Ucrania procesará a los colaboracionistas de las zonas liberadas: "Han traicionado a la patria"
Tetiana Bondarieva no quiere ni oír hablar de sus antiguos compañeros del instituto donde enseñaba ucraniano cuando estalló la guerra. "Son mis enemigos personales", afirma. "Me han traicionado, han traicionado a la patria", afirma. Su periplo desde el estallido de las hostilidades ha sido toda una odisea. Cuando los rusos invadieron el país el 24 de febrero de 2022, ella vivía en Hatyshche, un pueblo junto a la frontera rusa, al noreste de Járkov. "Fuimos ocupados desde los primeros minutos", recuerda.
Soldados rusos entraron por la fuerza en su casa la víspera del día de Pascua. Su interrogatorio giró en torno al marido de Tetiana, un militar profesional que luchaba en el frente. Buscaron por todos los armarios para ver si había prendas de uniforme. "Querían encontrar algún distintivo para saber si pertenecía al batallón Azov", explica. Tetiana no tiene ninguna duda sobre quién le denunció: su vecino, un policía, que se ha refugiado en Rusia con su mujer y sus hijos. En esta zona fronteriza son frecuentes las relaciones familiares y profesionales entre ambos países. "Mucha gente de aquí colaboró voluntariamente", comenta con amargura.
Durante las primeras semanas de la ocupación, la educación se hacía en modo telemático debido a los constantes bombardeos. Pero las instrucciones de las nuevas autoridades locales aliadas de los rusos seguían sin estar claras. Los profesores, que seguían cobrando sueldos ucranianos, estaban totalmente confundidos. "Muchos de nuestros alumnos habían huido, no sabíamos dónde estaban, no sabíamos qué hacer."
A partir de abril, se cortaron las conexiones a Internet y las clases se acabaron. Tetiana y sus colegas seguían reuniéndose una vez a la semana para tratar la situación. En mayo, los salarios se seguían pagando en hryvnias, la moneda ucraniana. Pero en junio, los pagos cesaron. Llegó la orden de impartir el plan de estudios de Rusia en ruso y expedir diplomas rusos.
Fue entonces cuando la profesora recibió una visita, esta vez de los separatistas de Donetsk. Irrumpieron en su casa, cogieron los teléfonos y ordenadores de toda la familia, incluidos los de los niños, y se la llevaron a punta de pistola "a la cárcel", donde fue sometida a violentos interrogatorios. "Me dispararon con una pistola eléctrica y me amenazaron con violarme. Querían información sobre los movimientos de nuestras fuerzas armadas", afirma. La liberaron bajo condición de que se pusiera en contacto con su marido para obtener esa información. "Te estamos vigilando, volveremos a por ti", le dijeron.
Entonces se enteró de que había sido denunciada por sus compañeros de la escuela. "Dos horas antes de que vinieran a buscarme, tuvimos una reunión. Había tensión. La mayoría quería colaborar. Algunos estaban contentos. Otros decían que no había otra opción, que teníamos que seguir las instrucciones, aceptar los libros de texto y cambiar al plan de estudios ruso. Las discusiones subieron de tono. No estuve de acuerdo, dije que era una traición", explica.
De un equipo de veinticinco personas, siete se negaron a colaborar. Tras ser liberada por los separatistas, Tetiana recogió a toda prisa algunas cosas y huyó con sus hijos. Bloqueada en el frente, no tuvo más remedio que pasar a Rusia: atravesó fácilmente la frontera, explicando a los guardias que iba a visitar a su abuela enferma, y luego se dirigió a Estonia. Salir del territorio ruso era más complicado, pero tras varias horas de dilaciones y un buen susto, consiguió pasar y por fin se encontró a salvo.
El dilema de la colaboración
Desde el comienzo del conflicto, la mitad de las ciudades y pueblos de la región de Járkov, vasta zona industrial del noreste de Ucrania, habían estado ocupados por los rusos antes de ser liberados en septiembre de 2022 gracias a la contraofensiva ucraniana. Durante seis meses, los habitantes vivieron bajo dominación extranjera.
Todos ellos se enfrentaron, de un modo u otro, a la terrible cuestión de la colaboración, a la que sus abuelos ya se habían enfrentado durante la Segunda Guerra Mundial, durante los siete meses de ocupación nazi entre 1942 y 1943. ¿Debían unirse al enemigo, cuando las fuerzas rusas parecían invencibles y su presencia perdurable, o, por el contrario, resistir a toda costa, con el riesgo de perder sus empleos y sufrir represalias?
Mientras que en las ciudades y pueblos ha llegado el momento de hacer examen de conciencia, ahora corresponde a los tribunales decidir. La justicia tendrá en cuenta el artículo 111-1 del Código Penal, votado por la Rada, el Parlamento ucraniano justo después de la invasión, que define como delitos de colaboración la negación pública de la agresión del ejército ruso, el apoyo a las decisiones del país agresor y pasar información estratégica, con penas de hasta quince años de prisión, acompañadas de la prohibición de ocupar cargos públicos.
