La manifestación masiva de Canarias contra el turismo ha resucitado un malestar que lleva años gestándose en la costa catalana, especialmente en Barcelona. El número de viajeros extranjeros se ha duplicado en desde 2019 hasta los 7,25 millones, más de cuatro veces la población de la ciudad, y las leyes locales y autonómicas para frenar las visitas —tasa turística, limitación a Airbnb y moratoria a nuevos hoteles— no resuelven el problema. Las organizaciones sociales denuncian que tras la pandemia, el sector se ha rearmado, está más fuerte que nunca y recibe un trato preferente en medio de una sequía histórica.
Los números en Barcelona son demoledores. Los últimos datos de 2022 muestran que la ciudad tiene 480 hoteles, frente a los 176 de hace dos décadas. Tiene incluso un 50% más de hoteles que la ciudad de Madrid, con la mitad de su población. La otra gran amenaza turística, los pisos turísticos, están congelados por ley en 9.189 apartamentos para evitar un mayor descontrol en el mercado de la vivienda. Aun así, el año pasado el precio de los contratos de alquiler subieron un 10,7%, según la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, y el alquiler medio alcanza ya los 1.136 euros.
La subida de la vivienda, la llegada de cadenas de restaurantes y tiendas, las aglomeraciones o la invasión del transporte público por los turistas llevan al límite a la capital catalana. Daniel Pardo, miembro de la Assamblea de Barris pel Decreixement Turístic, opina que precisamente fue este problema el que provocó el adelanto electoral —a raíz de la disputa sobre la construcción del complejo Hard Rock de Tarragona– y que en la capital catalana están exhaustos. "Hubo un bajón por el covid y la patronal turística se dedicó a pedir ayudas y a plantear que había que repensar el modelo. Pero han vuelto con más fuerza que nunca y sin replantear absolutamente nada. Vemos los problemas laborales, ambientales e hídricos que generan, pero la patronal solo apuesta por pisar más fuerte el pedal", afirma Pardo.
El Ayuntamiento de Barcelona contabilizó el año pasado 7,25 millones de turistas extranjeros, una cifra que se ha casi duplicado desde 2019, cuando se registraron 3,68 millones. Estos son solo una parte de los visitantes, falta sumar el turismo español y el de proximidad. El Observatorio del Turismo de Barcelona contabilizó el año pasado nada menos que 26 millones de turistas entre los que fueron exclusivamente a la ciudad (15,6 millones) y los que visitaron los alrededores (10,3 millones).
Un ejemplo de hasta qué punto llega la situación es la decisión que tomó hace un mes el Ayuntamiento de Barcelona: eliminar de Google Maps la ruta de autobús 116, que pasa por el Parque Güell, para evitar que los extranjeros acaparasen la línea. Según el consistorio, el 41% de los turistas que llegan a Barcelona utiliza el transporte público, lo que explica ese sentimiento de expulsión de su propia ciudad que sienten los vecinos. Según una encuesta publicada por el Ayuntamiento en febrero, el 61% de los barceloneses cree se está llegando al límite de viajeros que puede absorber la ciudad, aunque el 71% también cree que el sector es beneficioso. El 28% de quienes viven en un barrio turístico piensan que es perjudicial.
José María Raya, profesor de Economía en la Universitat Pompeu Fabra, reconoce que parte de la ciudad sufre un enorme descontento por este sector desde hace años, pero que hay una balanza de pros y contra que hay que valorar. "Recordemos que España está creciendo desde la pandemia mucho más que el resto de Europa, gracias en parte al turismo. La parte negativa es que a largo plazo, basar tu economía en el turismo no es lo mejor: el empleo es de baja cualificación, es un sector poco productivo y tensiona el mercado del alquiler", explica. De hecho, Barcelona se ha hecho tan dependiente de los turistas que suponen el 14% de su PIB, mientras que el 12,5% de su empleo está vinculado al sector. El salario de quienes trabajan en el turismo es un 33% más bajos que la media del resto de actividades.
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La primera gran medida para frenar la degradación de la ciudad la tomó el exalcalde Xavier Trías (CiU), que limitó los pisos turísticos a 9.600, justo cuando Airbnb ya comenzaba a acaparar el mercado de la vivienda en España. Durante el mandato de Ada Colau (2015-2023) se profundizó más con la aprobación de un plan urbanístico que prohibió la construcción de hoteles en el centro. En 2021 la líder de Barcelona en Comú también introdujo una tasa municipal por noche a quien se hospedaba en la ciudad, que se sumó a un recargo autonómico similar. En este momento, solo Baleares y Cataluña cobran los llamados impuestos turísticos.
"La tasa ha ido subiendo poco a poco e incluso se aplica ya en los pisos turísticos, pero no tiene éxito", opina José María Raya, que cree que ese desincentivo es demasiado pequeño para frenar la llegada de extranjeros, sobre todo teniendo en cuenta que el gasto medio por persona entre transporte, alojamiento y visitas es de 1.249 euros para los visitantes de Barcelona. El experto propone mantener a los buenos turistas y desincentivar a los "incívicos", que son los que crean malestar entre los vecinos, mediante fuertes multas para quienes no facilitan la convivencia.
A nivel autonómico, el Govern también aprobó a finales del año pasado un límite al número de pisos turísticos en toda la Comunidad, ya que la transformación de viviendas en Airbnb hace que los extranjeros lleguen a los barrios residenciales, que no están adaptados para acoger a turistas. La medida pretende cerrar unos 28.000 apartamentos en 262 municipios. En la mitad más afectada, los apartamentos turísticos se limitan a un ratio de 10 por cada 100 habitantes, y en el resto a 5 sobre 100, aunque Barcelona queda fuera porque no alcanza el ratio. La Generalitat también ha implementado recientemente el tope al precio alquiler para frenar las subidas de los últimos años.
La manifestación masiva de Canarias contra el turismo ha resucitado un malestar que lleva años gestándose en la costa catalana, especialmente en Barcelona. El número de viajeros extranjeros se ha duplicado en desde 2019 hasta los 7,25 millones, más de cuatro veces la población de la ciudad, y las leyes locales y autonómicas para frenar las visitas —tasa turística, limitación a Airbnb y moratoria a nuevos hoteles— no resuelven el problema. Las organizaciones sociales denuncian que tras la pandemia, el sector se ha rearmado, está más fuerte que nunca y recibe un trato preferente en medio de una sequía histórica.