El año pasado la sequía causó unas pérdidas históricas en el campo español y el sistema de pólizas sufrió como nunca en sus más de cuatro décadas de historia, pero las aseguradoras evitaron registrar pérdidas por un escaso margen. Sin embargo, en 2024 la situación es mucho más ajustada porque la hucha que tienen las compañías aseguradoras y el Gobierno para cubrir los daños extraordinarios en el campo está al límite y no soportarían otro año igual. En caso de repetirse, una parte de las indemnizaciones tendrían que ser cubiertas por las empresas y el Estado, tensando todavía más un sistema que está al límite, aunque los agricultores y ganaderos tienen su cobertura garantizada.
La alarma la dio hace unos días Agroseguro, el consorcio de 16 aseguradoras que cubren los siniestros en el sector primario. En la presentación de sus cuentas anuales de 2023 reveló que su hucha para siniestros inesperados, la llamada reserva de estabilización, apenas atesora 33,2 millones de euros, y el año pasado sacaron de ella 41 millones, "lo que quiere decir que, de repetirse el resultado en 2024, quedaría más que agotada", reconoce Agroseguro, donde Caser, Mapfre y Pelayo son los principales accionistas.
Esa hucha se ha rellenado durante años con unas primas anuales que pagan los asegurados para cubrir los daños de los años malos en los que las primas no son suficientes para pagar las indemnizaciones, pero el cambio climático ha convertido la excepción en una regla. El año pasado, la siniestralidad total de los clientes de Agroseguro fue de 1.241 millones, un 57% más que en 2022, y la sequía representó 42 de cada 100 euros pagados en indemnizaciones.
Sergio Andrés Osorio, director general de Agroseguro, reconoce que el sector asegurador está preocupado por la situación porque en los últimos tres años se han registrado pérdidas agrícolas récord. En todo caso, insiste en que si se agota esta reserva, los asegurados no lo notarán, sino que serán las 16 compañías las que aportarán los millones que hagan falta para garantizar las indemnizaciones. "La reserva está en niveles mínimos, pero la buena noticia es que por ahora ninguna compañía ha registrado pérdidas. Este año estamos expectantes, pero de momento las lluvias apuntan a una mejoría", añade Osorio.
Según los datos de Transición Ecológica, este año los embalses se encuentran al 58% de capacidad, mientras que el año pasado estaban al 52% en estas fechas, lo que invita al optimismo en el sector. Aunque también es cierto que el grueso de las pérdidas se dan entre abril y octubre, el principal periodo de cosecha y los meses en los que arrecia la sequía, el pedrisco y las inundaciones. Por otra parte, las lluvias de las últimas semanas han regado la mitad norte de la península, pero Andalucía, Murcia y algunas zonas de Cataluña siguen en alerta por sequía.
La hucha de Agroseguro no es la única que peligra. Como el sistema de indemnizaciones agrarias es imposible de mantener en la actualidad por las elevadísimas pérdidas —el año pasado el 58% de la superficie asegurada sufrió daños—, la ley de seguros agrarios contempla que el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, debe ejercer de coaseguro mediante con un fondo extraordinario, otra hucha que está al límite. Esta reserva de estabilización se ha rellenado durante las últimas décadas con las aportaciones de los agricultores, pero desde 2017 ha ido perdiendo dinero para garantizar las indemnizaciones al campo, hasta tal punto que el año pasado salieron de esta hucha 458 millones de euros y quedan ahora unos 350 millones. Es decir, si este año se repiten los daños en el campo de 2023, este fondo sería insuficiente, y la ley recoge que la diferencia tendrá que ser cubierta con los presupuestos generales del Estado.
Encarecimiento de los seguros
Para compensar el aumento astronómico de la siniestralidad, los agricultores han sufrido en los últimos tres años un encarecimiento de los seguros y una rebaja de las coberturas. También el Gobierno central, a través de Agricultura, ha incrementado hasta una cuantía récord las subvenciones que entrega al sector para abaratar las pólizas. En 2023, este ministerio aportó 400 millones de euros y las comunidades autónomas otros 128 millones, y en 2024 Agricultura prevé una subvención de 284,5 millones. El Fondo de Compensación también aportó el año pasado 458 millones, pero no es dinero público, sino de los asegurados, aunque gestionado por Economía.
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Pedro García, encargado de Seguros en la organización agrícola COAG, afirma que los profesionales están sufriendo subidas muy agresivas en el precio del seguro, aunque depende del cultivo y la zona. Cita por ejemplo a algunos agricultores de herbáceo a los que la póliza ha subido más de un 100% en un año porque sufren daños recurrentes durante varias temporadas seguidas. "Hay seguros que cubrían el 90% de lo cultivado y ahora han bajado al 50%, con un 30% de franquicia. En este caso, si pierdes todo tu cultivo por la sequía o una helada, solo te devuelven el 20% de lo invertido, una miseria", resume.
Por el lado de las compañías, Osorio defiende que subir las primas es el último recurso en esta crisis, y antes de eso retocan las coberturas o elevan las franquicias de los clientes. Aun así, señala que ahora se están centrando en actuar sobre los que reportan daños año tras año, que son los que desequilibran el sistema de pólizas. "Ahora trabajamos en la individualización, porque hay un 3% o un 4% de los asegurados con una siniestralidad alta permanente que perjudican al resto, porque representan el 16% de las indemnizaciones. Estamos hablando de que reciben cuatro o cinco veces la prima que pagan", explica.
Al mismo tiempo que aumentan los siniestros, cada vez hay más hectáreas de cultivos aseguradas por miedo a perder la cosecha debido a la climatología. Y cuanto más terreno hay cubierto, mayores son los daños globales, ya que Agroseguro no puede rechazar la protección a un agricultor, por ley, un círculo vicioso que engorda la factura anual de siniestros. "Este año ha subido alrededor de un 7% la contratación frente a 2023, que ya fue de récord. Es evidente que cada vez hay más riesgos climáticos y no queda casi ningún agricultor profesional sin asegurar", afirma Osorio.
El año pasado la sequía causó unas pérdidas históricas en el campo español y el sistema de pólizas sufrió como nunca en sus más de cuatro décadas de historia, pero las aseguradoras evitaron registrar pérdidas por un escaso margen. Sin embargo, en 2024 la situación es mucho más ajustada porque la hucha que tienen las compañías aseguradoras y el Gobierno para cubrir los daños extraordinarios en el campo está al límite y no soportarían otro año igual. En caso de repetirse, una parte de las indemnizaciones tendrían que ser cubiertas por las empresas y el Estado, tensando todavía más un sistema que está al límite, aunque los agricultores y ganaderos tienen su cobertura garantizada.