La justicia francesa paraliza la nueva conexión eléctrica con España por el impacto en los cetáceos

Delfines comunes en el Golfo de Vizcaya.

Manuel Magrez (Mediapart)

El imponente buque encargado de los estudios previos a la construcción, que arrastra un potente sistema de sonar en el Golfo de Vizcaya, tendrá que quedar amarrado. El miércoles 14 de agosto, la justicia decidió suspender sus operaciones. Su presencia estaba justificada por un proyecto gigantesco: una línea eléctrica submarina de muy alta tensión entre Francia y España. Pero en junio, uno de los miembros de la tripulación, un bioacústico asignado como observador, se sorprendió de que no se respetara el protocolo habitualmente impuesto en este tipo de misiones, para proteger a las especies que viven en este entorno natural.

Tras una advertencia formal a la dirección del intermediario que realizaba el trabajo por cuenta de la Red francesa de Transporte de Electricidad (RTE), el especialista fue despedido y desembarcado, según informa Libération. Varias asociaciones ecologistas, que sospechaban desde hacía tiempo de este imponente buque, fueron oportunamente informadas de este escollo y el 29 de julio presentaron una denuncia ante el fiscal de Bayona.

Tras una breve investigación, el fiscal presentó al tribunal un procedimiento de urgencia medioambiental, que abarcaba cinco delitos contra el medio ambiente, entre ellos la “destrucción ilegal de una especie animal no doméstica”, la “alteración ilegal del hábitat de una especie animal” y la “perturbación ilegal intencionada del hábitat de una especie animal”, solicitando “el cese inmediato de las obras en curso en las aguas territoriales de los departamentos de las Landas y Pirineos Atlánticos, bajo multa coercitiva de 10.000 euros por día y por infracción observada”.

Fue este procedimiento de urgencia, justificado por el riesgo para los cetáceos y la ausencia de autorización específica para esta fase previa a los trabajos, lo que llevó a los representantes de la RTE y de su proveedor de servicios ante el tribunal de Bayona el martes 13 de agosto. Pero al día siguiente, miércoles 14 de agosto, el tribunal decidió ordenar «la suspensión inmediata de los trabajos realizados [...] en las aguas territoriales de los departamentos de las Landas y de los Pirineos Atlánticos, bajo multa de 10.000 euros por día y por hecho observado [...], durante un periodo de 4 meses”.

En el auto del procedimiento sumario medioambiental, que Mediapart ha podido consultar, el juez que instruye el caso da un mes a la RTE para que envíe a la justicia “un estudio de impacto de las campañas de investigación previas al tendido de cables submarinos de interconexión eléctrica entre Francia y España en aguas territoriales”.

El juez también ordenó la elaboración de un “plan de mitigación de los efectos del ruido sobre los mamíferos marinos y los medios acuáticos”, así como un “informe escrito mensual detallado que garantice la eficacia de las medidas ordenadas para todas las campañas de estudio previstas”.

Una evaluación “totalmente insuficiente” del impacto sonoro

El proyecto, cuyo nombre oficial es Interconexión Eléctrica Francia-España (Inelfe), se puso en marcha en 2017 y está diseñado para unir Cubnezais (Gironda) con Gatika (Vizcaya) por mar, lo que permitirá intercambiar entre 2.800 y 5.000 megavatios de energía entre ambos países por vía marítima. Desde el principio, el proyecto ha suscitado interrogantes y preocupaciones sobre la protección del medio ambiente.

En agosto de 2022, el Consejo Nacional francés de Protection de la Naturaleza (CNPN), órgano consultivo, también examinó el proyecto. En su dictamen, el CNPN señalaba el “gran número de especies de batracios, reptiles, aves, insectos y mamíferos que representan un alto interés en varias zonas afectadas por el proyecto”. El Consejo Nacional también criticó la evaluación “totalmente insuficiente” del impacto de la contaminación acústica y “la sorprendente omisión del impacto sobre el medio marino y la práctica ausencia de aplicación de la secuencia ERC (evitar, reducir, compensar, ndr)”.

En aquel momento, sin embargo, el dictamen del CNPN no impidió a la prefectura autorizar el comienzo de las obras. En septiembre de 2023, la publicación de los decretos de autorización medioambiental y de declaración de utilidad pública causó de inmediato preocupación entre las asociaciones ecologistas, así como en el municipio de Seignosse, que habían preparado sus recursos, pero sin éxito.

