Francia aprobará una de las leyes más avanzadas para proteger a alertadores como Falciani, Assange o Pinto

En estos tiempos sórdidos, en los que el espacio público está enteramente ocupado por debates rancios, llenos de odio, xenofobia o racismo, propagados por cadenas de televisión que hacen abiertamente el juego a la extrema derecha, no es tan frecuente que podamos alegrarnos de los avances democráticos. Así que, cuando es el caso, no debemos privarnos. Y también es valioso entender la particular alquimia que han permitido estos avances, en un momento en que las libertades a menudo se ven amenazadas.

A esta reflexión conduce el debate en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley para mejorar la protección de los denunciantes, cuyo ponente es el diputado Sylvain Waserman (MoDem). Aunque el debate aún no haya terminado y se hayan rechazado muchas enmiendas progresistas en la Comisión Legislativa –todo se decidirá el próximo miércoles en la sesión pública–, el texto tal como está, después de este examen en la comisión, incluye muchos avances democráticos. Tal como está, es el texto más progresista que se ha elaborado en Europa. Por lo tanto, es útil identificar cuáles son estos avances y entender cómo, en un contexto político tan deprimente, fueron posibles.

Si es útil identificar estos avances y entender cómo se han conseguido, es obviamente porque la protección de los denunciantes es una cuestión democrática de primer orden. De Julian Assange (WikiLeaks) a Frances Haugen (Facebook), pasando por Edward Snowden (programas de vigilancia masiva estadounidenses y británicos); de Antoine Deltour (LuxLeaks) a Irène Frachon (Mediator), pasando por Rui Pinto (FootballLeaks) ya es interminable la lista de denunciantes, tanto en Francia como en el extranjero, que han revelado información de gran interés público que los Estados o las empresas en cuestión habrían querido mantener en secreto y a la que, afortunadamente, los ciudadanos han tenido acceso.

Gracias a la valentía de estos denunciantes –muchos de los cuales se enfrentan a las peores dificultades– se está defendiendo un importante derecho de los ciudadanos: el derecho a saber. La libertad de prensa y la denuncia ciudadana son, pues, los dos pilares de este derecho a saber, sin los que no puede haber una verdadera democracia. O más bien ninguna democracia.

Esto demuestra el gran reto que supone la transposición de la directiva europea sobre los denunciantes a la legislación francesa, de la que el proyecto de ley de Sylvain Waserman es el vehículo. En un contexto en el que la libertad de prensa está amenazada –como podemos ver en Francia, con el control cada vez más fuerte de los poderes económicos sobre los principales medios de comunicación, y la cascada de leyes liberticidas que hemos visto, empezando por la del secreto empresarial–, es decisivo librar la batalla democrática en todos los frentes, paso a paso. Y si, a pesar de todo, se consiguen victorias, debemos felicitarnos por ellas y aprovecharlas para ganar otras.

En el caso de los denunciantes, esto es, al menos en parte, lo que está a punto de suceder: se han conseguido victorias muy importantes. El texto que acaba de sacar adelante la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional incluye notables avances, que venía defendiendo desde hace tiempo la Maison des Lanceurs d’alerte (casa de denunciantes, MLA en sus siglas en francés) y las innumerables asociaciones, ONG y sindicatos que la integran o apoyan.

Victorias importantes

Entre estas victorias, la primera es el hecho de que la definición de denunciante que hace la ley es amplia y no se limita al ámbito profesional. Este era un punto importante y queda plasmado en el texto: un denunciante es un ciudadano que revela un hecho de interés general. “Un denunciante es una persona física que informa o revela, sin compensación económica directa y de buena fe, información sobre un delito, una infracción, una amenaza o un daño al interés general, una violación o un intento de encubrir una violación de un compromiso internacional debidamente ratificado o aprobado por Francia, de un acto unilateral de una organización internacional adoptado sobre la base de dicho compromiso, del derecho de la Unión Europea o de una ley o reglamento”, recoge el artículo 6.

Otra victoria importante es que, si el texto se convierte en ley, los denunciantes ya no tendrán que seguir las tres etapas previstas en la ley Sapin II:ley Sapin II primero, alertar a sus superiores; luego, alertar a las autoridades judiciales o administrativas si el destinatario de la primera alerta no ha hecho nada; y, por último, tres meses después, si las autoridades competentes no han hecho nada, y sólo entonces, hacer público el asunto, por ejemplo, remitiéndolo a la prensa. El nuevo texto acaba con todos estos procedimientos, que exponían a los denunciantes a perpetuas represalias, y da a los denunciantes la posibilidad de elegir. Esto se establece en el artículo 7-1: puede, “a su elección”, “presentar una denuncia interna” o “presentar una alerta externa” o “proceder a una divulgación pública”. Se trata de un avance notable.

