“Estaba frente a un grupo de mafiosos. Es inaceptable lo que pasó”. Esta impactante declaración la hizo el hombre más temido de la República Democrática del Congo (RDC), Jules Alingete, jefe de la Inspección General de Finanzas (IGF) desde el 30 de junio de 2020. En Congo-Kinsasa, este organismo tiene la particularidad de depender directamente del presidente de la República.
Jules Alingete es el “señor anticorrupción” del nuevo presidente, Félix Tshisekedi, que tomó posesión de su cargo a principios de enero de 2019. Es el responsable de cumplir una de las promesas de campaña del jefe de Estado: rastrear la malversación masiva de dinero público que arruinó a la RDC durante los 18 años de reinado del expresidente Joseph Kabila.
Las palabras del máximo responsable de la IGF son más duras si cabe habida cuenta de que los “mafiosos” a los que se refiere figuran entre los dignatarios más poderosos del régimen de Kabila: el exgobernador del Banco Central Deogratias Mutombo, el presidente de la empresa minera estatal Gecamines Albert Yuma, o el hermano adoptivo de Kabila, Francis Selemani, que dirigió el banco BGFI DRC hasta 2018.
El caso que sorprende a Jules Alingete es un escándalo de primer orden, la malversación de 43 millones de dólares (38,1 millones de euros) del Banco Central del Congo (BCC), con la complicidad del BGFI, en beneficio de la Empresa General de Alimentación (Egal)Empresa General de Alimentación (Egal), una empresa de importación de carne y pescado controlada por personalidades del primer círculo del antiguo jefe de Estado, Joseph Kabila.
Este pago lo reveló en 2016 Jean-Jacques Lumumba, un exempleado del BGFI que se convirtió en denunciante. Pero no fue hasta enero de 2021, dos años después de la toma de posesión de Félix Tshisekedi, cuando la IGF inició finalmente una investigación.
Hasta entonces, tal y como declaró en 2019, el nuevo presidente se había negado a “hurgar en el pasado”, sobre todo en asuntos que afectaran demasiado de cerca a su predecesor. La victoria de Félix Tshisekedi en las elecciones de 2018 se vio empañada por graves irregularidades. Para convertirse en presidente, tuvo que llegar a un acuerdo político con Kabila, que mantuvo el control de las principales instituciones del país durante dos años.
Pero cuando Jules Alingete abrió su investigación en enero de 2021, nada iba bien entre los aliados de 2018. Felix Tshisekedi ya se había hecho con el control del Parlamento y pretendía derribar el gobierno surgido de las negociaciones con el bando de Kabila. También quería recuperar el control del Banco Central del Congo, que seguía entonces bajo el control de dos personas muy cercanas a Kabila y que formaban parte del consejo de administración, Deogratias Mutombo y Albert Yuma, quien también es accionista de Egal.
Cuatro meses más tarde, en abril de 2021, se completó el informe final de la IGF. Ese documento abrumador, al que ha tenido acceso esta investigación, denuncia “un montaje hábilmente orquestado” para la “malversación de fondos públicos”. El informe señala la “responsabilidad” parcial del gobernador Mutombo. Tres meses después de su publicación, Mutombo dimitió de su cargo en el BCC, antes de finalizar su mandato, al igual que Albert Yuma.
Pero, ¡oh, sorpresa!, Jules Alingete escribió a la dirección de Egal y del BCC para exculparlos, culpando al BGFI de todo.
Si el jefe de la IGF concedió a CongoHoldup (El expolio del Congo) más de una hora de entrevista fue porque la investigación, basada en 3,5 millones de documentos del BGFI obtenidos por Mediapart y la ONG PPLAAF (Plataformapara la Protección de Denunciantes de Corrupción de África), demuestra lo contrario: Egal sí se benefició en 2013 de 43 millones de fondos públicos y el BCC transfirió voluntariamente ese dinero.
El presidente de la República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi.
