El "plan motosierra" prometido por Javier Milei, el presidente ultraliberal argentino elegido en noviembre de 2023, se encontró con un pequeño escollo a principios de semana. El 3 de enero, la Cámara Nacional del Trabajo, a la que recurrió la Confederación General del Trabajo (CGT), ha suspendido temporalmente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el dirigente ultraderechista, que le permitía eludir al Congreso (donde se encuentra en minoría).
Entre otras cosas, este decreto preveía modificar franjas enteras de la legislación social y económica del país, reduciendo las indemnizaciones por despido, ampliando el periodo de prueba de 3 a 8 meses, limitando el derecho de huelga y permitiendo el despido en caso de bloqueo u ocupación del lugar de trabajo.
Todas esas reformas, combinadas con la ley "ómnibus" (664 artículos) enviada al Congreso el 20 de diciembre (que endurece aún más las penas para los piquetes al prever hasta seis años de cárcel), dan testimonio de la estrategia del choque neoliberal de Javier Milei.
Pero el 3 de enero, la justicia frenó temporalmente sus ambiciones. En su decisión, que se refiere a la parte laboral del decreto, los jueces reprochan la falta de argumentos que justifiquen su carácter urgente, y sobre todo porque algunas normas "tienen un carácter represivo o punitivo" que requieren un debate parlamentario. El gobierno ha recurrido, pero éste es el primer revés de Milei, que no ha visto aún el último de sus problemas, ya que otras organizaciones y particulares también han llevado a los tribunales al DNU, pidiendo una moratoria.
"El gobierno esperaba que todas las denuncias se centralizaran en un tribunal favorable al gobierno, pero el tribunal administrativo ha decidido que se juzguen por separado. Por tanto, el Gobierno tendrá que redoblar esfuerzos para defender su decreto, sabiendo que cualquier tribunal puede declarar inconstitucional una ley", explica David Copello, investigador del laboratorio Agora de la Universidad Cergy Paris.
Un "plan de lucha" en varios frentes
Héctor Daer, secretario general de la CGT, el mayor sindicato de Argentina, se congratuló en la red social X de esta primera victoria . "Con organización, unidad y compromiso, desde la CGT hemos logrado frenar el intento de reforma laboral propuesto por el DNU. No nos vencerán mientras permanezcamos unidos", escribe, dando la bienvenida a todos los que se suman al "plan de lucha" del sindicato. Este plan incluye no sólo una batalla judicial, sino también una batalla social en la calle: la CGT convoca una huelga general el 24 de enero, a la que se unirán numerosas organizaciones sociales.
"Es bastante inédito que un gobierno se enfrente tan rápidamente a una convocatoria de huelga general tras de su entrada en funciones", observa David Copello, señalando que la "posición expectante" de la CGT "pasó a una posición más frontal cuando Milei se burló de ellos enviando la ley 'ómnibus' al Congreso el mismo día de la primera movilización contra el DNU", el 20 de diciembre. Este giro de la CGT no es cualquier cosa, en un país donde un tercio de los asalariados está sindicado (lo que lo convierte en el segundo país de América Latina en términos de afiliaciones).
Además, la CGT no está sola en su indignación. La ley ómnibus de Milei prevé un endurecimiento de la represión en caso de "resistencia a la autoridad" (al grabar a fuego la presunción de legítima defensa de las fuerzas del orden), pero están reaccionando todos los sectores de la sociedad afectados por sus reformas, tanto contra el lado ultraliberal de su programa como contra sus aspectos represivos.
La huelga del 24 de enero será una prueba de fuerza: bien el país se paraliza y el gobierno cede; bien la reforma se impone y entramos en un escenario de represión.
"El 24 de enero será un momento importante: los sindicatos medirán su capacidad de movilización, sabiendo que las feministas, muy poderosas en Argentina, también estarán en primera línea. Será una prueba de fuerza: bien el movimiento arraiga, el país se paraliza como durante el movimiento piquetero de los 90, y el Gobierno cede, bien la reforma se impone y entramos en un escenario de represión", anticipa Olivier Compagnon, profesor de Historia en la Universidad Sorbonne Nouvelle.
