Una de las exigencias de los agricultores y ganaderos de los últimos días es el endurecimiento de los controles en las fronteras, por donde entran cada día toneladas de alimentos del extranjero. El sector primario señala que España importa productos de Brasil, Marruecos o China que no cumplen con los estándares europeos y no pueden competir con ellos. Una solución a corto plazo anunciada por el Gobierno es el refuerzo de las inspecciones de frontera, que ahora son mínimas, según los últimos datos oficiales. En 2021 apenas se realizaron 255 análisis a productos importados para comprobar si tenían restos de pesticidas peligrosos, siendo España el país de la UE que menos examinó en la Unión Europea.
El sector de los pesticidas, también llamados fitosanitarios —donde se incluyen los plaguicidas, herbicidas, fungicidas e insecticidas— es uno de los más controlados de la Unión Europea debido a sus implicaciones sobre la salud pública. Cada sustancia química que se usa para acabar con las plagas es minuciosamente estudiada por la Unión Europea, aunque se ha demostrado que muchas tienen un impacto sobre los humanos o el entorno. A esto se suma que los alimentos producidos fuera de los Veintisiete tienen unas exigencias mucho menores o inexistentes y terminan entrando en el continente.
El control de frutas, verduras o carnes en las fronteras europeas depende de cada país, y unos invierten más que otros en vigilancia. Según los datos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), España hizo 1.891 análisis en 2021 en busca de pesticidas no permitidos, la gran mayoría a alimentos producidos dentro del país, y solo el 13,4% de las pruebas fueron a productos importados, 255 en total. En comparación, Alemania hizo más de 20.000 test ese año, Francia 13.000 e Italia 9.500. Otro experto en el sector explica que en España la gran mayoría de los estudios son a productos interiores porque gran parte de los alimentos consumidos se producen dentro de sus fronteras.
Para comprar las cifras entre países, la EFSA publica el número de estudios comparados con la población total. España hizo 4 análisis a alimentos cada 100.000 habitantes, menos que ningún otro país, y varias veces menos que los 19 de Francia, los 25 de Alemania o los 16 de Italia. En contexto, ese año España importó 42.000 toneladas de alimentos, y los principales vendedores fueron la Unión Europea (48%), Brasil (13%), Ucrania (7,3%), Argentina (5,6%), Estados Unidos (3,7%), Indonesia (3,2%), China (1,9%) y Marruecos (1,8%).
Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, explica que la escasez de estudios sobre las importaciones se debe a la falta de personal. "Pasa aquí y en otros países, no hay suficientes funcionarios para supervisar pese a que el volumen de mercancías no para de crecer", afirma. Una solución podría ser un cuerpo comunitario de control de fronteras, pero en el pasado se intentó y ninguno de los 27 países estuvo dispuesto. "Nadie tiene interés en que el resto de gobiernos meta las narices en sus fronteras. Ya se ha visto con el caos que ha provocado la creación de Frontex", añade Azcárate. Además de que cada Estado organiza los análisis por su cuenta, las competencias están repartidas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, complicando aún más la labor.
En todo caso, los análisis que se realizan en España y la UE arrojan que la contaminación de productos por pesticidas es muy reducida. Según la Agencia Española de Protección Alimentaria (AESAN), los residuos químicos estudiados en España superaron los estándares europeos en el 2,52% de las muestras analizadas, la mayoría en frutas y verduras, un porcentaje similar al del resto de países vecinos. Todos los contenedores que superan los límites legales son destruidos o redirigidos fuera del continente. Aunque son pocas las muestras que superan los topes permitidos, alrededor del 40% de los alimentos examinados en la UE tiene restos de fitosanitarios en cantidades permitidas, lo que preocupa a las organizaciones civiles.