Esta investigación, llevada a cabo por 19 medios de comunicación y cinco ONG coordinadas por la red EIC, de la que forma parte infoLibre, también revela que Egal se benefició de 34,6 millones de fondos adicionales de origen desconocido, la mayoría de los cuales transitaron por la cuenta del BGFI hasta el Banco Central del Congo. Esto supone un total de más de 77 millones de dólares (68,2 millones de euros) de fondos malversados y sospechosos, de los cuales seis millones beneficiaron personalmente a Joseph Kabila y su familia.
Jules Alingete desmiente formalmente cualquier voluntad de perdonar a los destacados kabilistas que están involucrados en este caso. “No tengo ningún interés en encubrir a Egal”, responde el responsable de la IGF. Añade que el presidente Tshisekedi ha sido el “único” que le pidió que “buscara la verdad” en este caso, mientras que él “sufrió presiones” de otros actores del caso.
El responsable de la IGF asegura que no tuvo más remedio que blanquear a Egal y al BCC porque el BGFI no le proporcionó los documentos que había solicitado y finalmente optó por asumir toda la responsabilidad. El banco incluso aceptó reembolsar los 43 millones al Estado, ¡aunque no se benefició de ellos!
En su respuesta al proyecto Congo Hold-up (El expolio del Congo), Jules Alingete considera que el BGFI “sin duda” quería “impedir que el gobierno congoleño se apoderara de los bienes” de Egal. “Ante un grupo de mafiosos que se organiza, ¿qué puedo hacer? Adoptan estrategias para dar la impresión de que se oponen, pero el BGFI, Egal, Yuma, son el mismo grupo de personas”, añadió en un momento de la entrevista.
Al ser contactados, el BGFI, el BCC, Albert Yuma y Deogratias Mutombo no respondieron. En sus respuestas escritas, firmadas por su gerente, Franck Tshibangu, Egal niega formalmente haber “recibido dinero del Banco Central del Congo”, recuerda que fue “exonerada” por la Inspección General de Finanzas y se niega a responder a preguntas porque la investigación judicial en curso “es de carácter secreto”.
Los amigos “patriotas” de Kabila
Los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) cuentan por primera vez la historia secreta de este escándalo de Estado, con el telón de fondo de una cuestión vital: el suministro de alimentos de este país, de 100 millones de habitantes, que se encuentra entre los más pobres del mundo y donde una de cada tres personas sufre desnutrición aguda, según la ONU.
Según una nota interna del BGFI, Egal fue fundada en 2013 por “patriotas congoleños” que querían ofrecer carne y pescado más baratos y de “mejor calidad” a la población.
Estos “patriotas” son todos amigos íntimos de Joseph Kabila, según documentos obtenidos por la ONG The Sentry, socia del proyecto Congo Hold-up (El expolio del Congo).
Los directivos de Egal son el belgacongoleño Alain Wan y el belga Marc Piedboeuf, dos empresarios al frente de una galaxia de empresas (minas, puertos, transporte marítimo, obras públicas), sospechosos de actuar por cuenta del expresidente. Por ejemplo, eran los accionistas mayoritarios de la poderosa empresa agrícola Grands élevages du Bas Congo (GEL), antes de venderla a Ferme Espoir, una empresa propiedad de Joseph Kabila y dirigida por Marc Piedboeuf.
Uno de los accionistas (20%) de Egal es Aremad Ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, donde es muy fácil ocultar la verdadera identidad de los propietarios. Al preguntarle, André Wan, hijo de Alain, facilitó un documento del registro mercantil en el que se indica que la única propietaria es su hermana. “Sólo representa nuestros intereses”, precisa.
El mayor accionista de Egal (41%), Norbert Nkulu, es nada menos que el abogado personal de Joseph Kabila. Nkulu es el hombre de las situaciones delicadas; ha llevado a cabo numerosas negociaciones en nombre del expresidente, tanto con los opositores más acérrimos como con los ciudadanos de a pie que se oponen al jefe del Estado en disputas de tierras y expropiaciones. También es a quien Joseph Kabila nombró para el Tribunal Constitucional junto con otros dos personas de su entorno para bloquear los resultados de las elecciones de 2018.
