Un estudio del CSIC señala la situación límite de la huerta de Almería: "Es un jardín en el desierto"
A finales de la década de 1960 las familias almerienses eran un 40% más pobres que la media de hogares españoles, pero en cuestión de 30 años la renta de las familias de esta región se puso casi a la par que el resto del país. Todo gracias a la expansión de la agricultura de regadío y las plantaciones de verduras, que alimentan al centro de Europa. En tres décadas pasó de tener un cultivo residual de uva a producir millones de toneladas de sandías, pimientos y tomates, pero esa transición ha sido siempre incompatible con los recursos hídricos de una zona desértica, donde la única agua disponible estaba en el subsuelo. Esa falsa sensación de que era infinita ha dejado raquíticas las reservas, según demuestra un estudio publicado la pasada semana por seis científicos del CSIC.
Uberización de la agricultura en zonas áridas: Unos pocos se enriquecen, todos están peligro es el título del informe, publicado en la revista internacional Water Resources Management. No da lugar a duda y define cómo estos cultivos que consumen ingentes cantidades de agua están en manos de unas pocas empresas que tienden a abarcar cada vez más terreno. Los grandes beneficios se los llevan las distribuidoras, que tienen la capacidad de fijar precios, mientras ponen el gran perdedor el trabajador y los vecinos. Los autores, encabezados por Jaime Martínez, de la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC), definen a este lugar como "un jardín en el desierto".
Martínez explica a infoLibre que el proceso que vivió Almería -y otras zonas del sur- es la llamada "revolución silenciosa", un término que acuñó el geólogo Emilio Custodio. Es silenciosa porque el agua no se veía, simplemente se asumía que estaba ahí, como siguen haciendo muchos de quienes viven de ella, pese a grandes acuíferos almerienses ya se han vaciado y otros se han salinizado. "¿Cómo se puede mantener este sistema durante tantos años?", se pregunta Martínez. "Porque es muy rentable y preferimos mirar hacia otro lado. Tenemos muchas horas de sol y no hay heladas, y replicar este ecosistema en el resto de Europa es muchísimo más caro. Lo único que faltaba era el agua, pero la revolución silenciosa acabó con el problema", contesta.
Los datos recopilados en el informe hablan por sí solos. En este momento hay casi 33.000 hectáreas de cultivos bajo plástico, el equivalente a casi 50.000 campos de fútbol, y los cultivos que abarcan más terreno son la sandía, el pimiento y el tomate, que necesitan muchísima agua para crecer. Tres de cada cuatro toneladas de cultivo se exportan al extranjero, principalmente a Alemania, Francia y Reino Unido.
Esta sobreexplotación de la tierra provoca que las masas de agua subterráneas en Campo de Níjar y Campo de Dalías hayan perdido millones de litros de agua en el último medio siglo. El informe cita un estudio de 2014, que estimó que cada año se vacían 400 hectómetros cúbicos de los acuíferos en Almería, el doble del agua consume la ciudad de Madrid en un año. Como las reservas subterráneas se ubican bajo los plásticos, también se filtran a las balsas los nutrientes de los cultivos. Esta contaminación, unida a las filtraciones de agua salda del mar, provoca que algunos acuíferos sean ya inservibles.
La uberización de la agricultura almeriense de la que hablan los expertos hace referencia al modelo que tenía originalmente la empresa Uber, que une la precarización laboral y los bajos salarios, con un modelo de negocio basado en la tecnología y el crecimiento para garantizar los mayores beneficios. En este caso, el 99,99% de los cultivos de Almería se monitorizan mara maximizar su eficiencia, y como son muy rentables para los terratenientes, estos tienen el incentivo de seguir creciendo y comprar más tierras. Los ecologistas denuncian estas prácticas en otros lugares de Andalucía, como Doñana o la costa de Málaga: cuanta menos agua consumen los agricultores, en lugar de reducir las extracciones de los acuíferos, lo que hacen es aumentar los cultivos, un círculo vicioso que impide frenar la sequía.
Quienes trabajan en el campo sufren condiciones pésimas de bajos salarios, largas jornadas, contratos temporales y muchos de ellos viviendo en casas de mala calidad. Alrededor de 75.000 personas están dadas de altas en la región como agricultores, mientras que otros tantos miles trabajan como jornaleros sin contrato y viven en poblados de chabolas.
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El sistema no solo propicia el empleo precario, sino que provoca que solo los grandes empresarios agrícolas sobrevivan. Citan, por ejemplo, que levantar una hectárea de invernadero moderno cuesta entre 177.000 y 275.000 euros, y anualmente hay que gastarse otros 20.000 por hectárea en fertilizantes, semillas, maquinaria, etc. Con unos costes tan elevados, los autores hablan del sistema del pez que se muerde la cola. Cuanto más invierten, más producen. Cuanto más producen, menos cuestan las hortalizas. Para compensar la caída de precios, aumentan la producción mejorando aún más la eficiencia. Y al final el beneficio es el mismo, pero ocupando más tierras y gastando más agua. "Es una dinámica habitual para muchos agricultores. Parece que están creciendo mucho cada año, pero su nivel de vida está estancado", se lee en el estudio.
Los expertos terminan con una recomendación para corregir la situación, y lo primero que habría que hacer es incrementar el precio de origen de los productos para que los agricultores puedan lograr beneficios con parcelas más pequeñas. También llaman a formar grandes cooperativas para mejorar su capacidad de negociación frente a proveedores y clientes. "Los agricultores están machacados por los dos extremos: los vendedores de semillas y fertilizantes, y los grandes distribuidores de los productos, que ponen objetivos de cosecha a un precio forzado", afirma Jaime Martínez. Aumentar los precios también ayudaría a que sea rentable cultivar con agua depurada, que cuesta el doble o más que la de acuífero o la de embalse.
Otra vía para reducir la tensión agrícola en Almería sería sustituir parte de los cultivos de regadío por otros de secano, adaptados a las condiciones meteorológicas de la región. Es la solución que se planteó el mes pasado en el entorno del Parque Nacional de Doñana, donde el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía pagarán 12.500 euros por hectárea a quien convierta su parcela al secano.
