Durante esta campaña, Marine Le Pen se ha presentado constantemente como la candidata del “poder adquisitivo” y “social” frente a Emmanuel Macron, que se encierra en su lógica neoliberal. Pero, ¿puede el modesto trabajador francés confiar en la presidenta del Reagrupamiento Nacional (RN) para mejorar su nivel de vida, defender los servicios públicos y ofrecerle perspectivas?
La respuesta a esta pregunta no depende de las medidas “sociales” puntuales que están presentes en el programa y que tienen sobre todo una función política, como la bajada del IVA de los hidrocarburos, sino más bien de las decisiones tomadas relacionadas con los circuitos de redistribución y de producción.
Por lo tanto, es la economía política de dicho régimen la que hay que tratar de dibujar. Observemos que el ejercicio se hace bastante complejo por la vaguedad del programa presentado, que a menudo oculta cuidadosamente las opciones esenciales que implica.
La ilusión del “efecto derrame nacional”
A este respecto, conviene recordar que Marine Le Pen es una candidata que, por supuesto, no pretende romper con el capitalismo, sino, al contrario, reforzar un capitalismo nacional, lo que ella llama “patriotismo económico”. La palanca de acción del Estado será, pues, “crear un entorno favorable al desarrollo de las empresas”, tal y como recoge el “Manifiesto” de la candidata.
¿Cómo funcionaría este “capitalismo nacional” y dónde se situarían las palancas de redistribución? En realidad, la candidata del RN y su programa se esfuerzan por dar una imagen clara. Es cierto que en algunos ámbitos se adivina un voluntarismo del Estado, pero aparte de muchas pequeñas medidas, no encontramos nada muy concreto detrás de la expresión “Estado estratégico”.
Las inversiones públicas están sujetas a la rentabilidad previa de un enigmático “Fondo Soberano Francés” (FSF) encargado de recoger el ahorro francés con la esperanza de obtener una alta rentabilidad. Esto es una prueba de que Marine Le Pen y el RN no creen en el keynesianismo en el que a veces dicen creer, ya que, según Keynes, el ahorro no es un requisito previo para la inversión, sino que, por el contrario, la inversión crea la posibilidad de ahorro. El RN se inscribe, pues, en una política de la oferta inspirada en la antigua doctrina monetaria neoclásica.
En este marco, no sólo hay que excluir la idea de una reindustrialización voluntaria impulsada por el Estado, sino que también hay que reconocer que la redistribución sólo puede ser condicional y muy limitada. Porque la obsesión por la deuda pública que Marine Le Pen heredó de su padre es más que una simple reliquia, es consecuente con esta visión conservadora del circuito económico: la deuda no puede crear riqueza sin un ahorro previo, la economía de producción no es monetaria, por lo que hay que reducir el gasto público.
Por lo tanto, se entiende que la acción del Estado se limite en gran medida a apoyar a las empresas “que crean riqueza”. Es cierto que hay algunas promesas de revalorización de ciertos colectivos de funcionarios, aquellos que son noticia (enfermeras, docentes), pero Marine Le Pen evita anunciar una revalorización concreta del porcentaje para compensar y ganar poder adquisitivo.
En general, para ella, la cuestión del poder adquisitivo se limita a la reducción de los impuestos indirectos, lo que demuestra una visión caricaturesca, falsa y conservadora de este problema: sería el Estado el que obstaculizaría la subida del nivel de vida a través de los impuestos. Se trata de una idea muy antigua, que ignora el aspecto redistributivo de la acción del Estado y que estuvo en el centro de la ofensiva libertaria de los años 1980-2000 contra los impuestos progresivos, en favor de los impuestos proporcionales (flat taxes). No es de extrañar que el amigo de Marine Le Pen, Viktor Orbán, introdujera un impuesto de este tipo en Hungría tras su llegada al poder.
