Huelgas en las subcontratas de la aeronáutica, en las centrales nucleares, en uno de los mayores talleres de la SNCF (ferrocarriles franceses), paros que preparan los conductores de autobuses, los ferroviarios, los camioneros, asambleas generales de trabajadores que se organizan, comunicados sindicales que llaman en todos los tonos a apoyar a los refinadores en huelga, sindicatos que consultan a sus bases... Existe el riesgo de que se extienda la movilización lanzada hace tres semanas por los huelguistas de las refinerías.
Este jueves, los sindicatos CGT, FO, Solidaires, FSU y varias organizaciones juveniles (entre ellas la Fidl y la Unef) convocaron una jornada de huelgas y manifestaciones interprofesionales para el martes 18 de octubre. Los empleados están llamados a manifestarse por "los salarios y la defensa del derecho de huelga", tras la decisión del gobierno de movilizar a trabajadores de la industria petrolera para asegurar la distribución de combustible.
La firmeza del Gobierno, aunque pensó que saldría de la crisis, ha actuado de hecho como una corriente de aire en un fuego. En la CGT EDF, que lleva meses luchando por aumentos salariales al menos al nivel de la inflación (+5,6% en un año en septiembre), dicen que "la requisa de huelguistas [movilizar obligatoriamente a trabajadores en huelga] de las refinerías va a ser un trapo rojo para todos los sindicatos y en todos los sectores". Sud Rail indica a Mediapart que, por parte de los ferroviarios, la única cuestión que cuenta a partir de ahora es si el martes harán una simple huelga de un día o una huelga renovable durante varios días.
El Gobierno podría encontrarse, en pleno debate presupuestario, que será agitado, y a una semana del inicio de las vacaciones escolares, con tener que administrar un país sin combustible y sin trenes, con huelgas en muchos sectores y poco margen de maniobra... Por no hablar de la "Marcha contra la carestía de la vida" organizada este domingo por la Nupes (Nueva Unión Popular, Ecológica y Social) en París. Esta situación explosiva era, sin embargo, previsible: la inflación está apretando a los franceses desde hace más de un año.
Comienzan las requisas
El anuncio de las requisas de trabajadores realizado por la primera ministra Elisabeth Borne el martes en la Asamblea se concretó al día siguiente en cuatro trabajadores de Esso-ExxonMobil en Gravenchon-Port-Jérôme (Sena-Marítimo). El jueves 13 de octubre se envió una nueva ronda de solicitudes a esa refinería. El tribunal administrativo de Ruán se pronunciará sobre el asunto el viernes por la mañana. El jueves, tres empleados del depósito de Total en Mardyk, cerca de Dunkerque (Norte), también fueron requisados y han interpuesto un recurso.
En la tarde del jueves 13 de octubre, seis de las siete refinerías francesas seguían afectadas por la huelga. En TotalEnergies, se trata de las cuatro refinerías de Normandía, Donges (Loira-Atlántico), La Mède (Bocas del Ródano) y Feyzin, (Ródano). Para Esso-Exxonmobil, la refinería de Gravenchon-Port-Jérôme sigue afectada, pero la de Fos-sur-Mer ha vuelto a funcionar.
Estas refinerías no están bloqueadas, pero si un equipo cuenta con un huelguista entre sus miembros, no puede funcionar, quedando paralizado de hecho. También están afectados varios depósitos de combustible (leer nuestro reportaje en Normandía sobre los huelguistas).
El impacto en las gasolineras sigue presente. Durante más de una semana, han ido cerrando una tras otra por falta de combustible. Las colas son cada vez más largas, se producen regularmente escenas de violencia, los prefectos tienen la orden de prohibir el llenado de bidones, mientras que los policías actúan como guardianes del oro negro, controlando incluso los medidores de gasolina de quienes quieren repostar. Los precios del gasóleo y la gasolina suben, a veces por encima de los dos euros por litro.
Mientras, siguen estancadas las negociaciones con la dirección de Esso-Exxonmobil y TotalEnergies. El gobierno se congratuló de un acuerdo firmado entre la dirección de Esso-Exxonmobil y las organizaciones mayoritarias, la CFDT y la CFE-CGC, cuyos detalles no fueron comunicados. Pero no han conseguido tranquilizar a una parte de los huelguistas, que han renovado su acción.
TotalEnergies ha dado un paso adelante, proponiendo una subida salarial del 6% para 2023. Demasiado poco para la CGT y Force Ouvrière, que se mantienen en su demanda inicial: una subida salarial del 10%, retroactiva a 2022.
Para tratar de desbloquear la situación, el ejecutivo ha decidido presionar a los huelguistas para que vuelvan al trabajo, aunque sea sorteando más o menos hábilmente el derecho de huelga. La primera ministra Borne aseguró que, dado que el "diálogo social" era necesario en Esso-Exxonmobil, había que respetar el acuerdo firmado por los dos sindicatos mayoritarios, CFDT y CFE-CGC, poniendo fin a la huelga.
Un gobierno muy impreciso sobre el marco legal
En una rueda de prensa celebrada el miércoles, Olivier Véran, portavoz del Gobierno, fue más allá al considerar que, al haberse alcanzado "un acuerdo mayoritario entre el sindicato y la patronal", "ya no hay razón para que haya bloqueos en ninguna de las plantas de refino ni en los depósitos". Sin embargo, la firma de un acuerdo por parte de un sindicato no impide que otra organización se movilice. Y aunque hay huelgas en refinerías y depósitos, los militantes sindicales no bloquean físicamente los lugares.
