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España tendrá que reducir un 30% el desperdicio de alimentos en solo seis años, empezando por los hogares

Tienda Dia de Núñez de Balboa, a 3 de octubre de 2023, en Madrid.

La Unión Europea se prepara para aprobar por primera vez objetivos vinculantes para reducir el desperdicio alimentario en el continente, que asciende cada año a 132 kilos por persona. El Consejo y el Parlamento Europeo ha pactado reducir un 30% el desperdicio por persona en comercio minorista, restaurantes y hogares, todo un desafío teniendo en cuenta que la fecha límite para lograrlo es el 31 de diciembre de 2030, respecto a los años 2021-2023. España es en teoría el que mejores datos tiene de la UE, con solo 65 kilos por ciudadano, pero también tendrá que hacer un esfuerzo inédito para cumplir.

La mayor cantidad de comida se tira en los hogares, que representan el 55% del desperdicio, según los datos de Eurostat. Después están los fabricantes de comida y bebida (19%), los restaurantes (11%), los supermercados (8%) y la producción primaria (8%). El problema es que los datos tampoco son extremadamente precisos porque este problema ha empezado a seguirse recientemente a nivel europeo y las fuentes son muy limitadas.

En España funciona desde 2013 la campaña "Más alimento, menos desperdicio" para reducir las pérdidas en todos los eslabones de la cadena con campañas de publicidad, planes sectoriales y colaboración con las patronales, y desde 2015 se publica un estudio anual sobre el desperdicio en los hogares. Pero para cumplir con la nueva meta —que deberá primero ser aprobada en el Consejo y el Parlamento Europeo por separado— hará falta un plan a gran escala que ya prepara el Gobierno.

El Ministerio de Agricultura tiene lista desde 2021 la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que estuvo a punto de ser aprobada en primavera de 2023, pero cuya tramitación se paró por la convocatoria de elecciones generales. En enero de 2024 se retomó y ahora se encuentra en el Senado, por lo que debería salir adelante este año. Entre otras medidas, obliga a que cualquier empresa que trabaje con alimentos sobrantes debe priorizar su donación o redistribución a las personas, y si no, a animales. En el peor de los casos, el restaurante, la fábrica o el supermercado encargado debe garantizar que se transformen en abono, pero no puede acabar en la basura.

La ley también prohíbe cláusulas contractuales que impidan donar alimentos y fuerza a las empresas a elaborar planes para prevenir el desperdicio, por ejemplo, colaborando con bancos de alimentos, salvo en supermercados con un tamaño inferior a 1.300 metros cuadrados. Los restaurantes también deberán facilitar al cliente llevarse las sobras a su casa sin coste añadido, salvo el del envase si es de plástico de un solo uso. La ley obligará además al Ministerio de Agricultura a elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Los ODS tenían un objetivo del 50% de reducción

La normativa que tramita el Ejecutivo es anterior al objetivo de reducir el desperdicio un 30% que ahora se debate en Bruselas porque ya había un compromiso previo aún más ambicioso, pero no vinculante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, vinculados a la Agenda 2030, incluyen la meta de recortar un 50% el desperdicio alimentario entre 2015 y 2030, pero desde ese año base España ha avanzado poco. El primer estudio de desperdicio data de 2015 (solo para desperdicio en hogares) y estimó 1.325 millones de toneladas al año. El último análisis similar de 2023 contabilizó 1.183 toneladas, un 10% menos.

"El nuevo objetivo de Europa es menos ambicioso, pero seguramente más realista", reconoce Mari Cruz Martín, técnico de la ONG Enraíza, especializada en alimentación sostenible. Su organización forma parte del colectivo #LeySinDesperdicio, que defiende el fin del desperdicio alimentario, y su opinión sobre la ley que tramita ahora el Senado es que es muy descafeinada. "Precisamente nos agrupamos para presionar y lograr que la ley fuese transformadora. Pero se ha quedado en algo más parecido a una ley de residuos con grandes excepciones para las empresas. Creemos que va a ser poco ambiciosa", resume.

Durante la fase de consulta, este colectivo envió sus propuestas y ahora las han trasladado a los diferentes partidos para que las incluyan en la ley. Por ejemplo, reclaman incluir de manera clara los plazos que tiene la industria para adaptarse a las nuevas exigencias e incluir sanciones para quien incumpla. También plantean incentivar que la producción de alimentos sea más ajustada a la demanda para reducir al máximo el desperdicio y fomentar la práctica del espigueo, que consiste en recolectar frutas y verduras descartadas por los agricultores.

España, ¿la número 1?

Los datos de Eurostat de 2022 sitúan a España como el país de la UE con menos desperdicio de alimentos por persona. El problema es que en varios puntos de la cadena alimentaria, España no cuenta con cifras concretas, sino que se basa en estimaciones —sin concretar si los datos proceden del Gobierno o del propio sector—.

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Según Eurostat, en España se desperdician al año 65 kilos de comida por habitante y año, pero los datos son estimaciones en el caso de la producción primaria (16 kilos por habitante), en los supermercados (7 kilos) y en los restaurantes (6 kilos), con cifras muy inferiores a países del entorno. En Bélgica el desperdicio medio por habitante es 151 kilos al año, en Alemania son 129 y en Francia son 139 kilos.

Mari Cruz Martín recuerda que el conteo anual del Gobierno solo mide el desperdicio alimentario dentro del hogar, pero sospecha que en el resto de sectores los datos los da la industria. "Lo primero para poder cumplir los objetivos de 2030 es tener datos fiables de la situación actual", puntualiza.

El cálculo de los alimentos que se tiran en hogares españoles (26 kilos) también tiene una metodología diferente a la del resto de países de Europa, según aclara Eurostat, y no incluye por ejemplo las cáscaras de plátanos o los huesos, que sí se contabilizan en otros países. Si se compra con el desperdicio en hogares de países como Bélgica (64 kilos), Alemania (75 kilos) o Francia (58 kilos), la diferencia es abismal.

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