En el contexto actual, esta visión obviamente pasa por alto la cuestión central de la inflación, que es el principal problema social del momento y más precisamente la distribución del efecto de la inflación importada entre capital y trabajo. Este punto está totalmente ausente en el programa de Marine Le Pen. La candidata del RN sigue rechazando cualquier revalorización del salario mínimo y nunca aborda ninguna forma de indexación salarial. Sus prejuicios antisindicales dejan pocas dudas sobre el posicionamiento de un Estado que ella lideraría frente a las luchas sociales que cuestionan este reparto. Además, no habla del cuestionamiento de las medidas de liberalización del mercado laboral adoptadas con los gobiernos de Valls y Philippe. Todo esto es coherente ya que el Estado dice apoyar el desarrollo de las empresas en el programa RN, que ha eliminado de su texto la defensa del derecho laboral.
¿Qué queda entonces? El efecto derrame, por supuesto. Pero también el empobrecimiento del Estado. Al leer el programa de Marine Le Pen, vemos que las medidas más concretas y completas se refieren a la reducción de impuestos a los hogares, pero también y sobre todo a las empresas. El argumento es el mismo que defienden la patronal Medef, La República en Marcha y Los Republicanos: los impuestos sobre la producción serían un obstáculo para la deslocalización industrial.
El programa del RN prevé una reducción de 10.000 millones de euros de los impuestos a la producción, es decir, una reducción mayor que la del programa de Macron (7.500 millones de euros). El problema sigue siendo que esta relación entre los impuestos sobre la producción y la deslocalización industrial no está probado, si es que existe. No se basa en ningún estudio empírico. Además, el descenso relativo de los costes de producción en los últimos 15 años no ha conducido a la reindustrialización. Es simplemente una creencia en la política de la oferta. Esto demuestra que la base de la visión económica del RN es efectivamente el efecto derrame.
Es cierto que podemos encontrar algunas medidas “coercitivas”, en particular la condicionalidad de las subvenciones “a la creación de empleo”. Pero, ¿cuántos puestos de trabajo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué medios de control? ¿Y cómo se articulará con el papel central que el programa del RN otorga a las empresas? Esta medida es ambigua: si se acepta el chantaje de las empresas por el empleo, es difícil imponerles fuertes restricciones. Así las cosas, la única solución es poner limitaciones débiles o ilusorias al servicio de la comunicación política. La medida anunciada es lo suficientemente vaga como para dejar abierta esta opción.
Empleados atendidos en último lugar y sometidos en primer lugar
En tales condiciones, las políticas sociales de un gobierno del RN sólo podían ser mínimas. Se dará prioridad a la acumulación de capital en el plano nacional y los intereses de los trabajadores pasarán a un segundo lugar. Por supuesto, la fábula que presentará Marine Le Pen será hacer creer que esta acumulación beneficiará al trabajo, porque pretende gravar la riqueza financiera y propone un aumento del 10% de los salarios en el marco de los convenios de empresa.
Pero todo esto apenas se sostiene. El programa del RN rechaza cualquier control del capital, por lo que los propietarios de capital francés siempre podrán elegir entre los regímenes fiscales de la Unión Europea. De hecho, no se dan detalles sobre el impuesto sobre la riqueza financiera (IFF) que Marine Le Pen dice querer establecer. Si bien este impuesto es bueno, como lo era el antiguo impuesto sobre las grandes fortunas, no será un incentivo para reinvertir. Por el contrario, al suprimirse el impuesto sobre la riqueza inmobiliaria, la acumulación irá prioritariamente a la renta inmobiliaria, mucho más que a la creación de empleo.
En cuanto a los salarios, el aumento del 10% propuesto por Marine Le Pen no será automático. Quedará sujeto a la buena voluntad de los accionistas y directivos. Por lo tanto, será una forma de chantaje interno: obtener concesiones de los trabajadores a cambio de aceptar el aumento de los sueldos. Se trata, por tanto, de una forma de disciplinar la mano de obra subvencionada por los poderes públicos, ya que no será la empresa, sino la Seguridad Social, la que financie el aumento de los salarios mediante una reducción de las cotizaciones de 5.000 millones de euros.
