Cada uno de los manifestantes que se ha dado cita en la imponente Plaza de la Constitución de la capital guatemalteca lleva una pancarta improvisada. “Es tan raro manifestarse aquí que hay que hacerlo bien”, sonríe Ruth Ibarra, una mujer de unos cuarenta años, que porta un trozo de cartón sobre el que ha dibujado una caricatura de Otto Pérez Molina, el presidente de la República, donde se puede leer #RenunciaYa. “Queremos que se vaya, él y todos los políticos corruptos, estamos hartos, Guatemala merece algo mejor”.
A su alrededor, los manifestantes, provistos de tambores y silbatos, corean cantos de guerra. Desde mediados de abril, “algo sucede en Guatemala”, como dice Dina Fernández, periodista directora del sitio de información Soy502. En las principales ciudades del país, salen a la calle cada sábado cientos, miles, incluso decenas de miles de manifestantes, indignados por la corrupción endémica y que exigen la dimisión del presidente.
“En 20 años de carrera, he visto sucederse miles de escándalos, saqueos, asesinatos, todo ante la más completa indiferencia de la gente. Nunca pasaba nada. Ahora la chispa ha prendido y la gente ha dicho basta", explica la periodista.
La magnitud de las manifestaciones es proporcional a la gravedad del caso que, el 16 de abril pasado, sacó a la luz la Comsión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad creada en 2006 por la ONU para luchar contra el crimen organizado y reforzar el sistema jurídico nacional. El escándalo de corrupción que sacude Guatemala, el llamado caso La Línea, ha permitido el desmantelamiento de una sofisticada red de contrabando en el país, orquestada por altos funcionarios del Tesoro Público y por personas próximas al Gobierno hace al menos un año. Han sido arrestadas 21 personas, acusadas de poner en marcha un sistema paralelo de cobro de impuestos arancelarios en los principales puertos del país.
Gracias a este sistema, cuando llegaba un contenedor a Guatemala, el servicio aduanero solo gravaba el 40% de las mercancías, el 30% servía para sobornar a los funcionarios y el 30% restante iba a parar a los bolsillos de los responsables de la organización criminal. Durante un año, esta se embolsó hasta 232 millones de dólares a la semana. Las escuchas realizadas por la CICIG han puesto de manifiesto que la trama La Línea la dirigía Juan Carlos Monzón, secretario particular de la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti. Este exmilitar, expulsado del ejército por mal comportamiento, se hab al robo de coches antes de unirse a las filas del Partido Patriota del presidente Otto Pérez Molina, también él exmilitar retirado y sospechoso de haber tratado de impulsar varios golpes de Estado.
Juan Carlos Monzón, el cabecilla del caso La Línea, permanece ilocalizable desde que se destapó el escándalo. El diario El Periódico ha investigado la fortuna de Monzón: en tres años, el secretario particular de Roxana Baldetti se hizo con varias casas de lujo, un patrimonio estimado en 2,2 millones de dólares, mientras que el patrimonio de la vicepresidenta, por su parte, ronda los 13,4 millones de dólares. En un país donde más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y casi un tercio esta en situación de extrema pobreza, las imágenes de las viviendas de lujo, del helicóptero privado o del avión se han convertido en el símbolo de la clase política cínica y corrupta.
Ante la presión de la calle, el presidente Pérez Molina forzó la dimisión de su vicepresidenta el pasado 8 de mayo. Se acusa a Roxana Baldetti de estar en el origen de la red de contrabando. En pleno escándalo de corrupción, los guatemaltecos se han enterado de que el tesoro Público registró un déficit de más de 22 millones de dólares. Una situación presupuestaria que repercute en los servicios públicos, ya poco eficaces.
“El sistema de salud pública es totalmente ineficiente”, observa el sociólogo Luis Fernando Mack, sociólogo en la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO) de Guatemala. “Las condiciones son muy precarias, no hay medicamentos, se producen cortes de electricidad en mitad de las operaciones porque el hospital no puede pagar las facturas”. La educación nacional también se encuentra en “un estado deplorable”, denuncia Juan Pérez, profesor de instituto que también se manifestó el pasado 30 de mayo. “Hay días que los estudiantes no comen; faltan cuadernos, bolígrafos, de todo!”. La tasa de aprobado escolar está en sus niveles más bajos de la última década, mientras que las imágenes de las escuelas inundadas o que se hunden se han convertido en moneda corriente en la televisión.
