Dos años después de su triple acusación en el caso de la financiación de Libia, el pasado 12 de octubre, a Nicolas Sarkozy se le imputaba un cuarto cargo, “asociación de malhechores”, algo inédito en la historia judicial para un exjefe del Estado.
Los jueces Aude Buresi y Marc Sommerer imputaban al expresidente francés tras cuatro días de interrogatorio, que comenzaron el 6 de octubre, y luego de 40 horas de audiencias, por “asociación de malhechores” para preparar delitos sancionados con 10 años de prisión (corrupción y malversación de fondos públicos libios).
Según el Código Penal (artículo 450-1), “se considera asociación de malhechores toda agrupación constituida o acuerdo alcanzado, caracterizado por uno o más hechos materiales, para preparar uno o más hechos delictivos o uno o más delitos, punibles con una pena de al menos cinco años de cárcel”.
Nicolas Sarkozy se encuentra imputado, desde marzo de 2018, por “corrupción”, “ocultación de malversación de fondos públicos [libios]” y “financiación ilícita de campañas electorales” en el mismo caso, que aparece con el paso de los años como un caso de Estado excepcional en el que se mezclan el dinero oculto de una supuesta corrupción y las bombas de una guerra que todavía no ha desvelado todos sus secretos.
También se encuentran imputados dos exministros de Sarkozy, Claude Guéant y Éric Woerth, que tuvieron un papel fundamental en la campaña presidencial de 2007, uno como director de campaña y el otro como tesorero. Eric Woerth es el actual presidente del comité de finanzas de la Asamblea Nacional.
Todos gozan de la presunción de inocencia y niegan las acusaciones de malversación.
Tras conocerse su nueva imputación, Nicolas Sarkozy denunció, este viernes 16 de octubre, en un comunicado de prensa, “la larga lista de injusticias cometidas en el asunto de la supuesta ‘financiación libia’ de mi campaña electoral de 2007”. […] “Los franceses deben saber que soy inocente de lo que se me acusa [...]. La injusticia no ganará”, según ha señalado.
El nuevo cargo que los jueces acaban de imputar a Nicolas Sarkozy se refiere a un aspecto específico del caso de la financiación libia, conocido recientemente. En enero, otra persona cercana a Nicolas Sarkozy, su antiguo colaborador Thierry Gaubert, ya había sido acusado del mismo delito (“asociación de malhechores”).
A finales de 2019, las revelaciones de Mediapart (socio editorial de infoLibre), confirmadas por la Justicia, permitieron demostrar que Thierry Gaubert había recibido casi medio millón de euros de dinero libio (440.000 euros, para ser exactos) de una cuenta secreta abierta en las Bahamas, en el banco Pictet, en febrero de 2006. Enseguida retiró la mitad en efectivo, en Francia, antes de las elecciones presidenciales.
El dinero fue canalizado a través de una empresa offshore del intermediario Ziad Takieddine (también acusado), llamada Rossfield Limited, que se utilizó exclusivamente para recibir fondos del régimen libio, un total de seis millones de euros en 2006, que posteriormente se distribuyeron a innumerables paraísos fiscales. En ese momento, Ziad Takieddine era el emisario encubierto del gabinete de Sarkozy en el Ministerio del Interior ante la dictadura libia. Desde entonces ha admitido que participó en la financiación entre los dos países.
La nueva acusación que pende sobre Nicolas Sarkozy parecía inevitable al leer las razones de la acusación de Thierry Gaubert; éstas parecían dar la señal de alerta al expresidente, pero también a otros actores del escándalo. Con el fin de evitar “cualquier acuerdo fraudulento”, los jueces de instrucción habían prohibido a Thierry Gaubert “asociarse con los coautores o cómplices del delito: Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Éric Woerth, Brice Hortefeux y Ziad Takieddine”.
La transferencia de Gaubert se convertía todavía en más significativa para la investigación al producirse sólo un mes después de que Brice Hortefeux –entonces ministro de Colectividades Territoriales, bajo la dirección de Nicolas Sarkozy e íntimo de Thierry Gaubert– llegara a Trípoli y mantuviera una reunión secreta con el dignatario libio, sospechoso de ser el ordenante del ingreso en la cuenta de las Bahamas. Se trata de Abdallah Senoussi, jefe de los servicios secretos militares de Libia, sobre quien pesaba una orden de arresto dictada por las autoridades francesas por su implicación en el ataque al DC-10 de UTA.
Brice Hortefeux se reunió con Senoussi el 21 de diciembre de 2005, bajo estricta confidencialidad, con motivo de una visita ministerial que, según el embajador de Francia en Libia, “no tenía mucho sentido”. La reunión, que se ocultó a las autoridades francesas en el país africano, se mantuvo sin la presencia de embajador, diplomático, oficial de seguridad ni traductor alguno. Y la única persona que asistió fue Ziad Takieddine. Este último, como Abdallah Senoussi, declaró a la Justicia francesa que ese día se habló de negociaciones financieras secretas. Algo que Brice Hortefeux negó enérgicamente.
