Hace mucho tiempo que se esperaban las primeras acusaciones de las salas especializadas en crímenes de guerra en Kosovo, creadas oficialmente en 2016. “Cuanto más tiempo pase, más testigos desaparecerán y más caerá el velo del olvido sobre los crímenes”, decía en 2019 Negoman Maric, responsable de la asociación de familiares de víctimas en el enclave serbio de Velika Hoca, al oeste de Kosovo. En el último año, por las salas han pasado casi un centenar de sospechosos, antiguos miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), pero muchos temían que sólo acusaran a los ejecutores, los subordinados. Sin embargo, las saladas han decidido atacar muy arriba, emitiendo una acusación contra el ahora presidente kosovar Hashim Thaçi y su mano derecha Kadri Veseli.
El antiguo portavoz de la guerrilla, Hashim Thaçi, alias Comandante Serpiente, se convertía en presidente de la República de Kosovo en abril de 2016. Kadri Veseli, diputado, expresidente del Parlamento, es el líder del Partido Democrático de Kosovo (PDK), un grupo creado por excombatientes. Fue el jefe del servicio secreto de la guerrilla. En calidad de tal, supuestamente participó de forma directa en la eliminación de “traidores”, en la mayoría de los casos responsables de la facción albanesa rival, la Liga Democrática de Kosovo (LDK) de Ibrahim Rugova. Ambos hombres están acusados de “crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, incluidos el asesinato, la desaparición forzada, la persecución y la tortura”. La acusación emitida el pasado miércoles por la tarde incluye el asesinato de un centenar de personas, “albaneses de Kosovo, serbios, gitanos rumanos y personas de otras nacionalidades, incluidos opositores políticos, cuyos nombres son conocidos por la acusación”.
La creación de salas especializadas es fruto del fracaso del Tribunal Penal Internacional de La Haya, que se reveló incapaz de juzgar a los antiguos comandantes del UCK: en todos los juicios, los testigos fueron eliminados o se retractaron durante las audiencias. El caso de los crímenes atribuidos a la guerrilla se reabrió gracias al contundente informe presentado en diciembre de 2010 por el diputado suizo Dick Marty ante el Consejo de Europa, que recogía más precisamente el tráfico de órganos de prisioneros civiles serbios. “La reconstrucción de los hechos durante el atribulado y caótico período de 1999-2000 en Kosovo es extremadamente difícil”, escribió. “Todavía falta voluntad para conocer la verdad y atribuir responsabilidades por lo ocurrido durante ese periodo. El cúmulo de pruebas contra ciertos altos cargos del Ejército de Liberación de Kosovo explica gran parte estas reticencias. Hay testigos de estos hechos que han sido eliminados, otros se encuentran aterrorizados por el mero hecho de ser interrogados sobre lo sucedido”.
Dick Marty insistía en la cuestión crucial de la protección de testigos. En diciembre de 2019, un guardabosques era encontrado muerto no lejos de Pristina, justo después de prestar declaración en las salas. “Si los testigos no resultan asesinados, se ven condenados al ostracismo por parte de la sociedad”, confiaba uno de los testigos, que pidió permanecer en el anonimato. “Las amenazas y la presión a veces les obligan a tomar decisiones fatales. Nunca volveré a estar tranquilo, lo sé”. Según Human Rights Watch, estas amenazas contra los testigos se vieron alentadas por el propio Hashim Thaçi al día siguiente de la publicación del informe de Dick Marty. En su calidad entonces de primer ministro, Hashim Thaçi dijo que conocía los nombres de las personas que colaboraban con el relator del Consejo de Europa y que los haría públicos. En la acusación se afirmaba que Thaçi y Veseli habían llevado a cabo una campaña de desprestigio contra el tribunal, “demostrando que anteponían sus intereses privados a los de las víctimas, el respeto del estado de derecho y los intereses de todo el pueblo de Kosovo”.
Este miércoles, gran parte de la clase política de Kosovo cerraba filas en torno a los acusados. “Creo firmemente que la guerra del UCK fue una guerra limpia y justa, que sus combatientes lucharon por proteger al pueblo de Kosovo del terror, la liquidación y el genocidio serbio”, declaró el presidente del LDK y ex primer ministro Isa Mustafa. El Gobierno de Kosovo ha pedido a la población que muestre moderación, pero mientras los partidarios del PDK se desataban en las redes sociales, Pristina mantuvo la calma el miércoles por la noche. También del LDK, pero en franco desacuerdo con su propio partido, el presidente del Parlamento, Vjosa Osmani, era el único que tímidamente se desmarcó, al recordar que Kosovo “por encima de todo necesita Justicia”.
La acusación se conocía cuando Hashim Thaçi se disponía a viajar a Washington, donde debía reunirse con su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, el sábado, por invitación de Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump para Kosovo. La reunión se había presentado como un paso esencial para alcanzar un “acuerdo final” con Serbia. Estados Unidos tuvo mucho peso en la derrota del gobierno de izquierdas de Albin Kurti el 25 de marzo, en plena pandemia, y en su sustitución por un gabinete dirigido por el LDK, que se suponía más favorable al diálogo y a un posible reparto territorial de Kosovo como base para una paz “duradera”. Richard Grenell primero tuiteó que la reunión del sábado se mantendría, sustituyendo a Hashim Thaçi por el primer ministro Avdulah Hoti, pero este último anunció después que no se desplazaría a Washington. De esta forma se venía abajo todo el escenario, ideado por los estrategas de la Casa Blanca, de alcanzar un “acuerdo rápido” con Serbia.
Hashim Thaçi, que ha sabido hacerse imprescindible para los occidentales, creía tener garantizada su impunidad. Pero, “según el derecho internacional, no hay amnistía para nadie que haya violado el derecho internacional humanitario”, tal y como recordó en 2017 David Schwendiman, entonces fiscal jefe de las salas especializadas. El miércoles por la noche, Hashim Thaçi rechazó la idea de dimitir; la acusación aún tiene que ser validada por la Justicia de Kosovo. Falta saber si será posible, dos décadas después, juzgar los crímenes cometidos.
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Traducción: Mariola Moreno
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Hace mucho tiempo que se esperaban las primeras acusaciones de las salas especializadas en crímenes de guerra en Kosovo, creadas oficialmente en 2016. “Cuanto más tiempo pase, más testigos desaparecerán y más caerá el velo del olvido sobre los crímenes”, decía en 2019 Negoman Maric, responsable de la asociación de familiares de víctimas en el enclave serbio de Velika Hoca, al oeste de Kosovo. En el último año, por las salas han pasado casi un centenar de sospechosos, antiguos miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), pero muchos temían que sólo acusaran a los ejecutores, los subordinados. Sin embargo, las saladas han decidido atacar muy arriba, emitiendo una acusación contra el ahora presidente kosovar Hashim Thaçi y su mano derecha Kadri Veseli.