El presidente del Consejo de Administración, que posee el 29,5%, es uno de los pilares del régimen de Kabila: Albert Yuma, dirigente de la patronal congoleña, presidente de la empresa minera estatal Gécamines y en su momento también presidente del comité de auditoría y administrador del Banco Central. Como revelan los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo), la empresa Gécamines de Albert Yuma pagó 20 millones de dólares a Sud Oil, una sociedad pantalla controlada por Francis Selemani, hermano adoptivo del presidente y entonces máximo dirigente del BGFI RDC.
Albert Yuma también trae el 5% de uno de sus protegidos: el empresario Eric Monga, que es el jefe de jefes en la rica provincia minera de Katanga desde 2013. Tras dos años como director general de Egal, vendió sus acciones en 2015.
Puestos al habla con Norbert Nkulu, Albert Yuma y Eric Monga, no han respondido a nuestras llamadas. Marc Piedboeuf y la familia Wan se negaron también a responder a nuestras preguntas, por considerar que la información de Congo Hold-up (El expolio del Congo) era “fundamentalmente falsa” y con intención “manifiesta de causar daño”. El 3 de noviembre, incluso antes de que se publicara el artículo, presentaron una denuncia en Kinsasa por “calumnia” contra Mediapart (socio editorial de infoLibre) y su socio belga De StandaardDe Standaard.
En el verano de 2013, el objetivo de este equipo era conquistar una gran parte del mercado de la importación de alimentos, dominado entonces por empresas extranjeras, en primer lugar Orgaman, un grupo familiar belga presente en la RDC desde hace más de 70 años.
En enero de 2014, Egal recibió un apoyo decisivo del gobierno congoleño, que le concedió la exención total de los derechos de aduana sobre sus importaciones de pescado. Tres meses después, Orgaman anunció abruptamente el fin de sus actividades de importación de alimentos, alegando, entre otras cosas, los elevados impuestos.
Con dinero del Estado
Crear una empresa como Egal requiere de muchos recursos, barcos, camiones, almacenes refrigerados. Los promotores de Egal no pueden, o no quieren, financiar la aventura. Crearon una increíble estructura financiera para obtener este dinero del Estado congoleño.
El 10 de junio de 2013, una carta firmada por el entonces ministro de Finanzas, Patrice Kitebi, anunciaba a MW Afritec, la empresa de obras públicas del dúo Wan-Piedboeuf, que el Estado le debía 64 millones de dólares por “diversas obras realizadas” y que pagaría 43 millones inmediatamente.
La investigación de la IGF determinó que esta deuda, totalmente “ficticia”, se creó para “servir de coartada a la malversación”. Cuando los inspectores se enfrentaron a él, Patrice Kitebi negó haber firmado. Ha rehusado responder a las preguntas de esta investigación.
MW Afritec transfirió esta deuda falsa a Egal, en virtud de dos “convenios” firmados en mayo y julio de 2013. Estos contratos estipulan que el dinero del Estado servirá de garantía para un préstamo de 40 millones concedido por el BGFI a la empresa de importación de alimentos.
El Estado tarda en pagar. No importa, el BGFI concedió un importante “crédito” a Egal (27 millones y posteriormente 40 millones de dólares) a finales de agosto de 2013, sin examinar el expediente y sin firmar un contrato de préstamo, violando los procedimientos internos. Un mes después, Egal ya había gastado 19 millones.
Este préstamo no se regularizó hasta enero de 2014. Los correos electrónicos que figuran entre los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) y el análisis informático de sus adjuntos demuestran que el BGFI RDC fabricó documentos, que fechó con anterioridadfabricó, para hacer creer a su empresa matriz, con sede en Gabón, que el préstamo de 40 millones era regular desde el principio.
Por su parte, el Banco Central del Congo (BCC) abrió una cuenta en el BGFI y le transfirió 43 millones de dólares, esencialmente desde su cuenta en Rawbank. Después, el 29 de noviembre de 2013, dos directivos del BCC ordenaron al BGFI que transfiriera los fondos a Egal en varios plazos para saldar la deuda ficticia. El banco central no dudó en falsificar su balance contable oficial para hacer creer que este pago nunca se produjo.
