El Gobierno da el primer paso para la creación del registro de medios que dependerá de la CNMC

 Un corte general que afecta al 99 % de Chile y a dos provincias argentinas deja sin suministro eléctrico a millones de personas este martes, cuyas causas se desconocen hasta el momento y en medio de una fuerte ola de calor.

La oficina del Coordinador Eléctrico Nacional informó que a las 15.16 hora local (18.00 GMT) se produjo una interrupción del suministro eléctrico desde Arica hasta la región de Los Lagos, provocado por una desconexión del sistema de transmisión de 500 kV en el Norte Chico.

Las autoridades de inmediato activaron el Plan de Recuperación de Servicio para reponer los consumos en el menor tiempo posible.

También señalaron que las causas de este corte del suministro serán investigadas y analizadas de conformidad al protocolo previsto por este tipo de contingencias, habiéndose informado de su ocurrencia a la autoridad pertinente.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia que condenó a cuatro años y medio de prisión a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, y ha iniciado los trámites para ejecutar la pena, que podría ser suspendida mientras el Gobierno resuelve si la indulta.

Borràs fue condenada en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo a un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que dirigió entre los años 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros, en una sentencia que le impuso además trece años de inhabilitación especial para cargos públicos electivos o de gobierno.

El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual ha citado el próximo 7 de marzo como testigos a varios asistentes a la fiesta en la que el exdiputado coincidió con la actriz Elisa Mouliáa el 8 de octubre de 2021.

Varios de ellos asistieron a la fiesta a la que fueron Errejón y Mouliáa después de la presentación del libro del exdiputado en octubre de 2021, según ambos declararon ante el magistrado. En esa fiesta se encuadran dos de los episodios de violencia sexual que Elisa Mouliaá denunció y por los que Íñigo Errejón está siendo investigado por un delito de agresión sexual.

El magistrado también cita para el mismo día a dos familiares de la actriz y a una amiga.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha preguntado este martes al PP si cuentan con un protocolo antiacoso dentro del partido y si, en caso de tenerlo, se ha aplicado al senador popular y alcalde de Algeciras: José Antonio Landaluce, a quien se ha acusado de un supuesto caso de acoso sexual.

"No conozco el protocolo antiacoso del PP, no sé si lo han publicado, no sé si se puede consultar en su página web, no sé si lo aplican o no, pero por curiosidad me gustaría saber si ese protocolo que me imagino que tienen se ha aplicado al alcalde de Algeciras", ha señalado Redondo en el pleno del Senado, donde el PP le ha preguntado cómo está abordando el Gobierno los casos de agresores sexuales en su entorno político.

El senador Landaluce ha esgrimido que no existe ninguna denuncia en su contra y ha pedido a la ministra que rectifique, algo a lo que Redondo se ha negado. "Rectificaré cuando ustedes rectifiquen el acoso y derribo al Gobierno de España y a la mujer del presidente del Gobierno", ha resaltado.

La ministra de Asuntos Exteriores palestina, Varsen Aghabekian, denunció este martes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los actuales avances de las fuerzas israelíes en Cisjordania tras el "genocidio a sangre fría en Gaza".

"En Cisjordania continúan los asesinatos sumarios y detenciones arbitrarias. La colonización aumenta y sigue minando lo poco que queda de territorio palestino con ataques de los ocupantes contra ciudadanos inocentes", señaló la titular de Exteriores durante el segmento de alto nivel del Consejo que se celebra esta semana.

Al mismo tiempo "más de 40.000 palestinos han sido desplazados de forma forzada en los campamentos de refugiados" en lugares de Cisjordania como Yenín y Tulkarem, donde se vive la mayor evacuación a la fuerza vivida por el territorio en décadas, aseguró.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado concentraciones en ciudades de toda España los próximos 5 y 12 de marzo para mostrar su rechazo al borrador de Estatuto Marco difundido por el ministerio de Sanidad.

