"Stop importaciones fuera de las normas", se leía este lunes en un tractor atravesado en la autopista A-4, que bloqueaba la carretera camino a París. El mensaje es el mismo que pronunció este domingo el joven y recién estrenado primer ministro francés, Gabriel Attal, quien acusó a España —sin referirse a este país directamente— de hacer "una competencia desleal" a los agricultores franceses. El político repitió un bulo que ha calado entre algunos profesionales galos, que creen que los países del sur y el este de Europa se saltan las normas para producir más barato.
Las palabras de Attal sentaron mal al Gobierno español y a las asociaciones agrarias, pero todos los actores coinciden en que se trata más de un mensaje populista para calmar al campo que de una acusación real, ya que todos los países de la Unión comparten la misma normativa en esta materia. Attal también replicó el discurso nacionalista de producir en casa y reducir las importaciones, aunque obvió que Francia es el principal proveedor de productos agroalimentarios de España.
Esta radicalización del discurso se entiende desde la península como una respuesta al auge de la extrema derecha francesa, y un intento de calmar las manifestaciones agrarias que radica en el poder desorbitado del campo francés sobre la política nacional. Hay casi 400.000 agricultores en el país y más de la mitad están sindicados en la gigante FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrarias), una de las mayores agrupaciones agrarias de Europa, con una capacidad para movilizar el voto rural que es clave en muchas circunscripciones.
Eduardo Moyano, exinvestigador del CSIC y especialista en asociacionismo agrario, explica que el sindicalismo en el campo francés está profundamente arraigado y desde que comenzó la Quinta República en 1958 este sector ha tenido mucho más poder que en el resto de países europeos. "Se firmó un pacto nacional entre el Estado y el sector agroalimentario y todo lo que les incumbe tiene que ser negociado. El problema es que en los últimos años han entrado en la mesa las asociaciones de consumidores y los ecologistas y el modelo original se ha deshilachado", opina el experto, ya jubilado.
El sindicato francés tiene cedidas además competencias estatales, como la formación de profesionales, por lo que reciben más presupuesto público que en otros países. El sector primario francés también domina las llamadas Cámaras Agrarias, un órgano con 750 millones de euros de presupuesto anual que gestiona la Política Agraria Común (PAC), las ayudas por desastres o la subvenciones europeas, políticas que en España y otros países están centralizadas en el Gobierno.
Moyano entiende que el gran malestar en el campo francés es una combinación de dificultades económicas con una pérdida progresiva de esta autonomía. "Tienen la sensación de que han llegado los ecologistas y la Unión Europea a poner reglas en un sector acostumbrado a hacer lo que quería. El problema es que yo ahí veo una gran contradicción: rechazan las injerencias, pero necesitan la PAC para sobrevivir. Igual que culpan siempre a los supermercados, pero los necesitan para vender sus productos", opina.
La gran guerra de las organizaciones agrícolas francesas, que se repite en Alemania, Países Bajos, Polonia, Bélgica y también en España, se ha agudizado con la negociación en Bruselas del Pacto Verde Europeo, que llegó en 2020 para transformar por completo la agricultura y la ganadería. Los profesionales señalan que el fin de las ayudas a los combustibles encarecen sus productos, las cubiertas vegetales se comen parte del terreno, o las leyes de bienestar animal reducen la productividad de las granjas. También es cierto que las explotaciones que invierten cientos de miles de euros en adaptarse a las nuevas leyes verdes tienen acceso a ayudas europeas y aumentan la eficiencia de sus explotaciones.
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El primer ministro francés quiso el domingo calmar a los agricultores con un mensaje claramente político al señalar a España como el culpable de sus problemas, resumen desde las asociaciones agrarias. "Francia sufre una deriva populista y el Gobierno está acorralado por los agricultores, por eso han buscado un enemigo externo", afirma Rubén Villanueva, portavoz de la organización agraria española COAG.
En España el problema francés no es ajeno, y Vox también ha aprovechado en los últimos años ese malestar para caldear la política en regiones como Castilla y León, Extremadura o Andalucía, como ocurrió con la crisis de la tuberculosis bovina. De hecho, este lunes, la asociación agraria Asaja Valencia sacó un comunicado pidiendo a sus compañeros franceses que permanezcan unidos contra el "enemigo común, que no es otro que la Comisión Europea". El comunicado cargó contra "la política basada en un ecologismo filosófico y radical que no pisa tierra, y sí a la garantía de precios justos, autosuficiencia alimentaria y lucha contra el cambio climático".
El discurso de la "autosuficiencia" coincide con la "independencia" y la "soberanía" alimentaria que reclamó este domingo el primer ministro francés durante su vista a una zona agrícola. Gabriel Attal cargó frente a los agricultores contra las importaciones de frutas y verduras de terceros países, principalmente España e Italia. Si bien Francia es el principal destino de los productos agroalimentarios españoles (el 15,3%), también es el principal suministrador de España (12,7%).
"Stop importaciones fuera de las normas", se leía este lunes en un tractor atravesado en la autopista A-4, que bloqueaba la carretera camino a París. El mensaje es el mismo que pronunció este domingo el joven y recién estrenado primer ministro francés, Gabriel Attal, quien acusó a España —sin referirse a este país directamente— de hacer "una competencia desleal" a los agricultores franceses. El político repitió un bulo que ha calado entre algunos profesionales galos, que creen que los países del sur y el este de Europa se saltan las normas para producir más barato.