El dinero se deposita en una cuenta del BGFI titulada “Egal depósito”, lo que sugiere que el banco retiene el dinero como garantía por el préstamo. Los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación demuestran que en realidad se trata de una cuenta corriente, controlada por Egal.
El 23 de diciembre de 2013, apenas un mes después de que los fondos del BCC llegaran a la cuenta “depósito”, Egal retiró tres millones de dólares de la cuenta, que fueron transferidos a otra del BGFI vinculada al presidente Kabila. Un correo electrónico escrito el mismo día por el director de operaciones del banco confirma que efectivamente se trataba de la ejecución de una “solicitud de transferencia [...] de Egal a la presidencia”.
Un año después, se realiza una transferencia de tres millones de dólares desde esa misma cuenta “depósito” de Egal a Sud Oil, una sociedad pantalla controlada por Francis Selemani, hermano adoptivo de Kabila y director general del BGFI RDC, como reveló el pasado viernes Congo Hold-up (El expolio del Congo).
Tras la publicación de este artículo, Egal desmintió a uno de los socios de la investigación, RFI, que la empresa “no tiene ninguna cuenta en ningún banco que haya realizado la transferencia mencionada a favor de Sud Oil”. Sin embargo, esta investigación tiene pruebas de que se produjo este pago. El 3 de octubre de 2014, la cuenta “Egal sequestre” transfirió 2.999.999,5 dólares a una cuenta técnica en BGFI llamada “Virement en instance III”, que transfirió los fondos el mismo día a Sud Oil.
Préstamos que no puede pagar
Además de la cuenta “Egal sequestre”, Egal tenía otra cuenta en el BGFI destinada exclusivamente a pagar “inversiones”. Esta cuenta cobró los préstamos del BGFI, garantizados por los fondos proporcionados por el Banco Central del Congo. El montaje parece haber sido diseñado para que la cuenta “Egal sequestre”, alimentada por los fondos públicos detenidos, no pagara directamente los gastos de Egal.
La operación se convirtió rápidamente en una pesadilla para el banco. Egal creció estratosféricamente, con una facturación de 70 millones de dólares en 2015, dos años y medio después de su creación. Pero la empresa gasta tanto dinero en su cuenta de “inversiones” que no puede devolver los préstamos.
Debido a la magnitud de los impagos, los préstamos tuvieron que ser reestructurados varias veces. En junio de 2014, Egal obtuvo un nuevo préstamo de cuatro millones de dólares, garantizado por la misma cantidad de dinero que la empresa había recibido en su cuenta “depósito”. El dinero provenía de una cuenta no especificada en el Rawbank. ¿Se trataba de la cuenta del Banco Central en el Rawbank, que ya había aportado la mayor parte de los 43 millones de dólares un año antes? El BCC no ha respondido.
En mayo de 2016, la situación era catastrófica. A pesar de los 57 millones de dólares que recibió en préstamos del BGFI, la cuenta “inversiones” presenta un descubierto de ¡10 millones de dólares! El banco bloquea entonces esta cuenta y retiró cinco millones de dólares de la cuenta “depósito” para saldar los “impagos”.
El 15 de agosto de 2016, el director general adjunto de Egal, Marc Piedboeuf, rogó por correo electrónico al hermano del presidente Kabila y dirigente del BGFI RDC, Francis Selemani, que “pusiera fin a este bloqueo”. Reconoce que Egal es “incapaz” de devolver los préstamos, pero “desea firmemente que esto pueda ser abordado lo antes posible por TODAS las partes implicadas”. “No lo controlo todo, ni mucho menos”, insiste, como para recordar que Egal está controlada por personas muy cercanas al presidente Kabila.
Un mes más tarde, Egal se salvó gracias a una llegada providencial de fondos. El 29 de septiembre de 2016 se transfirieron 30 millones de dólares a su cuenta de la cuenta “depósito”, con el único apunte de “compensación”, desde la cuenta del BGFI en el Banco Central. Preguntados por el origen de los fondos, Egal, el BGFI y el BCC no respondieron. Este maná inesperado permitió a Egal devolver parte de los préstamos, que ascendían a 28 millones, y desbloquear su cuenta de “inversiones”.
