El 40% de las aguas subterráneas de España está en mal estado y la costa mediterránea es el epicentro
Los acuíferos españoles sufren desde hace décadas la sobreexplotación y la contaminación de la industria y la agricultura intensiva, especialmente en la costa mediterránea, según alerta Greenpeace. La ONG ambientalista recoge que el 40% de la superficie de agua subterránea en España está en mal estado, un problema que se ha agravado debido a la reducción de las lluvias por el cambio climático, lo que supone un riesgo para el abastecimiento humano y el regadío de los cultivos en las zonas más afectadas.
Las cuencas más críticas son las de los ríos Guadiana, Júcar y Segura, aunque se trata de un problema generalizado en todas las aguas subterráneas de España: desde la costa catalana hasta Huelva, pasando por el interior de la península, especialmente en Castilla-La Mancha y Castilla y León, según el análisis publicado este martes por Greenpeace y Datadista.
"De seguir con las mismas políticas de despilfarro y contaminación del agua, España puede encontrarse en varios años con serios apuros para abordar el abastecimiento de los campos, los animales y las personas", señaló Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace en la presentación del informe.
Desde la ONG recuerdan que el 30% de los españoles consume agua de los acuíferos y que su conservación es imprescindible para asegurar el suministro de agua en el futuro debido al panorama de olas de calor y sequía que ya asola la península, y que se agravará en las próximas dos décadas.
De hecho, el año hidrológico que acaba de finalizar en España (1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022) ha sido el tercero más seco desde que comenzaron los registros en 1961, y la Agencia Estatal de Meteorología calcula que cada cinco años un territorio equivalente a la provincia de Málaga se convierte en un desierto debido al cambio climático.
Los dos grandes problemas que tienen las aguas subterráneas de la península son la contaminación química –que afecta al 30% de los acuíferos– y la extracción masiva de agua –al 24%-, mientras que el principal responsable es la agricultura, seguida de la ganadería y la industria.
Pero no cualquier agricultura. La ONG diferencia entre los productores responsables que utilizan mecanismo de ahorro de agua y apuestan por los cultivos sostenibles, y las grandes empresas que aprovechan los pozos poco vigilados para regar cultivos de secano o realizar hasta tres cosechas al año, como apuntó este martes Julio Barea, responsable de Agua en Greenpeace.
Además de la sobreexplotación de las reservas de agua, la agricultura y la ganadería juegan un papel fundamental en la contaminación subterránea. Jesús Carrera, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), explica a infoLibre que los nitratos que abonan los campos acaban en los pozos y de ahí emanan de nuevo a los ríos, donde provocan la eutrofización del agua: el crecimiento salvaje de algas que reduce el oxígeno del agua y dificulta la vida de los peces y otras plantas.
Uno de los puntos negros de la filtración de fertilizantes en la cuenca del Segura, especialmente en los alrededores del Mar Menor, donde se han registrado muertes masivas de peces tras décadas de cultivo intensivo en los alrededores de la laguna. Según el informe, allí han registrado concentraciones de nitratos que multiplicaban por cinco el tope permitido. A esto se suma la proliferación de las macrogranjas en la región de Murcia, con municipios como Lorca y Fuente Álamo con más de 400.000 animales, que además se ubican sobre tierras especialmente permeables.
Un lustro para acabar con el problema
La escasez y contaminación de las aguas subterráneas es conocido en España desde hace más de cuatro décadas, pero hasta ahora se ha logrado poco y el tiempo para actuar se agota, según los autores del informe.
La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea obliga a que todas las masas de agua estén en buen estado antes de 2027, si bien muchos acuíferos no llegarán ni de lejos a ese objetivo. Concretamente, el 43% de las masas subterráneas afectadas ya se han acogido a una prórroga y el 8% cree que no solucionará el problema antes de 2039.
"La situación es complicada, pero hay solución", explica Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua. "Realmente hay pocos acuíferos irreversiblemente dañados, y suelen ser los pequeños que se han salinizado. Pero los grandes se pueden recuperar si hay voluntad política", continúa.
En muchas regiones se pide dureza contra los pozos ilegales, pero en los últimos años las actuaciones han sido anecdóticas y no logran atajar el problema de raíz. Jesús Carrera, del CSIC, propone centrarse en dos soluciones: rellenar los acuíferos de manera artificial y contrarrestar químicamente los fertilizantes que se emplean en el campo.
En primer lugar, considera que sería factible desviar el agua de las lluvias torrenciales a los manantiales subterráneos para devolver a la vida a los acuíferos que ya se han vaciado, una operación que también evitaría los torrentes y las crecidas de los ríos en las zonas que sufren de fuertes tormentas. Mientras que la otra solución pasaría por regar los cultivos en invierno con carbón orgánico disuelto en agua, "como el azúcar o el acetato", porque ese compuesto consume los nitratos y evita que acaben en el subsuelo.
Un ejemplo del uso responsable del agua en la agricultura es la de la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, donde afirman cumplir al 99% con los consumos dictados por la Confederación Hidrográfica.
Herminio Molina, su presidente, explica que el problema está en que las confederaciones hidrográficas se ven sobrepasadas, ya que cada acuífero llega a tener miles de salidas a tierra y no dan abasto para ir finca por finca cada semana o cada mes a revisar los contadores, que además son fácilmente manipulables.
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Por eso, ellos han optado por controlar el riego en su comunidad a través de satélites en un proyecto conjunto con la Universidad de Castilla-La Mancha que iniciaron hace más de dos décadas. "Necesitamos una visión global y transparente del empleo del agua, y si alguien se pasa de consumo lo podemos ver todos los vecinos", afirma Molina.
En lugar de revisar los medidores de cada finca, la Junta analiza el estado de cada cultivo con fotografías y lo comparan con el estado de desarrollo que debería tener según el riego asignado. Es decir, si en un periodo de tiempo la plantación ha crecido por encima de lo normal, se ha usado más agua de la debida, y ese agricultor es penalizado en la siguiente cosecha por un jurado de riegos.
"Solo seguimos lo estipulado en la Ley de Aguas", cuenta Molina. "Es verdad que otros no siguen el mismo camino, pero si no corta las demandas excesivas llega un punto en el que no habrá agua para nadie", concluye.
