Justicia, medios de comunicación y ahora universidades: Trump no deja títere con cabeza
Martin Luther King debe estar revolviéndose en su tumba. Donald Trump está utilizando su legado, fruto de la lucha por los derechos civiles, para socavar el Estado de derecho estadounidense.
La Civil Rights Act, firmada en 1964 por el presidente Lyndon B. Johnson, ponía fin, en una democracia inacabada, a la segregación que aún sufrían los afroamericanos, un siglo después del final de la Guerra de Secesión que había llevado a la abolición de la esclavitud (1865) y casi dos siglos después de la Declaración de Independencia (1776).
En este segundo mandato de Trump, esta ley de derechos civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de “raza, color, religión, sexo, origen, discapacidad o edad” en el empleo, los programas que reciben apoyo federal y los lugares públicos, se convierte en una herramienta de represión.
De hecho, se utiliza para acabar con las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) destinadas a luchar contra la discriminación racial en las administraciones y empresas estadounidenses, poner a raya a las universidades y reprimir la libertad de expresión.
La web The Conversation señala que es una muestra clara que imposición, una vez más, de su mundo orwelliano al invertir el significado de las palabras, o prohibiendo otras, cuando se refieren al medio ambiente, la diversidad, la justicia y las desigualdades sociales, la salud y la discapacidad, la dimensión psicoafectiva, la sexualidad, la discriminación y el lenguaje.
Neomacarthismo
En una entrevista con el New York Times, Christopher F. Rufo, una figura del movimiento MAGA que se ha convertido en un referente por su odio a la “teoría crítica de la raza”, una corriente de investigación que saca a la luz el racismo sistémico de las instituciones americanas, explica hasta qué punto esta ley de 1964 podía servir, paradójicamente, a los intereses de los conservadores. Basta, explica, con tener “una visión alternativa, una especie de sistema espartano de igualdad sin distinción de color, que en su opinión está mejor arraigado en la Constitución y en la ley”.
“No hay recompensa ni castigo basado en la ascendencia”, afirma también. “Y si lo haces en el contexto de admisiones, contrataciones, ascensos o contratos, tendrás que pagar el precio, tan alto como cuando se practicaba la segregación en las barras de los restaurantes [en el sur de Estados Unidos, ndr].”
Para él, no se trata en absoluto de dar marcha atrás, sino de acabar con “esta experiencia de discriminación positiva que se ha transformado en una ideología de guerra, en DEI, en una discriminación rampante que recompensa y castiga a las personas en función de su ascendencia”. “Hemos terminado con eso. Vamos a reinterpretar la ley para establecer, por primera vez, una igualdad simple, estratégica y sin distinción de color en todas nuestras instituciones”.
“¿A qué se parece esto?”, prosigue. “Se parece a lo que hace la administración Trump, que dice que el sectarismo contra los blancos debe ser sancionado tan severamente como el sectarismo contra los negros. Pero las instituciones solo practican uno de estos dos tipos de sanciones. Por lo tanto, la verdadera igualdad sin distinción de color exige una aplicación igualitaria”.
Esta visión tan particular alimenta un neomacartismo que ha desencadenado una caza de brujas en las universidades americanas contra los que manifestaron su apoyo a Gaza en 2024. Con el pretexto de luchar contra el antisemitismo, se ha anunciado una oleada de detenciones.
La administración Trump me toma como blanco en el marco de una estrategia más amplia para aplastar la disidencia
La primera víctima es Mahmoud Khalil, graduado de Columbia y líder de las movilizaciones en el campus de esta prestigiosa universidad de Nueva York. A pesar de tener un permiso de residencia permanente, fue internado en un centro de detención en Luisiana tras ser detenido el 8 de marzo.
En una carta abierta, se presenta como un “prisionero político” y denuncia la complicidad de las autoridades de la universidad en la represión de los estudiantes que critican a Israel. “Mi arresto, la expulsión o suspensión de al menos veintidós estudiantes de Columbia —a algunos de los cuales se les ha privado de su título a pocas semanas de la graduación— y la expulsión del presidente de Student Workers of Columbia (SWC), Grant Miner, en vísperas de las negociaciones contractuales, son pruebas evidentes de ello”.