El montaje se limpió dos años después. El 9 de marzo de 2018, el nuevo gerente de Egal, Franck Tshibangu, escribió al responsable del banco, Francis Selemani, que la empresa de importación de alimentos quería devolver todos los préstamos “para reiniciar sus operaciones”.
El 23 de marzo de 2018, Tshibangu ordenó al BGFI que transfiriera la totalidad de los 30 millones de dólares que aún quedaban en la cuenta de “depósito”, 26,2 millones para devolver los préstamos y el resto, 3,7 millones, para MW Afritec. Esta es la única transferencia que la empresa recibe en concepto de reembolso, a pesar de que fue ella la que aportó el dinero (a través de la deuda pública ficticia), y Egal se había comprometido a devolver la totalidad de los 43 millones.
El 29 de junio de 2018, la cuenta “depósito” está a cero. Egal había gastado los 77 millones de fondos sospechosos, incluidos los 43 millones malversados del Banco Central.
A Hong Kong y a Namibia
¿Qué hizo la empresa con todo ese dinero? Una parte se utilizó para financiar sus pérdidas e inversiones. Pero también aparecen varias decenas de millones de dólares en transacciones más turbias.
Por ejemplo, Egal transfirió 10 millones de dólares, que fueron declarados como compras de equipos (camiones, grúas, cámaras frigoríficas). Sólo que el dinero no se pagó directamente a los proveedores, sino a ATMD, una empresa sin actividad registrada en Hong Kong y controlada por el dúo Wan-Piedboeuf. Esta sociedad offshore también recibió dos millones de dólares para “compras de pescado” y 550.000 dólares para trabajos de “estudios y diseño”.
Egal también pagó la friolera de 37,5 millones de dólares a Samaki Fishing, con sede en Namibia, el principal país de donde se abastece Egal.
El consejo de administración de Samaki incluye a uno de los tres pilares de Egal (Albert Yuma, Eric Monga y Marc Piedboeuf), así como a Haddis y Martha Tilahun, una pareja muy vinculada al partido gobernante en Windhoek, que controla el poderoso conglomerado namibio United Africa Group (UAG). Haddis actúa a veces como intermediario con grupos extranjeros, lo que le llevó a comparecer en el caso del tribunal de Uramin.
Samaki es una empresa buzón, desconocida en el sector pesquero, que no posee ni cuotas de pesca, ni barcos, ni fábricas. Está registrada en la sede de UAG, aunque no aparece en el organigrama público del grupo.
En agosto de 2013, Egal transfirió 11,5 millones a Samaki para “comprar pescado congelado”, y 1,25 millones para el mismo fin menos de un año después. Según los registros de la aduana, hubo algunas entregas, pero es difícil decir cuántas. El propio Albert Yuma admitió a la ONG periodística OCCRP que Samaki no había tenido mucho éxito en el suministro de pescado, y que había actuado principalmente como “intermediario”.
El plan de negocio confidencial de Samaki muestra que la empresa quería obtener inicialmente licencias de pesca para 60.000 toneladas de caballa al año. La presentación recoge que Egal se asoció con la influyente pareja Tilahun para “adquirir estos derechos a un precio competitivo” y “asegurar” su acceso al pescado de Namibia.
En el periodo de un año, entre agosto de 2014 y agosto de 2015, Egal transfirió otros 19,5 millones a Samaki con la justificación de “pagar gastos de explotación”.
Ninguno de los protagonistas aceptó responder sobre el destino final de estos fondos. Al ser contactada, Martha Tihalun negó haber oído hablar de Samaki, aunque los documentos oficiales muestran que ejerció de administradora desde 2013.
Blanqueo de dinero en las Féroe y exportación de jirafas
Y, por último, Egal pagó 14 millones de dólares a All Ocean Logistics (AOL), una empresa sin actividad registrada en las Islas Féroe, un archipiélago situado entre Gran Bretaña e Islandia, un paraíso fiscal para los armadores. Según informa KvF, la radiodifusión pública de las islas, que pertenecen a Dinamarca, All Ocean Logistic tenía sus oficinas y era gestionada por Shipping.fo en Tórshavn. La empresa pertenece a Krúnborg, una de las compañías de inversión más ricas de las Islas Feroe.
