El Gobierno ultima su plan para repartir ayudas directas al campo tras las pérdidas millonarias que dejó la sequía durante el invierno y la primavera, pero los agricultores exigen que ese reparto no deje tirados a los profesionales de comunidades como Castilla y León o Extremadura. El Ministerio de Agricultura presentó la semana pasada a este sector una propuesta para repartir estas ayudas mediante un sistema de zonificación de España que concentra las ayudas allí donde más ha impactado la falta de agua en los cultivos, pero los agricultores critican que ese sistema es injusto porque la sequía no respeta las fronteras de las comunidades autónomas.
"El dinero tiene que llegar por igual a todos los que han perdido la cosecha. Da igual que estén en una punta o en otra del país, creemos que este sistema sería una clara discriminación", Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja, una de las principales asociaciones agrarias de España.
Las tres grandes organizaciones del sector –COAG, Asaja y UPA– se reunieron con el Ejecutivo el pasado jueves para definir por fin el sistema de reparto de los 276,7 millones de euros que el Gobierno concedió vía real decreto a comienzos de mayo. Aunque el montante total está definido, ahora toca acordar qué cultivos reciben mayor apoyo y en qué zonas se concentra el dinero, ya que la sequía no ha afectado por igual a todo el país. Además, este lunes la Unión Europea ha anunciado que España recibirá 81 millones del fondo de crisis de la Política Agrícola Común (PAC), y buena parte de esta cantidad debería ir destinada a la crisis del campo y sumarse a las ayudas ya comprometidas, aunque ese aspecto está aún por definir.
El ministerio planteó a las asociaciones un reparto de fondos según el tipo de cultivo afectado y ordenado por comunidades autónomas. Los herbáceos de secano de invierno, como el trigo, la cebada y la avena, son los cultivos que más sufrieron la escasez de agua y serán los que reciban el 74% de las ayudas. El 22% irán destinadas a los frutales no cítricos, incluidos los frutos secos; y el 4% restante serán para el tomate y el arroz.
Esa parte de la propuesta no ha tenido contestación de los agricultores, pero sí la división por regiones, ya que en cada tipo de cultivo se han establecido dos zonas: una que recibirá una ayuda por el 100% de las hectáreas cultivadas y otra que solo se llevará el 50%, hasta un máximo de 300 hectáreas para herbáceos y 70 hectáreas para frutales. El grupo de los herbáceos es el que más críticas levanta, ya que los profesionales de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, provincia de Álava, Navarra, Castilla La Mancha, Murcia, Cataluña y La Rioja recibirían la ayuda completa. Mientras que en Castilla y León, Baleares, Canarias, Extremadura y Madrid solo se cubrirán la mitad de las pérdidas con presupuestos del Estado.
Castilla y León es la que más ha protestado contra el planteamiento del Ministerio de Agricultura, ya que esta Comunidad es la que mayor superficie de cereal concentra, el 45% del total de estas tierras en España. "Castilla y León es muy grande. Podemos entender que el norte den menos dinero porque en Burgos y Palencia sí se ha salvado aproximadamente la mitad de la cosecha, pero hay zonas como Salamanca, Zamora o Ávila donde no se va a cosechar ni una cuarta parte", opina Aurelio González, secretario general de UPA en Castilla y León.
Los agricultores del Mediterráneo aparcan las primeras siembras del año tras un invierno muy seco
Javier Fatás, responsable de Agua y Medio Ambiente de COAG, estuvo presente en la reunión con el ministerio y cree que los técnicos mejorarán la propuesta en los próximos días. Los agricultores pidieron durante el encuentro que en lugar de fijar unos porcentajes de ayuda por comunidades, se use una distinción por provincias más acorde al impacto real de la sequía. "Nos prometieron afinar todo lo posible con las ayudas, pero también nos dijeron que debían ser ágiles para sacarlas cuanto antes", relata Fatás. En principio, esta misma semana Agricultura presentará la distribución definitiva de los fondos, que se espera que se repartan junto al segundo pago de la PAC, a finales de año.
Las ayudas no cubrirán las pérdidas del olivar, el viñedo y los cítricos, ya que todavía no se han cosechado y es pronto para saber cuáles serán los daños de estos cultivos. En el caso del tomate y el arroz, la ayuda se concederá por la superficie no sembrada, ya que ante la falta de lluvia, la mayoría de los agricultores directamente descartaron la siembra. Por ejemplo, los arrozales de Sevilla no se trabajaron este año porque necesitan riego por inundación, pero los embalses de la provincia guardan la mitad de agua que en un año normal, y la poca que hay se ha destinado a otros cultivos.
Por otra parte, los ganaderos también recibirán 335 millones para las explotaciones extensivas sin distinción geográfica: 100 euros por vaca y 15 por oveja y cabra de carne, y 40 euros por vaca y 10 euros por oveja y cabra de leche. Según comunicó el ministerio a las organizaciones el pasado jueves, durante la primera mitad de julio saldrán los listados de beneficiarios e ingresarán el dinero en octubre.
El Gobierno ultima su plan para repartir ayudas directas al campo tras las pérdidas millonarias que dejó la sequía durante el invierno y la primavera, pero los agricultores exigen que ese reparto no deje tirados a los profesionales de comunidades como Castilla y León o Extremadura. El Ministerio de Agricultura presentó la semana pasada a este sector una propuesta para repartir estas ayudas mediante un sistema de zonificación de España que concentra las ayudas allí donde más ha impactado la falta de agua en los cultivos, pero los agricultores critican que ese sistema es injusto porque la sequía no respeta las fronteras de las comunidades autónomas.