“Es un gran alivio, estamos muy satisfechos con la decisión de la justicia”, afirma Marie Darzacq, presidenta de Landes Aquitaine Environnement. “Hasta ahora lo habíamos perdido todo ante el tribunal administrativo, y la RTE se regocijaba”, recuerda la miembro del colectivo creado cuando se anunció el proyecto. “Gracias al denunciante, todo se ha parado por un tiempo”, dice esta residente de Capbreton.

“Lo que se está imponiendo hoy a la RTE es lo que se hizo en la parte española, así que parece lógico”, afirma Marion Crecent, una de las abogadas de las tres asociaciones. “Este procedimiento sumario medioambiental es bastante reciente, y hasta la fecha sólo ha dado lugar a una quincena de decisiones”, explica, haciendo hincapié en el carácter urgente y poco frecuente de la situación en el Golfo de Vizcaya.

Impacto en la fauna

Contactada por Mediapart, la RTE, encargada de la gestión de las obras, dice que “toma nota de la decisión del tribunal de Bayona, que está siendo analizada por sus equipos”. La empresa pública francesa “se reserva el derecho de recurrir la decisión una vez finalizado el análisis” , pero “reanudará sus perforaciones en alta mar respetando las medidas complementarias solicitadas por el Tribunal”.

Para las tres asociaciones firmantes de la denuncia, Défense des milieux aquatiques, Sea Shepherd y Landes Aquitaine Environnement, el asunto era urgente. Para Louise Dumont Saint Priest, la otra abogada encargada del caso, el sonar utilizado para los estudios de batimetría (medición de la profundidad de los medios submarinos) puede producir un sonido equivalente a un “martillo neumático” para los cetáceos.

En su denuncia, las asociaciones detallan: “Los barcos de la RTE utilizan una baliza para posicionar sus equipos en el mar. [...] Mediante esta técnica, envían señales impulsivas de más de 220 decibelios cada tres o cuatro segundos, a 24-26 kilohercios, lo que resulta especialmente potente. A modo de comparación, los transpondedores utilizados en la industria pesquera para ahuyentar a los mamíferos marinos cuando llegan las redes de los pescadores cumplen una norma de entre 130 y 150 decibelios como máximo”.

“Los mamíferos marinos utilizan la acústica y el sonido para desplazarse, orientarse en el medio marino, comunicarse entre ellos y cazar, es decir, para alimentarse. Por tanto, su supervivencia depende de ello”, explican las asociaciones afectadas.

Pero esta decisión judicial no resuelve todos los problemas. Al no poder pasar directamente a España a causa del cañón marino de Capbreton (Landas), los promotores del proyecto han decidido llevar la línea vía terrestre por más de 20 kilómetros entre Seignosse (Landas) y Capbreton, para volver a sumergir el cable en el mar al sur del cañón. "Es un desastre. Para enterrarlo, el bosque de Bouhebe, que es uno de los últimos pulmones de Capbreton, va a ser abierto en canal a lo largo de 1,4 kilómetros, afirma Marie Darzacq, presidenta de Landes Aquitaine Environnement, que vive a 80 metros del trazado terrestre de la línea de alta tensión.

“No es normal que se permita hormigonar detrás de las dunas, pero como es para el Estado, da la impresión de que tienen todo el derecho”, se queja esta abogada jubilada. “No estamos en contra de esta interconexión eléctrica, pero desde el principio hemos presionado para que esta línea de muy alta tensión siga el trazado de la A63, para que tenga mucho menos impacto en las zonas naturales”, dice Marie Darzacq, que promete que “Lucharemos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario”.

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Este artículo se ha actualizado a las 15:20 horas del 15 de agosto, añadiendo una segunda reacción de la RTE, en la que se afirma que la empresa llevaba a cabo “sus perforaciones en alta mar en estricto cumplimiento de las autorizaciones expedidas por el Estado, [...] siguiendo las prescripciones de los expertos independientes encargados por la RTE, de acuerdo con las recomendaciones del IFREMER y la guía ministerial de referencia (edición de junio de 2020) publicada por el ministerio de Transición Ecológica”. La empresa también afirma que “reanudará sus perforaciones en alta mar en cumplimiento de las medidas adicionales solicitadas por el Tribunal”.

 

Traducción de Miguel López

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