El sistema sanitario de EEUU que sobrevuela el asesinato de Brian Thomson es el más caro e ineficaz
El 4 de diciembre fue asesinado a tiros en Nueva York Brian Thomson, director general de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora sanitaria de Estados Unidos. Un hombre de 26 años, Luigi Mangione, fue detenido y acusado del asesinato, “considerado un acto de terrorismo” por el fiscal de Nueva York. El 23 de diciembre, Luigi Mangione se declaró “no culpable” de la acusación.
En las redes sociales, este acto sirvió para multiplicar la cólera de algunos americanos contra su sistema sanitario. Algunos aprueban el asesinato del asegurador. En las calles de Nueva York se colocaron carteles de “Wanted” (buscado) con los nombres de otros directores generales de seguros médicos, quienes inmediatamente reforzaron su seguridad.
Según sus amigos, Luigi Mangione, de una familia muy adinerada de Baltimore, sufre fuertes dolores de espalda, lo que le ha llevado a aislarse, informa el New York Times. Su cuenta de X muestra a un hombre atlético y en buen estado de salud. Dejó de publicar mensajes en junio. En un manifiesto de tres páginas que llevaba consigo cuando fue detenido, afirma haber realizado un “acto simbólico” para denunciar la “corrupción” y los “juegos de poder” de las aseguradoras sanitarias.
Hay muchos relatos de americanos sobre las vidas truncadas de sus familiares enfermos, incapaces de costearse los tratamientos. En Estados Unidos son notables las desigualdades sanitarias: los más ricos viven entre diez y quince años más que los más pobres (frente a siete años en Francia, el país más desigual de Europa), según la prestigiosa revista médica The Lancet.
El sistema sanitario americano es el más caro del mundo: el gasto asciende al 18% del PIB, muy por delante de Alemania (12,7%) o Francia (12,1%). También es el más ineficaz: allí la esperanza media de vida de las mujeres es de 80,2 años, y la de los hombres de 74,8 años. En Francia, las mujeres viven 85,2 años y los hombres 79,3, unos cinco años más.
En 2020 y 2021, durante la pandemia, Estados Unidos vio caer por primera vez su esperanza de vida, un hecho sin precedentes en un país desarrollado y una clara evidencia de las salvajes desigualdades sanitarias. Los americanos que padecieron un covid grave, con escasa o nula cobertura, tuvieron que renunciar a los costosísimos cuidados intensivos esenciales para su supervivencia.
Frecuentes quiebras personales por motivos de salud
El modelo estadounidense es una mezcla de seguros públicos y privados. Los más mayores y los más pobres están cubiertos por Medicare y Medicaid. Medicare se financia mediante cotizaciones recaudadas por el gobierno federal, siguiendo el modelo del seguro de enfermedad. Medicaid es una ayuda social para los más desfavorecidos, financiada de forma desigual por los distintos Estados.
El resto de la población está cubierta por aseguradoras privadas. En este colosal mercado de 3 billones de dólares, el capitalismo impone sus reglas sin la menor consideración ética. Hospitales, médicos y farmacéuticas tienen que negociar sus tarifas con estas aseguradoras, que obtienen los mejores precios para sus clientes.
El vicio último del sistema es que los ciudadanos que no tengan seguro pagan mucho más de su bolsillo por sus atenciones sanitarias y medicamentos que las aseguradoras. Los más enfermos corren el riesgo de declararse en quiebra, y algunos van vendiendo sus bienes hasta que se ven económicamente incapaces de pagar el tratamiento. Las quiebras personales por motivos de salud siguen siendo frecuentes a pesar de la reforma del Obamacare, según informa el Instituto Nacional de Salud (NIH).
Los presidentes demócratas Barack Obama y después Joe Biden se lanzaron a reformar el sistema sanitario, batallando con los poderosos lobbies de las aseguradoras y las farmacéuticas. En un equilibrio de poder desigual, a las “Big Pharma” les resulta mucho más fácil imponer sus precios a las aseguradoras privadas y públicas, que negocian por separado. Por esta razón, los medicamentos son, con diferencia, lo más caro del sistema sanitario de Estados Unidos.
Barack Obama necesitó dos legislaturas para llegar a un compromiso con ese mercado. La Affordable Care Act (Ley de Asistencia Asequible, ACA), conocida como Obamacare, obliga a las aseguradoras a ofrecer pólizas más baratas a cambio de subvenciones del Gobierno federal. Joe Biden ha elegido otro camino: ampliar los criterios de acceso a Medicare y Medicaid, las dos aseguradoras públicas. Pero casi el 10% de la población menor de 65 años, incluidos los niños, sigue sin seguro.
El desorbitado coste de los seguros
El precio de las pólizas de seguros, así como sus condiciones, sigue siendo una poderosa barrera de acceso para las personas con rentas más bajas. El coste medio de una póliza de seguro es de 7.739 dólares (7.416 euros) al año para una persona soltera y de 22.221 dólares (21.293 euros) para una familia, según la Kaiser Family Foundation, organización benéfica que investiga las políticas sanitarias.
Cuanto mayores son las personas o más riesgos para la salud presentan, mayor es el coste de las pólizas. Algunas empresas pagan parte del coste de las pólizas de sus empleados. Pero el 44% no lo hace, porque no están obligadas a ello.
A estos precios desorbitados se añaden las franquicias que debe pagar el paciente antes de que la compañía de seguros empiece a reembolsarle los costes de un tratamiento. De media, las franquicias en 2021 ascendían a 2.800 dólares al mes, según la Oficina Federal de Política Sanitaria.
Los pacientes crónicos con menos ingresos están pagando un alto precio por este sistema sanitario desigual. El precio de la insulina, vital para los diabéticos de tipo 1 y algunos del tipo 2, ha sido durante mucho tiempo el símbolo de este sistema amoral. Las muertes de diabéticos que no podían pagar su insulina han sido muy difundidas y han conmocionado a la opinión pública.
La vida precaria de los enfermos crónicos
Por eso Joe Biden decretó que el precio máximo que un diabético debía pagar de su bolsillo por la insulina sería de 35 dólares. Pero este precio está garantizado por algunos seguros, pero no por otros. El poderoso lobby de los seguros de enfermedad ha conseguido burlar la legislación.
“Sólo los programas Medicare y Medicaid garantizan realmente el acceso a la insulina por un máximo de 35 dólares al mes”, explica Elizabeth Pfiester, fundadora de la asociación de diabetes tipo 1 T1 International, una de las pocas asociaciones de pacientes independientes de la industria farmacéutica. “Y sólo algunas insulinas cuestan realmente 35 dólares. En algunas farmacias sólo se venden a los pacientes insulinas que cuestan 200 dólares, a pesar de estar asegurados. Algunas empresas farmacéuticas han abandonado incluso la producción de insulinas más baratas porque ya no les resultaban suficientemente rentables”.
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El presidente electo Donald Trump y quien será su secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr, denunciaron durante la campaña electoral la codicia de la industria farmacéutica y el coste de la sanidad en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo Donald Trump prometió importantes recortes fiscales. Las reformas introducidas por Barack Obama y Joe Biden, como Medicare y Medicaid, se financian con impuestos.
“Estamos muy preocupados”, insiste Elizabeth Pfiester. “Todos los partidos reciben una enorme cantidad de dinero de la industria farmacéutica y las aseguradoras sanitarias. Me sorprendería mucho que Trump mejore la situación; espero más bien lo contrario”. Para asegurar su vida, esta defensora del acceso a la sanidad en Estados Unidos, también diabética, ha optado por irse a vivir al Reino Unido.
Traducción de Miguel López
