España pedirá este martes en Bruselas la protección del patrimonio natural del impacto que tendrá en el futuro el despliegue de las energías renovables. Los ministros de Energía de la Unión Europea esperan aprobar esta jornada un reglamento para declarar de interés superior toda construcción de instalaciones renovables, una medida que eliminará burocracia, pero que podría poner en peligro espacios naturales vulnerables, según han denunciado diversas ONG.
Los ministros europeos acordaron el mes pasado el texto que se votará este martes, pero es susceptible todavía de cambios. El documento recoge que se considerará de interés superior tanto la planificación, como la construcción y la explotación de estas instalaciones, lo que "permitirá que tales proyectos se beneficien de una evaluación simplificada de una serie de obligaciones medioambientales".
La futura normativa permitirá saltarse directivas europeas claves para la protección de la naturaleza durante al menos 18 meses con el argumento de que en algunos países los estudios de campo y el papeleo alargan la aprobación de los permisos de construcción hasta nueve años. Al mismo tiempo, el Consejo opina que se necesita un proceso más ágil para doblar la capacidad fotovoltaica y eólica de aquí a 2025, triplicarla para 2030 y cumplir así con los objetivos verdes de la UE.
Pese al consenso alcanzado durante la cumbre del 24 de noviembre, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, manifestó este lunes que la propuesta a votar tiene "una falta de claridad muy importante", por lo que pedirá incluir una excepción que proteja la Red Natura 2000.
"El reglamento viene a decir que se tienen que mantener las directivas de protección de la biodiversidad, pero que cada Estado valorará si se las puede saltar", criticó la ministra encargada de la política ambiental. "Pensamos que hay espacios importantes que no deberían contar con un sistema así. Debe haber un sistema ágil que nos permita impulsar las renovables, pero manteniendo una protección ambiental en espacios como la Red Natura", añadió en una rueda de prensa.
La Red Natura 2000 es una lista de parajes europeos preservados por su valor medioambiental, donde la península ibérica juega un papel clave, de ahí la insistencia por su protección. Se trata de la red de áreas protegidas más extensa del mundo y España aporta una quinta parte de toda su extensión debido a su riqueza en hábitats y especies de aves.
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Las asociaciones ecologistas reclamaron este lunes al Gobierno español que vote en contra del reglamento porque pone en riesgo la biodiversidad del continente. "Lo que pretende el Consejo de la UE es eliminar unilateralmente procedimientos de protección de la naturaleza", dijeron en un comunicado conjunto Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. "Es imprescindible que las políticas de lucha contra el cambio climático y de pérdida de biodiversidad vayan de la mano", añadieron.
Precisamente España tiene un serio problema con el cuello de botella que genera la burocracia en instalaciones renovables, y esta es precisamente una de las principales tareas que tienen pendiente de resolver las comunidades autónomas y el Gobierno central en las próximas semanas. Se calcula que hay cientos de proyectos atascados a la espera de recibir una declaración de impacto ambiental, uno de los pasos que se saltarían con la nueva normativa, y su permiso de desarrollo caduca el próximo 25 de enero, por lo que después de esa fecha deberán volver a comenzar el proceso que iniciaron hace cinco años. En ese estado se encuentran el equivalente a 100 gigavatios de potencia preparada para ser instalada, el doble de lo que tiene ahora España y el equivalente a un centenar de reactores nucleares.
Las ONG opinan además que, de salir adelante, la futura normativa sería ilegal, ya que no cuenta con la previa consulta al Parlamento Europeo, un organismo históricamente más progresista y crítico con estos asuntos, sino que el Consejo de ministros de Energía se ampara en un procedimiento de urgencia para situaciones de escasez energética. "Se trata por tanto de un abuso de poder por parte del Consejo y de un acto contrario a la legislación europea que podría hasta ser contraproducente por ralentizar la implantación de renovables", zanjan los ecologistas.
España pedirá este martes en Bruselas la protección del patrimonio natural del impacto que tendrá en el futuro el despliegue de las energías renovables. Los ministros de Energía de la Unión Europea esperan aprobar esta jornada un reglamento para declarar de interés superior toda construcción de instalaciones renovables, una medida que eliminará burocracia, pero que podría poner en peligro espacios naturales vulnerables, según han denunciado diversas ONG.