“Este Gobierno es el más corrupto de la historia del país, sin lugar a dudas”, lamenta Óscar Vásquez, secretario general de Acción Ciudadana, una ONG que hace casi 20 años que lucha contra la corrupción en Guatemala. “Hacen mucho daño a las instituciones, tienen al Estado prácticamente cautivo. Después de este Gobierno, va a ser necesario reconstruir todo el país”. No obstante, Guatemala, que figura en el puesto 115 de 175 países en el ránking de la ONG Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción, está habituada a los escándalos de corrupción. “Sin embargo, se trata de la primera vez que en Guatemala el sistema se mueve para encarcelar a los corruptos”, insiste Óscar Vásquez.
El 20 de mayo, la CICIG reveló un nuevo escándalo: varios altos funcionarios del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social (IGSS) firmaron un contrato ilegal con PISA, una empresa teóricamente responsable de efectuar las diálisis peritoneales a los enfermos renales. Para conseguir el permiso necesario para trabajar en los hospitales, la empresa sobornó a altos funcionarios de la Seguridad Social ofreciéndoles el 16% de los 15 millones de dólares a los que asciende el contrato. PISA no estaba especializada en efectuar este tipo de diálisis y desde la firma del contrato la ONG Acción Ciudadana lamenta el fallecimiento de 16 personas y cuenta a los enfermos por cientos.
“Una catarsis colectiva de hartazgo”
Ante este aluvión de escándalos, la juventud guatemalteca de clase media y acomodada ha recurrido rápidamente de las redes sociales para movilizar al país. “Esta generación ya no tiene miedo, no ha conocido ni la guerra civil ni los regímenes militares sangrientos”, analiza Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos del Hombre (CALDH) de Guatemala. El conflicto armado, que enfrentó, de 1960 a 1996, a las guerrillas de izquierda con el Gobierno, causó 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos y un millón de desplazados.
También es la primera vez que la sociedad guatemalteca se manifiesta por la misma causa, en un país muy polarizado, entre los indignados y los “ladinos” (mestizos), urbanos y rurales, ricos y pobres. En las manifestaciones, se puede ver a familias y a personas de mediana edad, junto a estudiantes de universidades públicas, pero también privadas. Las organizaciones rurales e indígenas también se han solidarizado con el #RenunciaYa de los protestantes. “Y la particularidad de este movimiento, que no está politizado, es que no hay un líder”, observa Gabriela Barrera, periodista de Soy502. En la Plaza de la Constitución, en las manifestaciones semanales, efectivamente nadie toma la palabra. Solo hay un ritual, cantar el himno nacional, las pancartas que denuncian la corrupción que apuntan al cielo. “Es una catarsis colectiva de hartazgo”, concluye la periodista.
En una sociedad tremendamente dividida como la sociedad guatemalteca, en boca de todos los manifestantes está la misma exigencia: reformar la política. “En Guatemala, debe reformarse todo, pero lo más urgente es la ley electoral”, dice Edgar Gutiérrez, politólogo de la Universidad pública San Carlos y director del Instituto de Problemas Nacionales. Para muchos observadores, la cuestión de la representatividad de los partidos políticos es el problema fundamental. “Los partidos se gestionan como empresas, se les llama “partidos franquicia” porque compran la franquicia local de un partido que acto seguido deberán devolver vendiendo leyes a las empresas mediante la corrupción”, observa el investigador. La Universidad pública de San Carlos ha propuesto un proyecto de reforma de la ley electoral, para favorecer las candidaturas independientes, gracias a los comités cívicos, pero sobre todo para acabar con el sistema clientelar y la financiación privada de los partidos.