La promesa de Milei de hacer pagar la austeridad a la "casta política" se considera ya un recuerdo lejano, incluso para una parte de su electorado, visto hasta qué punto favorecen al capital financiero sus reformas. "No somos la casta, sino los trabajadores", coreaban los manifestantes el 20 de diciembre.
"Milei se ganó a amplios sectores de las clases trabajadoras, históricamente peronistas, pero que más allá de su rechazo a la casta, se veían estrangulados a diario por la hiperinflación. Tenían esperanzas en la recuperación económica que prometió. Pero la devaluación del peso en un 50% y la brutal reducción de las subvenciones, en particular a los transportes, ha creado una gran decepción", analiza Olivier Compagnon.
"Muchos de los que votaron a Milei lo hicieron porque estaban realmente preocupados por su futuro. Lo siguen estando, pero ahora una cuarta parte de los que le votaron están decepcionados porque atraviesan dificultades económicas y son los primeros afectados por sus reformas, que afectan tanto al trabajo como a la salud y al poder adquisitivo", añade Maricel Rodríguez Blanco, profesora e investigadora del Instituto Católico de París.
La ferocidad neoliberal sumada a la hiperinflación
Para estos especialistas en América Latina, el plan de Milei, que combina una liberalización económica excesiva con graves amenazas al funcionamiento de la democracia, es la encarnación del "neoliberalismo autoritario". "La brutalidad de la transformación neoliberal que quiere Milei crea conflicto, como lo hizo en la Inglaterra de Thatcher y como lo hace en la Francia de Macron. Es un caso clásico de proyecto neoliberal que puede terminar en formas muy autoritarias: es la condición sine qua non para la aplicación de su proyecto", comenta Olivier Compagnon.
Milei está muy lejos de superar la memoria de los crímenes de la dictadura de 1983 en Argentina.
La presencia en su gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que niega los crímenes de la dictadura, no contribuye precisamente a asegurar que no haya un posible deslizamiento del país hacia el autoritarismo. Sobre todo porque el propio Milei no es ajeno al mundo de los nostálgicos de la dictadura argentina.
"Fue asesor económico del gobernador de la provincia de Tucumán, Antonio Bussi, que participó en la represión durante la dictadura militar. Por su capital social, tiene fuertes vínculos con este sector, al igual que su vicepresidenta. No sólo estamos ante un presidente decidido a vender el país con sus medidas ultraliberales, sino también con el apoyo de su brazo armado", observa Maricel Rodríguez Blanco.
Piqueteros, movimiento de derechos humanos, movimiento feminista y estudiantil, sindicatos y partidos de izquierdas, todo el movimiento social espera, pues, la decisiva fecha del 24 de enero, que puede ser un punto de inflexión. Pero preocupa el nivel de represión. Aunque Argentina ha celebrado en 2023 el 40º aniversario del retorno a la democracia, la voluntad de Milei de saltarse el Parlamento para imponer su megadecreto desregulador, al tiempo que restringe el margen de disidencia, "recuerda a la época autoritaria de la dictadura", según Maricel Rodríguez Blanco.
La doctrina del shock de Milei desregula la economía y da paso a la represión social en Argentina
En caso de violencia por parte de las fuerzas del orden, este aspecto dará otra dimensión a su oposición. En una reciente entrevista con Révolution permanente (organización trotskista francesa, ndt), Sol Dorin, miembro de la dirección del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS, trotskista), cree que Milei "está muy lejos de superar la memoria de los crímenes de la dictadura de 1983 en Argentina. Si hay una fuerte represión, creo que todos los sectores, la clase media, los estudiantes, las mujeres y todos los trabajadores se echarán a la calle. El partido militar no ha transformado su peso electoral en movilización callejera", concluye.
Traducción de Miguel López
El "plan motosierra" prometido por Javier Milei, el presidente ultraliberal argentino elegido en noviembre de 2023, se encontró con un pequeño escollo a principios de semana. El 3 de enero, la Cámara Nacional del Trabajo, a la que recurrió la Confederación General del Trabajo (CGT), ha suspendido temporalmente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el dirigente ultraderechista, que le permitía eludir al Congreso (donde se encuentra en minoría).