Shipping.fo es una sucursal de Krúnborg. La empresa puede compararse con Mossack Fonseca, que se hizo mundialmente famosa en los Papeles de Panamá. En la misma dirección de Shipping.fo se crearon y gestionaron muchas empresas, debido a los beneficios fiscales de que disfrutan las empresas de transporte marítimo en las Islas Féroe.
AOL es propietaria de al menos un barco de la flota de Egal, el barco refrigerado El Niño. También es a través de esta empresa por la que se canalizan algunos de los fondos destinados a financiar las operaciones marítimas.
Egal y sus gestores ejecutaron así un capricho del presidente Kabila: la creación de un zoológico de animales salvajes en su granja de Kingakati, al sur de Kinsasa, que pertenece a su empresa Ferme Espoir.
Como revelaron Le Monde y el OCCRP en 2017, Egal importó cientos de animales salvajes de Namibia a la RDC a bordo del carguero El Niño. Jirafas, cebras, búfalos, gacelas y ñus azules acabaron así en la finca presidencial.
Nuestra investigación Congo Hold-up (El expolio del Congo) demuestra que las entregas continuaron después de esta fecha. En un informe fechado en julio de 2019, la Fundación para la Conservación de la Jirafa dice que 12 de las 16 jirafas murieron durante el transporte y como consecuencia de los problemas de aclimatación en la finca del expresidente Kabila. En mayo de 2019, el carguero El Niño transportó cuatro crías de elefante y sus padres a Ferme Espoir.
Las empresas de transporte marítimo disfrutan de grandes beneficios fiscales en las Islas Féroe.
Estalla el escándalo
El escándalo de Egal estalló el 29 de octubre de 2016, cuando el diario belga Le Soir reveló, gracias a los primeros documentos aportados por el denunciante Jean-Jacques Lumumba, el pago de 43 millones de dólares del Banco Central a Egal.
Entonces, los protagonistas lo negaron formalmente, asegurando incluso que el pago nunca se había producido. Esa financiación de una empresa privada por parte del BCC sería ilegal, “como en cualquier otra parte del mundo”, señala Albert Yuma, accionista de Egal y presidente del comité de auditoría del BCC. No se emprendió ninguna acción legal.
Dos años más tarde, en 2018, a raíz de nuevos escándalos, Francis Selemani, hermano del presidente Kabila, tuvo que dejar su puesto al frente del BGFI RDC. Se iniciaron investigaciones internas. El director de auditoría del banco, Yvon Douhore, se encarga personalmente del caso Egal.
El 22 de junio de 2018, envía sus conclusiones, documentadas, a la directora adjunta del grupo BGFI en Gabón, Huguette Oyini. El director de la auditoría interna confirma que el dinero fue efectivamente proporcionado por el BCC a Egal, y añade que el director de operaciones del BGFI RDC mintió sobre este punto a los abogados del banco: “[Él] les había dicho que el efectivo colateral [el dinero ingresado en la cuenta de depósito] había sido constituido en 2013 por depósitos progresivos de Egal. Así que observamos que esto no es cierto”.
La misma mentira sería servida tres años después a la Inspección General de Finanzas (IGF), cuando finalmente abrió una investigación oficial en enero de 2021.
La investigación oficial
El 5 de febrero, el jefe de la IGF, Jules Alingete, escribió una carta muy dura a Egal, acusando a la empresa de “malversación de fondos públicos”. El director de Egal, Franck Tshibangu, responde que la cuenta “depósito” en la que Egal recibió los 43 millones fue abierta y gestionada por el BGFI, “sin conocimiento” de la empresa. Los documentos de Congo Holdup (El expolio del Congo) prueban lo contrario.
El BGFI rechaza estas acusaciones. En marzo de 2021, durante una reunión de trabajo en la IGF, en presencia de representantes de la presidencia de la República y del Ministerio de Finanzas, los representantes de Egal y la directora general del BGFI RDC, Marlène Ngoyi, “llegaron a las manos”, dice Jules Alingete. Según él, “unos días después”, el BGFI “reconoció su responsabilidad”. Jules Alingete indica que por ello envió una carta a Egal el 16 de marzo indicando que "la empresa [...] ha sido exculpada”.