Lo que quieren hacer es utilizar las requisas para tratar de evitar que la huelga continúe
En el Senado, el mismo día, de forma aún más vaga, el portavoz del Gobierno consideró que la situación "no es conforme al derecho laboral ni conforme al derecho social": "Desde el punto de vista del Gobierno, esto justifica el uso de las requisas, que no son abusivas, que son requisas que serán justas, necesarias, para que la herramienta productiva pueda recuperar sus funciones plenas.”
Una afirmación que hizo saltar a Judith Krivine, abogada especializada en derecho laboral y miembro del Sindicato de Abogados de Francia, considerado de izquierdas: "Lo que quieren hacer es utilizar las requisas para tratar de impedir que la huelga continue, y ese no es el objetivo de las requisas.”
En efecto, la requisa está estrictamente regulada por el Código de Defensa y el Código General de las Administraciones Locales, y sólo puede ponerse en marcha cuando una huelga amenace el orden público de forma urgente, "cuando los daños observados o previsibles al buen orden, la salud pública, la tranquilidad y la seguridad lo requieran".
“Por el momento, estas requisas no parecen estar justificadas", continúa Judith Krivine. “Lo que podría justificarlas es que exista una grave amenaza para el orden público. Habría que bloquear un servicio esencial. Pero la producción de combustible no se considera, en sí misma, un servicio esencial.”
“O bien habría que justificar que la interrupción de este servicio no esencial tendría tales consecuencias sobre el orden público, sobre la salud y la seguridad de las personas que habría que poner un servicio mínimo", continuó la abogada. “Por el momento, tampoco hay pruebas de que esto sea así y, sobre todo, no se puede decir que no haya otra forma de impedir el funcionamiento de los servicios esenciales.”
Estos son también los argumentos que defiende Emmanuel Gayat, abogado de la CGT de Esso-Exxonmobil y Total, el jueves por la tarde ante el tribunal administrativo de Ruán. Hablaba en nombre de los cuatro empleados en huelga de Esso-Exxonmobil que habían recibido una requisitoria el día anterior, el miércoles 12 de octubre. En su recurso ante el tribunal, consideró que era "manifiestamente ilegal, ya que vulnera el derecho de huelga fuera de los casos previstos por la ley y no respeta las condiciones fijadas por la ley para dicha requisa".
Realmente no sabían cómo hacer estas requisas
Durante la vista, el abogado se enteró de que por la tarde se había enviado una segunda ronda de requisas a los empleados de Esso-Exxomobil de Gravenchon-Port-Jérôme. “Se enviaron al empresario antes que a los empleados", dice airado el abogado. “El empresario las recibió a las 13:00 horas, los trabajadores afectados a las 15:00 horas, cuando su validez empezaba a las 14:00 horas, una hora antes. No tiene sentido, es completamente ilegal y el prefecto lo reconoció en el estrado. Realmente hacen las requisas de cualquier manera.”
Y eso no es todo. “No fue un error de tiempo", dice el abogado. “El prefecto envió primero las requisas al empresario, para que pudiera utilizarlas a su conveniencia y obligar a los empleados a trabajar cuando los necesitara. Es como si el Estado entregara su poder de policía administrativa al jefe de una empresa privada. Esto es inaudito, ¡nunca he visto nada parecido!”
El giro de Matignon
Entrando en detalles, también criticó el hecho de que ni la primera ni la segunda requisitoria se trataran con los sindicatos. Y ello a pesar de que en 2011 la Organización Internacional del Trabajo ya había dado un toque al Gobierno francés en esta materia, pidiéndole que "ante una situación de paralización de un servicio no esencial que justifique la imposición de un servicio mínimo de funcionamiento, dé prioridad en el futuro a la participación de las organizaciones de trabajadores y empresarios afectadas en este ejercicio y no recurra a la imposición de la medida de forma unilateral".
En su momento, la CGT se congratuló de una decisión que "ponía fin a cualquier uso discrecional de las requisas en sectores no esenciales". Este optimismo ha recibido un jarro de agua fría diez años después.
Para justificar estas requisas, Matignon (oficina de la primera ministra) aseguró a Mediapart el miércoles 12 de octubre que quería arreglar la situación favoreciendo el "respeto al diálogo social": "En Total, la dirección se había negado hasta ahora a iniciar negociaciones, y por tanto a entrar en el juego del diálogo social. No vamos a lanzar requisas contra los empleados que piden diálogo social. Por el contrario, en Esso-Exxon, hubo negociación y condujo a la firma de un acuerdo mayoritario con ciertos sindicatos, que prevé aumentos salariales para todos los trabajadores. En este caso, creemos que debe reanudarse el trabajo.”
El gobierno no tardó ni 24 horas en cambiar de opinión. Este jueves por la mañana, al amanecer, había ya mucha policía frente a la refinería de TotalEnergies en Mardyck, cerca de Dunkerque. Unas horas más tarde, anunciaron a los huelguistas presentes que habría requisas. Al menos tres empleados en huelga recibieron, en persona y firmadas por el prefecto, citaciones en las que se les ordenaba volver al trabajo, bajo pena de seis meses de prisión y 10.000 euros de multa.
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Traducción de Miguel López