“La administración Trump me toma como blanco en el marco de una estrategia más amplia para aplastar la disidencia”, subraya. “Los titulares de visados, los titulares de tarjetas verdes e incluso los ciudadanos estadounidenses serán cada vez más atacados por sus convicciones políticas”.
Un discurso revanchista
En el podcast The Oath and The Office, a Corey Brettschneider, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Brown, le preocupa este clima liberticida. El experto considera que la proclamada lucha contra el antisemitismo es solo una excusa, y recuerda que en 2017, tras la muerte de una manifestante antirracista atropellada por un vehículo conducido por un militante neonazi, Donald Trump había culpado a ambas partes.
“Por supuesto, debemos alzarnos contra el antisemitismo y el sectarismo en todas sus formas”, afirma el profesor Brettschneider. “Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que va contra los discursos que quiere silenciar. Y esto es solo el preludio de la prohibición de muchos otros tipos de expresión”.
El profesor considera indispensable “no considerar estos asuntos de forma aislada”, sino relacionarlos en una ofensiva generalizada contra los opositores.
El discurso pronunciado por el presidente Trump en el departamento de Justicia el 14 de marzo demostró claramente que se trata, a corto plazo, de ajustar cuentas: “Nuestros predecesores convirtieron este departamento de Justicia en un departamento de Injusticia, pero hoy me presento ante ustedes para declarar que esa época ha terminado y que nunca volverá. Nunca volverán. Por eso, como principal responsable de la aplicación de la ley en nuestro país, insistiré y exigiré plena responsabilidad por los daños y abusos que se han cometido”.
Donald Trump, acusado en varios casos judiciales y condenado en uno de ellos, pero protegido durante su mandato por la inmunidad presidencial, ha puesto bajo su control dos instituciones clave que se supone deben mantener su independencia frente al ejecutivo, el departamento de Justicia y el FBI, la policía federal.
Ha puesto al frente a dos personas de confianza, Pam Bondi —”Nunca dejará de luchar por nosotros y nosotros nunca dejaremos de luchar por él y por nuestro país”, dijo justo antes del discurso de Trump— y Kash Patel, que fueron encargados de llevar a cabo una purga. Los que investigaron la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016 o el ataque contra el Capitolio en enero de 2021 están ahora en el punto de mira.
Pero esta caza de brujas va mucho más allá del departamento de Justicia y el FBI. Los bufetes de abogados que han podido trabajar en casos que implican a Donald Trump o cercanos a los demócratas están también en el punto de mira.
Llamen a las cosas por su nombre. Convenzan a suficientes americanos de que la estrategia de la administración solo merece un nombre: vandalismo
A largo plazo, es probable que se trate de establecer un sistema autocrático en un marco aparentemente democrático, en el que la oposición sea silenciada y reducida a la mínima expresión, como ha hecho Viktor Orbán en Hungría.
En un texto publicado por la web The Chronicle of Higher Education, Michael Ignatieff, exrector de la Universidad Centroeuropea de Budapest (había trasladado las actividades de su institución, apoyada por George Soros, a Viena), explicó que un presidente de una universidad americana que se enfrentaba a recortes presupuestarios desastrosos se había puesto en contacto con él en busca de consejos sobre cómo “combatir un régimen autoritario”.
Le insistió en la necesidad de “una alianza que reúna a las familias americanas, empleadores, sindicatos, empresas y toda la red de personas e instituciones más allá de su campus, que comprendan que las universidades americanas son esenciales para todo lo que hace bien al país: su compromiso con la libertad, su devoción por la excelencia, su liderazgo en ciencias y medicina”.
“Esta alianza deberá adquirir una dimensión política, prosigue, extenderse tanto a los Estados republicanos como a los demócratas, identificar a los miembros del Congreso de ambos bandos que comprendan la importancia de las universidades para sus comunidades, para la economía americana y para el prestigio de excelencia que posee Estados Unidos. No se anden con rodeos. Es demasiado tarde para jugar la carta de la cortesía. Llamen a las cosas por su nombre. Convenzan a suficientes americanos de que la estrategia de la administración solo merece un nombre: vandalismo”.