Las agendas del eterno lugarteniente de Nicolas Sarkozy, a la que tuvieron acceso los jueces, revelan informaciones embarazosas:
–En primer lugar, el nombre o las iniciales de Thierry Gaubert aparecen una treintena de veces en los años 2005-2007. En particular, Brice Hortefeux cenó con él en junio de 2007, en la casa de París del intermediario Ziad Takieddine, el mismo que había enviado los fondos libios a Thierry Gaubert un año antes.
–Posteriormente, Brice Hortefeux también se puso en contacto con el empresario Jacques Lejeune, el “protector” del fideicomiso de Thierry Gaubert en las Bahamas que recibió el dinero libio del régimen de Gaddafi.
–Por último, Brice Hortefeux sí participó en las cuestiones financieras de la UMP (ahora Los Republicanos), especialmente en la campaña presidencial de 2007, contrariamente a lo que había asegurado a la Policía en marzo de 2018. Según sus agendas, en 2005 y 2006 participó en cuatro reuniones sobre el tema con el tesorero Eric Woerth, dos de las cuales fueron con el propio Nicolas Sarkozy.
Claude Guéant también se reunió, a espaldas de la diplomacia francesa, en 2005, con el presunto corruptor Abdallah Senoussi, a pesar de que sobre él pesaba una orden internacional de arresto dictada por Francia. Estas reuniones eran “secretas y atípicas [...] fuera de los canales oficiales”, según la Justicia francesa. En este caso, a Claude Guéant también se le acusa de enriquecimiento personal, según la Justicia, en el marco del mismo “pacto de corrupción” franco-libio.
Todos estos actos se cometieron mientras Claude Guéant y Brice Hortefeux, éste a día de hoy con el estatus de testigo asistido [situación intermedia entre la de testigo y la de inculpado], trabajaban bajo las órdenes directas de Nicolas Sarkozy.
Así las cosas, se comprende mejor la urgencia de Nicolas Sarkozy por alejar de él el fantasma de Thierry Gaubert después del descubrimiento de la transferencia de Libia a la cuenta en las Bahamas.
A raíz de las revelaciones de Mediapart, un estrecho colaborador de Sarkozy y otro de Gaubert aseguraron al periódico Le Journal du dimanche que los dos hombres no habían tenido “el más mínimo contacto desde 1996”. Las agendas de Brice Hortefeux y diversos documentos (cartas, invitaciones, regalos) descubiertos durante un registro en la casa de Thierry Gaubert evidenciaron, por el contrario, que éste había continuado en contacto con Nicolas Sarkozy mucho después de esa fecha.
Desde este punto de vista, la estrategia de los jueces pasa, por un lado, por investigar a Nicolas Sarkozy por los actos cometidos desde 2005 en su nombre o en su nombre por parte de personas de su entorno (Brice Hortefeux, Claude Guéant y Thierry Gaubert) y, por otro, por la forma en que el mismo Sarkozy, una vez que llegó presidente en 2007, sirvió a los intereses de la dictadura libia contra toda racionalidad del Estado francés.
“Del procedimiento se desprende que a partir de 2005 se llevó a cabo el principio de la financiación encubierta por parte de las autoridades libias, que se entregaron a Francia en varias ocasiones a partir de esa fecha fondos, especialmente en efectivo”, escribió el Tribunal de Apelación de París el 24 de septiembre en un fallo que validaba el procedimiento de los jueces de instrucción.
Y el tribunal añadió entonces: “Además, como reconoció Éric Woerth [tesorero de la campaña de 2007], se utilizaron fondos en efectivo no declarados en la cuenta de la campaña, entre otras cosas, como complemento de sueldos no declarados para recompensar a personas que contribuyeron a la campaña electoral de 2007 y para reembolsar los gastos en los que se incurrió durante dicha campaña”.
En el derecho penal, cualquier pacto de corrupción implica una –o más– contrapartidas. Según el Tribunal de Apelación de París, estas se identificaron en el caso libio. “Las contrapartidas del pacto de corrupción aparecen en particular en el compromiso de intervenir para que se reexamine la situación de Abdallah Senoussi, buscado en Francia a raíz de la orden de detención emitida tras ser condenado por el atentado contra el DC-10 de UTA, o para ayudar a sacar a Muammar Gadafi del aislamiento al acogerlo en Francia y servir a sus ambiciones personales”, añadía el tribunal.
Desde hace varios años, Mediapart ha venido documentando todas las diligencias iniciadas, entre 2005 y al menos 2009, por el equipo de Sarkozy contra cualquier racionalidad del Estado para anular la orden de arresto de Abdallah Senoussi, uno de los principales artífices de la supuesta corrupción. El Tribunal de Apelación de París ha dictaminado que “se trata de aceptar fondos a cambio de decisiones favorables a los autores de hechos de corrupción activa”.
Nicolas Sarkozy será juzgado en noviembre en otro caso de presunta corrupción (caso Bismuth) y, posteriormente, en marzo de 2021 en el escándalo Bygmalion sobre la financiación de su campaña de 2012.
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Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Dos años después de su triple acusación en el caso de la financiación de Libia, el pasado 12 de octubre, a Nicolas Sarkozy se le imputaba un cuarto cargo, “asociación de malhechores”, algo inédito en la historia judicial para un exjefe del Estado.