Otro avance igualmente notable, ya que los denunciantes se ven a menudo impotentes frente al poder de las empresas cuyas prácticas revelan: las empresas que tomen represalias o realicen una persecución abusiva pueden ser condenadas por los jueces a financiar la defensa de los denunciantes cuya voz tratan de acallar. El artículo 5-V dice: “En el curso del procedimiento, la parte que pruebe que ha denunciado o divulgado información en las condiciones establecidas en los artículos 6 y 8 y sostenga que el procedimiento incoado contra ella tiene por objeto obstaculizar su denuncia o que la medida que impugna en el marco de este procedimiento constituye una medida de represalia, podrá solicitar al juez que le conceda, a expensas de la otra parte, un anticipo de las costas del procedimiento, teniendo en cuenta las respectivas situaciones económicas de las partes y el coste previsible del procedimiento. Corresponde entonces a la otra parte demostrar que su acción o la medida impugnada en el procedimiento está justificada por factores objetivos no relacionados con la descripción o la divulgación. El juez dictará sentencia en un plazo breve”.

La decisión, que permitiría cubrir los costes legales de los denunciantes, también podría permitirles recibir ayudas de subsistencia cuando su situación financiera se deteriore.

Va incluso más allá. El artículo 8, tal y como ha aprobado la Comisión Legislativa, dice: “Toda persona física o jurídica que actúe de forma dilatoria o abusiva contra un denunciante, a causa de la información denunciada o revelada, podrá ser condenada a pagar una multa civil, cuya cuantía no podrá exceder del 20% del importe de la reclamación por daños y perjuicios. En ausencia de una demanda por daños y perjuicios, el importe de la multa civil no puede superar los 60.000 euros. La multa civil podrá imponerse sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la parte que haya sido víctima de un procedimiento dilatorio o abusivo”.

Y, sobre todo, la nueva redacción de la propuesta, adoptada por la Comisión Legislativa, estipula esta otra disposición, de considerable importancia: “La toma de represalias [...] contra una persona por su condición de denunciante en el sentido del artículo 6 se castigará con tres años de prisión y una multa de 45.000 euros”.

Entre los avances, también podemos mencionar el procedimiento sumario al que tendrán derecho los funcionarios públicos que hayan hecho uso de su derecho a denunciar. Así lo establece el artículo 12-1: “El funcionario público que haya realizado una denuncia podrá acudir al juez administrativo [...] para que éste ordene las medidas necesarias para salvaguardar su derecho de denuncia, que una persona jurídica de derecho público o una entidad de derecho privado encargada de la gestión de un servicio público hubiera menoscabado grave y manifiestamente en el ejercicio de sus competencias. El autor de la denuncia se beneficia en este contexto de una presunción de urgencia [...]. El derecho de alerta previsto en esta ley constituye una libertad fundamental, en el marco de la libertad de expresión”. Mejor que eso, el deber de reserva ya no podría aplicarse a los funcionarios denunciantes.

Oportunidades perdidas, también

Estas victorias no son completas, ya que también han sido rechazadas muchas otras enmiendas progresistas, lo que resulta muy decepcionante. Algunos de ellos eran de considerable importancia. Así lo destaca la MLA: “Tras varias semanas de trabajo, la Comisión Legislativa votó el miércoles 10 de noviembre el proyecto de ley de protección de los denunciantes. Pero no se han mantenido varias enmiendas ambiciosas, propuestas por la coalición liderada por la Maison des lanceurs d’alertes y presentadas por los diputados: la protección de los referentes de los denunciantes en las empresas, la excepción al deber de reserva, la posibilidad de que las organizaciones se sustituyan al denunciante para evitar exponerle, la protección de las fuentes de los facilitadores, la negociación de los canales internos con los sindicatos, etc.”.

Centrémonos en una sola de estas medidas: es fácil comprender que, en muchas empresas, un empleado puede correr riesgos considerables al dar la voz de alarma, por lo que dar a un sindicato la posibilidad de sustituirlo sería una protección importante, que permitiría dar la voz de alarma sin que el empleado afectado tuviera que temer por su futuro profesional. Por lo tanto, el rechazo de esta enmienda que abre esta posibilidad limita gravemente el derecho de alerta.

