La Comisión Europea acusa a PP y a Vox de ignorar el Estado de derecho por su iniciativa sobre Doñana

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha dado a conocer a través de una carta su preocupación por las repercusiones que podría tener la regularización de cultivos de regadío en el Parque al norte de la Corona Forestal de Doñana que no cuentan con los debidos permisos.

En una nota de prensa de la organización no gubernamental WWF recalcan que la CE les "da la razón". La carta de la Comisión reconoce que la Proposición de Ley promovida por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía implica aumentar los niveles de extracción de agua en el acuífero de Doñana. Esto incrementaría la presión sobre el acuífero, que ya se encuentra oficialmente sobreexplotado en la actualidad. Además, supondría una clara invitación a futuras ocupaciones ilegales de nuevas superficies forestales.

El escrito recuerda que el Tribunal Europeo de Justicia en su sentencia del 24 de junio de 2021, la multiplicación de cultivos intensivos de regadío está totalmente relacionada con el deterioro de hábitats de Doñana, protegidos por las normativas comunitarias como la Directiva de Hábitats. Y que, puesto que en la actual planificación hidrológica no hay previsión de ningún incremento de disponibilidad de agua, es urgente y necesario adoptar medidas para reducir el consumo de agua y poder revertir la mala situación del acuífero.

Salvemos, otra vez, Doñana

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En su carta, las autoridades europeas manifiestan su sorpresa y malestar porque se pretenda poner en marcha la aprobación de una normativa que contribuye a agravar la situación del deteriorado acuífero. Por todo ello, advierten a España que, de no paralizar esta propuesta de ley, la Comisión Europea acudirá al Tribunal nuevamente para poner marcha el correspondiente mecanismo sancionador contra España.

La ONG recalca en su nota de prensa que “la propuesta de ley del PP que preside Juan Manuel Moreno Bonilla supone una auténtica burla a las autoridades europeas y a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo lo que podría suponer fuertes sanciones económicas que repercutirán en todos los ciudadanos andaluces y podrían tener consecuencias en la llegada de los fondos europeos a España y a Andalucía”.

Exigen también que la Junta de Andalucía retire de inmediato la propuesta de ley para “ponerse a trabajar en el conjunto de medias necesarios para cerrar las explotaciones ilegales y recuperar el acuífero”.