Chequeo a las teles autonómicas: audiencia similar, menos presupuesto y lucha profesional contra la manipulación

A cuatro años de las últimas elecciones autonómicas en la mayor parte de las autonomías, los medios de comunicación públicos parecen, en apariencia, haber experimentado pocos cambios: siguen siendo imprescindibles en la información de proximidad, jugando un papel primordial en aquellas con idioma propio, y sus audiencias han experimentado una exigua subida del 7,5 por cien en 2015 al 8% en el último año. Una mirada más atenta revela que los presupuestos en 2011 de 1.590 millones bajaron un tercio en lo más duro de la crisis económica, y no han recuperado dotaciones en los últimos años, al situarse en 1.080 millones en 2018. Todo ello a pesar del aumento de la competencia con la implantación de las diversas plataformas privadas de pago, que no han parado de crecer durante estos cuatro años.

Y una realidad poco destacada habitualmente: los medios públicos españoles tienen un coste por habitante inferior a la media de la Unión Europea, hasta el punto de ser casi triplicado por otros grandes países como Reino Unido o Alemania. Al margen de datos y cifras, las televisiones autonómicas han visto crecer en este periodo las protestas por la dependencia de los respectivos gobiernos, mientras aumenta la lucha de sus trabajadores por la independencia profesional y contra la externalización de servicios.

Del cierre de Canal Nou al nacimiento de A Punt

En la noche del 29 de noviembre de 2013, una comisión judicial, acompañada de la Policía, suspendía las emisiones de Canal 9 en Valencia. La Justicia había dispuesto que alrededor de mil trabajadores despedidos tenían derecho a reincorporarse a sus puestos, y el PP había decidido, gracias a su mayoría en las Cortes Regionales, el cierre de ese medio público. El presidente de la Comunidad declaraba que con el coste de la radio y televisión autonómica podía construir escuelas y hospitales. Año y medio después, se multiplicaban las aulas instaladas en barracones, no había mejorado la Sanidad Pública y el PP perdía el gobierno de la Comunidad tras las elecciones. Meses antes de este cierre, el 13 de enero de ese mismo 2013, Telemadrid expulsaba a dos tercios de la plantilla, por medio de un ERE, declarado no conforme a derecho por la Justicia, y se sumía en una profunda crisis que se extendería hasta principios de 2018.

En uno y otro caso, las protestas de los despedidos dejaban al descubierto la tremenda manipulación informativa dictada por las direcciones elegidas por el PP, que convirtieron a ambas en meros medios de propaganda de los respectivos gobiernos, al tiempo que sus cuentas eran utilizadas para encubrir despilfarros y tratos de favor a particulares y empresas privadas, que aún hoy siguen siendo tratadas en sede judicial. Mientras, el Gobierno de izquierda en Valencia cumplía –no sin retrasos y quejas de los antiguos trabajadores– su promesa de recrear la radio y televisión en esa Comunidad; lo hizo, el pasado junio, con el nombre de A Punt, que a día de hoy intenta volver a conectar con la audiencia, pero que se sitúa todavía en un exiguo 1,3 por ciento. Se cumple así con la ley de hierro –nunca escrita, pero conocida por todos los profesionales– de los medios de comunicación: el abandono de la audiencia puede ser más o menos rápido, pero la recuperación exige en todos los casos mucho más tiempo –años–, por más que se gane en calidad informativa.

Bien lo sabe la dirección llegada a Telemadrid a principios de 2018. Desde el primer momento se intentó volver a la época dorada de los años noventala época dorada de los años noventa, y con las mismas armas: estar presente en cualquier acontecimiento de interés para los madrileños, con transmisiones sin límites de tiempo ni corsés de programación, y ofrecer unos informativos muy pegados a la calle y plurales en lo político, tal y como demostró en el tratamiento de la caída de la presidenta Cristina Cifuentes. A pesar de los esfuerzos, el lastre de años de manipulación, pérdida de credibilidad y abandono casi total de los espectadores, sitúan su audiencia actual en el entorno del cinco por ciento; no obstante, el futuro parece despejado para la recuperación, con jornadas y acontecimientos en los que duplica ese dato.

