El Reino Unido hace todo lo posible, desde hace varios años, por desmantelar el derecho de asilo en su territorio. Ahora podría conseguir sus fines y “exportar” a Ruanda a los demandantes de asilo –personas que llegan por mar para buscar refugio en su suelo– a Ruanda. El plan fue aprobado en abril de 2022, cuando ONG y defensores de los derechos humanos, consternados, y con razón, al ver tanta inhumanidad pregonada por las autoridades obsesionadas con la política de números y el sempiterno “control” de la inmigración, que se ha convertido en la carta que se esgrime para justificar todos los males de nuestras sociedades.
En la tarde del martes 14 de junio, una treintena de solicitantes de asilo afganos e iraníes debían embarcar en el primer avión con destino a Kigali e inaugurar los centros creados para ellos a petición del Reino Unido. Los recursos presentados por ONG para impedir la salida del avión, primero ante el Tribunal Superior el viernes 10 de junio y luego ante el Tribunal de Apelación, no tuvieron éxito, pero los recursos individuales redujeron entonces el número de pasajeros a siete. A última hora del martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) –al que se recurrió dada la emergencia– concedió una suspensión, en el momento en que el Boeing 767 estaba a punto de despegar.
El TEDH dictaminó que la deportación de uno de los demandantes de asilo, de nacionalidad iraquí, debía aplazarse hasta que la Justicia británica examinara la legalidad del proyecto legislativo, lo que se espera que ocurra en julio. En particular, el objetivo es garantizar que los inmigrantes puedan acceder a procedimientos “justos y eficaces” en Ruanda y que el país se considere seguro. Un revés para las autoridades británicas.
El plan de Londres pretende “cambiar la forma en que [el Reino Unido] aborda la lucha contra la migración ilegal”, según palabras de la ministra del Interior, Priti Patel, para justificar la idea. Las personas permanecerían en Ruanda mientras se estudian sus solicitudes de asilo, a menos que deseen establecerse allí de forma permanente, como ya ha sugerido Kigali.
“Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a la gente no lo es”, asestó el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmando que esta externalización de las solicitudes de asilo permitiría “una inmigración controlada, a través de canales seguros y legales, permitiendo hacer generosas ofertas de asilo mientras gestionamos las inevitables presiones sobre nuestros servicios públicos”.
Graves consecuencias para los refugiados
Presentado como una “primicia mundial” por las autoridades británicas en el momento de su aprobación, este plan se inspira en realidad en lo que se puso en marcha en Australia a principios de la década de 2000, que ya era infame. Desde hace años, Australia envía a sus solicitantes de asilo a Nauru y a la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, donde las violaciones de los derechos humanos son tan numerosas que se ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional por “crímenes contra la humanidad”.
Como señaló Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, “más de mil personas ya han sido repatriadas a Australia porque enfermaron y no podían seguir en las islas”. Otros han perdido la vida allí, mientras que los niños no han conocido más que el entorno hostil en el que se vieron obligados a crecer.
“El 85% de los refugiados y solicitantes de asilo sufren ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental, lo que conlleva unos índices alarmantes de autolesiones, incluso entre los más jóvenes”, añadía Rossella Pagliuchi-Lor, representante en el Reino Unido de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), que se opuso al acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda. Israel también habría urdido un plan similar, ahora abortado, con Ruanda, recuerda Amnistía Internacional.
Este es el modelo que el Reino Unido se empeña en seguir, a pesar de que el derecho internacional y la Convención de Ginebra le obligan a examinar las solicitudes de asilo en su territorio. En 2020 y 2021, según los medios británicos, ya tenía previsto “aparcar” a los migrantes en centros offshore en Papúa Nueva Guinea, en las islas de Ascensión y Santa Elena (en medio del Atlántico Sur) o en centros “flotantes” a bordo de ferries no utilizados en el mar.
Peor aún, Downing Street había previsto la instalación de “máquinas de olas” en el Canal de la Mancha, para alejar a los inmigrantes de la costa británica, a riesgo de poner sus vidas en peligro. Esta práctica es similar a las técnicas de devolución (o de push-back), que también son contrarias al derecho internacional. Todos estos proyectos delirantes fueron finalmente abandonados por su complejidad, hasta el famoso plan firmado con Ruanda el 14 de abril, por valor de 120 millones de libras (144 millones de euros).