Los pesticidas dentro de Europa
El uso de los pesticidas está acotado en Europa porque su impacto en la salud y el medioambiente está más que demostrado, y en la última década se han prohibido en el continente la mayoría de los químicos más perjudiciales. Existen unas 900 sustancias activas que forman los fitosanitarios y en la Unión Europea está permitido utilizar 445. La mitad de ellas son sintéticas, y el resto soluciones biológicas más respetuosas con el medio ambiente y la salud. El proceso de aprobación de un pesticida en la UE dura unos 11 años, explican desde la patronal del sector, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA).
Sin embargo, tanto los defensores de los pesticidas como sus detractores critican que algunos de los baremos fijados por Bruselas son arbitrarios, y atienden a motivos políticos. "No solo se tiene en cuenta su impacto en la salud, sino también el coste económico de vetar un producto. Si un país europeo lo necesita sí o sí para garantizar un cultivo, se negocia", explica Kistiñe García, responsable de Futuro sin Tóxicos en Ecologistas en Acción.
Una vez que la Unión Europea ha dado el visto bueno a un principio activo, cada país decide si permite su uso dentro sus fronteras. En España debe pasar antes por el visto bueno de cuatro ministerios: Agricultura, Transición Ecológica, Sanidad y Trabajo, para que valoren su efectividad y su impacto sobre el medioambiente, la salud de los consumidores y los empleados que los manipulan.
Un análisis publicado en julio de 2022 en la revista Science Direct sobre las 230 sustancias activas sintéticas permitidas en la UE que determinó que casi el 80% (181) tienen un impacto apreciable en la salud humana. Sus principales impactos son las irritaciones oculares, cutáneas y de las vías respiratorias (37%, 25% y 22% del total, respectivamente), las alergias cutáneas (21%) y su alteración en la fertilidad y el crecimiento (24%).
La Agencia Europea de Medioambiente afirma que hay "evidencias firmes" y en otros casos "sospechas" de la relación entre la exposición a fitosanitarios y diferentes tipos de cáncer, problemas cardiovasculares, Parkinson o Alzhéimer, y que su principal daño viene por la ingesta de alimentos, aunque la exposición diaria de la población europea es mínima. Algunos pesticidas también afectan al sistema endocrino, incluso en dosis muy bajas.
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En España esta información es especialmente relevante, ya que fue en 2021 el país que más fitosanitarios empleó en la Unión Europea, según Eurostat. Más incluso que Francia, que tiene una mayor superficie de cultivo. El principal motivo es que una vez que un país legaliza un pesticida, cualquier agricultor puede emplearlo sin ningún control, a diferencia de los medicamentos en la ganadería, que solo pueden ser recetados por un veterinario que supervisa su uso.
Grupos activistas llevan años peleando en Bruselas por una legislación más dura contra estos químicos, pero en diciembre perdieron una de las batallas más mediáticas: la renovación del permiso uso del glifosato, un principio activo que se usa para secar el cereal y acelerar su cosecha, pero que se ha demostrado cancerígeno. La Comisión aprobó hace dos meses su empleo por otros diez años más porque no los agricultores afirman que no hay una alternativa en el sector.
Estas excepciones son recurrentes en el sector fitosanitario, donde los gobiernos permiten el uso excepcional de pesticidas —de aquellos que no están permitidos en la Unión Europea— si no hay una alternativa en el mercado y se trata de una situación de emergencia. En España hay nueve excepciones activas en este momento, aunque su empleo no pude superar los 120 días por precauciones sanitarias.
Una de las exigencias de los agricultores y ganaderos de los últimos días es el endurecimiento de los controles en las fronteras, por donde entran cada día toneladas de alimentos del extranjero. El sector primario señala que España importa productos de Brasil, Marruecos o China que no cumplen con los estándares europeos y no pueden competir con ellos. Una solución a corto plazo anunciada por el Gobierno es el refuerzo de las inspecciones de frontera, que ahora son mínimas, según los últimos datos oficiales. En 2021 apenas se realizaron 255 análisis a productos importados para comprobar si tenían restos de pesticidas peligrosos, siendo España el país de la UE que menos examinó en la Unión Europea.