Por lo tanto, esta medida, presentada como una medida de “poder adquisitivo”, es en realidad una medida para reforzar el poder empresarial con apoyo público. Si los empleados aceptan las condiciones de la empresa, serán recompensados por el Estado. A partir de ahí, la ilusión de esta subida salarial se desvanecerá rápidamente por dos vías: por un lado, con una clara degradación de las condiciones laborales (y hay que reconocer que lo que se persigue con esta medida es la jornada de 35 horas semanales, que, a diferencia de 2017, ya no queda garantizada en el programa del RN), con una bajada del salario por hora, y, por otro lado, una mayor degradación de las cuentas de la Seguridad Social, que, dada la visión de la deuda desarrollada anteriormente, llevará a un deterioro de los servicios públicos y de las prestaciones sociales.
Esta medida se inscribe muy claramente en una tradición económica de extrema derecha que pretende abolir la lucha de clases mediante una forma de unidad nacional asegurada por el Estado, pero que, en definitiva, conduce a un refuerzo de la explotación del trabajo y de la acumulación de capital. Los aumentos salariales prometidos no son más que ilusiones que, por otra parte, también forman parte de la práctica desarrollada por Emmanuel Macron de sus “primas desfiscalizadas” y de los recortes de las cotizaciones en beneficio del “poder adquisitivo”. En realidad, se trata de un ataque al estado social de extraña violencia.
El programa del RN no es claro en cuanto a las condiciones y consecuencias. Podemos entender por qué: pretende presentarse como “presentable” midiéndose con la vara de medir del neoliberalismo e insistiendo en elementos de poder adquisitivo directo. Pero la realidad sería un aumento de las desigualdades, una nueva destrucción de los servicios públicos y de la seguridad social y una sumisión de los trabajadores a la lógica del capital.
El ejemplo poco convincente de Hungría
¿Hace falta una confirmación concreta? En la Hungría de Viktor Orbán, amigo y a veces modelo de Marine Le Pen, el “patriotismo económico” ha tomado formas muy visibles, como la imposición de ciertas empresas extranjeras que no pudieron deslocalizarse (principalmente bancos y comercios minoristas) en la década de 2010 o el mantenimiento de las subvenciones al precio de la energía. Sin embargo, la realidad ha sido el establecimiento de un régimen muy favorable para el capital, incluido el extranjero, con enormes recortes impositivos.
En otras palabras, Hungría, un país donde el coste de la mano de obra es cuatro veces inferior al de Francia, y que está integrado en la cadena de valor de la industria alemana, no ha seguido la visión defendida por el RN de “proteger nuestra economía de la competencia desleal y revisar los tratados de libre comercio”. En realidad, Hungría no ha dejado de jugar la carta de esta competencia que Marine Le Pen denuncia, pero cuyo fundamento no pretende cuestionar.
Sin embargo, como en otros países, por ejemplo Turquía, el capitalismo nacional se ha reorganizado en torno a los próximos al poder. La realidad de este tipo de capitalismo es el desarrollo de un “capitalismo de connivencia” que, hay que reconocerlo, también está en marcha en la dinámica neoliberal, especialmente en Francia.
¿Y para los más pobres? Budapest destaca sus medidas sobre los precios de la energía y la caída de la tasa de desempleo del 12% en 2010 (en plena crisis, sin embargo) al 3,8% actual, pero la “protección” que reivindica Marine Le Pen parece ilusoria si vemos el caso húngaro. La prioridad otorgada a la acumulación de capital nacional ha llevado al régimen de Orbán a un balance social poco lucido.
Es cierto que el salario mínimo húngaro ha subido, pero mucho menos rápidamente que en los países vecinos. En 2010, era el 92% del salario mínimo polaco; hoy solo es el 80%. Además, en términos de PIB per cápita, Hungría se ha ralentizado en comparación con sus vecinos checos, eslovacos y, sobre todo, polacos.
