Lo que es una buena noticia para un hombre puede ser una mala señal. En esos términos puede interpretarse el fallo judicial dado a conocer este 15 de mayo por la Corte de Apelación de París en contra del exministro socialista de Presupuesto Jérôme Cahuzac, culpable de fraude fiscal, blanqueo y ocultación de patrimonio en el caso de cuentas ocultas, revelado en 2012 por Mediapart (socio editorial de infoLibre).
Condenado a tres años de prisión firme en primera instancia, todo apuntaba a que Jérôme Cahuzac ingresaría en prisión si el Tribunal de Apelación confirmaba la sentencia, tal y como había reclamado el abogado general Jean-Christophe Muller: “Usted consideraba que encarnaba el interés general, la ley. Y sentará jurisprudencia”, llegó a decirle el magistrado dirigiéndose al acusado.
Al condenar finalmente a Jérôme Cahuzac a cuatro años de cárcel, “sólo” dos de ellos “de prisión firme –umbral por debajo del cual es posible permanecer en régimen de libertad–, el Tribunal de Apelación ha ofrecido una escapatoria inesperada al exministro de François Hollande: la posibilidad de evitar la tan temida entrada en prisión. Ahora le toca a un juez dirimir cómo se aplica la condena.
En teoría, Jérôme Cahuzac podría ingresar en prisión, pero parece improbable según varios expertos judiciales, aunque cualquier predicción en la materia resulte difícil. “La Fiscalía, encargada de la ejecución de las penas, trasladará la sentencia del Tribunal a las autoridades competentes, que comprobarán si existe la posibilidad de disfrutar de la libertad condicional (quizás portando una pulsera electrónica) en función de la personalidad de Cahuzac. Si el juez encargado, después de un debate, estima que no es posible la libertad condicional, el condenado ingresará en un centro penitenciario”, ha explicado la Fiscalía en un comunicado.
En una palabra, lo único cierto es que el ministro defraudador ya no es seguro que vaya a la cárcel, tal y como ocurrió un día después de darse a conocerse el fallo en primera instancia. En los considerandos de la sentencia del Tribunal de Apelación, su presidente Dominique Pauthe subraya que las “actuaciones [de Jérôme Cahuzac] chocan con el principio republicano de igualdad de los ciudadanos ante el pago de impuestos, asunto que debía estar en el centro de sus preocupaciones del representante público” que fue en su día. Pero el magistrado se negó a condenarlo a prisión firme, por estimar que una pena condicional ya era “una advertencia significativa destinada a prevenir que se repitiesen los hechos”.
Esta decisión, que va en contra de la decisión del Tribunal Correccional y de las requisiciones de la Fiscalía General, representa una innegable victoria para Jérôme Cahuzac. Y esta feliz noticia en la persona de Cahuzac ¿lo es también para el sentimiento de equidad judicial? La respuesta es no.
El debate es complicado, pero merece la pena abrirlo. Nadie desea la cárcel a nadie. Los centros penitenciarios franceses están escandalosamente superpoblados, algunos tienen fama de encontrarse en una situación de deterioro indigno, los procesos de reinserción a veces son deficientes y la privación de libertad es una medida tan grave que ningún magistrado puede tomar una decisión así a la ligera.
Al mismo tiempo, cómo ¿no se va a entender este fallo como una forma de clemencia para Jérôme Cahuzac? ¿Cómo ser insensible a la idea de que algunos son más iguales que otros ante la Justicia? Las cifras hablan por sí solas. La página Les Jours hizo públicos, el 15 de mayo, los datos del Ministerio de Justicia relativos al número de personas encarceladas por fraude fiscal, a fecha de 1 de enero de 2018; de los 69.000 presos que existen en Francia, son diez.
Visto desde fuera, el fraude fiscal es un delito sin violencia. Sin embargo, no hay nada más falso. Un defraudador fiscal, en concreto, es una persona que entra en un hospital y rompe las camas; va a una comisaría y quema los chalecos antibalas; va a una escuela y destroza los libros. En resumen, es una persona que, para su enriquecimiento personal y al no pagar impuestos, empobrece a todos los que le rodean y destruye de paso la idea de sociedad organizada. En mayo de 1037, el secretario del Tesoro americano, Henry Morgenthau Jr., comparaba el fraude fiscal con el síntoma de una “civilización a la baja”.
