La inmigración por la costa andaluza cayó un 76% mientras Vox imponía sus tesis alarmistas
En Andalucía hay menos porcentaje de inmigrantes no comunitarios que en el conjunto de España: 6,26% frente al 8,24%. En 2021 llegaron a las costas andaluzas un 22% más de inmigrantes que en 2020, pero la cifra queda muy lejos de 2018: 12.456 frente a 52.411. No parece, datos en mano, que la inmigración sea un problema de dimensiones descontroladas. Y, sin embargo, se ha colado con espacio de relumbrón en la legislatura andaluza. A pesar de que la comunidad del sur está lejos de una situación de saturación y de que la inmigración es una competencia estatal, ha sido un tema candente. Lo ha impulsado Vox, que ha arrancado cesiones sobre la materia al Gobierno de PP y Cs con las que ha logrado validar su marco antiinmigración.
Todo ello ocurre mientras, silenciosamente, más de 350 personas al año se dejan la vida en ruta hacia Andalucía, un drama que cuestiona las políticas de fronteras del Gobierno de España y la UE. Un drama del que el foco político andaluz sigue lejos. La inmigración ofrece en Andalucía cifras de tragedia humanitaria, no de amenaza social.
Más llegadas que en 2020, muchas menos que en 2018
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) elabora anualmente su informe Frontera Sur con datos del Ministerio de Interior, de la Fiscalía General del Estado y de organizaciones que trabajan sobre el terreno, entre otras fuentes. Según la última edición, en 2021 llegaron a la Andalucía por las rutas de Alborán y el Estrecho 12.456 personas en 1.141 embarcaciones, una media de casi 11 por embarcación. Ello supone 2.250 más que en 2020 (10.206). En cambio, aún son menos que los registrados en 2019, 20.309, y sobre todo que en 2018, cuando fueron 52.411, siempre según los informes anuales de Apdha. El decrecimiento 2018-2021 es del 76,23%.
Se trata de datos que se aproximan a la tendencia que dibujan los facilitados por Interior a infoLibre: 3.480 en 2015, 6.305 en 2016, 18.007 en 2017, 51.033 en 2018, 19.362 en 2019, 9.860 en 2020 y 10.434 en 2021. Según Interior, la bajada en 2021 con respecto a 2018 es aún más drástica: 79,55%.
En cualquier caso, sea cual sea la fuente se llega a la misma conclusión: aunque hay una subida con respecto a 2020, las llegadas en 2021 suponen menos de una cuarta parte de las ocurridas en 2018.
En Andalucía entraron en 2021 menos inmigrantes irregularmente que en Canarias y en Ceuta y Melilla. En 2018 Andalucía encabezaba esta lista.
Por provincias, Cádiz y sobre todo Almería son las que más reciben.
¿Y en 2022? Según la información ofrecida por Interior, a 15 de mayo el número de inmigrantes llegados a las costas andaluzas iba por 1.712. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no aclara cuántos iban a 15 de mayo del año pasado, para comparar. No obstante, los datos disponibles apuntan a una reducción. En primer lugar, porque el total de inmigrantes llegados a la Península y Baleares por vía marítima, dato que Interior no ofrece desagregado, ha caído un 35,5% entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año y el mismo periodo de 2021. En segundo lugar, porque las llegadas a la Península y Baleares a 31 de mayo en 2021 supusieron un 25,25% del total. Si se diera una evolución similar del dato andaluz, las llegadas se situarían por debajo de las 7.000. No obstante, está por ver la evolución en lo que queda de año.
Más de 350 fallecidos al año en ruta a Andalucía
La Apdha también contabiliza los fallecidos cada año intentando llegar. 2021 supuso un récord luctuoso. Por primera vez desde que existen registros, en 1988, la ONG registró más de 2.000 fallecidos en la frontera sur, que además de Andalucía abarca a Ceuta, Melilla y Canarias. En total, fueron 2.126, un 24% más que en 2020. Apdha advierte: "Sólo se contabilizan las desapariciones de personas de las que se ha tenido constancia. No es arriesgado estimar en 4.000 las víctimas".