Y, según los datos del Banco Mundial de Desigualdad (WID), la desigualdad de la renta en Hungría ha seguido aumentando con los gobiernos de Orbán, aunque por debajo de los niveles de la terrible crisis de 2008-2010, pero muy por encima del periodo anterior.
Y no por casualidad; Viktor Orbán ha atacado lo que quedaba del estado de bienestar, como destacaba un estudio de 2017 de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung. En nombre de una “sociedad basada en el trabajo”, no muy diferente de la retórica del RN (y de LREM), el líder húngaro ha tomado medidas de austeridad social que afectan a los más pobres y a los desempleados. La duración de las prestaciones de desempleo en Hungría es de tres meses. Por el contrario, las ayudas familiares se han redirigido a las clases medias.
Por tanto, estamos lejos de una visión “social” de la economía. Al contrario, vemos que se da prioridad al orden social y a la sumisión a este orden de la masa de trabajadores. Es esta sumisión, más que la prosperidad, la que asegura el éxito electoral de estos regímenes. Lo que se ha denominado de forma un tanto apresurada “fordismo de derechas” ni siquiera parece ser una alternativa misericordiosa a las políticas neoliberales.
La discriminación como política económica
Pero el programa de Marine Le Pen es mucho más que un programa “fordista de derechas”. Contiene un elemento clave que lo diferencia: el de la “prioridad nacional”, que excluiría directamente a una parte de la población y de los hogares, residentes en el territorio, de derechos económicos y sociales.
Es importante entender esta idea: no se trata de no dar ciertos derechos a determinadas personas, se trata de privarlas de ellos. En otras palabras, se trata de reducir los ingresos de millones de personas. Aunque el Gobierno húngaro es xenófobo y antimigrante, no ha privado a una parte importante de la población de sus derechos económicos y sociales.
Esto supondría una ruptura con todas las políticas llevadas a cabo hasta ahora. Y esto lo cambia todo, porque el modelo económico se basaría entonces en la discriminación, la exclusión y el empobrecimiento de una parte importante de la población.
También hay que destacar el término “significativo”. No se trata de apuntar a una pequeña minoría como chivo expiatorio, sino a una gran parte de la población. Las definiciones utilizadas por el programa del RN son especialmente vagas. Las definiciones estadísticas del INSEE distinguen dos grandes grupos que se solapan, pero indican que una parte importante de la población estaría en el punto de mira del RN.
Los “inmigrantes” son personas nacidas en el extranjero sin nacionalidad francesa, algunas de las cuales pueden haberse nacionalizado. Según el INSEE, hay siete millones de ellos en Francia, es decir, el 10,3% de la población. El 36% se ha nacionalizado, mientras que 800.000 personas son extranjeros nacidos en Francia. En total, el número de “extranjeros”, es decir, personas con una nacionalidad distinta a la francesa, asciende oficialmente a 5,2 millones de personas, el 7,7% de la población del país.
Así que, el proyecto del RN tiene en el punto de mira, en el mejor de los casos, a casi uno de cada 13 habitantes de Francia con la esperanza de hacer más próspero el país. Tal proporción hace que el proyecto sea económicamente absurdo. En Francia, el consumo de los hogares representa directamente el 51,3% del PIB y, como el peso de la industria es muy bajo (menos del 10% del PIB), la mayor parte de la inversión empresarial está directa o indirectamente vinculada a las actividades de consumo.
Es comprensible que cualquier medida que empobrezca a una parte de los hogares residentes se traduzca en una caída directa del nivel general de actividad. Este descenso provocará el despido o la pérdida de ingresos de los trabajadores franceses no afectados directamente por las medidas del RN. En una economía basada en el consumo de masas y el ajuste del mercado, cualquier medida discriminatoria provoca una caída general de los ingresos. Esta disminución, como hemos visto, no la soportará el capital ya que no es el proyecto del RN (y en un régimen capitalista, es poco probable): por lo tanto, será soportada por el trabajo. La renta de los franceses no se salvará por el empobrecimiento de los extranjeros.