Por supuesto, la energía y el tiempo dedicados a la elaboración de estos planes podrían haberse empleado en desarrollar políticas de acogida dignas o en crear verdaderos canales seguros y legales, como han defendido los investigadores, para limitar los riesgos que corren los exiliados en su viaje migratorio.
Parece que la estrategia adoptada por el Gobierno británico es muy diferente: responder a las tendencias más extremas de una opinión pública llena de odio y disuadir a los exiliados de intentar la travesía hacia el Reino Unido, lo que probablemente no reducirá el número de salidas por mar, ni el nivel de angustia que empuja a las personas a las rutas migratorias.
El plan también podría reforzar la legitimidad de Boris Johnson, debilitado por el escándalo del partygate y una reciente moción de censura provocada por los miembros de su partido, que está más dividido que nunca. Por último, este nuevo mecanismo debería permitir, sin duda, reducir el coste de la atención a los solicitantes de asilo presentes en territorio británico, pero también garantizar que quienes no obtengan protección no permanezcan en el país una vez rechazada su solicitud. Sea como sea, el mensaje de firmeza y disuasión se ha transmitido.
¿Pero a qué precio? Personas vulnerables, a menudo traumatizadas por lo que han huido, serán enviadas contra su voluntad a un país cuyo sistema de asilo ya está siendo atacado y donde se violan los derechos humanos; Y esto después de haber cruzado las fronteras, arriesgado la muerte en el mar, sido maltratado o devuelto a las puertas de Europa, y luego en Calais, donde todo un mecanismo hace de la vida de los migrantes un infierno, con tiendas arrancadas o confiscadas, expulsiones casi diarias de los campamentos o malos tratos por parte de las fuerzas del orden.
Son estas mismas condiciones de vida indignas las que obligan a las personas a huir de Francia, además de la barrera del idioma o los lazos familiares existentes en el Reino Unido, y las que provocan las tragedias que conocemos, como el naufragio frente a las costas de Calais el 24 de noviembre de 2021, que causó la muerte de 27 personas procedentes de Afganistán, el Kurdistán iraquí, Irán, Etiopía y Somalia.
Tras la conmoción, los miembros del gobierno francés se contentaron con señalar la responsabilidad de los traficantes, sin cuestionar su política migratoria, a menudo descrita como una política de “no acogida”.
Para los demandantes de asilo en el Reino Unido, ahora se acepta plenamente que sus vidas valen menos que las de los demás. La guerra de Ucrania y los consiguientes movimientos de población (más de seis millones de personas han huido del país) fueron una ilustración magistral de ello cuando, de la noche a la mañana, los países europeos descubrieron que tenían una insospechada capacidad de acogida (tanto mejor para los ucranianos), legitimando así una forma de discriminación contra otros exiliados, a menudo no blancos y no imbuidos de la “cultura judeocristiana”, que tenían la loca idea de haber nacido en el “lado equivocado” del planeta.
Si Europa es a veces capaz de lo mejor, ahora muestra una de sus peores caras, adoptando ideas de extrema derecha dignas de una Marine Le Pen o un Éric Zemmour, con el objetivo de alejar a los migrantes. La catástrofe se desarrolla ante nuestros ojos, en un silencio casi general. Después de todo, ¿a quién le importan las vidas que se han destruido durante tantos años? En Francia, ni Emmanuel Macron ni su ministro del Interior, Gérald Darmanin, se han pronunciado sobre el tema.
Sólo la sociedad civil británica se movilizó en las calles, en Londres, Manchester o Gatwick (aeropuerto); también frente al Ministerio del Interior, para mostrar su enfado a Priti Patel, una ministra que es a su vez hija de refugiados políticos, que obviamente ha decidido cerrar la puerta tras de sí, y recordar a los inmigrantes que son “bienvenidos”. La iglesia anglicana, junto con la Familia Real y el Príncipe Carlos, que calificó el plan del gobierno de “espantoso”, se opusieron al nuevo plan.
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La oficina de Amnistía Internacional en Londres calificó la medida de “abdicación clara y vergonzosa de la responsabilidad del Reino Unido hacia los refugiados en virtud de la Convención sobre los Refugiados”. “El Gobierno británico está tan alejado de la realidad y tan falto de humanidad que está destruyendo no sólo el sistema de asilo, sino también la vida de las personas”, ha declarado Sacha Deshmukh, director de la oficina de Amnistía Internacional en Londres. “Pedimos encarecidamente al gobierno que se replantee este desastroso plan”. La historia recordará este giro a la derecha del Reino Unido.
Traducción: Mariola Moreno
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