¿Y qué decir cuando el susodicho defraudador ha sido, como lo fue Jérôme Cahuzac, alguien que tenía como misión, en el seno del Gobierno francés, luchar arduamente contra el fraude?
El fraude y la evasión fiscales no son problemas que se encuentren al margen de la economía francesa; de la misma manera que los casos que los sacan a la luz no son un mero un catarro estacional de las democracias. Económicamente, suponen, tirando por lo bajo, alrededor de 70.000 millones que el Estado deja de ingresar. O lo que es lo mismo, el equivalente al déficit público anual de Francia.
Las cifras en juego en el caso Cahuzac no tenían nada de irrisorias. Según cálculos de la Fiscalía Nacional Económica, el exministro ocultó más de 600.000 euros en una cuenta oculta en Suiza. Las sumas se derivaron enseguida a Singapur gracias a montajes offshores que pasaron por las Seychelles. Jérôme Cahuzac defraudó al fisco al depositar 239.000 euros en cuentas a nombre de su madre, empleadas también para eludir impuestos. Sin contar con una tercera cuenta a nombre de su mujer, abierta en la Isla de Man y para la cual había firmado un poder.
El dinero oculto procedía, asimismo, de una actividad de cirugía de implantes capilares que ejercía Jérôme Cahuzac, pero también de los emolumentos que recibía de laboratorios farmacéuricos por efectuar actividades de lobby después de que Cahuzac hubiese pasado por el gabinete del ministro de Sanidad, con el Gobierno de Michel Rocard.
Jérôme Cahuzac es mucho más que un mero defraudador. Por la responsabilidad política que tuvo, por sus tejemanejes para escapar a la verdad de los hechos a raíz de las revelaciones de Mediapart, ha pasado a engrosar galería de los altos responsables cuyas maniobras participan en la fatiga democrática que sienten numerosos ciudadanos. Por no hablar de hastío.
Para que el debate sobre la cárcel no se limite a consideraciones estrictamente francesas, resulta enriquecedor observar que tratamiento judicial recibe la delincuencia de cuello blanco en otros países. Y lo que vemos es que la encarcelación no es, para la Justicia, ni un tabú ni síntoma de una deriva robespierrista.
En Inglaterra, un diputado que mintió en los gastos fue condenado en 2013 a seis meses de cárcel. Y fue a prisión.
En Israel, un ex primer ministro, acusado de recibir 14.000 euros en sobornos de un gigantesco proyecto inmobiliario, fue condenado en 2015 a 18 meses de cárcel. Y fue a prisión.
En Alemania, el presidente del Bayern de Múnich, que ocultó varios millones de euros de ingresos bursátiles, fue condenado en 2014 a tres años y medio. Y fue a prisión.
En Estados Unidos, un gobernador culpable de tratar de comprar un escaño como senador por Illinois fue condenado en 2011 a 14 años de cárcel. Y fue a prisión.
En Francia, hay que remontarse muy atrás en el tiempo –más de 20 años atrás, en concreto– para encontrar rastro de un político poco honrado que durmió en la sombra, en un centro de detención. En concreto, se trataron del exalcalde de Grenoble Alain Carignon, de su homólogo de Niza Jacques Médecin y del exsecretario de Estado Jean-Michel Boucheron. ¿Y desde entonces? Nada.
En 1847, mientras la monarquía de julio se tambaleaba por un caso clamoroso de corrupción, el caso Teste-Cubières, Victor Hugo escribía en su periódico: “Cuando la muchedumbre mira a los ricos con esos ojos, no son pensamientos lo que hay en el cerebro, son hechos”. _____________
La cronología del ‘caso Cahuzac’, destapado por Mediapart
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Lo que es una buena noticia para un hombre puede ser una mala señal. En esos términos puede interpretarse el fallo judicial dado a conocer este 15 de mayo por la Corte de Apelación de París en contra del exministro socialista de Presupuesto Jérôme Cahuzac, culpable de fraude fiscal, blanqueo y ocultación de patrimonio en el caso de cuentas ocultas, revelado en 2012 por Mediapart (socio editorial de infoLibre).