Francia sigue la estrategia de EEUU en Oriente Medio y bombardea objetivos civiles en el Sahel

Hay anuncios. Y luego está la realidad. El 10 de junio, Emmanuel Macron decretó “el fin de la operación Barkhane como operación exterior”operación Barkhane y su transformación en una “operación de apoyo, de respaldo y cooperación con los Ejércitos de los países de la región”. Pero el Ejército francés aún no ha salido de la franja sahelo-sahariana. Ni mucho menos.

“No nos vamos, no se trata de una retirada”, dice una fuente militar, que habla de un “reducción” gradual que podría comenzar a finales de año, primero con el cierre de las bases en el norte de Mali, y luego con una disminución a cuentagotas del contingente, que podría pasar de los 5.100 soldados actuales a 2.500 en 2023. Queda por ver cómo pretende el Ejecutivo francés articular la nueva arquitectura, que aún se está negociando.

¿Tendrán un papel más importante las fuerzas especiales, con base en Uagadugú desde hace más de diez años, y que actúan en paralelo a las fuerzas convencionales? Y qué pasa con el componente aéreo, actualmente establecido en Niamey y Yamena, ¿seguirán los drones y los aviones de combate realizando ataques?

Para algunos observadores, especialmente defensores de los derechos humanos e investigadores, esta última cuestión es crucial; no se les escapa que el aumento de los bombardeos aéreos ha coincidido con la multiplicación de las acusaciones de “errores garrafales”.

Este aumento se remonta al año pasado. Según cifras desveladas por el periodista Jean-Marc Tanguy, los cazas de la fuerza Barkhane lanzaron 206 bombas en 2020 –bastantes más que en 2019, cuando se contabilizaron 83– y quizá otras tantas lanzadas por los drones, armados desde diciembre de 2019.

Tres graves acusaciones

Anteriormente, había pocas denuncias de víctimas “colaterales” como resultado de los ataques aéreos. El más documentado se refería al ataque llevado a cabo en octubre de 2017 contra un campamento del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), situado en el noreste de Mali. Esta operación provocó la muerte de 11 soldados malienses allí retenidos tras ser apresados por los yihadistas.

Desde entonces, Mediapart (socio editorial de infoLibre) ha documentado tres graves acusaciones de víctimas civiles tras un ataque aéreo.

El primero fue el ataque de Fatawada, en Gourma (Malí), en febrero de 2020. Una investigación reciente del sitio web Sahelien.com va en la línea de las informaciones de Mediapart de septiembre de 2020, sobre las víctimas ocasionadas entre los residentes de la zona.

Dicho medio de comunicación, conocido por su rigurosidad, que cita a dos testigos presenciales y al familiar de una de las víctimas, afirma que “los miembros de un campamento nómada [...] se dirigieron a Fatawada para enterrar a los asesinados conforme a la costumbre religiosa, a raíz del bombardeo de un dron barkhane, que mató entre una docena y una treintena de civiles”.

La segunda acusación causó un gran revuelo y se refiere al ataque perpetrado el 3 de enero de 2021 cerca de la aldea de Bounti, en el centro de Mali, en el que murieron al menos 22 hombres. Para el Ejército francés, todos eran combatientes del grupo katiba Serma, vinculado al GSIM.

Pero muchos testigos afirman que la gran mayoría eran civiles que participaban en una boda. Una versión que mantienen varios medios de comunicación, entre ellos Mediapart, así como una investigación de la división de derechos humanos de la misión de las Naciones Unidas en Mali (Minusma).

Y, posteriormente, se produjo Talataye unas semanas más tarde. El 25 de marzo, la fuerza Barkhane, según un comunicado, “llevó a cabo un ataque” que neutralizó “un grupo terrorista armado a 60 km al norte de Indelimane”, en el este de Malí. Curiosamente, el Ejército informó de que tres motocicletas fueron destruidas, pero no mencionó víctima humana alguna. Tras el ataque, los testigos informaron de entre cinco y seis muertos.