El peligro de la “prioridad nacional”: el alojamiento y la asistencia social
¿Pero de qué estamos hablando exactamente? La primera de las “22 propuestas” de Marine Le Pen se refiere al famoso “referéndum” sobre la inmigración, que desafía la Constitución y el Estado de Derecho. Entre las muy diversas propuestas de este referéndum, hay dos de carácter económico y social: “Garantizar la prioridad nacional para el acceso a la vivienda social y al empleo” y “reservar las ayudas sociales a los franceses y condicionar el acceso a las prestaciones de solidaridad a cinco años de trabajo en Francia”.
Ambas propuestas son, de hecho, extremadamente vagas. En el “Manifiesto”, se afirma que su objetivo es hacer que Francia sea “menos atractiva” para la inmigración, pero este papel se cumple con medidas de retirada concreta de derechos para las personas que residen en Francia. Veámoslos uno por uno.
El primero es el acceso prioritario a la vivienda social. En realidad, no es tanto una prioridad como simple y llanamente un desalojo. En su folleto sobre la familia, el RN explica: “La aplicación de la prioridad nacional para los hogares en los que al menos uno de los padres es francés permitirá volver a poner rápidamente en el mercado las 620.000 viviendas sociales ocupadas por extranjeros, según datos del Insee de 2017”. En otras palabras, el programa es muy claro: se trata de desalojar a más de 600.000 familias, es decir, probablemente a más de un millón de personas.
En concreto, estas personas se encontrarían en la calle, sin poder acceder al mercado de la vivienda privada, que a menudo está fuera de su alcance y ya se ve afectado por la discriminación (esta es la principal razón por la que los extranjeros están sobrerrepresentados en las viviendas sociales). Además de la pérdida de dignidad y del drama humano que esto representa, esta brutal medida llevaría a muchas familias a perder sus empleos y parte de sus ingresos. Sin duda, el RN espera que estas personas “regresen a casa”, pero esto sería sin duda peor para la economía francesa, si lo razonamos (demasiado) fríamente, porque habría menos consumidores. Cuando, como Marine Le Pen, se pretende castigar el decrecimiento, no se hunde a la gente en la miseria, porque entonces se crea recesión.
El otro aspecto de esta “prioridad nacional” son las “ayudas sociales” que ahora se reservan a los franceses. El RN especifica que sólo se trata de las prestaciones “no relacionadas con los seguros”, como las ayudas familiares. Pero aquí es donde surge la trampa que han tendido los neoliberales y que la candidata del RN no tendrá más que volver a cerrar: desde hace años, las cotizaciones que pagan los asalariados se han reducido para financiar la seguridad social y el desempleo a través de los impuestos.
En 2018, Emmanuel Macron, en nombre del “poder adquisitivo”, llegó a suprimir las cotizaciones sanitarias y de desempleo. A partir de ese momento, Marine Le Pen no tendrá ningún problema en considerar, una vez suprimidas las cotizaciones, que como las ayudas sociales se pagan con impuestos, su asignación es una decisión del Estado. Más aún cuando, como hemos visto, quiere acelerar el movimiento de reducción de las cotizaciones.
En otras palabras, la magnitud de las pérdidas para los extranjeros podría ser considerable y afectar también al seguro de desempleo. Dado que el programa lepenista pretende condicionar la renta social de inserción y todas las prestaciones de solidaridad a cinco años de trabajo en Francia (hoy en día se exige un permiso de residencia de cinco años) y que se aplicaría la “prioridad nacional” para el empleo, esto significaría en la práctica arrojar a una parte de la población extranjera a la miseria.
La “prioridad nacional” para el empleo: un desastre para todos
Por último, la “prioridad nacional” se aplicaría también al empleo. Sin embargo, las modalidades no se especifican, aunque la medida tendría un gran impacto. En primer lugar, si establecemos un paralelismo con el alojamiento social, implicaría la posibilidad (o la obligación) de realizar despidos masivos de extranjeros. Esta medida discriminatoria crearía dos mercados laborales paralelos. Potencialmente, 1,6 millones de individuos estarían bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo, lo que corresponde al número de extranjeros empleados en Francia en 2018, según el INSEE (es decir, el 6,7% del total).