A tres meses de las elecciones presidenciales (previstas para septiembre y octubre de 2015), las carreteras de Guatemala están invadidas por enormes carteles de campaña. Troncos de árboles y piedras aparecen pintados con los colores de tal partido, las casas están decoradas en los tonos del adversario político, las fotos o los eslóganes de los candidatos invaden las calles, impidiendo a veces, incluso, leer las señales. “Los partidos políticos han invadido el espacio público”, denuncia Luis Fernando Mack. “En cada convocatoria electoral, dejan un rastro terrible que cuesta años borrar”.
Estos testigos mudos de los abusos cometidos por la clase política han desembocado paradójicamente en el nacimiento de un movimiento original. Desde hace varias semanas, los guatemalquecos se dan cita cada mañana, armados con botes de pintura y brochas. El objetivo es sencillo, recubrir de blanco o con dibujos la “contaminación visual generada por esta propaganda política”, como explica María Delfina Tai. Esta mujer, de unos treinta años, se manifestó por vez primera el mes pasado y decidió sumarse al movimiento Limpia Guate: “Es una contaminación visiual insoportable, imponen sus eslóganes. Hay que descontaminar todo esto”, lanza, brocha en mano, en el terraplén central de una gigantesca avenuda, a pocos metros de la embajada de Estados Unidos.
La embajada de Estados Unidos es un actor esencial en esta crisis política. El embajador norteamericano no duda, desde hace varios meses, a la hora de alzar la voz para denunciar públicamente la corrupción endémica en Guatemala. Se trata de un gesto sorprendente entre diplomáticos. Pero el intervencionismo del gran hermano norteamericano se dejó notar especialmente cuando el presidente Pérez Molina dejó caer, a principios de 2015, que no renovaría el mandato de la CICIG, financiada fundamentalmente por Estados Unidos y que se ha convertido rápidamente en los ojos y los oídos de los norteamericanos.
Para estos, el triángulo norte es, por razones estratégicas y de seguridad nacional, una prioridad de la política internacional norteamericana. Los tres principales demonios de Guatemala, del Salvador y de Honduras –las maras (bandas de delincuentes), el narcotráfico y la inmigración– se han convertido en apuestas políticas interiores en Estados Unidos especialmente el año pasado durante la crisis humanitaria de los niños migrantes.
En este contexto, la existencia de una gigantesca red de contrabando aduanero a las puertas de Norteamérica no traquiliza a una Administración Obama preocupada por lo que podría transitar por su forntera sur. “Sabemos que el narcotráfico se ha beneficiado de los servicios de La Línea”, subraya Estefany López, polítóloga en el Instituto centroamericano de Estudios Políticos y “los Estados Unidos no pueden permitirse tener un vecino que, a través de sus propias aduanas, deje pasar no importe qué tipo de material o de sustancias”.
Por primera vez en la historia de Guatemala, los intereses noramericanos van parejos a las exigencias de la sociedad civil guatemalteca, pero de ahí a pensar que el presidente Pérez Molina puede presentar realmente su dimisión... “El objetivo de Estados Unidos es oxigenar el sistema político guatemalteco para reformarlo no crear inestabilidad”, analiza Estafany López. El 10 de junio, la Corte Suprema pidió al Congreso que evalúe la posibilidad de retirar al presidente Pérez Molina la inmunidad, a petición de un diputado. Una decisión que nadie se esperaba, puesto que a los miembros de la Corte Suprema los nombra el poder político. “Nadie parece dispuesto a arriesgar su carrera política” para defender lo indefendible, escribían los periodistas de Soy502 en un editorial. “Parece que se ha acabado el juego de Pérez Molina”.
El Supremo de Guatemala avala la petición de antejuicio contra su presidente por la trama de sobornos aduaneros
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto original en francés:
Cada uno de los manifestantes que se ha dado cita en la imponente Plaza de la Constitución de la capital guatemalteca lleva una pancarta improvisada. “Es tan raro manifestarse aquí que hay que hacerlo bien”, sonríe Ruth Ibarra, una mujer de unos cuarenta años, que porta un trozo de cartón sobre el que ha dibujado una caricatura de Otto Pérez Molina, el presidente de la República, donde se puede leer #RenunciaYa. “Queremos que se vaya, él y todos los políticos corruptos, estamos hartos, Guatemala merece algo mejor”.