Estas declaraciones del responsable de la IGF parecen sorprendentes porque el 13 de abril, el subdirector general del banco escribió a la IGF que Egal había sido “el beneficiario exclusivo” de los 43 millones y tenía el control de la cuenta. Aporta una prueba, la orden de transferencia de Egal ordenando en 2018 vaciar la cuenta.
Según Jules Alingete, Egal respondió que esta orden nunca se ejecutó. Los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) demuestran una vez más que esto no es cierto.
El responsable de la IGF aseguró que el BGFI volvió a claudicar, admitió su responsabilidad, esta vez de forma definitiva, y aceptó devolver los 43 millones. Aunque tenía documentos que demostraban que sólo era cómplice de la malversación. “Pedimos al BGFI que nos diera todos los documentos. Nunca nos los dieron”, dice Jules Alingete. “He conseguido mi objetivo, que es recuperar el dinero del Estado”. Como prueba, aportó una carta fechada el 25 de octubre de 2021 en la que el abogado del BGFI solicitaba el escalonamiento de los pagos, con un primer pago en noviembre.
¿Por qué aceptó el BGFI asumir la culpa de una malversación de la que no se benefició? ¿Sufrió presiones? Al ser preguntados, el BGFI RDC y su entonces dirigente Marlène Ngoyi no responden.
Por parte del Banco Central del Congo, tras el envío del informe a la presidencia, Deogratias Mutombo, gobernador del BCC, y Albert Yuma, también accionista de Egal, dimitieron del consejo de administración en julio, tres meses después de que el informe de la IGF sobre el asunto Egal fuera enviado a la presidencia.
¿Hizo posible el informe que la presidencia convenciera a estos dos pilares del régimen de Kabila para que dejaran sus puestos? Su salida, exigida extraoficialmente desde hace tres años por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha permitido en cualquier caso al presidente Tshisekedi firmar un programa trienal con el organismo internacional que lleva aparejado préstamo de 1.500 millones de dólares.
Al ser preguntada por su gestión del asunto, la Presidencia de la República se limitó a responder que los nombramientos en el Banco Central del Congo eran fruto de “decisiones personales del presidente de la República y de la necesidad de adecuar su consejo de administración a la ley orgánica que rige su funcionamiento”.
La Presidencia de Tshisekedi asegura que no ha ejercido “ninguna presión” en el caso Egal y añade que “no corresponde a la presidencia iniciar un procedimiento”. En lo que respecta al fondo del asunto, se remite a las “respuestas proporcionadas” por el responsable de la IGF.
“Corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades de cada parte”, insiste Jules Alingete. El fiscal de Kinsasa abrió finalmente este año una investigación penal sobre el caso Egal. Se negó a responder a esta investigación, alegando el secreto del procedimiento.
En una carta firmada por su gerente, Franck Tshibangu, Egal recuerda que ha sido “exonerada” por la IGF, y se niega a responder a cualquier pregunta porque la investigación judicial en curso “es de carácter secreto”.
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En cualquier caso, en los últimos ocho años, Egal se ha convertido en un peso pesado de la industria alimentaria, sobre todo gracias a los jureles importados de Namibia. Eric Monga, antiguo director general, escribió a PPLAAF que “es sabido que, con la llegada de Egal, los precios del jurel y de los alimentos frescos han bajado”. Pero las cosas no son tan evidentes, según los precios de mercado en Kinsasa publicados online por el Instituto Nacional de Estadística del Congo, la Agencia de Noticias Congolesa y la Radio Okapi de la ONU.
A finales de 2016, dos años después de que Egal comenzara a operar, los precios del jurel eran un 20% más altos que a mediados de 2013. Siguieron subiendo en los años siguientes, aunque en 2020, al convertir los francos congoleños a dólares, los precios habían bajado ligeramente, según los cálculos de PPLAAF. Hay pocas pruebas de que la misión “patriótica” de Egal de luchar contra el hambre haya tenido éxito.
Traducción: Mariola Moreno