Como la suerte aún no está echada, es comprensible que la MLA pida que se actúe. “Existe un gran riesgo de que esta ley no promueva suficientemente los derechos de los denunciantes. Pero la lucha no está perdida: la ley se debatirá y votará el próximo miércoles, 17 de noviembre, en la Asamblea Nacional. Nuevos debates significan nuevas oportunidades para hacerla evolucionar”, señala, antes de añadir: “Ahora debemos hacer todo lo posible para que tomen la medida de lo que está en juego, para que voten las disposiciones más favorables pero, sobre todo, ¡para que aprovechen al máximo las propuestas de enmienda que presentamos!”.

Por ello, la MLA invita a los ciudadanos a recurrir a sus diputados y añade: “Les pedimos, en particular, que presionen al Gobierno para que ponga en marcha una solución viable para apoyar financiera y psicológicamente a los denunciantes, ¡ya que sólo el Ejecutivo tiene el poder de hacerlo! Tal y como está, la ley sigue siendo deficiente en muchos otros puntos: apoyo financiero y psicológico a los denunciantes, prevención de represalias otorgando a los denunciantes el estatus de empleados protegidos, ampliación del derecho a remitir los casos a las autoridades y de las garantías de protección a los facilitadores –esas personas y organizaciones que ayudan a los denunciantes en su trabajo–, mejora de los canales internos de denuncia implicando a los sindicatos y a los representantes del personal... ¡Es más importante que nunca hacer que nuestra lucha sea escuchada por todos los eurodiputados!”.

En resumen, la MLA quiere, con razón, impulsar su ventaja. Esto se justifica más si cabe porque no hay nada decidido definitivamente. Si el proyecto de ley se aprueba sin demasiadas dificultades el miércoles en la Asamblea Nacional, quedará el obstáculo del Senado, mucho más incierto. Sin embargo, si el Senado desgrana el texto y la consiguiente comisión mixta no es concluyente, algunos temen que los diputados, por miedo a que se les eche encima el tiempo, ya que la sesión parlamentaria termina el 27 de febrero, den marcha atrás en varias disposiciones clave del proyecto.

Pero el hecho es que, tal y como están las cosas, se han realizado muchos progresos. Y precisamente por eso es importante entender por qué se han obtenido ya avances democráticos tan fuertes, mientras que las libertades públicas están en retroceso en casi toda Europa, y particularmente en Francia.

La Maison des Lanceurs d’alerte, en el centro de la lucha

La respuesta a esta pregunta es obvia: la MLA es una herramienta democrática absolutamente única en el panorama político francés. Mientras que el movimiento sindical se encuentra dividido en la mayoría de los casos, mientras que la izquierda política se acerca a las elecciones presidenciales en una situación de fragmentación sin precedentes que le lleva a una derrota asegurada, frente a una extrema derecha cada vez más amenazante, la MLA parece estar inmersa en un ecosistema singular. Es como una bocanada de oxígeno democrático en un país al borde de la asfixia democrática.

Este es un lugar atípico donde los sindicatos de todas las orientaciones, las asociaciones de todas las tendencias, las ONG de todo tipo trabajan juntos, sin la menor disputa, sin segundas intenciones, con una única preocupación, la del interés general. Esto puede sorprender, pero es la verdad: la MLA es una especie de laboratorio que da las instrucciones para cualquier estrategia cooperativa progresiva.

No hay otra explicación para estos avances democráticos: si han sido posibles, es porque se formó una coalición muy amplia en torno a la MLA; en este contexto, el diputado Sylvain Waserman ha hecho suyo el proyecto de ley; en este contexto, los diputados del Partido Socialista, del Partido Comunista y de Francia Insumisa trabajaron juntos en la Asamblea para intentar mejorar el proyecto de ley.

En resumen, la batalla parlamentaria está lejos de haber terminado. El miércoles se celebra el debate crucial en la Asamblea Nacional, en sesión pública, para arrancar las enmiendas que hasta ahora han sido rechazadas. Y luego vendrá el debate en el Senado. Así pues, los avances democráticos que se han producido hoy son ciertamente frágiles.

Pero esta lucha democrática es ciertamente ejemplar. Uno empieza a soñar de repente que todos los epígonos del campo progresista, dejando de lado los problemas de ego y estrategia personal, acudieran a la MLA para recibir un curso de estrategia cooperativa. El clima político del momento sería seguramente un poco menos adverso...

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: