El Ministerio de Transición Ecológica ha vuelto a iniciar el proceso de negociación de la tasa Enresa que pagan las eléctricas por el desmantelamiento de los reactores y la gestión de los residuos, una labor que durará lo que queda de siglo y costará más de 20.000 millones de euros. El Gobierno presentó en diciembre el nuevo plan de gestión de residuos radiactivos, 2.000 millones de euros más caro que el anterior, y en enero planteó incrementar la llamada tasa Enresa un 40% hasta los 11,14 euros por megavatio hora generado para cubrir este desajuste, lo que enfureció a las eléctricas. El sábado 2 de marzo, sin embargo, Transición Ecológica retiró su propuesta y se abre ahora a empezar un nuevo diálogo con las compañías, aunque sin apenas margen de negociación: o se sube la tasa, o se extiende la vida de las centrales, o el Estado cubre el sobrecoste.
El origen de la disputa proviene de que el Gobierno y las cuatro propietarias de los reactores (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EdP) pactaron en 2019 un apagón nuclear escalonado y el traslado de las barras de uranio a un almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). Para sufragar el proyecto, las compañías pagarían 7,98 euros por cada megavatio hora (€/MWh) generado en sus reactores hasta el cierre definitivo de las centrales en 2035. Sin embargo, en 2022 el Ejecutivo desechó la idea del almacén central porque Castilla-La Mancha (PSOE) se opuso a su construcción (el ayuntamiento de Villar de Cañas, del PP, era favorable) y se decidió apostar por siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en cada una de las centrales existentes.
Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radioactivos, calculó que este cambio encarece el cierre nuclear, y fijó el recibo total entre 2024 y 2100 en 20.219 millones de euros, unos 2.000 millones de euros más caro que la propuesta inicial. También subió el precio la inflación y la decisión del Gobierno de aumentar las compensaciones a los municipios afectados. El pasado 27 de diciembre el Gobierno aprobó el 7º Plan General de Residuos Radiactivos que proyectaba las siete instalaciones y en enero publicó una propuesta de real decreto que actualizaba la financiación del plan, que requiere muchos más aportes de los dueños de las centrales: eleva un 40% la tasa que pagan, de 7,98 €/MWh a 11,40 €/MWh, subida que comenzaría el próximo 1 de julio.
Sin embargo, las eléctricas saltaron contra Transición Ecológica con el argumento de que su pacto era otro, y si ahora deciden dividir los almacenes en siete localizaciones por disputas políticas, ellos no deberían pagarlo. "Las soluciones adoptadas en el nuevo Plan suponen un coste muy superior al previsto inicialmente debido a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas y, por tanto, en ningún caso deberían imputarse dichos sobrecostes a las centrales nucleares", argumenta Foro Nuclear, la patronal del sector. Además de difundir públicamente su enfado, Foro Nuclear presentó el 27 de febrero dos recursos ante el Tribunal Supremo sobre este asunto, uno por descartar el cementerio de Villar de Cañas y otro sobre la totalidad del plan de resiudos.
Tras la ofensiva de las compañías, el Ministerio de Transición Ecológica ha decidido reiniciar el proceso negociador para seguir el mismo proceso que en 2019, cuando se sentaron con el sector para firmar una revisión de la tasa Enresa ajustada a la realidad, un 19% superior a la que acordaron en 2009. El nuevo proyecto de Real Decreto ya no recoge la cifra de 11,40 €/MWh, por lo que se entiende que el Gobierno está abierto discutir la subida de la tasa.
Las eléctricas creen que el nuevo proceso de negociación será más garantista porque escuchará a todas las partes, y proponen que si se quiere subir la tasa, se bajen los impuestos a las nucleares, los más altos de las tecnologías de generación. Según argumentan, ellos ya se comprometieron en 2019 a aumentar un 19% la tasa Enresa hasta los 7,98 €/MWh para contribuir con 460 millones al año, y subir ahora la tasa un 40% hace si negocio inviable. Un estudio de la consultora PwC para el sector publicado en febrero calcula que las nucleares pagan unos 25 €/MWh entre impuestos y tasa Enresa, el equivalente a entre el 35% y el 40% de la facturación de las centrales, y con la subida de la tasa propuesta, alcanzarían el 50%.