Los jueces en primera línea
En este vandalismo, que también afecta a los medios de comunicación —Donald Trump ha firmado un decreto presidencial para desmantelar la Agencia de Medios Internacionales de Estados Unidos (USAGM), que gestiona, entre otros, la Voz de América—, los jueces están en primera línea, dictando resoluciones para suspender diferentes acciones de la administración.
Denunciando una justicia hostil, Donald Trump y Elon Musk —el martes, un juez federal consideró que las medidas que tomó al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DGE) eran “probablemente” inconstitucionales—, pidieron la destitución de jueces.
Haciendo caso omiso de la resolución dictada el sábado por un juez federal que suspendía las expulsiones de más de doscientos venezolanos acusados de pertenecer a una organización criminal, la administración Trump los envió a El Salvador. “Me importa un bledo lo que piensen los jueces, me importa un bledo lo que piense la izquierda”, dijo el lunes el “zar de las fronteras”, Tom Homan.
Para Corey Brettschneider, Estados Unidos se encuentra en medio de “un ataque autoritario contra la Constitución” y de “un autogolpe, un presidente de Estados Unidos en el poder que intenta engullir la Constitución y los demás poderes”.
El historiador y periodista Garrett M. Graff se muestra preocupado “de que un dictador en potencia intente eludir por la fuerza todas las salvaguardias de la historia”, y considera que “no se trata de una crisis constitucional, sino de un colapso constitucional”. Y añadió, al referirse a los que han sido encarcelados en prisiones salvadoreñas sin ningún procedimiento legal: “Hacer desaparecer a la gente no es un abuso de poder del tipo Orbán, sino un abuso del tipo Pinochet en Chile o Jorge Rafael Videla en Argentina”.
De manera muy inusual, el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., que fue nombrado por el presidente George W. Bush —no por Barack Obama como afirmó la portavoz de la Casa Blanca—, se pronunció advirtiendo contra la destitución, que, subrayó, “desde hace más de dos siglos [...] no es una respuesta adecuada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”. Una declaración “bastante modesta”, según el New York Times. Pero lo suficientemente inusual como para ilustrar la gravedad de la situación y las amenazas que pesan sobre la democracia estadounidense.
Trump entierra públicamente el departamento de Educación
El presidente Trump firmó el jueves pasado un decreto para “eliminar definitivamente el departamento federal de Educación”, pero su cierre no puede llevarse a cabo sin la aprobación del Congreso. Algunas funciones esenciales, en particular las relacionadas con los préstamos estudiantiles y la financiación de la educación especial, deberían seguir siendo desempeñadas por el departamento en un formato reducido.
Al atacar este ministerio, que desempeña un papel limitado en la educación en Estados Unidos, el presidente “acude en ayuda de los niños americanos”, declaró su portavoz, Karoline Leavitt. El Congreso debe decidir la eliminación definitiva, pero Donald Trump y su aliado Elon Musk ya han desmantelado otras estructuras federales sin esperar el visto bueno del Parlamento.
Esta decisión también se enmarca en el deseo del presidente republicano de recortar el gasto público.
El impacto de este anunciado desmantelamiento no es comparable con el que se produciría en un país centralizado donde la educación se gestiona a nivel nacional, como Francia. En Estados Unidos, ese ámbito ya depende en gran medida de las autoridades estatales. Pero la función del departamento de Educación no es por ello menor. Las subvenciones federales desempeñan un papel importante para las escuelas situadas en zonas desfavorecidas desde el punto de vista económico y social, así como para los alumnos con trastornos del aprendizaje.
Trump y Musk apuestan por los recortes para reducir la burocracia mostrando un frente unido en Fox
Ver más
La decisión de Donald Trump ha provocado la ira de los demócratas, los sindicatos de profesores y muchos padres, que ven en ella un ataque sin precedentes contra la enseñanza pública, además de un intento de promover ideas conservadoras. La derecha dura estadounidense, y en particular los movimientos evangélicos, acusan a las escuelas públicas de adoctrinar a los niños difundiendo ideas “woke”.
Traducción de Miguel López