Alcaldes, políticos, magistrados, sacerdotes y personalidades de los medios de comunicación abiertamente prorrusos, que aún no habían huido, fueron detenidos rápidamente, acaparando muchos titulares. Para los ciudadanos de a pie, la línea es más imperceptible, entre los que han aceptado un empleo, un ascenso profesional, dinero o paquetes de comida.
El tema es muy delicado porque no todas las profesiones están en pie de igualdad: algunas, consideradas "esenciales" para el funcionamiento del país, como los bomberos, los sanitarios o los empleados de las compañías públicas de ferrocarriles y electricidad, se libran de ser procesados, mientras que otros deben responder de sus actos. Entre ellos están los profesores, los policías y la mayoría de los funcionarios.
Según datos de la Fiscalía Nacional ucraniana, en 2022 se abrieron 4.053 causas por colaboración y 2.046 por traición. Hasta ahora han sido juzgados alrededor del 15% de los casos. Sólo en la región de Járkov se ha procesado a 850 personas, de las cuales 71 han sido condenadas, afirma Dmytro Chubenko, portavoz de la fiscalía. Tambiénn señala que los casos más frecuentes se refieren a ucranianos que han facilitado información sobre el ejército, aceptado cargos en la administración ocupada o ayudado a distribuir medios de comunicación rusos.
Ahora toda la cadena judicial está en marcha. Los fiscales encargados de los casos investigan sobre el terreno a partir de información facilitada por la policía, por los servicios de seguridad (SBU) o por los residentes. Realizan controles y recogen pruebas materiales. Sobre la base de estos indicios pueden celebrarse los juicios, respetando el proceso contradictorio.
"Esos equipos están trabajando duro para identificar y procesar a las personas que trabajaron o ayudaron al ocupante por voluntad propia", afirma Oleh Synyehubov, gobernador de la región de Járkov y responsable de la administración civil y militar local. "Sin embargo, quiero dejar claro que los casos de colaboración entre los habitantes de la región son más bien una excepción. La mayoría se negó, a pesar de la intimidación, torturas y asesinatos perpetrados por los invasores".
Para que los poderes públicos no desfallezcan ante la complejidad de sus tareas, la ONG Chesno, especializada en la transparencia de la vida pública, concentra sus esfuerzos desde el principio de la guerra en la búsqueda de "traidores" y "colaboradores". Ha elaborado una base de datos con los nombres y señas de un millar de ellos, en su mayoría personajes públicos, de los que se dispone de información en abierto.
La ONG también recibe llamadas de ciudadanos dispuestos a entregar a pequeños jerarcas locales o a sus vecinos. "Somos conscientes del sesgo de este tipo de acciones. Por eso pedimos pruebas tangibles, como documentos firmados que demuestren una colaboración real o vídeos que muestren un comportamiento prorruso durante la ocupación", insiste Vita Dumanska, fundadora de Chesno. En el sitio web de la ONG sólo se publican los casos verificados.
"Las expectativas de la opinión pública son muy altas", afirma Vita Dumanska. "Los ucranianos quieren que los traidores y colaboradores sean juzgados y paguen por sus actos. Creemos que el número de juicios sigue siendo demasiado bajo. En el sudeste de Ucrania, vemos que muchos concejales que actuaron en connivencia con el enemigo siguen en sus cargos, lo que es intolerable".
"Algunos políticos simplemente han cambiado el nombre de sus partidos para hacer invisibles sus fechorías", afirma. "En el Parlamento, tenemos ejemplos de diputados de nacionalidad rusa en comisiones donde tienen acceso a datos estratégicos, como los movimientos de nuestras tropas o las entregas de armas. Incluso hay un ex colaborador que ahora financia al ejército ucraniano para limpiar su nombre. Nuestra responsabilidad es prohibir a esas personas cualquier cargo público".
Para las profesiones menos expuestas, como profesores o funcionarios, reconoce que puede ser complicado separar lo real de lo falso y encontrar el castigo adecuado. "Desde luego, no se puede juzgar del mismo modo a un profesor acusado de ayudar a los rusos a deportar a niños ucranianos que a un profesor obligado a seguir trabajando bajo presión", afirma.
Para aportar matices, Chesno está preparando un alegato, que quiere presentar a la Rada, para aclarar y precisar los criterios de imputación. "Tenemos que ser intachables, pero tiene que haber sanciones. De lo contrario, los ciudadanos se tomarán la justicia por su mano, y corremos el riesgo de permitir que aparezcan actos de venganza."