A día de hoy, varias fuentes locales, entre ellas representantes políticos de la localidad de Talataye, afirman que los yihadistas eran en realidad cinco jóvenes (entre ellos un menor), de entre 16 y 22 años, que habían ido a cazar conejos y pintadas en tres motos. Se encontraban en Aganadamos, a unos 20 km de Talataye, cuando fueron víctimas del fuego amigo…

Dos representantes locales y un ciudadano de la zona residente en Bamako, contactados por Mediapart y que prefieren permanecer en el anonimato por razones de seguridad, afirmaron que los jóvenes habían ido efectivamente a cazar y que no pertenecían a ningún grupo yihadista.

La comunidad de Idaksahak, a la que pertenecían las víctimas, habló de un “ataque basado en informaciones erróneas”. La Coordinación de Movimientos de Azawad (CMA), coalición de grupos armados que firmaron el acuerdo de paz de Argel, denunció un “error garrafal”. Contactado por Mediapart por este caso concreto, el Ministerio de las Fuerzas Armadas guardó silencio (véase la Caja Negra).

Los precedentes estadounidenses en Yemen y Pakistán

La multiplicación de estas denuncias y el estudio de las circunstancias que rodean a estos ataques, así como las respuestas a menudo evasivas del Ministerio de las Fuerzas Armadas, plantean muchos interrogantes, sobre todo en cuanto a las reglas de intervención que se imponen a los pilotos franceses en el Sahel.

Rebecca Mignot-Mahdavi, investigadora en derecho internacional del Instituto Asser (Universidad de Ámsterdam), realizó su tesis sobre el uso de drones por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en la “guerra contra el terrorismo”, así como a sus implicaciones jurídicas.

“¿Está Francia llevando a cabo ‘ataques preventivos’ en el Sahel?”, se preguntaba en la Revista de Derechos Humanos en abril. Estos ataques, que también pueden calificarse de “anticipatorios”, consisten en poner en el punto de mira a personas cuya identidad se desconoce, basándose no en una información precisa relativa a uno o varios combatientes identificados, sino en una serie de observaciones que sugieren un comportamiento sospechoso por parte de personas que no participan, en ese momento, en el combate.

Dichos ataques preventivos Estados Unidos los ha utilizado masivamente, sobre todo en Yemen y Pakistán, causando muchas víctimas civiles. “El problema de este tipo de ataques es que tiene un alto índice de error –sobre todo si el conjunto de indicios están mal definido– y que convierte a los civiles en objetivos potenciales por su localización, su edad y su comportamiento”, señala la abogada a Mediapart.

Rebecca Mignot-Mahdavi no ha podido tener al expediente del Ejército francés. Al igual que muchos investigadores y periodistas, lamenta la opacidad de esta institución, y señala que es más fácil obtener información de los Ejércitos estadounidense y británico.

Pero para ella, hay pocas dudas de que el ataque de Bounti se asemeja a “ataque preventivo” en todos los aspectos. “Las fuerzas de Barkhane decidieron llevar a cabo esta operación contra un grupo de individuos [...] basándose en elementos circunstanciales recabados con la ayuda de drones de vigilancia”, escribe.

En otro texto publicado por entonces, añade: “Tradicionalmente, y ésta sigue siendo la interpretación más aceptada en el derecho de los conflictos armados, un Estado sólo puede atacar a individuos que participan en las acciones de grupos armados no estatales cuando están participando en las hostilidades. [...] El objetivo de esta norma es proteger a la población civil. [...] En este caso, Francia opta por un paradigma más laxo, consistente en identificar de antemano a individuos que parecen pertenecer a un grupo terrorista”.

Este concepto fue desarrollado y defendido por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero se basa en “zonas grises” y “elementos que nunca han sido definidos” en organismos internacionales, señala la investigadora, que añade que “muy a menudo, los drones y la recogida de datos que permiten elaboran fantasías sobre las capacidades de conocimiento del terreno y de los individuos que lo componen”.

Para ella, el caso de Bounti es sintomático. Decenas de hombres reunidos a media tarde, en una zona parcialmente controlada por los grupos yihadistas, y en medio de la cual podían encontrarse simpatizantes, o incluso militantes de estos grupos: había, en efecto, motivos de preocupación para el Ejército francés, más aún cuando, unos días antes, tres soldados habían muerto a causa de un artefacto explosivo improvisado a unas decenas de kilómetros.

