicación del New York Times mostraba esa práctica, gracias a un vídeo de un sicario pillado in fraganti. Mediapart documentó un caso similar en 2022, que se saldó con la muerte de dos demandantes de asilo.
Migrantes cada vez más explotados
A pesar de todas estas tragedias, la Unión Europea, y Francia en particular, se obstina en mantener una política de efectos devastadores, sin pensar en replantear la política europea de migración y asilo para que las personas que huyen de sus países puedan llegar a Europa con seguridad, sin poner en peligro sus vidas o en manos de traficantes a menudo sin escrúpulos. “Eso es lo que se desprende de la última versión del Pacto Europeo de Asilo", afirma la representante de EuroMed Droits. “Avanzamos cada vez más hacia la externalización de las fronteras, cuya gestión se cede a terceros países".
Lo peor es cuando esto legitima a los dirigentes de regímenes autoritarios en la escena internacional. "Muy a menudo, se produce un aumento del número de personas que se marchan, lo que aumenta la presión sobre un país europeo, que se ve obligado a entablar un diálogo con un dirigente político como Haftar en Libia", añade Sara Prestianni. Nuestros propios dirigentes, por su parte, se enzarzan en una competición política y mediática para venir a decirnos que acogemos a "demasiados", olvidando señalar una realidad que todavía se ignora con demasiada frecuencia: la mayoría de los movimientos de población se producen dentro de un mismo país o continente.
Como si les hiciéramos un favor, habría que dar a los exiliados la posibilidad de solicitar asilo desde fuera de Europa, en el país del que huyen o en países vecinos, para que no vengan a nuestras costas hasta que se les haya concedido protección, y para que no puedan "aprovecharse del sistema" (¿qué sistema?) quedándose en el país de acogida si su solicitud es rechazada. En Grecia, en vísperas de las elecciones legislativas de mayo, el Primer Ministro Kyriákos Mitsotákis hizo de la lucha contra la inmigración un caballo de batalla, prometiendo ampliar el muro "anti-inmigrantes" existente en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía.
En Italia, varias leyes han dado cuerpo a la retórica anti-inmigración (véase nuestro reportaje), incluida una que obliga a las ONG con barcos humanitarios en el Mediterráneo central a rescatar a migrantes en peligro y a llevarlos a puertos a veces muy lejanos, en el norte del país, obligándoles a navegar varios días más. El decreto, bautizado como "Decreto Immigrazione", pretende también dejar de conceder protección "especial" a los inmigrantes que no hayan conseguido el estatuto de refugiado, pero que hayan dado muestras suficientes de integración e inclusión social en el país, al tiempo que acelera las expulsiones reforzando los centros especializados en cada región.
En Francia, el debate público se ha visto salpicado de comentarios a cuál más desmesurados. La acogida del Ocean Viking en Toulon en noviembre, el barco humanitario de la asociación SOS Méditerranée que había sido devuelto por Italia, fue ejemplo de una flagrante falta de voluntad en materia de acogida: la derecha y la extrema derecha lamentaron la decisión del Ministro del Interior, mientras que éste intentó tranquilizarles, explicándoles que las personas que no estuvieran destinadas a quedarse en Francia serían expulsadas manu militari. Ese fue el caso de Bamissa D., de cuya historia se hizo eco Mediapart, y que fue devuelto a Malí.
Desde el otoño pasado y el anuncio de un nuevo proyecto de ley de inmigración, la derecha y la extrema derecha, como el Ejecutivo en varias ocasiones, han alimentado la relación entre extranjeros e inseguridad, e incluso delincuencia. La única medida presentada como "de izquierdas", aunque pueda considerarse utilitarista, destinada a regularizar la situación de los sin papeles cuando cumplan ciertas condiciones y trabajen en un empleo llamado poco demandado, (ver nuestro análisis), ha suscitado la indignación de muchas personalidades políticas, que sin duda prefieren seguir beneficiándose de una mano de obra que puede doblegarse fácilmente, permitiendo a muchos sectores aprovecharlo para seguir en pie en Francia.
"La tragedia que se cobró la vida de decenas de hombres y mujeres al naufragar su embarcación en el Mediterráneo es estremecedora. Mis pensamientos están con las familias de las víctimas", tuiteó Gérald Darmanin (ministro del interior francés, ndt) el miércoles 14 de junio, sin sugerir la más mínima salida a este callejón sin salida mortal.
Aquí como en todas partes, el naufragio frente a las costas griegas demuestra hasta qué punto los migrantes son y seguirán siendo utilizados como herramientas políticas, unas veces para desviar la atención de las urgencias que sacuden a un país –paro, pobreza, inflación, desigualdades sociales–, otras como moneda de cambio con los países europeos que prefieren mantener sus puertas cerradas y están dispuestos a soltar mucho dinero para que otros asuman el papel de guardianes.
La mayoría de las muertes en el Mediterráneo no han sido contabilizadas
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Este artículo se actualizó la noche del jueves 15 de junio con el anuncio de la detención de nueve personas.
Traducción de Miguel López