Camino de Andalucía por las vías de Alborán y el Estrecho perdieron la vida el año pasado 261 personas, frente a 247 en 2020, 327 en 2019 y 568 en 2018. En total, 1.403 personas en cuatro años. Una media de más de 350 al año.
Una de los dos coordinadores del informe, Ana Rosado, explica a infoLibre que estos niveles de letalidad del viaje no sólo no causan cambios en las políticas migratorias del Gobierno y la UE, sino que tampoco tienen excesivo impacto en la opinión pública andaluza. A su juicio, los muertos camino de las costas son "los grandes invisibles". Ello se debe a lo que, analiza Rosado, es una "distorsión" en el debate público, donde la cuestión migratoria se aborda como un problema de seguridad/integración. La coordinadora del informe Frontera Sur cree que este clima de opinión está influido por el uso de la inmigración como "arma arrojadiza" por parte de la "extrema derecha", que trata de hacer cundir la impresión de que nos encontramos en un "estado de alarma". Emma Martín, catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y especializada en inmigración, coincide: "La inmigración es tratada como problema, y además sólo cuando llega a la costa. Si no llega, si se ahoga de camino, ni eso. No interesa".
Menos inmigrantes que en España
En el caso de Andalucía, ¿hay mucha o poca inmigración? Comparativamente, poca.
El porcentaje de población extranjera en España a 1 de enero de 2022 es del 11,62% en España, 2,94 puntos superior al de Andalucía, 8,68%. Sólo hay seis comunidades con menos extranjeros, según datos del patrón continuo.
En lo referente a los no comunitarios, el porcentaje en España es del 8,24%, frente a un 6,26% en Andalucía. La comunidad del sur queda por debajo del País Vasco (6,76%), Canarias (7,36%), Aragón (7,61%), Navarra (8,04%), La Rioja (8,34%), Madrid (9,91%), Comunidad Valenciana (10,16%), Baleares (11,87%), Cataluña (12,49%) y Murcia (12,91%). Es decir, es la undécima de 17.
La antropóloga Emma Martín explica que, aunque a menudo hay trabas para el alta de los llegados por medios irregulares, el padrón es "bastante representativo" de la inmigración en una población dada. "Las ONG hacen un esfuerzo importantísimo para que los extranjeros se empadronen, para que así tengan derecho a asistencia médica y, en el futuro, puedan demostrar el arraigo para una regularización", señala. A juicio de Martín, los porcentajes de población extranjera que se observan en Andalucía son "relativamente bajos" y en absoluto justificarían una sensación de presencia masiva. "Aunque es una medida discutible, suele considerarse que es a partir de un 10% cuando se puede producir una hipervisibilización. Pero no es porque haya muchos extranjeros, sino porque en determinados momentos se ve a muchos a la vez. Por ejemplo, en el Levante almeriense, donde los trabajadores agrícolas cobran cada 15 días, de repente se ve a muchísimos a la vez en los cajeros de los pueblos sacando dinero", explica Martín. Es el tipo de imagen que puede aprovecharse para vender la idea de inmigración masiva.
La antropóloga afirma que la "hipervisibilización" sólo se da puntualmente en zonas agrícolas de Almería y en menor medida de Huelva. En Almería el 16,86% de su población es no comunitaria. De los 156.357 inmigrantes de los que el INE tiene constancia, 79.012 son africanos y de ellos 61.749 son marroquíes. Es ahí, en Almería, donde Vox dirige con mayor fuerza su discurso xenófobo. No en Málaga, que tiene un 11,29% de población no comunitaria, pero de los más de 186.000 de este grupo cerca de 80.000 son europeos, la mayoría británicos de elevado poder adquisitivo. Martín recalca que "pocas veces se destaca que en Andalucía la inmigración es necesaria para determinadas actividades agrícolas como la agricultura". "Parece que se quiere a los extranjeros como trabajadores, no como vecinos", añade.
