"Doha. Ni lo dudes!" publicó en Twitter el eurodiputado José Ramón Bauzá Díaz con las torres de la capital catarí de fondo. Mostraba así su entusiasmo por Catar el eurodiputado español, miembro del grupo centrista y liberal Renew.
Expresidente del grupo informal de amistad Catar-UE, José Ramón Bauzá Díaz nunca ha ocultado su cercanía al emirato. Pero, contrariamente a las sospechas que pesan sobre los eurodiputados socialistas y demócratas Eva Kaili y Marc Tarabella, imputados y en prisión preventiva por presunta corrupción, José Ramón Bauzá Díaz declaró el 12 de diciembre a elDiario.es que siempre había "defendido a Catar sin recibir un solo euro".
Nada de dinero en efectivo, dice. Pero en su haber figuran al menos dos viajes a Doha, con todos los gastos pagados, con tres noches en el Sheraton, del 4 al 6 de febrero de 2020, a cargo de Qatar Airways, y tres noches en el Marriott, ofrecidas en 2022 por el Forum de Doha.
Como demostró el diario belga Le Soir, y más tarde Transparency International, desde el Qatargate, muchos eurodiputados declaran –con retraso– su participación en "actos organizados por terceros", como les obliga el código de conducta de los eurodiputados.
Según Transparency International, el 32% de las declaraciones que figuran hoy en las páginas individuales de los eurodiputados se han presentado fuera de plazo. Y el campeón de los rezagados es José Ramón Bauzá Díaz, que en los últimos dos meses ha notificado ocho invitaciones de viajes a Dubai, Riad y Bali.
Aunque los grupos de amistad con terceros países están en proceso de prohibición en el Parlamento Europeo, "porque suelen ser utilizados por gobiernos, no siempre democráticos, para reforzar su imagen en el ámbito de los derechos humanos", recuerda Nick Aïossa, de la oficina europea de Transparency, las invitaciones con todos los gastos pagados no forman parte de las catorce propuestas de reforma de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. Ella misma ha declarado cinco invitaciones desde el Qatargate, incluida una a la Confrérie des Chevaliers du Tastevin en Nuits-Saint-Georges, en el corazón de los viñedos de Borgoña, con una noche de estancia gratuita.
Estos viajes pagados por terceros países empañan la reputación del Parlamento Europeo, así que ¿por qué no prohibirlos?
Algunos eurodiputados creen que no debería ser así. "Los eurodiputados no deberían aceptar regalos que pudieran suponer un conflicto de intereses, y eso incluye las estancias en hoteles de lujo", afirma Karen Melchior, eurodiputada de Renew y ex miembro del comité asesor sobre la conducta de los eurodiputados.
Para Manon Aubry, eurodiputada de La Izquierda en el Parlamento Europeo y miembro de La Francia Insumisa, esos periplos a gastos pagados pueden considerarse "conflictos de intereses". "Cuando un tercer país te invita a un hotel y se hace cargo de tus gastos, es obvio que no es gratis, y que tienes que devolver el favor", afirma.
"Esos viajes pagados por terceros países empañan la reputación del Parlamento Europeo, así que ¿por qué no prohibirlos?", se pregunta Heidi Hautala, eurodiputada ecologista finlandesa, vicepresidenta de la Eurocámara y miembro del comité asesor sobre la conducta de los eurodiputados. Este comité se creó en 2013, al mismo tiempo que el código de conducta, también a raíz de un escándalo de corrupción.
Pero este órgano, compuesto por cinco eurodiputados, nunca ha tenido poderes de investigación y su capacidad de actuación es extremadamente limitada; sólo puede actuar para asesorar a los diputados o a instancias de la Presidenta del Parlamento sobre una posible violación del código de conducta, empezando por el examen de los conflictos de intereses, definidos por la institución como "un interés personal que pueda influir indebidamente en el ejercicio de las funciones" del eurodiputado.
El comité puede sugerir una sanción a la presidenta, que puede ir desde una simple reprimenda hasta la pérdida, durante un máximo de 30 días, de las dietas diarias (que los diputados perciben además de su sueldo).
“El estatuto de este comité es demasiado débil", añade Heidi Hautala. “No tenemos posibilidad de pronunciamiento propio y, en caso de infracción, las sanciones de que dispone la presidencia no son disuasorias".
