Los gobiernos europeos se han visto obligados desde hace meses a intervenir paulatinamente en el mercado energético para proteger a los consumidores, ya sea con subsidios al consumo de gasolina, con la extensión de créditos a las eléctricas o mediante la creación de la excepción ibérica, en el caso de España. Pero ha sido este miércoles cuando la Comisión Europea ha propuesto finalmente intervenir a gran escala y de manera temporal el mercado para asegurar que las familias pueden permitirse pagar la factura de la luz durante los próximos meses.
"El mercado ya no funciona (…). En estos tiempos, los beneficios deben repartirse y canalizarse hacia quienes más lo necesitan", señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso del Estado de la Unión, en un tono nada común para un líder de un partido conservador.
Bruselas sugiere introducir un límite a los ingresos extraordinarios de las empresas eléctricas que producen energía barata, las renovables y la nuclear, las llamadas tecnologías inframarginales. La Comisión entiende que los elevados precios de la luz llevan a estas compañías a ingresar mucho más de lo esperado, mientras ciudadanos y empresas sufren para pagar sus facturas cada mes.
"Los productores de electricidad que no usan gas están registrando unos beneficios que no habían imaginado en su vida", afirma Carlos Torres, consultor del mercado eléctrico en Rystad Energy. "Y mediante esta especie de impuestos se puede redistribuir estas ganancias entre las familias para ayudarles en su día a día", añade el experto.
La Comisión Europea ha planteado a los gobiernos que las empresas que comercializan energía renovable y nuclear puedan ingresar como máximo 180 euros por megavatio hora, de manera que si se vende electricidad por encima de este precio –como ocurre ahora–, el dinero restante acaba en las arcas públicas para después emplearse en ayudar a los consumidores.
Además de esta medida, con la que se pretenden recaudar 117.000 millones de euros en toda la Unión y que estará activa hasta marzo de 2023, Bruselas plantea tomar parte de los beneficios extraordinarios de las empresas de energías fósiles en lo que denomina "una contribución solidaria", que estima en 25.000 millones y que se prolongará hasta invierno del año que viene.
Por último, la Comisión propone una pequeña reducción obligatoria de consumo de electricidad, que ayudaría a reducir la quema de gas. Todas estas ideas serán ahora estudiadas por los estados miembros y negociadas y votadas el 30 de septiembre en la cumbre de ministros de Energía y se espera que estén operativas antes del 1 de diciembre.
¿Cómo se ayudará al consumidor?
El objetivo final de la intervención de Bruselas es rebajar el precio de la factura de la luz, y eso dependerá de lo que haga cada gobierno con el dinero recaudado. A falta de que se acuerde el texto final, que es susceptible de cambios, la Comisión plantea que cada país gestione lo recaudado según sus necesidades.
"Estos ingresos pueden utilizarse para proporcionar ayudas a la renta, descuentos [en la factura de electricidad], inversiones en energías renovables, eficiencia energética o en tecnologías de descarbonización", señala la propuesta. De esta forma, los gobiernos podrán apostar por transferir directamente este dinero a sus ciudadanos o invertirlo en reforzar su sistema energético de cara al futuro.
"No hay una solución rápida, los siguientes inviernos seguirán siendo difíciles", advirtió el miércoles Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, durante una rueda de prensa.
El mandatario subrayó durante su intervención la importancia de combinar estas inversiones con una reducción de la demanda eléctrica, el tercero de los pilares de la nueva propuesta. "Si no ahorramos energía, no lograremos nada", dijo Timmermans. Pero siempre de forma racional: "No pedimos a la gente que pase el invierno sin calefacción, sino que haga lo posible para ahorrar en la factura", añadió.
En este sentido, la Comisión propone que todos los estados miembros reduzcan de manera obligatoria su consumo de luz al menos un 5% durante las tres o cuatro horas que más cara cueste la energía –normalmente, a primera hora del día y durante la hora de la cena–. Y pide a los gobiernos que además reduzcan de manera voluntaria su consumo de electricidad un 10% hasta el próximo 31 de marzo.
Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética del IEEFA, coincide con la opinión de Bruselas, y explica que rebajar esta medida tiene mucho sentido, ya que las horas de gran consumo se cubren con la energía más cara. "En las horas pico se produce mucha electricidad que en el resto de horas no vas a necesitar, pero si aplanas la curva necesitarás encender menos plantas de ciclo combinado, que son las que funcionan con gas".
En el punto del ahorro, el ministerio de Transición Ecológica reitera desde verano que los ciudadanos no sufrirán una reducción forzada del consumo, sino que buscaría mecanismos alternativos como las recomendaciones a través de campañas de concienciación. Por el momento, España registró en agosto una demanda bruta de electricidad un 0,1% superior al año pasado, pese al decreto de eficiencia energética, debido al calor anómalo de este verano.
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Los 27 instan a Bruselas a topar el precio del gas y a limitar los beneficios de las eléctricas
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respaldó este miércoles el plan de la Comisión y reconoció que se trataba de un giro histórico para Europa. "Responder a Putin probablemente va a requerir intervenir de una manera que no tiene precedentes en la regulación europea y en el funcionamiento del mercado", declaró Ribera.
La ministra aseguró además que la línea de Bruselas es "muy parecida" a la que ha seguido el gobierno español en el último año, y se dirigió al Partido Popular, que este martes votó en contra de tramitar una propuesta para crear un impuesto extraordinario y temporal a las energéticas españolas. "Lo más impresionante es que aquí haya habido grupos parlamentarios que se niegan a discutir el texto", señaló Ribera.
Pese al no del PP en el Congreso, el principal partido de la oposición apoyó este miércoles a su compañera de grupo en Bruselas, Ursula von der Leyen. "Una cosa es la tasa que plantea Europa para rebajar la factura a los consumidores y otra muy diferente el impuesto de Sánchez para aumentar su recaudación", recalcó la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que insistió en que son cosas "distintas".
Los gobiernos europeos se han visto obligados desde hace meses a intervenir paulatinamente en el mercado energético para proteger a los consumidores, ya sea con subsidios al consumo de gasolina, con la extensión de créditos a las eléctricas o mediante la creación de la excepción ibérica, en el caso de España. Pero ha sido este miércoles cuando la Comisión Europea ha propuesto finalmente intervenir a gran escala y de manera temporal el mercado para asegurar que las familias pueden permitirse pagar la factura de la luz durante los próximos meses.