Otro indicador fiable de la densidad de la inmigración en una región es el alumnado. En Andalucía hay menos porcentaje de alumnado extranjero que en la media española en enseñanza no universitaria: 5,3% frente a 9,9% en el curso 2020-2021. Sólo hay dos comunidades con menos: Asturias y Extremadura.
Eso sí, dicho alumnado se concentra en la red pública, donde fueron un 82,4% de los alumnos extranjeros en el curso 2019-2020 frente a un 8,3% en la concertada. De modo que existe un desequilibrio con respecto al porcentaje que la concertada ocupa en el sistema (20,9%). Aunque en teoría la concertada es gratuita, en la práctica a través de la ubicación selectiva de sus centros y del cobro irregular de cuotas se produce un fenómeno de exclusión de alumnado pobre e inmigrante.
He ahí un desafío que sí entra dentro de las competencias de la comunidad autónoma andaluza. Lo que en cambio no entra es la política de fronteras. Y, sin embargo, leyendo los acuerdos de la legislatura se diría que sí.
Sin competencias, pero en la agenda andaluza
¿Por qué hacemos de la inmigración un problema?
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La inmigración, a pesar de no ser competencia autonómica, ha tenido protagonismo en la política andaluza en la última legislatura. El motivo es Vox, que ha introducido el tema en sus acuerdos con el PP y Cs. El primero, el de investidura, firmado en enero de 2019 por PP y Vox, obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]". Era un éxito de Vox, que lograba imponer su marco y deslizar la preferencia por la inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental", una forma eufemística de subordinar a los musulmanes. El acuerdo, sin traducción práctica porque no son competencias de la Junta, se ajustaba a la campaña que Vox tenía en marcha entonces para forzar al Gobierno andaluz a facilitar a la Policía la documentación recabada de los inmigrantes al hacerse la tarjeta sanitaria, de forma que pudiera ser utilizada para expulsar a 52.000.
Seguimos esperando a que entreguéis a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la documentación de 52.000 ilegales con tarjeta sanitaria en Andalucía, según lo acordado. https://t.co/AwgPoP933p
— Rocio Monasterio (@monasterioR) April 21, 2019
Los acuerdos para los presupuestos de aquel año y 2020 volvieron a aceptar el marco de Vox. PP y Cs se comprometieron a que la Junta promovería un convenio con Interior para combatir la "inmigración irregular". El acuerdo sirvió al partido extremista para mantener en agenda el tema migratorio, a pesar de la falta de competencias. Además, las tres fuerzas acordaron sacar de los presupuestos 600.000 euros para la integración de inmigrantes y dedicarlos a infraestructuras judiciales. Vox presumía así del logro.
✅ @vox_es elimina ayudas a inmigrantes para invertir el dinero en infraestructuras judiciales y en la seguridad de centros de MENAS. https://t.co/IIsFB4THnN
— VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) June 25, 2019
Las tres fuerzas alcanzaron un acuerdo rotulado así: "Seguridad centros menas". Se trataba de "contener posibles situaciones de conflicto" en dichos centros. Se firmó un 23 de octubre. Unos días después, el 4 de noviembre, Rocío Monasterio acudió a Sevilla para denunciar ante un centro de menores inmigrantes en el barrio de La Macarena la situación de "inseguridad" por una "manada de menas". Así ha funcionado: Vox ha ido colocando en sus acuerdos con PP y Cs temas que luego explotaba en sus campañas. El último pacto PP-Cs-Vox es de noviembre de 2020 para las cuentas de 2021 e incluye un acuerdo titulado: “Seguridad en centros MENAS”. Vox lo celebró así: "Queremos barrios seguros". Otro punto del acuerdo de hace un año explicita que habrá una rebaja de 3 millones del presupuesto de la Agencia de Cooperación Internacional para dar ese dinero al Banco de Alimentos. “Primero lo nuestro”, valoraba Vox.