Un caso singular se produce, casi desde su fundación, en Cataluña. Su televisión pública, TV3, es líder absoluta en ese territorio, por encima del resto de cadenas nacionales y en cabeza del resto de autonómicas. Líder también en presupuesto, en número de trabajadores, y es una importante factoría de producción propia. La situación no ha variado en absoluto desde 2015, pero en su caso la deriva independentista de la Generalitat, abrazada con fervor por la dirección de la cadena, la ha convertido en los dos últimos años en un medio de propaganda soberanista, denunciada y repudiada por las fuerzas contrarias a la independencia. Ni siquiera ha llegado a término el intento que, hace unos meses, pretendía constituir un Consejo de Administración más plural, con entrada de miembros propuestos por formaciones al margen del independentismo, aunque con mayoría de los que sostienen al gobierno.

Los 'Venres negros' de la televisión de Feijóo

En el resto de televisiones han aparecido –con matices e intensidades diferentes– movimientos de los profesionales a imagen y semejanza de RTVE. Así ocurre en la Radio Televisión de Galicia, donde desde hace ya un año, la mayor parte de los trabajadores visten cada viernes de negro para denunciar censura y manipulación que ponen a esos medios al servicio exclusivo del gobierno del PP. Quizás la expresión más llamativa del rígido control político se producía hace un par de semanas cuando esa lucha recibía el Premio José Couso a la Libertad de Expresión, y la noticia era censurada en los Informativos de la cadena. Las protestas se difunden a través de la cuenta de tuiter @DefendeAGalega, que denuncia represalias contra determinados profesionales, y evidencia casos extremos de manipulación y censura.

Canal Sur ha sido tradicionalmente una radio y televisión de éxito popular... que vive horas bajas. Desde hace casi un año, trabajadores descontentos, bajo el lema @RecuperarLaNuestra, protagonizan Miércoles Negros en los que denuncian la continua caída de audiencia, el aumento de contratación externa, la merma de plantilla y la falta de inversiones para adaptarse a los cambios tecnológicos. Muy criticada por la sumisión a los distintos gobiernos del PSOE, suma a los problemas reseñados la inquietud ante las medidas que pueda tomar el actual Ejecutivo surgido de la suma de PP, Ciudadanos y Vox, cuando esta última formación no ha ocultado su deseo de eliminar los medios públicos. En el mejor de los casos, se teme que pueda producirse una nueva y drástica reducción de plantilla.

En Castilla-La Mancha la victoria de la izquierda en 2015 puso fin a la desgraciada dirección de Nacho Villa, traducida en múltiples denuncias y que aglutinó a la plantilla con la participación mayoritaria en las jornadas de Viernes Negros. Sin embargo, las expectativas con que acogió a la nueva dirección fueron paulatinamente bajando. Protestas de colectivos técnicos se fueron sumando a las provocadas por la situación laboral de trabajadores de las delegaciones provinciales, y a la ralentización en la creación de órganos de control para contrataciones, o Consejos de Informativos; mientras, los noticiarios se fueron decantando hacia la sumisión al Gobierno de García Page en asuntos como el incendio de neumáticos en Seseña, o los problemas con el amianto en el barrio del Polígono. Por fortuna, no se ha llegado al paroxismo instaurado en la etapa anterior, pero parte de la redacción siente defraudadas las luchas por la independencia profesional.

Mientras la televisión pública en Canarias parece haber desplazado el conflicto con la contratación directa de 300 trabajadores, que sustituyen a los servicios privados en los Informativos, en Canal Extremadura la protesta de los trabajadores se centra en un desempeño más profesional para los Informativos; bajo el lema #periodignoExtremadura protagonizan concentraciones "en defensa del empleo, la calidad en los contenidos y la negociación colectiva", y rechazan el uso abusivo de teléfonos móviles para la captación de noticias. Al margen de este repaso quedan las televisiones de Aragón, Murcia y Castilla-León que, a pesar de su titularidad pública, han cedido la concesión a

empresas privadas.

Unas televisiones baratas

Las televisiones autonómicas han dispuesto en 2018 de un presupuesto total de 1.080 millones de euros, que es ligeramente superior al del ejercicio anterior (1.072 millones), pero bastante menor al que recibieron en 2011 (1.590 millones), antes de que los Ejecutivos autonómicos tuvieran que realizar recortes en diferentes materias presupuestarias para minimizar el déficit, en los peores años de la crisis económica. Así lo detalla un estudio realizado recientemente por la federación de televisiones autonómicas, FORTA, en el que se explica que cada español paga 43,8 euros al año (2016) para mantener estos servicios públicos (se incluye RTVE). La cantidad es inferior a la media de la Unión Europea (65,7 euros) y ostensiblemente menor a la de los países que más pagan, como son Dinamarca (160,5), Reino Unido(113) y Alemania (111,7). En este informe se señala que la recuperación económica registrada en España en los últimos años no se ha traducido en un incremento significativo de los presupuestos de las radiotelevisiones públicas autonómicas, pues desde 2016 sólo se han aumentado  en 77 millones de euros, tras perder 587 millones entre 2010 y esa fecha.

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En términos presupuestarios y de personal el conjunto de los medios públicos en España se divide en dos mitades entre la estatal y las autonómicas: al borde de los mil millones y 6.500 empleados en RTVE, y 1.080 y 6.300 trabajadores en el conjunto de las segundas; con todo, las plantillas en los medios regionales marcan una tendencia a la baja en la legislatura que ahora termina, con Canal Sur a la cabeza tras un descenso de un quince por ciento. A pesar de estos datos, las televisiones autonómicas han experimentado en su conjunto una pequeña subida de audiencia del 7,5 en 2015 al 8 del último año. Obviamente con grandes diferencias entre los distintos ámbitos territoriales: el ránking está encabezado por TV3 con el 13,9% ( +2,2 puntos con respecto al pasado año), es además, líder en Cataluña. Le siguen TVG (9,9%, -0,4), C.SUR (8,8%, -0,5), ETB2 (8,3%, +0,5), Aragón TV (8,4%, +0,1), Extremadura TV (5,9%, +0,1), CMM (5,7%, -0,3), TPA (5,5%, +0,5), TVCAN (5,2%, -0,4), Telemadrid (4,5%, +0,4), La 7TV (2,9%, +0,3), IB3 (2,5%, -0,2), ETB1 (2,3%, +0,3), 3/24 (1,8%, -0,2), A Punt (1,3%, +1,3).

Al margen de cifras y porcentajes, estos medios públicos obtienen su fortaleza en la información de proximidad y en la cobertura de la cultura y costumbres de cada uno de los territorios. En el caso de las autonomías con idioma propio la emisión en él supone un elemento esencial de su implantación; para Canal Sur el objetivo de proximidad hace que se produzcan a diario desconexiones provinciales para una de las ocho que integran el territorio, una práctica aún pendiente en Castilla-La Mancha.

En general, y a pesar del fuerte tinte partidista que domina, con mayor o menor fuerza, en casi todas, los espectadores ven a estos medios como propios y piden que estén presentes en cada uno de los rincones de la región. Entre los retos para los nuevos gobiernos que salgan de las elecciones del próximo domingo se señala la necesidad de una financiación estable y suficiente para garantizar la adecuación a las nuevas tecnologías y soportes, el mantenimiento del empleo, poner freno a las externalizaciones  y conseguir la ansiada independencia profesional en los contenidos informativos.