Dentro de la transición ecológica, y al igual que con el mercado de emisiones, la rehabilitación de edificios, el desarrollo renovable o la calefacción, hay enormes cambios a ejecutar que prometen mejorarnos la vida, pero que necesitan ser aplicados con rapidez sin dejar a nadie por el camino ni reforzar injusticias. La adopción del vehículo eléctrico como punta de lanza de la nueva movilidad es una de esas grandes transformaciones, y en España, aunque hay avances, la caja de cambios está atascada en primera; el fin de los vehículos de combustión, contaminantes y emisores, está decretado, pero sigue sin estar clara la alternativa, ya sea pública o privada.
Este miércoles, el Parlamento Europeo aprobó prohibir la venta de vehículos nuevos de diésel o gasolina a partir de 2035. La fecha en España es 2040, con la intención de que en 2050 se prohíba la circulación de todos los modelos que emitan CO2, en base a la Ley de Cambio Climático. Si el país, habida cuenta de que la acción climática es urgente, quiere acelerar de la misma manera, tiene que ponerse las baterías. A día de hoy, hay varios obstáculos.
Por el momento, el principal es la falta de puntos de recarga y lo poco atractivo que, en general, sigue siendo el coche eléctrico para el consumidor español, muy por debajo de la media europea. Los datos que han aportado esta semana varios informes y análisis son demoledores. Según el Barómetro de la Electromovilidad realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que valora tanto la penetración de vehículos electrificados como la instalación de infraestructura de recarga, "España continúa alejándose de los países de su entorno", con una puntuación de 13,3, muy por debajo de la media de la Unión Europea, de 28,1, y de países como Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal e Italia.
Tampoco se está registrando un ritmo de crecimiento destacable, ni en compra de vehículos eléctricos ni en desarrollo de la infraestructura. En cuanto al mercado, "España se sitúa en el grupo de países que menos crece de media (+2 puntos) junto a otros como Italia (+0.8 puntos), Hungría (+1,9 puntos) o República Checa (+0,5 puntos)", explica Anfac. Y en cuanto a puntos de recarga, "en el primer trimestre del año, España logra aumentar 7 décimas, hasta una valoración de 4,8 puntos sobre 100".
Esta misma semana, otro estudio firmado por Ecodes y el Observatorio de la Sostenibilidad ha mostrado que, además de haber pocas electrolineras, están muy mal repartidas: "Tan solo un 36% de los puntos de carga se encuentran en el territorio rural o en carreteras principales, y únicamente 2% de los conectores disponibles cuentan con una potencia superior o igual a 150 kW", que permiten una carga rápida de menos de media hora, explican las organizaciones.
El objetivo marcado por el Gobierno español es es alcanzar, en el año 2023, los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga en toda la red. En mayo, apenas se registraron 2.300 eléctricos puros, sin motor de combustión. En cuanto a la infraestructura, por ahora, estamos en 12.244 puntos, y es probable que no se alcancen los 45.000 que se han fijado para final de 2022 en base al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Los datos no son buenos. La buena noticia es que el margen de mejora es abrumador. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico, pretende "movilizar" 11,855 millones de euros: se han recibido solicitudes para recibir 5.927 millones de euros de subvención en base a 12 "proyectos tractores", "conformados por 487 proyectos primarios que involucran a 327 empresas". El Ministerio de Industria calcula que, por cada euro de ayuda, se implicarán cuatro euros de inversión privada: de ahí la cifra. Es evidente que el dinero público logrará mejorar las cifras del vehículo eléctrico; pero aún es una incógnita si se llegarán a los objetivos de 2023, de 2030 y al gran hito planteado en 2035 por el Parlamento Europeo.
También ayudará que, a partir de agosto 2023, más de mil gasolineras estarán obligadas a poner un punto de recarga, en base a la Ley de Cambio Climático; 200 de ellas, las de más de 10 millones de litros de ventas de gasóleo y gasolina lo tendrán que hacer antes de abril de 2023. Sin embargo, hay carencias que la lluvia de dinero no va a solventar a corto y a medio plazo, y que tienen que ver con la accesibilidad de la tecnología; si las clases bajas se ven obligadas a renunciar a los coches contaminantes, pero no puede acceder a los limpios y carecen de un transporte público barato, seguro y fiable, la transición ecológica agrandará en vez de cerrar la brecha entre ricos y pobres, con la injusticia y la tensión que supone.
Un punto de carga para vehículos eléctricos por cada 349 kilómetros cuadrados de la España rural
"El Plan Moves es un desastre", sentencia aquí el periodista especializado en movilidad eléctrica Eduardo Arcos. La línea de ayudas para comprar vehículos eléctricos, cuya tercera edición sigue vigente y con presupuesto en varias comunidades autónomas, no funciona como debería funcionar: el dinero puede tardar meses o años en llegar y requiere de compleja burocracia para que la petición sea aprobada. Teniendo en cuenta que los coches limpios siguen sin ser baratos, la complejidad y los retrasos en la subvención despegan a los menos pudientes de la tecnología. En Francia, las ayudas son tramitadas por el concesionario, no por el consumidor, que no tiene que preocuparse de nada.
Y, por otro lado, los ya conocidos cuellos de botella en el suministro de materias primas complican el abaratamiento de la movilidad electrificada a corto y medio plazo. La demanda de litio podría triplicarse en 2025 y la oferta no está siendo capaz de corresponder a la necesidad creciente; el mineral ha pasado de costar 15.000 dólares/tonelada hace unos años a 80.000. La guerra de Ucrania solo ha empeorado el panorama. Según un informe de la consultora E Source, hasta 2028 no empezarán a abaratarse las celdas de las baterías que necesitan este elemento; solo siete años antes de la teórica prohibición a la combustión que aprobó este miércoles el Parlamento Europeo.
Los coches eléctricos también necesitan cobre, cobalto y otros minerales aún más escasos. En un mundo que necesita una urgente descarbonización, hay una pregunta que flota en el ambiente sin resolver: ¿será capaz el vehículo eléctrico de sustituir, en su totalidad, el inmenso parque móvil fósil actual? Y una derivada que tiene que ver no solo con economía sino con política: siendo las opciones compartidas, colectivas y comunes de movilidad más respetuosas con los límites del crecimiento, ¿debería hacerlo? Un vehículo eléctrico compartido puede suplir las necesidades de cinco privados; pero, bajo ese esquema, sería necesario no solo dinero europeo, sino una reconversión y reestructuración del sector. La transición ecológica necesita financiación, audacia y valentía.
Dentro de la transición ecológica, y al igual que con el mercado de emisiones, la rehabilitación de edificios, el desarrollo renovable o la calefacción, hay enormes cambios a ejecutar que prometen mejorarnos la vida, pero que necesitan ser aplicados con rapidez sin dejar a nadie por el camino ni reforzar injusticias. La adopción del vehículo eléctrico como punta de lanza de la nueva movilidad es una de esas grandes transformaciones, y en España, aunque hay avances, la caja de cambios está atascada en primera; el fin de los vehículos de combustión, contaminantes y emisores, está decretado, pero sigue sin estar clara la alternativa, ya sea pública o privada.