Las organizaciones ecologistas han abierto esta semana un nuevo frente en el difícil equilibrio de intereses de la crisis energética. Las cinco principales asociaciones verdes se reunieron este jueves con el Gobierno para exigir la corrección del decreto aprobado el 26 de diciembre que suaviza las exigencias medioambientales de las instalaciones renovables que se proyecten en los próximos dos años. Según las ONG, esta normativa da barra libre a las compañías para construir en espacios naturales y anula la participación ciudadana, por eso exigen al Ministerio de Transición Ecológica que establezca zonas donde el nuevo reglamento no se active para garantizar la protección del medioambiente.
"De verdad que no entendemos cómo pudo salir adelante. Sabemos que el Gobierno está sometido a muchas presiones, pero para nosotros ese decreto es una línea roja", argumenta Eva Saldaña, directora de Greenpeace España. La portavoz de la mayor ONG ecologista de España añade que el nuevo decreto hace un flaco favor a la "necesaria" instalación de renovables. "Fomenta la oposición a esta energía en muchos territorios y eso solo ralentiza el proceso", opina.
La normativa que disgusta a estas organizaciones busca agilizar los trámites administrativos para la instalación de grandes parques solares y eólicos, ya que solo el papeleo relacionado con el impacto ambiental de la instalación suele llevar entre dos y tres años.
El reciente cambio sustituye el exhaustivo estudio de impacto ambiental anterior por uno acelerado que da menos información del proyecto a los afectados, aunque el decreto no afecta al territorio de la Red Natura 2000, que abarca el 30% del territorio y que permanece protegido.
En realidad, este cambio ya se introdujo en marzo de 2022 para las plantas solares de hasta 150 MW y eólicas de hasta 75 MW, pero ahora se amplía a instalaciones de todos los tamaños. También se ha reducido el plazo de estudio y alegaciones a la construcción a 15 días (antes era un mes) pese a que los proyectos pueden ocupar 10.000 o 15.000 folios, algo inabarcable para un vecino de a pie.
"La ciudadanía está indefensa porque alegar contra estas construcciones está al alcance de muy pocos. El decreto está concebido para que la industria haga lo que le plazca porque las declaraciones de impacto ambiental pasan ahora a una versión descafeinada", opina Fernando de Abel, jurista y miembro de la directiva de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia.
Con el decreto ya convalidado por el Congreso, las cinco principales ONG españolas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-Bird Life y WWF— quieren forzar ahora al Gobierno a suavizar el impacto de la norma. Para ello, proponen crear amplias zonas donde se siga aplicando el reglamento original, donde la evaluación ambiental sea completa, se tenga en cuenta el impacto de las instalaciones en la biodiversidad de la zona y los ciudadanos puedan presentar alegaciones sobre los proyectos.
La fórmula más efectiva para lograrlo sería estableciendo un mapa con las áreas especialmente vulnerables a la construcción de molinos y paneles solares, una herramienta con la que ya cuenta el Gobierno y que se utilizó en el decreto de marzo del año pasado, que solo se aplicó sobre zonas de baja sensibilidad ambiental.
"Hay que facilitar la instalación de renovables, de eso no hay duda, pero no a cualquier precio. Desde el Gobierno reconocen que el despliegue actual no es el adecuado y hay que organizarlo", apunta Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción y otro de los asistentes a las dos reuniones, en las que estuvieron presentes la vicepresidenta Teresa Ribera y los secretarios de Estado de Energía y Medioambiente.
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Según la versión de los ecologistas, Transición Ecológica estaría dispuesto a introducir los cambios que proponen los activistas, aunque parece que no será a corto plazo porque las competencias son compartidas entre el Gobierno y las comunidades autónomas y habría que lograr consenso en un año electoral.
Desde el ministerio rechazan valorar la reunión al tratarse de conversaciones a puerta cerrada, pero sí resaltan que el nuevo decreto solo traspone lo acordado en Bruselas en el Consejo de Ministros de Energía de la UE del 19 de diciembre, que pretende acelerar la instalación de renovables para acabar con la dependencia de los combustibles de origen ruso. De hecho, España pidió cautela en la negociación con sus socios para que la Red Natura 2000 se mantuviera blindada.
En todo caso, desde Transición Ecológica recalcan que en el nuevo procedimiento exprés también se revisan los estudios de impacto ambiental de los promotores y si hay riesgo de afección al entorno, se sigue el procedimiento ordinario y se aplican las cautelas habituales. "Desde que existe el procedimiento abreviado, en marzo del año pasado, solo un tercio de los proyectos presentados ha solicitado la vía de urgencia, porque los propios promotores son conscientes de que no se va a aceptar y prefieren no perder el tiempo" argumentan desde el ministerio.
Las organizaciones ecologistas han abierto esta semana un nuevo frente en el difícil equilibrio de intereses de la crisis energética. Las cinco principales asociaciones verdes se reunieron este jueves con el Gobierno para exigir la corrección del decreto aprobado el 26 de diciembre que suaviza las exigencias medioambientales de las instalaciones renovables que se proyecten en los próximos dos años. Según las ONG, esta normativa da barra libre a las compañías para construir en espacios naturales y anula la participación ciudadana, por eso exigen al Ministerio de Transición Ecológica que establezca zonas donde el nuevo reglamento no se active para garantizar la protección del medioambiente.