España se arriesga a sanciones si no valida por decreto ley a la CNMC como autoridad digital y de medios
Una parte sustancial del Reglamento de Libertad de Medios de la Unión Europea (EMFA, por sus siglas en inglés) ya está en vigor en España, pero el organismo que deberá supervisar su cumplimiento, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), aún no puede hacer nada al respecto porque el Gobierno, y en su caso el Congreso, todavía no le han encomendado esa tarea.
Esta contradicción es producto del retraso que acumula la futura ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de febrero de 2025, casi un año después de la EMFA. Una norma con la que el Gobierno de Pedro Sánchez busca adaptar el marco legal español también al reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA) otorgando nuevas competencias a la CNMC.
La Comisión ya era un organismo ómnibus que combinaba competencias muy diversas resultado de haber tenido que ir asumiendo funciones de diferentes entidades. Sus áreas de actividad incluyen la energía (electricidad, gas natural y precios regulados), telecomunicaciones y servicios audiovisuales (mercado de operadores, acceso mayorista, calidad del servicio, pluralismo), transporte y sector postal (infraestructuras ferroviarias, transporte aéreo y por carretera, Correos), sector del agua y residuos (cuando están sujetos a regulación económica) y mercados financieros relacionados con pagos y banca minorista. Además, actúa en defensa de la competencia y como antitrust, investigando y sancionando prácticas restrictivas, controlando concentraciones empresariales y promoviendo la competencia en todos los sectores económicos. También emite informes económicos y regulatorios, y actúa como órgano consultivo en materia de regulación sectorial y normativa.
Por si eso fuera poco, y en aplicación del reglamento de servicios digitales que ya está en vigor, ahora tiene que controlar que los intermediarios digitales (redes sociales como X, marketplaces como Wallapop, motores de búsqueda como Google) cumplan con las obligaciones de transparencia, diligencia debida, retirada de contenidos ilícitos y trazabilidad de anunciantes a las que están obligadas. Debe además establecer un canal de comunicación para que ciudadanos, empresas u organizaciones informen sobre contenidos ilícitos o infracciones cometidas por plataformas digitales y evaluar y autorizar a las entidades que van a actuar como “alertadores fiables” para denunciar contenidos ilícitos y que están llamadas a tener prioridad en la moderación de contenidos. Y tiene que supervisar los informes de transparencia periódicos que deben remitir las plataformas (número de contenidos eliminados, tiempos de respuesta, decisiones automatizadas, etc.), además de controlar la existencia de sistemas de gestión de riesgos sistémicos por parte de las plataformas de gran tamaño.
No es una tarea pequeña si se lleva a cabo en serio. Porque incluye, además, investigar incumplimientos por parte de plataformas o intermediarios digitales y, si procede, imponer sanciones económicas, que pueden alcanzar el 6% del volumen de negocio mundial anual del infractor.
El plazo vence en agosto
Y no es su única nueva área de interés. También debe ocuparse de supervisar el cumplimiento de la EMFA, el Reglamento de Libertad de Medios que entró en vigor parcialmente en febrero y será de obligado cumplimiento en su totalidad a partir de agosto.
La CNMC, sin embargo, no tiene aún la autoridad legal para actuar en ninguno de estos dos nuevos ámbitos porque la futura ley que le dará ese poder sigue aún en manos del Gobierno, que la sometió hace unos meses a audiencia pública, un proceso de participación abierto para que los ciudadanos, organizaciones, empresas u otras entidades interesadas puedan presentar observaciones, sugerencias o alegaciones.
Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López consultadas por infoLibre trabajan con la previsión de llevar la futura ley al Consejo de Ministros antes de que termine el verano. De lo que no hay constancia es de que vaya a ser en forma de proyecto de ley (lo que demorará varios meses su entrada en vigor) o mediante Real Decreto Ley.
Aunque el Ejecutivo decida acortar plazos aprobando la nueva norma en Consejo de Ministros como Real Decreto –lo que le permitiría entrar en vigor en ese momento (a expensas de su convalidación en el Congreso de los Diputados)–, la CNMC necesitará aún varios meses para dotarse de los medios materiales y humanos que necesita para cumplir sus nuevos cometidos. Así que nada hace pensar que pueda ocuparse de los servicios digitales y de los medios como mínimo hasta el año que viene.
Si entre agosto y noviembre España sigue sin completar el desarrollo normativo ni ha activado los mecanismos de control mediante la citada ley, la Comisión Europea podría emitir la primera advertencia y, en su caso, si no hubiese avances, iniciar formalmente un expediente de infracción antes de que acabe 2025.
Hace apenas tres semanas, en una comparecencia en el Congreso, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, recordó que el pasado 7 de mayo la Comisión Europea ya demandó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no completar la habilitación legal del órgano que ella preside como coordinador de servicios digitales en España. “Esta última fase del procedimiento de infracción culmina con la adopción, en plazos normalmente muy breves, de una sentencia de incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además incorpora consecuencias económicas en forma de multas coercitivas”, advirtió.
También hace falta, recordó, modificar el estatuto de la CNMC “para crear una nueva dirección que se dedique de forma especializada a esta función. Si no lo hacemos bien”, remarcó, “estaremos propiciando un agujero insoportable en esa red de colaboración tupida que debemos construir entre todos los países de la Unión Europea”.
El registro de medios... y de sus propietarios
De la entrada en vigor de la ley actualmente en tramitación y de la habilitación de la CNMC dependen, entre otras iniciativas, la creación del registro público que debe dar a conocer la propiedad de los medios en España y el dinero público que reciben en concepto de publicidad.
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La paradoja es que la CNMC, sin tener aún competencias en materia del reglamento de libertad de medios, está ejerciendo, desde el pasado mes de febrero, la presidencia del Comité Europeo de Medios de Comunicación, que reúne a las autoridades supervisoras independientes de los 27 países miembros. Carlos Aguilar, consejero de la CNMC, es quien ejerce el cargo.
La CNMC es el único organismo no especializado de la estructura de gobernanza del Comité Europeo de Medios de Comunicación. Todos los demás son órganos independientes dedicados exclusivamente a supervisar a los medios de cada país.
Es el caso del Comisariado de Medios de Países Bajos (CvdM), el Consejo Superior del Audiovisual de Bélgica (CSA), el Regulador de la Comunicación Audiovisual y Digital de Francia (Arcom), la Autoridad para las Garantías en la Comunicación de Italia (Agcom), la Conferencia de Directores de las Autoridades Alemanas de Medios de Comunicación (DLM), el Consejo de Servicios a Medios de Eslovaquia (CMS), la Comisión de los Medios de Irlanda (CnaM), la Autoridad Reguladora Portuguesa para los Medios de Comunicación (ERC), la Autoridad de Medios de Suecia (Mediemyndigheten) y la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Austria (KommAustria). El órgano elegido por el Gobierno de España, en cambio, se dedica fundamentalmente, como su nombre indica, a “los mercados y la competencia”.
