Los accionistas enfrentados a Oughourlian le denuncian por "maniobrar" para hacerse con el control de Prisa
La guerra en Prisa continúa. Tras conocerse que la empresa, propietaria entre otros del diario El País y la Cadena Ser, ha convocado una ampliación de capital por un valor de 40 millones con el objetivo de reducir la deuda, promovida por su presidente y primer accionista, Joseph Oughourlian, este jueves, Global Alconaba, representante de la parte española del accionariado y con el 7% de las acciones de la sociedad, ha interpuesto una denuncia contra el dirigente de Prisa y contra dicha ampliación de capital.
Con este movimiento, Oughourlian, enfrentado a este grupo accionarial español, se había asegurado el control de la próxima junta general de accionistas de la sociedad, ya que la ampliación reducía el peso de Global Alconaba y de otros accionistas minoritarios dentro de Prisa. Sin embargo, con esta denuncia, y con otra que presentarán en los próximos días ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas españoles tratan de demostrar que el presidente de Prisa ha abusado de sus atribuciones, en primer lugar con la ampliación de capital y después con una cláusula donde, según los denunciantes, pretende blindar su continuidad en el cargo.
En la demanda, alegan que Oughourlian, con su movimiento, ha tratado de "asegurar su posición de control de la Compañía y hurtar a los accionistas las facultades de nombramiento y de separación de los administradores". En este sentido, igualmente le acusan de "orquestar una serie de maniobras de forma simultánea" cuya finalidad es permanecer al frente de Prisa sin "lealtad hacia el interés de la sociedad y de los accionistas".
A su vez, Global Alconaba denuncia que tuvo conocimiento de la ampliación de capital poco antes de la reunión del consejo del 25 de marzo y en la cual no había derecho de suscripción preferente para los accionistas. "Prisa no puso a disposición de los consejeros la información necesaria sobre la que versó la sesión del Consejo hasta apenas cuatro horas antes de que ésta se celebrara y dispusieron de únicamente media hora desde que se les trasladó el documento sobre la ampliación de capital hasta la celebración de la sesión", señalan.
Así, consideran que no tuvieron tiempo de reaccionar a esa decisión, la cual también consideran contraria a sus intereses, ya que los participantes en la ampliación de capital fueron mayormente personas cercanas a Oughourlian. Además, durante el proceso este transformó sus bonos convertibles en acciones para que su peso en el accionariado no se redujera, manteniéndose en un 30%.
En este sentido, también acusan al máximo accionista de Prisa de caer en un conflicto de intereses: "Ha sido el presidente quien ha participado activamente en la negociación y en las condiciones y los términos de la refinanciación –y así lo ha asegurado él mismo en distintas ocasiones–. Lo anterior constituye un manifiesto conflicto de interés teniendo en cuenta que la cláusula garantiza al presidente que si se le sustituyera de tal posición, el préstamo concedido en virtud de la refinanciación vencería automáticamente. Ello implica que el Presidente se ha asegurado la permanencia en el cargo de la Presidencia del Consejo al menos hasta que la refinanciación sea amortizada íntegramente por Prisa", dice el documento. De este modo, denuncian igualmente que, pese a este conflicto de intereses, Oughourlian nunca se ausentó de la reunión ni de las votaciones donde se estaba decidiendo sobre estos asuntos, aunque sí se abstuvo en ellas, algo que consideran "insuficiente".
Por todo lo expuesto, los denunciantes piden que se declare "la nulidad de los acuerdos" adoptados en la reunión del 25 de marzo de 2025 "relativos a la refinanciación de la Sociedad y al Aumento de Capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada".
La guerra por el canal de televisión
Este nuevo episodio de la confrontación entre los diferentes accionistas tiene lugar un mes después de que Prisa anunciara que no optará al nuevo canal de televisión en abierto que prevé licitar el Gobierno y que se centrará en las líneas de negocio que actualmente desarrolla tanto en prensa como en radio, así como en reducir su deuda.
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El pasado 25 de febrero, el consejo de administración del grupo analizó el proyecto presentado por el entonces presidente ejecutivo de Prisa Media y consejero ejecutivo de Prisa, Carlos Núñez, –que dimitió un día después– sobre la oportunidad de optar a una nueva licencia televisiva en España, cuando se proceda a su licitación, con el objetivo de lanzar un nuevo canal de televisión.
Sin embargo, ese órgano rechazó dicho proyecto y acordó que el grupo continuaría focalizándose en reducir la deuda y reforzar su posición de liquidez, en línea con los “esfuerzos realizados” en los últimos años.
Con anterioridad, Núñez había afirmado en una entrevista en El País que un canal de televisión sería un paso natural dentro de la estrategia audiovisual del grupo, puntualizando que con ello no se debía comprometer su situación financiera. Al final del año pasado su deuda ascendía a 750 millones de euros, 82 millones menos que en 2023, lo que supone una reducción del 10%.