Las consecuencias serían triples. Una parte de la población extranjera se vería abocada a la pobreza y esto reduciría el mercado francés en consecuencia. La sustitución de un extranjero por un francés en el mismo puesto de trabajo y con el mismo salario no supondría un aumento de la renta global del país, sino una disminución. Habría menos puestos de trabajo disponibles para los franceses. El argumento de que los “extranjeros” serían una carga para las finanzas públicas y que su exclusión compensaría estas pérdidas es más que dudoso ya que, como hemos visto, las medidas de redistribución son débiles en el programa del RN y la evaluación del “coste presupuestario de los extranjeros” es incierta.
Además, si este “coste” existe, es sobre todo porque la mitad de los extranjeros, según el INSEE, se encuentran entre el 30% más pobre: no ganan lo suficiente para pagar el impuesto sobre la renta y no pueden gastar lo suficiente para pagar más IVA. Si queremos reducir este supuesto “coste”, empobrecerlos es contraproducente.
Además, sólo se tiene en cuenta el impacto en el presupuesto del Estado, pero un extranjero presente en el territorio francés y empleado no sólo paga el IVA, sino que consume bienes y servicios, y el Estado no puede compensar este consumo con la “ganancia” ilusoria del ahorro a costa de los extranjeros.
La segunda consecuencia de esta “prioridad nacional” para el empleo sería también negativa para los trabajadores franceses. Un trabajador extranjero que resida legalmente y tenga un contrato de trabajo en Francia no puede hacer “dumping salarial” en Francia. Debe recibir al menos el salario mínimo. Pero si estos trabajadores se encuentran sin recursos y sin derechos, no tendrán más remedio que recurrir a trabajar en negro.
Y como, en una economía de servicios con bajo crecimiento de la productividad como la francesa, los beneficios dependen de la presión sobre los salarios, los empresarios verán lógicamente esto como un chollo. La regla de la preferencia nacional se entonces verá burlada alegremente, los franceses no trabajarán más y los extranjeros serán más pobres (porque tendrán que someterse a este dumping salarial). Todo el mundo perderá (excepto los propietarios del capital, por supuesto).
La inevitable represión de todo el mundo del trabajo
En lo que respecta a la “prioridad nacional” supone una perfecta sustitución de trabajo entre extranjeros y franceses. Más allá de la conversación de bar sobre el supuesto “deseo” de las personas según su origen de ocupar tal o cual puesto de trabajo, deberíamos pensar más bien en términos de competencias. En contra de la creencia popular, los empleos de bajo valor añadido no requieren menos competencias específicas que los llamados empleos “cualificados”. La experiencia y la formación cuentan igualmente.
Si se aplicara la idea del RN, varios sectores necesitarían rápidamente muchos trabajadores, con el riesgo de no poder continuar con su actividad. Este sería el caso, en particular, del sector de la construcción, donde el 15% de los puestos de trabajo en 2018 fueron ocupados por extranjeros, pero también de la hostelería(13,9%) y de los servicios personales (11,9%). Pero todos los sectores se verían afectados, ya que es imposible funcionar, sobre todo en los servicios, con un 5 o 10% menos de puestos de trabajo. Sin embargo, nadie se convierte de la noche a la mañana en obrero de la construcción, camarero de restaurante o auxiliar de enfermería y no por estar en el paro, un desempleado quiere dedicarse a estos trabajos.
La gran dislocación de las cadenas de valor durante la crisis sanitaria, y después, muestra la fragilidad del sistema económico capitalista cuando un grano de arena perturba su funcionamiento “normal”. En contra de su mito, el capitalismo lucha por adaptarse y lo hace con violencia. El RN provocaría, por tanto, un doble choque sobre la oferta y la demanda que llevaría a una crisis que este partido no es capaz de afrontar, ya que se mantiene en visiones económicas arcaicas.