"Champán y canapés”
Tanto en 2021 como en 2020, el comité sólo fue citado en dos ocasiones por el ex presidente del Parlamento, David Sassoli (grupo de los Socialistas y Demócratas).
"El escaso número de casos examinados por el comité refleja la dificultad de tratar los problemas éticos entre pares, sin la intervención de un órgano independiente", explica Pascal Durand, eurodiputado que pasó de Renew a la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que fue miembro del ese comité. "Porque existe una lógica de protección entre eurodiputados que forman bloques de opacidad y solidaridad", añade.
De los cuatro casos examinados, dos violaciones del código de conducta se atribuyen a Jan Zarhradil, eurodiputado checo del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. La primera, Zahradil, que presidía el Grupo informal de Amistad UE-China, no declaró el apoyo material recibido de la misión china ante la UE para organizar una recepción en el Parlamento en la que se sirvió "champán y canapés".
La segunda, revelada en 2019 por el medio EUobserver, Zarhadil tuvo que dimitir de su cargo de ponente del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de libre comercio con Vietnam, por no haber informado de su pertenencia a la Federación de Asociaciones Vietnamitas en Europa, vinculada a Hanói. En ambos casos, Zarhadil recibió una simple amonestación. "Ese tipo de sanciones en el contexto de un conflicto de intereses muestra la debilidad de nuestro sistema", afirma Heidi Hautala.
El viaje a Bahréin
En diciembre de 2022, en plena tormenta por el Qatargate, el eurodiputado checo Tomáš Zdechovský, del Partido Popular Europeo, negoció para su grupo el texto de una resolución sobre Abduladi Al-Khawaja, detenido en Bahréin.
Aunque la resolución califica al activista de "defensor de los derechos humanos" y los eurodiputados piden su "liberación inmediata", Zdechovský presentó una moción con un tono muy diferente. A Abduladi Al-Khawaja le describe como un "opositor político" y miembro de un grupo "terrorista". No se menciona ninguna petición de liberación.
Karen Melchior, eurodiputada danesa del grupo Renew, sospechando que había ahí un conflicto de intereses, "se dio cuenta entonces de que la propuesta del PPE se parecía al argumentario recibido de la representación de Bahréin".
Mediapart pudo consultar los correos electrónicos enviados por esa representación a los eurodiputados: Abduladi Al-Khawaja, dado su "abultado historial de extremismo y terrorismo", "no puede calificarse en modo alguno de defensor de los derechos humanos", decían los diplomáticos árabes.
Para Hannah Neumann, eurodiputada alemana de Los Verdes, "es difícil afirmar que Bahréin ejerza una influencia directa sobre determinados eurodiputados". "Pero hay un vínculo claro entre Tomáš Zdechovský y el gobierno de Bahréin, dados sus agradables viajes a Manama, la capital de Bahréin, con todos los gastos pagados".
Tomáš Zdechovský fue presidente del grupo informal de amigos de Bahréin. El 6 de noviembre de 2021, llegó a Manama en uno de estos viajes con todos los gastos pagados con cuatro eurodiputados, entre ellos Virginie Joron, del Agrupación Nacional (partido de Le Pen, ndt), un partido acostumbrado a las invitaciones de autócratas.
Cómodos "ingresos complementarios”
La revisión del código de conducta de los eurodiputados es una de las catorce reformas propuestas por Roberta Metsola, así como la publicación en detalle de los ingresos paralelos de los eurodiputados por actividades realizadas al margen de su mandato y que pueden ser fuente de conflictos de intereses; se trata de uno de los temas más sensibles para los eurodiputados, muy divididos al respecto.
Algunos combinan su salario como representante con ingresos paralelos, a veces muy elevados, en ámbitos directamente relacionados con las normativas europeas. El ejemplo típico es el del belga Guy Verhofstadt, que gana 204.000 euros brutos al año además de su sueldo de eurodiputado, de 7.646 euros netos al mes. Su puesto en el consejo de administración de Sofina, una sociedad de inversión con participaciones en diversos sectores, como análisis de datos, cosméticos y eventos, le reporta casi 10.000 euros brutos al mes.