Un quebradero de cabeza para los jueces
Como todos los magistrados de los países democráticos, los jueces ucranianos están guiados por la intencionalidad de los hechos y la proporcionalidad de las penas. Pero su misión es difícil porque es complicado conseguir pruebas en territorios donde la ocupación apenas ha dejado huellas escritas.
"Fiscales, jueces, abogados, todos se enfrentan a las mismas preguntas: ¿los actos perseguidos fueron voluntarios o involuntarios? ¿Fueron pagados? ¿Y cuáles fueron las consecuencias?", resume Anna Adamska-Gallant, ex magistrada que ahora es miembro del proyecto europeo Pravo-Justice, cuyo objetivo es apoyar las reformas judiciales en Ucrania.
"Hacer fotos de un campamento militar ucraniano por tu cuenta y enviarlas a las fuerzas rusas no es lo mismo que verse obligado a revelar información bajo amenaza", afirma. "Conseguir un trabajo a cambio de información es un agravante", añade, "como también lo es si la información entregada ayudó a los rusos a atacar a civiles".
Anna Adamska-Gallant reconoce el peso de la responsabilidad de los jueces. "Están sometidos a tanta presión por parte de la opinión pública que puede resultarles difícil trabajar con calma e independencia, sobre todo porque ellos mismos son ciudadanos ucranianos, víctimas de esta guerra. Los abogados se enfrentan al mismo problema. Cuando son nombrados de oficio, algunos pueden mostrarse reacios a defender a los colaboradores, mientras los combates siguen ahí".
La necesidad de claridad es tan grande en el caso de los profesores que el Defensor para la educación de Kiev, Sergiy Gorbatchov, acaba de pedir públicamente una reforma legislativa para abordar mejor las distintas situaciones. Mientras tanto, intenta aclarar las normas a los directores de escuela que no saben qué actitud adoptar hacia los profesores que siguieron enseñando durante la ocupación rusa. Afirma que "apoya firmemente la necesidad de limpiar el sistema educativo ucraniano de traidores que cooperaron voluntariamente con los ocupantes" y recuerda que la legislación vigente obliga a los educadores a "proteger la soberanía de Ucrania, respetar su lengua y sus símbolos estatales, y educar a los alumnos en el patriotismo y el respeto a los valores culturales del pueblo ucraniano".
Sin embargo, un poco nervioso, el Defensor del Pueblo subraya que "cualquier acción para imponer sanciones debe llevarse a cabo dentro del marco legal". "Debemos garantizar el respeto incondicional de los derechos de nuestros conciudadanos, a quienes los ocupantes han obligado a realizar determinadas acciones so pena de expulsión, cárcel o incluso muerte", insiste, instando a los gestores de los establecimientos a esperar a las decisiones judiciales antes de despedir a nadie. El problema es que, debido a la ley marcial, las sentencias tardan en llegar, o incluso son inaccesibles, como él mismo lamenta.
Mientras Tetiana vivía en el exilio, sus colegas, los que se quedaron, cobraron a partir de julio de 2022 un sueldo en rublos, en metálico, y el doble del que percibían de Ucrania. Se empezaron a entregar nuevos libros de texto y algunos profesores aceptaron ir a Kursk, al otro lado de la frontera, para recibir formación durante el verano. El curso escolar comenzó en ruso. Hasta mediados de septiembre, cuando la región de Járkov fue liberada. Hoy se han suspendido los contratos de todos ellos.
Tetiana está especialmente enfadada con uno de ellos: aceptó enseñar ruso, a pesar de ser profesor de ucraniano como ella. "Algunos han huido a Rusia, otros no sabemos dónde están, están escondidos en algún lugar de Ucrania", explica. "He declarado ante el juez, quiero que se haga justicia, que haya un juicio y que se les juzgue por lo que han hecho". Los demás, los que han resistido, han vuelto a ser profesores en Ucrania o en Alemania, en uno de los casos.
Tras seis meses en Estonia, donde trabajó en una granja ordeñando vacas, Tetiana decidió regresar a Ucrania en diciembre. Ahora vive a unos 60 kilómetros al suroeste de Járkov y ha encontrado trabajo como adjunta al director de un instituto. Su marido sigue en el frente. A veces trae ropa manchada de sangre de los soldados muertos para limpiarla. Tiene una visión increíble de su experiencia en la guerra. "No me arrepiento de nada, al contrario. Me ha hecho más fuerte", afirma.
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A sus 36 años, no tiene ni una sombra de duda sobre el futuro. "Estoy segura de que ganaremos. Tenemos más que armas, tenemos la determinación de ganar. Estamos dispuestos a todo para proteger nuestra patria, incluso a morir. Los rusos no tienen eso". ¿Está cansada después de un año de lucha? "Lo que no mata te hace más fuerte", responde parafraseando a Nietzsche. Sólo hay una cosa que le molesta: ¿por qué colaboraron tantos colegas?
Traducción de Miguel López.
