El pasado 28 de abril, los equipos de comunicación de los ayuntamientos de siete ciudades españolas (Barcelona, València, Madrid, Sevilla, Valladolid, Vitoria y Zaragoza) se encontraron con una carga de trabajo inesperada: las urbes habían sido seleccionadas por la Comisión Europea, junto a una noventena en la UE, para un plan llamado "ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 2030". Las beneficiadas por la misión recibirán 380 millones de euros de financiación en base al "contrato climático" que deben mandar al Ejecutivo comunitario y que explicará con detalles qué quieren hacer y cómo quieren hacerlo.
Hubo alcaldes que, incluso, convocaron una rueda de prensa extraordinaria para anunciar el nombramiento, como el de Valladolid; y otros que ni lo mencionaron, como el de Madrid, y cuya nota enviada a los medios difumina el objetivo de la misión. La meta de la Unión Europea es que estas 100 ciudades sean neutras climáticamente en 2030: es decir, que lo poco que emitan sea compensado por iniciativas para reducir o absorber el impacto de carbono en otros lugares. Solo quedan ocho años y, teniendo en cuenta el enorme desafío, es pertinente repasar qué hacen, o qué planean hacer, estas urbes para llegar a tiempo.
Para empezar con las peores noticias, hay ciudades españolas que han sido escogidas por la misión de Bruselas y que, aunque el propio nombre del plan así lo indica, interpretan que no se las invita a ser neutrales climáticamente para dentro de siete años. A pesar de que la documentación de la misión lo deja bien claro. "Las ciudades no tienen que temer ninguna consecuencia legal si no cumplen el objetivo de neutralidad climática total para 2030. Dicho esto, los contratos serán un compromiso muy visible que el alcalde o el representante político de la ciudad habrá asumido ante sus autoridades nacionales, la Comisión y los habitantes de la ciudad", explica el kit publicado por la Comisión para los Gobiernos locales que quisieran presentar su candidatura.
La convocatoria de la Comisión Europea, según el Ayuntamiento de Barcelona, "ha permitido seleccionar 100 ciudades que aspiran a ser climáticamente neutras en el año 2030, con el objetivo de convertirlas en centros de experimentación e innovación, ayudando de esta forma a que todas las ciudades europeas lleguen a ese objetivo para 2050". No es cierto. La meta es para 2030. Sin embargo, la ciudad condal se ha propuesto ser neutra en carbono a mitad de siglo, no en la próxima década, y por lo que se lee en la nota del ayuntamiento con motivo del nombramiento, no pretenden mejorar su ambición.
El Plan Clima de la ciudad, aprobado en 2018 y con validez precisamente hasta 2030, incluye medidas como la Zona de Bajas Emisiones, que incluye prácticamente la totalidad de la superficie de la capital junto a otros municipios adyacentes, y que prohíbe la entrada a los vehículos más contaminantes; los que carecen de etiqueta ambiental de la DGT, que suelen ser los de gasolina matriculados antes del 2000 y los diésel previos a 2005. El ayuntamiento se propone, entre otras medidas, aumentar la red de carriles bici para la próxima década (aunque sin proponerse una cifra concreta) y continuar con el proyecto de las supermanzanas: espacios urbanos donde se limita el tráfico en su interior, fomentando la circulación y el disfrute peatonal. En su kit, la Comisión pone a las superilles desplegadas por el ayuntamiento de Ada Colau como ejemplo de buenas prácticas para alcanzar esa neutralidad a la que Barcelona renuncia a corto plazo.
A pesar de las amplias diferencias políticas, Madrid está en las mismas, al menos en cuanto a la reacción a la misión de la Comisión Europea. No reconoce que el objetivo sea la neutralidad climática en 2030. "La financiación asociada a la misión, así como la potencial atracción que supone para agentes de financiación privada, permitirá, además, ofrecer visibilidad a la Hoja de Ruta hacia la neutralidad climática de la ciudad de Madrid, que se presentó el pasado mes de marzo. La hoja de ruta tiene como meta 2050, al igual que Barcelona.
La estrategia del consistorio madrileño consiste, prioritariamente, en la sustitución de vehículos más antiguos y contaminantes por otros más nuevos, que emiten menos aunque no sean eléctricos; una transición en la que el ayuntamiento no tiene competencias. Se busca, además, fomentar la rehabilitación energética de viviendas, apostar por más carriles bici y promover nuevas restricciones para los coches, aunque no se incluyen metas concretas ni vinculantes para el ayuntamiento. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida está impulsando un nuevo carril bici, el del Paseo de la Castellana, mientras mantiene la red actual desconectada entre los distintos tramos, sin avances en los últimos años y con amenazas de eliminar los instalados con Manuela Carmena con la vara de mando.
Además, la corporación municipal actual ascendió al poder tras una campaña en la que se prometió eliminar Madrid Central, la zona de bajas emisiones, por sus supuestos efectos nocivos; sin embargo, su sucesora, Madrid 360, mantiene prácticamente inalteradas las restricciones, prohibiendo la entrada a la mayoría de los vehículos emisores de CO2 al centro de la capital y restringiendo la entrada al anillo interior de la circunvalación M30 a los vehículos sin etiqueta ambiental. La Comisión Europea reconoce que estas medidas, contra las que el PP estuvo clamando años, son útiles para alcanzar los objetivos de neutralidad climática.
