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Las nucleares admiten que solo serán viables en España a largo plazo con una fuerte rebaja de impuestos

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El sector nuclear español continúa su tira y afloja para extender la vida de los siete reactores que operan en el país. No ha habido una petición formal de los dueños de las centrales para modificar el calendario de cierre, que comienza en 2027 y termina en 2035, pero la patronal del sector ha garantizado este martes que su voluntad es estirar la vida de las centrales. Sin embargo, el panorama de precios bajos de la luz, que han llegado para quedarse, hace que la tecnología no pueda competir con las renovables y piden una bajada de impuestos para ser económicamente rentables.

"Solo en impuestos pagamos cada año por generar electricidad entre 900 y 1.000 millones de euros, antes incluso de llegar a vender la energía. Por supuesto que querríamos seguir funcionando si nos los quitasen", señaló este martes Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, durante un encuentro con la prensa.

El también exdirector de la central de Almaraz criticó que buena parte de los impuestos que tienen no se imponen a otras tecnologías eléctricas, por lo que no compiten en igualdad de condiciones. La patronal estima que pagan en tributos unos 17 o 18 euros/MWh de energía generada, que sumados a la tasa Enresa para la gestión de los residuos, ascienden a unos 26 euros/MWh, y como estos días la electricidad tiene un precio en el mercado mayorista cercano a los 0 euros/MWh, no sale rentable operar. Sin embargo, no siempre el escenario es tan dramático. En los días de precios normales, de unos 50 euros/MWh, los impuestos y tasas no superan a los ingresos. Según un informe publicado el mes pasado por la consultora PwC, la suma de todos ellos representan entre el 30% y el 40% de la facturación de las centrales nucleares, pero sigue sin ser suficiente para que el negocio sea rentable. En el sector nuclear siempre se ha hablado de que el umbral de rentabilidad estaría en la venta de electricidad a entre 60 y 70 euros/MWh.

Araluce criticó principalmente el impuesto sobre el combustible nuclear gastado, que son unos 5 euros/MWh, porque entiende que ya pagan ese tributo dentro de la tasa Enresa. También citó los impuestos autonómicos, que dependen de la comunidad autónoma y que suelen ser unos 5 euros/MWh, salvo en Cataluña, donde son 6,65 euros/MWh. "En teoría es un impuesto ambiental que debería estar incluido en la tasa Enresa, y que termina dedicándose a la financiación autonómica", señala. "Evidentemente, si nos quitaran esos impuestos seríamos más competitivos", reiteró. A estos tributos se suman otros más reducidos y exclusivos de la nuclear, como el que grava el almacenamiento del combustible nuclear gastado.

No obstante, el resto de tecnologías también pagan impuestos por generar energía. Todas las instalaciones, incluidas las renovables, pagan su impuesto de sociedades, el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica o el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Algunas comunidades han establecido también impuestos autonómicos, incluso a la eólica y la solar, por su impacto ambiental, como Aragón, Castilla-La Mancha o Galicia. En los municipios, todas las tecnologías pagan, como cualquier empresa, el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Actividades Económicas, entre otros.

La insistencia Foro Nuclear sobre la extensión de la vida de los reactores españoles es un tema recurrente en el sector energético desde que en 2019 los dueños de las centrales pactasen con el Gobierno el cierre nuclear, pero los directivos de las principales eléctricas no han movido ficha por el momento. José Bogás, consejero delegado de Endesa —junto a Iberdrola, la principal productora de energía nuclear— dejó caer en febrero que su idea es pedir al Gobierno retrasar el calendario de clausura, pero que la decisión final es del Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha confirmado en varias ocasiones que su compañía está comprometida con el apagón de los reactores.

Disputa por la tasa Enresa

Lo que sí tiene claro el sector es que las cuatro eléctricas que participan en la producción nuclear (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EdP) tendrán que continuar pagando la llamada tasa Enresa, un fondo para costear el futuro desmantelamiento de los siete reactores españoles y la gestión a medio y largo plazo de los residuos radioactivos. En 2019, las cuatro compañías y el Gobierno pactaron establecer la tasa en 7,98 euros/MWh para cubrir toda la operación, que durará hasta final de siglo, pero Transición Ecológica transformó en 2023 su Plan General de Residuos Radioactivos y elevó su coste hasta los 20.219 millones de euros, unos 2.000 millones más caro que el proyecto cerrado en 2019.

La razón es que el plan anterior contemplaba construir un único almacén central para los residuos de los siete reactores en Villar de Cañas (Cuenca), pero esa idea se ha sustituido por la construcción de cinco almacenes temporales donde se ubican ahora las centrales que acojan hasta 2073 esos residuos. A partir de esa fecha, se trasladarán a un almacén definitivo y subterráneo en una ubicación de la península desconocida por ahora.

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Esa actualización del plan ha derivado en una disputa entre la Administración y las compañías debido a que el Gobierno aspira a encarecer la tasa Enresa hasta los 10,36 euros/MWh para compensar el encarecimiento del proyecto, pero las nucleares se niegan. "Nosotros nos dimos la mano de que nos íbamos a encargar de todo, pero ahora quieren que paguemos todavía más porque no se han puesto de acuerdo con la sociedad y las administraciones. Se ha deslizado que no queremos pagar por nuestros residuos, pero es una mentira patatera. Lo que no queremos es que nos cambien el plan porque no llegan a un acuerdo y encima que nos lo hagan pagar a nosotros", dijo Araluce este martes. Para frenar estos cambios, el líder de la patronal afirmó que ya han presentado alegaciones contra el plan de subida del Gobierno de la tasa Enresa para tener acceso a la memoria financiera del documento, y una vez accedan a ella, enviarán nuevas alegaciones. Foro Nuclear también ha recurrido ante el Tribunal Supremo el nuevo Plan General de Residuos y está a la espera de una respuesta.

Sin impacto por los precios cero de la luz

Otro tema que abordó la patronal es el escenario actual de precios en la subasta diaria del mercado eléctrico, puesto que durante las horas de sol la energía se vende normalmente a 0 euros/MWh, o incluso a precios negativos de unos pocos céntimos. Las centrales nucleares son a priori algunas de las compañías afectadas por estos precios, ya que no tienen la flexibilidad para parar y arrancar sus reactores para producir en las horas a las que la luz es más cara, como sí pueden otras tecnologías, y están condenadas a vender su electricidad por debajo de coste.

Sin embargo, Araluce señaló que la mayoría de los dueños de las nucleares españolas venden su electricidad mediante a sus propias comercializadoras a un precio fijo mediante contratos a largo plazo, de forma que no están afectadas por el precio del mercado diario. También se ha visto en las últimas semanas cómo todas las centrales nucleares españolas han aprovechado para parar temporalmente o reducir su generación, salvo Vandellós II, que no pudo reducir su potencia porque estaba preparándose para un proceso de recarga de combustible. Estos parones se han producido, según Araluce, porque es más rentable para las compañías comprar la luz a cero euros en el mercado mayorista que generarla con sus centrales, que producen gratis, pero tienen que pagar impuestos por cada megavatio generado.

El sector nuclear español continúa su tira y afloja para extender la vida de los siete reactores que operan en el país. No ha habido una petición formal de los dueños de las centrales para modificar el calendario de cierre, que comienza en 2027 y termina en 2035, pero la patronal del sector ha garantizado este martes que su voluntad es estirar la vida de las centrales. Sin embargo, el panorama de precios bajos de la luz, que han llegado para quedarse, hace que la tecnología no pueda competir con las renovables y piden una bajada de impuestos para ser económicamente rentables.

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