Además, la crisis sanitaria también ha demostrado que los sectores más afectados por la falta de inmigrantes son también los menos atractivos, debido a los malos salarios y las condiciones de trabajo degradadas. Por lo tanto, el primer efecto de la “prioridad nacional” para el empleo será el colapso de sectores enteros de la economía debido a la falta de trabajo.
Para remediarlo, el RN tendrá que tomar medidas coercitivas sobre el empleo. Se trata, por supuesto, de medidas ya adoptadas por el gobierno actual relacionadas con el seguro de desempleo, pero esta vez las medidas serán necesariamente más violentas ante las necesidades. Será absolutamente necesario “obligar” a los desempleados a ocupar puestos de trabajo a menor coste ya que, recordemos, el RN sitúa a la empresa y al beneficio en el centro de su política económica.
Esto significará debilitar aún más la posición de los empleados y los desempleados, y obligarlos a ocupar los puestos de trabajo disponibles. Recordemos que en Hungría, la duración de la prestación por desempleo se ha reducido a tres meses. Se tratará claramente de una militarización de la fuerza laboral en la que la lógica del trabajo asalariado capitalista será llevada al máximo: para sobrevivir, el trabajador no tiene que elegir su trabajo, tiene que cumplir la tarea que sea útil al capital. Al identificarse el interés del capital con el de la nación, podemos ver inmediatamente hacia qué tipo de régimen nos dirigiríamos.
En este contexto, no sólo se trata del seguro de desempleo, sino que también otras partes del estado de bienestar se cuestionarán, especialmente la renta de inserción. Todo ello irá sin duda acompañado de un discurso nacionalista, pero es difícil ver cómo mejorará la situación de los más pobres y de los trabajadores franceses.
Se trata, pues, concretamente de la represión que recaería sobre los trabajadores franceses que, además, recordemos, no tendrán ninguna garantía de tener más puestos de trabajo ya que el mercado interior francés se verá considerablemente reducido por esta política xenófoba.
Un programa reaccionario y peligroso para los trabajadores
La visión económica de Marine Le Pen aparece así como lo que es: profundamente anacrónica. Es una versión neoliberal del maltusianismo. Para ella, los trabajadores extranjeros son “supernumerarios”, personas inútiles que podrían ser sustituidas fácilmente sin cambiar nada y en gran beneficio de la mayoría de la población.
Esta era la visión del economista inglés Malthus; como la tierra no puede producir infinitamente, el creciente número de pobres debe repartirse el mismo pastel y empobrecer así a toda la sociedad. De modo que, si se reduce la población, se enriquece el resto que queda… pero esta visión ya no es válida, porque la economía ya no es principalmente agrícola.
Una economía avanzada y postindustrial como la francesa se basa principalmente en el consumo de masas. Esto, sin duda, plantea muchos problemas e impone la elección de una sobriedad razonada, cuyo único camino es cambiar el modo de producción en profundidad. Evidentemente, el RN se niega a escuchar esto, pero también se niega a ver la evolución del capitalismo, que se basa en el consumo de servicios, y por tanto de trabajo poco productivo. En este contexto, empobrecer y excluir a una parte de la población del sistema económico significa empobrecer a todos.
Los británicos lo han entendido a la perfección y el número de extranjeros que trabajan en el Reino Unido ha seguido aumentando tras el Brexit, a pesar de la retórica xenófoba de los conservadores. Es cierto que representan el 18% de la mano de obra en el Reino Unido. El programa del RN está, por tanto, mucho más allá del Brexit o de las “democracias iliberales” del centro de Europa, es un programa reaccionario enraizado en una visión teórica de principios del siglo XIX, favorable al capital y profundamente racista y xenófoba.
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Incluso más allá de los riesgos de seguridad interna que plantea este programa inconstitucional, que tampoco estaría exento de repercusiones en la situación económica y social, los trabajadores franceses no tienen nada bueno que esperar de semejante disparate económico. Su bienestar no puede basarse en la miseria de sus compañeros extranjeros, sino todo lo contrario.
Traducción: Mariola Moreno
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