El resto de ciudades elegidas sí asumen el reto
Sevilla, por su parte, sí asume como propio el objetivo a 2030, aunque en su plan estratégico de ciudad para el mismo año no cierra nada: la capital andaluza "impulsará una estrategia rigurosa de descarbonización, conduciendo una transición energética hacia un modelo más sostenible, basado en las fuentes de energías renovables, con la finalidad de lograr una ciudad con bajas emisiones de carbono". La urbe, reconocida como una de las potencias españolas y europeas en cuanto a uso de bici, con 186 carriles específicos, está inmersa en la estrategia Respira Sevilla.
La Ley de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con restricciones al tráfico emisor, y el ayuntamiento, dirigido por el socialista Antonio Muñoz, sigue trabajando en la propuesta bajo ese nombre. En principio, restringirá los accesos de vehículos privados al casco histórico y la zona monumental de Triana, aunque aún no hay fecha para la ejecución.
En el mismo punto con respecto a las limitaciones del tráfico está Zaragoza, que estudia, a partir de 2023, limitar el tráfico en la zona considerada como casco histórico y, posteriormente, ampliarla a más barrios. Su plan presentado a la Comisión Europea para ser incluida en la misión incluye tanto lo ya conseguido, como los 130 kilómetros de carril bici que han aumentado el uso de este vehículo un 80%, como lo que está por venir; un bosque urbano para mejorar la absorción de carbono, un barrio solar en el que 200 familias van a disfrutar de las placas colocadas en dos edificios municipales, y el objetivo concreto –no como el de otras urbes– para rehabilitar 3000 viviendas de los barrios más desfavorecidos.
"Tenemos por delante una gran oportunidad para modernizar Valladolid y hacer de ella una ciudad medioambientalmente sostenible, tarea en la que, no tengan duda, el ayuntamiento va a estar a la altura", aseguró el alcalde de la capital castellana, Óscar Puente. Su mandato se ha caracterizado por un impulso a la movilidad sostenible, que ha levantado críticas pero cuyos efectos ya se empiezan a notar: su estrategia se ha propuesto once peatonalizaciones de calles (divididas en dos fases), casi 26 kilómetros de nuevos carriles bici segregados del resto del tráfico y 11 kilómetros de nuevos carriles bus, que han hecho descender el tráfico en un 20% en el centro.
Las acciones de la ciudad del Pisuerga también pasan por un impulso a la rehabilitación energética en los barrios y en la renaturalización de espacios tanto del propio río como más alejados, como el polígono de Argales. En definitiva, la urbe seguirá el camino ya fijado con su adhesión a la plataforma CitiES2030, que ya se planteaba el mismo objetivo: la neutralidad climática para 2030.
Un árbol para cada dos habitantes: Vitoria es el sueño de las ciudades que aspiran a ser verdes
"Durante los próximos 8 años València estará en la vanguardia mundial en políticas de innovación e inversiones destinadas a conseguir la neutralidad climática, 20 años antes del objetivo general que se marca la Unión Europea", declaró, al conocer la noticia, el alcalde de València, Joan Ribó: su ayuntamiento se sube al carro de la mejora de la ambición climática. "Es un hito muy ambicioso y nada fácil, por eso tenemos que concienciar a todos los actores de la importancia de este reto". La capital del Turia es otra de las que anda en plena implantación de su Zona de Bajas Emisiones, que por lo que se sabe hasta el momento estará más cerca del modelo barcelonés que del madrileño: un área amplia de restricciones, pero por el momento solo para los vehículos más sucios.
Pero más allá de la obligación de la norma estatal, València ha ampliado en un 30% su red para bicicletas desde 2015; está elaborando un Plan Director para la Bicicleta, a semejanza del que redactó Sevilla de manera previa a su boom ciclista; y acaba de anunciar una red de autobuses con servicio 24 horas, en línea con las peticiones de los expertos para reducir el uso del coche en las ciudades.
Pero si hay una ciudad ganadora en este ranking de ciudades verdes, esta sigue siendo Vitoria-Gasteiz, cuyo objetivo de neutralidad climática se fijó para 2030 en junio de 2021, casi un año antes de que llegara la Comisión Europea. Además de su red ciclista de 170 kilómetros, su anillo verde con un árbol por cada dos ciudadanos y su propio plan de supermanzanas, el ayuntamiento de la capital vasca, aprovechando la creación obligatoria de la zona de bajas emisiones, planea seguir avanzando con rapidez en los próximos años. El área prohibirá el tráfico en el casco antiguo pero también creará nuevos carriles bici y varias reformas de plazas y calles para dar protagonismo al peatón. Siete ciudades han sido las beneficiarias, pero los avances, los ritmos y la ambición son claramente desiguales.
El pasado 28 de abril, los equipos de comunicación de los ayuntamientos de siete ciudades españolas (Barcelona, València, Madrid, Sevilla, Valladolid, Vitoria y Zaragoza) se encontraron con una carga de trabajo inesperada: las urbes habían sido seleccionadas por la Comisión Europea, junto a una noventena en la UE, para un plan llamado "ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 2030". Las beneficiadas por la misión recibirán 380 millones de euros de financiación en base al "contrato climático" que deben mandar al Ejecutivo comunitario y que explicará con detalles qué quieren hacer y cómo quieren hacerlo.