El choque político alrededor de Villar de Cañas se remonta más de una década. En diciembre de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy, que acababa de ganar las elecciones, decide establecer en este municipio de menos de 400 habitantes el cementerio temporal de los residuos nucleares del país, con el apoyo del ayuntamiento y la comunidad autónoma, gobernados también por el PP. Sin embargo, durante la primera legislatura de Pedro Sánchez, el PSOE paralizó en 2018 este plan, ya con los terrenos asignados, debido a que el presidente autonómico Emiliano García-Page estaba era contrario a su construcción.
En todo caso, los siete almacenes que se planean construir son temporales. El objetivo del Gobierno es almacenar los residuos en un cementerio subterráneo que estará operativo en 2073, aunque todavía no se ha elegido su ubicación. Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid, garantiza que los siete depósitos temporales serán absolutamente seguros. Consistirán en contenedores de acero cerrados herméticamente que estarán recubiertos a su vez por paredes de hormigón de un metro de grosor.
La nuclear, desplazada por las renovables
Las renovables generaron este viernes el 75% de la energía y reducen la nuclear a su mínimo en una década
La propuesta de encarecimiento de la tasa Enresa llega en un momento complicado para la nuclear por el fuerte protagonismo de las renovables. La semana pasada la producción de energía eólica fue muy fuerte en España, mientras que la solar generó una cifra récord de electricidad el pasado martes y miércoles, hundiendo el precio de la electricidad en el mercado mayorista de la luz. Si en 2023 el precio medio de la electricidad fue de 133 €/MWh, los últimos días se ha estado vendiendo por debajo de 10 €/MWh, un valor que no es competitivo para la generación nuclear.
De esta manera, algunos de los reactores han reducido la potencia de sus reactores estos días para minimizar las pérdidas. Si en el último año las centrales nucleares han producido alrededor del 21% de la electricidad del país, en lo que va de marzo ha generado un 16,2%, y este lunes y martes esta tecnología se quedó en el 11,4% porque algunas centrales han reducido potencia. De hecho, este fin de semana Iberdrola anunció el parón de sus reactores Almaraz I y Cofrentes, y en noviembre se produjo un pico de producción eólica de tal calibre que la nuclear redujo potencia hasta el mínimo desde que hay registros.
La situación para el sector atómico se complica más año a año debido a que las energías limpias y baratas ocupan cada vez más producción, dejando fuera del mercado a la nuclear. Los defensores de las renovables argumentan que la energía atómica no tiene futuro en este panorama de precios, mientras que el sector nuclear recuerda que ellos garantizan energía limpia y barata todo el año, mientras que la solar y la eólica son estacionales.
El Ministerio de Transición Ecológica ha vuelto a iniciar el proceso de negociación de la tasa Enresa que pagan las eléctricas por el desmantelamiento de los reactores y la gestión de los residuos, una labor que durará lo que queda de siglo y costará más de 20.000 millones de euros. El Gobierno presentó en diciembre el nuevo plan de gestión de residuos radiactivos, 2.000 millones de euros más caro que el anterior, y en enero planteó incrementar la llamada tasa Enresa un 40% hasta los 11,14 euros por megavatio hora generado para cubrir este desajuste, lo que enfureció a las eléctricas. El sábado 2 de marzo, sin embargo, Transición Ecológica retiró su propuesta y se abre ahora a empezar un nuevo diálogo con las compañías, aunque sin apenas margen de negociación: o se sube la tasa, o se extiende la vida de las centrales, o el Estado cubre el sobrecoste.