Los franceses no se quedan al margen. Jérôme Rivière, eurodiputado por Reconquista, el partido de Éric Zemmour, está en lo más alto del ranking de ingresos paralelos. Sus diversas funciones como director de las filiales belga, italiana y británica de FlexFuel Energy Development (FFED), empresa especializada en la optimización del consumo de los motores, le proporcionan unos ingresos anuales de entre 48.000 y 240.000 euros.
La FFED está dedicada especialmente a la producción de cajas de conversión que permiten adaptar los coches de gasolina para que funcionen con superetanol, un agrocombustible cuyo impacto medioambiental es objeto de acalorados debates en Bruselas. Durante dos años, de 2019 a 2021, Jérôme Rivière fue miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía.
Contactado por Mediapart, se declara "partidario de que los parlamentarios y en general los cargos electos tengan una experiencia real de la sociedad civil y no dependan exclusivamente de la renovación de su mandato. Como miembro de la Comisión Itre, nunca he participado en la votación de temas que pudieran tener relación con mis actividades profesionales.”
Sin embargo, cabe señalar que el 17 de diciembre de 2020, Jérôme Rivière votó en la Comisión ITRE (Industria, Investigación y Energía, ndt) a favor del programa marco de investigación e innovación Horizon Europe, que se desglosará en programas y financiación hasta 2027. Entre sus prioridades figuran las "tecnologías para reducir los gases de efecto invernadero causados por los combustibles fósiles" y los "biocarburantes".
La presencia de eurodiputados aún activos como profesionales del derecho mercantil es un grave problema a la hora de regular las empresas
Sobre el tema de los ingresos paralelos, Danuta Huebner, eurodiputada polaca del PPE que preside el comité asesor sobre la conducta de los eurodiputados, opina, a contracorriente de algunos de su grupo, que "la transparencia no es suficiente. Hay que prohibir ciertas prácticas. Los diputados no deberían formar parte de una comisión cuyas decisiones afecten a los negocios de su empresa. ¿Se les debe permitir presentar enmiendas o votar textos relacionados con actividades de las que obtienen un salario? Hay que plantearse la cuestión.”
El caso de Geoffroy Didier, eurodiputado del PPE, miembro del partido Los Republicanos, es de libro. Gana entre 60.000 y 120.000 euros al año por su trabajo como abogado en el bufete Carlara, especializado en la propiedad industrial, las nuevas tecnologías, la banca y las finanzas.
La alianza entre Carlara y la consultora Acies Consulting Group dio origen a Carlacies, que lleva a cabo "acciones de lobby al más alto nivel". En Bruselas, Geoffroy Didier forma parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos, responsable del derecho de sociedades.
Para Manon Aubry, "se trata de un caso claro de conflicto de intereses. En general, la presencia de eurodiputados que siguen activos como profesionales del derecho mercantil es un grave problema cuando se trata de regular las empresas. Como mínimo, deberían declarar la lista de sus clientes".
Contactado por Mediapart, Geoffroy Didier respondió que "nunca ha intervenido, ni directa ni indirectamente, ante las instituciones europeas en interés de uno de sus clientes o de los del bufete en general".
Si bien el diputado se declaró "no contrario en principio" a la publicación de su lista de clientes, también afirmó que este principio "no parece compatible con el respeto de la confidencialidad de las relaciones de un abogado con sus clientes".
Aunque la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, ha propuesto que los ponentes de cada proyecto legislativo presenten una "declaración de conflicto de intereses" y que se realicen "más controles" de las declaraciones de los eurodiputados, la mayoría votó en el pleno a favor de una resolución más ambiciosa que pide prohibir "que los eurodiputados se dediquen a actividades paralelas remuneradas que puedan crear un conflicto de intereses con su mandato".
Los eurodiputados se ha dado de plazo hasta el verano para decidir las reformas a aplicar. Una amplia mayoría se muestra favorable a la creación de una autoridad ética independiente común a las tres instituciones, Parlamento, Comisión y Consejo.
Entre los eurodiputados que piden una reforma profunda y los que esgrimen su "libertad de mandato" para no cambiar demasiado las costumbres, las próximas semanas se anuncian tormentosas.
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Traducción de Miguel López