Garzón pide a Sánchez desbloquear la norma sobre publicidad del azúcar para que no se quede en un cajón
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, quiere zanjar en las próximas cuatro semanas la batalla que mantiene con el Ministerio de Agricultura para sacar adelante el decreto que prohÍbe la publicidad de alimentos azucarados enfocada a niños y adolescentes. Fuentes de alto nivel de Consumo aseguran que van a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se posicione a favor o en contra de la norma en los próximos días. Y adelantan que si antes del 31 de marzo la decisión no está tomada, la norma morirá porque no llegará a tiempo para aprobarse esta legislatura.
La pugna entre los dos ministerios lleva medio año estancada y el gabinete de Alberto Garzón no quiere seguir estirando la incertidumbre, según transmite su círculo. Para ello, Yolanda Díaz, —líder de Unidas Podemos en el Gobierno y aliada política de Garzón— trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el momento de dar salida al Real Decreto. Ya sea para dar la razón a Consumo y sacar adelante la norma, o para posicionarse con Luis Planas, el responsable de Agricultura, y dejarla morir.
El decreto preparado por el equipo de Alberto Garzón salió a la luz en otoño de 2021 con el objetivo de evitar que los menores de 15 años, a quien consideran población vulnerable, no reciban impactos publicitarios que inciten a la compra de productos como zumos, chocolate o bebidas energéticas, por su impacto en la salud. Según un estudio de este ministerio, cuatro de cada diez niños tienen sobrepeso.
El proyecto contó con el visto bueno del presidente Sánchez, que lo incluyó en su estrategia contra la obesidad infantil que presentó en junio de 2022, donde se recogía la necesidad de "desarrollar regulación del marketing de alimentos y bebidas" que fomentasen el sobrepeso, y entre ellos se señalan los productos con alto contenido en azúcar.
Pero en la fase final de las negociaciones internas con otros ministerios, Industria y especialmente Agricultura, emitieron informes negativos que han paralizado la norma, como afirma Consumo. Según su versión, Planas está ahora enrocado en proteger los intereses de una parte de la industria de los alimentos procesados, una visión que choca con la defensa de los consumidores. Desde Agricultura afirman que ellos no han bloqueado el proyecto, sino que se está negociando a nivel técnico.
Según la última versión del borrador del decreto, que ya ha sido sometido a consulta pública para que empresas y ciudadanos hagan sus aportaciones, prohibiría todos los anuncios de productos azucarados en radio y televisión en horario infantil, las horas donde los menores de 15 años supongan más del 20% de los espectadores. Fuera de estas horas, solo restringirá la publicidad de estos alimentos que hagan alusión a los menores o estén destinados a captar su atención.
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El borrador de la norma también prohíbe esos anuncios de productos azucarados en internet, el principal canal por donde reciben estos impactos. Concretamente, el ministerio de Consumo ya ha acordado con empresas tecnológicas como TikTok y YouTube (Google) que esta publicidad no podrá reproducirse en usuarios menores de esa edad. Una norma similar ya se aplica en Reino Unido, Portugal y Noruega y Bruselas estudia ahora implantar esta restricción en toda la Unión.
La pugna entre Garzón y Planas ha sido una constante en la legislatura por su choque de competencias en temas de nutrición, como en la polémica sobre el consumo de carne roja y en el establecimiento de un etiquetado por colores. Si Consumo tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos a la hora de ir al supermercado, Agricultura es el encargado de establecer la política alimentaria; el choque también es político, ya que el primero pertenece al lado del Gobierno de Unidas Podemos y el segundo al PSOE. Por ahora, el único tira y afloja que ha logrado ganar Garzón fue el incremento del IVA a las bebidas azucaradas, que sacó adelante con Hacienda pese a la oposición de Planas.
El choque sobre la publicidad de los productos azucarados tiene los días contados porque el Ministerio de Consumo calcula que a partir de abril sería demasiado tarde para sacarlo adelante. Según sus estimaciones, una vez tenga el visto bueno del Gobierno, el texto pasará tres meses en Bruselas para que sea revisado por la Comisión, tardará dos meses más en ser supervisado por el Consejo de Estado y después sería finalmente aprobado en Consejo de Ministros. Para cumplir con ese calendario antes de que acabe esta legislatura en noviembre tendría que estar listo de aquí a cuatro semanas.