Desconocimiento de los contextos sociales locales

Pero, ¿tenía el mando suficiente información para atacar? ¿Tenía pruebas de que eran yihadistas y de que se estaban preparando para llevar a cabo una acción hostil? En un comunicado emitido el 30 de marzo, el Estado Mayor dijo que sí. Pero nunca –ni a los parlamentarios franceses ni a los investigadores de la ONU– las autoridades militares les revelaron la naturaleza de los elementos de que disponían en el momento del bombardeo.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general François Lecointre, justificó el ataque remitiéndose a las imágenes de los drones y al “estudio del comportamiento de este grupo terrorista armado”.

En su informe, la Minusma recuerda lo que resulta una evidencia en Mali: “El hecho de que un cierto número de varones adultos se congregue en una zona de actividad de un grupo armado, o la ausencia de mujeres y niños [...] no es ni mucho menos suficiente para determinar quién es miembro de un grupo armado o para descartar la presencia de civiles”.

Según un funcionario de la ONU que participó en la investigación y prefiere permanecer en el anonimato, “este pasaje es una forma de decirle a Francia: ‘Tengan cuidado, sus reglas de intervención son demasiado laxas y no respetan el derecho internacional, deben revisarlas’.

Según el antropólogo Jean-Pierre Olivier de Sardan, especialista en el Sahel, este recordatorio muestra “una dramática ignorancia del contexto social local”. En su opinión, los soldados franceses “no se imaginaban que los yihadistas pudieran participar simplemente en una ceremonia local, no sabían que en una boda los hombres y las mujeres se reúnen por separado y a veces fuera del pueblo”.

Más allá de estos tres casos, un testimonio cuestiona las prácticas del Ejército francés. Lo recabó Alexandre Jubelin, que produce “Le Collimateur”, el podcast del Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar (IRSEM), centro de estudios adscrito al Ministerio de las Fuerzas Armadas. En un programa emitido el 9 de abril, el teniente coronel Romain, piloto de drones, relata un ataque realizado en el Sahel a principios de 2020. Aunque no entra en detalles, su relato podría servir de prueba.

Él y los otros tres miembros de su tripulación se encontraban en Niamey, en el contenedor que les sirve de cabina de pilotaje, cuando el aparato sobrevolaba la zona fronteriza entre Mali y Níger. El dron estaba ahí para garantizar la seguridad de las tropas sobre el terreno, pero también para “ir a buscar al enemigo”, según precisa, como si se tratase de “una investigación policial”.

Entendemos que se encontraron por casualidad con “una mobylette con dos personas”, que la siguieron “porque el lugar donde la encontramos, el entorno, la intuición nos dice que debemos seguirla”, y que van a recoger, siguiéndola, pistas que les den “una seguridad razonable” de que efectivamente es el enemigo.

Entre estos indicios, el hecho de que se desplacen en moto (en una zona donde todo el mundo se desplaza en moto), su ubicación, el hecho de que lleven un arma (en una muy insegura donde no es anormal ir armado) y un comportamiento que se considera sospechoso, porque en un momento dado entran en una cabaña y, “brutalmente”, salen y se van en dirección contraria a la que habían llegado. “Por todo lo observado, dada la zona y dichos elementos, se puede decir que se trata de un enemigo”, señala. Al cabo de un rato, el mando, que seguía la situación en directo, ordena el ataque.

¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué hacían exactamente? ¿Pertenecían a un grupo yihadista? ¿Se estaban preparando para llevar a cabo un ataque? Interrogado por este caso concreto, el Ministerio francés del Ejército guarda silencio.

Para Rebecca Mignot-Mahdavi, “está claro, según este relato, que Francia se permite poner en la diana a individuos anticipándose a su papel potencial y basándose en pruebas cuestionables”.

Mediapart ha solicitado una entrevista con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Ejército, con el fin de abordar la legalidad de este tipo de prácticas. Después de siete semanas, y tras tres recordatorios, la respuesta fue negativa.

El Ministerio, preguntado por los “ataques preventivos”, elude la cuestión indicando que el término “resulta desconocido en nuestros Ejércitos”. En cuanto a las reglas de intervención, “están protegidas por el secreto de la defensa nacional”, por lo que no se harán públicas.

En 2017, un informe del Senado que iba a permitir que se armasen los drones instó en cambio a las autoridades a “hacer públicos los resultados de las investigaciones realizadas” sobre el terreno “en caso de eventuales daños colaterales de consideración causados por un dron armado”.

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Traducción: Mariola Moreno

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