Hace más de un año que Bruselas se propuso reformar el mercado eléctrico europeo y este martes los Veintisiete han dado un paso clave. Los ministros de Energía del bloque aparcaron este martes sus diferencias y cerraron una posición común para evitar que el precio de la luz vuelva a poner en riesgo a las familias y las empresas europeas. Tras el acuerdo alcanzado ahora por el Consejo Europeo en Luxemburgo, toca que este órgano pacte el texto con el Parlamento y la Comisión en la llamada negociación de trílogos, con el objetivo de que la reforma sea aprobada en la primera mitad del año que viene, antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
El principal punto que han acordado los ministros es el de facilitar el uso en Europa de contratos de electricidad a largo plazo para evitar que el coste de la energía sufra cambios bruscos cada día que encarecen o abaratan mucho la luz, como ocurre ahora. Estos contratos (llamados CFD y PPA, por sus siglas en inglés) permiten también asegurar a los dueños de los paneles solares y de los molinos de viento que recuperan el coste de su inversión más un beneficio, lo que segura que las renovables siguen siendo un mercado interesante para invertir.
"La reforma busca proteger al consumidor para que no tenga hoy una factura cara y mañana otra barata. También persigue que se sigan instalando renovables, y eso ayuda a los hogares y la industria a acceder a una electricidad cada vez más barata", afirma Natalia Collado, investigadora de EsadeEcPol.
El acuerdo también establece la protección de los consumidores, dando siempre opción de contratar tarifas eléctricas con precios fijos, como ya ocurre en España con el PVPC. Entre otras medidas, también se permite a los Estados remunerar a las centrales contaminantes (carbón y gas) hasta 2029 para que puedan permanecer abiertas para garantizar el abastecimiento energético, otro punto muy controvertido.
El acuerdo del Consejo llevaba meses atascado por las diferencias entre Francia y Alemania, dos potencias europeas con intereses opuestos en materia de energía que habían arrastrado al resto de países y creado dos bloques en la negociación, uno a favor de la energía nuclear y otro de la construcción de renovables. España, el país que tiene la presidencia en rotación del Consejo, optó por proponer este martes una reforma a medio camino que han terminado aceptando ambos países. "Al final no ha ganado ninguno de los dos bandos; el próximo Comisario de Competencia será el que incline la balanza", afirma una fuente comunitaria.
El debate sobre cuál debe ser la apuesta de futuro de la energía en Europa no tiene tanto que ver con la electricidad como con la industria, según los expertos. Alemania temía que si la nueva reforma del mercado eléctrico promocionaba a la energía nuclear, Francia tendría una ventaja competitiva, ya que tiene 56 reactores instalados. El país galo podría producir electricidad barata para su industria y competir así con los fabricantes germanos, que han sido la punta de lanza de Europa durante décadas, pero que están de capa caída tras la crisis del gas natural.
"Realmente ha sido una pelea industrial", afirma Pedro González, director general de AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía. "Cada bloque ha defendido sus intereses para garantizarse una energía asequible", afirma el portavoz, que asegura que las potencias europeas miran de reojo a Estados Unidos y China.
El principal punto de la reforma, los CFD, son contratos bilaterales en los que el Gobierno y las compañías eléctricas pactan una horquilla de precio a la que vender la electricidad a largo plazo, incluso a doce o quince años, siempre que sea generada por fuentes no contaminantes. Las empresas siguen vendiendo su luz en la subasta diaria, como ocurre ahora, pero si el precio de esa subasta es inferior al de la horquilla, el Estado compensa esa diferencia para que la generadora no pierda dinero; mientras que si es superior, la compañía devuelve al Gobierno el sobreprecio. Este margen garantiza que la luz no va a ser demasiado barata ni demasiado cara. En realidad, en España funciona desde hace más de una década un mecanismo parecido de subastas públicas para construir renovables, aunque ha tenido poco éxito en los últimos años.
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La disputa entre los dos bloques europeos giraba en torno a un detalle de los CFA: el dinero que recauda el Estado cuando el precio de la luz supera la horquilla, que en realidad han pagado de más los consumidores en su factura. Francia y sus aliados querían que ese dinero pudiese invertirse en los parques nucleares ya construidos hace décadas para extender la vida de sus envejecidos reactores. Por su parte, el bloque alemán reclamaba que solo pudiese invertirse en proyectos de nueva construcción, con la vista puesta en los parques fotovoltaicos y eólicos, a la vez que se neutralizaba la energía nuclear francesa.
Finalmente, se ha acordado que los beneficios extraordinarios se puedan destinar a proyectos no contaminantes (eólica, solar, geotérmica, bombeo y nuclear) que sean nuevos y antiguos, pero siempre que no se altere la competencia en la Unión Europea, un acuerdo ambiguo que habrá que acotar en los próximos meses. De esa vigilancia se encargará la Comisión, por eso será tan importante la persona que tome el mando de Competencia en Bruselas el año que viene.
Este mismo jueves comenzará la negociación de trílogos en Bruselas, según afirma Nicolás González Casares, eurodiputado socialista y ponente de la reforma para el Parlamento Europeo, uno de los órganos que tendrá que aceptar o corregir el acuerdo alcanzado por el Consejo este martes. "Hay diferencias y habrá una discusión seguro, pero es una buena noticia que haya habido pacto porque era algo que necesitábamos para seguir adelante", afirma Casares. Por ejemplo, el Parlamento propuso que los beneficios del sistema de CFD fuesen a parar principalmente a los consumidores vulnerables, una propuesta que ni se ha contemplado este mates. En todo caso, cree que la reforma estará lista antes de que acabe la legislatura, aunque no ve posible que se pacte antes de finales de 2023.
Hace más de un año que Bruselas se propuso reformar el mercado eléctrico europeo y este martes los Veintisiete han dado un paso clave. Los ministros de Energía del bloque aparcaron este martes sus diferencias y cerraron una posición común para evitar que el precio de la luz vuelva a poner en riesgo a las familias y las empresas europeas. Tras el acuerdo alcanzado ahora por el Consejo Europeo en Luxemburgo, toca que este órgano pacte el texto con el Parlamento y la Comisión en la llamada negociación de trílogos, con el objetivo de que la reforma sea aprobada en la primera mitad del año que viene, antes de las elecciones europeas de junio de 2024.