Las manifestaciones tendrán lugar entre las 11 y las 11:30 horas, y el lugar de la concentración será comunicado por cada sindicato autonómico y/o provincial en los próximos días, aunque ya han anunciado que preferente será ante los centros sanitarios y delegaciones del Gobierno. Estas protestas actuarán como previa a la gran manifestación convocada el próximo 22 de marzo en Madrid.

El bloque conservador de Friedrich Merz, ganador de las elecciones generales del pasado domingo en Alemania, y los socialdemócratas del canciller en funciones, Olaf Scholz, emprendieron este martes las primeras conversaciones sobre una posible 'gran coalición', en un día en el que desde los partidos se comenzaron a formular las primeras exigencias para un acuerdo. "Parto de que podemos acordar un buen contrato de coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD)", dijo en una comparecencia Merz, antes de una reunión del nuevo grupo parlamentario conjunto de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y de la bávara Unión Socialcristiana (CSU) y tras entrevistarse durante hora y media en la Cancillería con Scholz, cuyo partido quedó tercero por detrás de la ultraderecha.

Merz indicó que tanto él como Markus Söder, el líder de la CSU, asumirán el liderazgo del equipo negociador de los conservadores y reiteró que su objetivo es formar Gobierno antes de Semana Santa.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este martes que el Reino Unido aumentará al 2,5 % del producto interior bruto (PIB) el presupuesto de defensa del país para el año 2027, el más importante desde el final de la Guerra Fría, en respuesta a la situación global creada por la invasión rusa de Ucrania.

En una declaración en la Cámara de los Comunes, el líder laborista comunicó que espera incluso subir al 3 % ese presupuesto de defensa durante la próxima legislatura.

Para hacer frente a este abultado incremento en defensa, el Gobierno reducirá el actual 0,5 % del PIB que destina a la cooperación internacional al 0,3 % en 2027.

"A partir de hoy, puedo anunciar que este Gobierno iniciará el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde el final de la Guerra Fría. Cumpliremos nuestro compromiso de gastar el 2,5% del PIB en defensa, pero lo adelantaremos para alcanzar ese nivel en 2027 y lo mantendremos durante el resto de este Parlamento", agregó.

Con este incremento, el primer ministro estima que el Reino Unido destinará 13.400 millones de libras (16.080 millones de euros) más en defensa al año a partir de 2027.

La portavoz de JxCat en el Parlament, Mònica Sales, ha asegurado este martes que la condonación de 17.104 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autómica (FLA) "consolida el café para todos", lo que no es una "opción" para Junts.

El pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC supondrá la condonación de 17.104 millones de la deuda contraída por la Generalitat con el FLA, un mecanismo que Hacienda ha propuesto aplicar a todas las comunidades de régimen común, hasta un montante total de 83.200 millones de euros.

En una rueda de prensa en el Parlament, Sales ha resaltado que este pacto "no arregla el agravio de la financiación" y ha remarcado que todas las autonomías se benefician del mismo: "La experiencia nos demuestra que puede ser una nueva tomadura de pelo. Que no nos quieran dar gato por liebre porque consolida el café para todos", ha dicho la portavoz de Junts.

Además, ha subrayado que el Estado "condonará más deuda a Andalucía que a Cataluña", y que, en términos porcentuales, Andalucía y Madrid pasan "por delante" de la Generalitat.

La propuesta de Junts al respecto, ha recordado Sales, pasa por al condonación de la totalidad de la deuda de Cataluña con el FLA, lo que representa una cifra aproximada de 73.000 millones de euros. 

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha atribuido este martes al "diálogo" la decisión de Junts de retirar la proposición no de ley para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza en el Congreso.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recalcado que gracias al diálogo se han podido poner en marcha "importantes acuerdos" para este país, al ser preguntada a cambio de qué el partido de Carles Puigdemont ha retirado la cuestión de confianza.

La ministra ha incidido en que están consiguiendo importantes acuerdos, como demuestra el hecho de que ya llevan aprobadas 25 leyes en lo que va de legislatura.

Precisamente, el Consejo de Ministros ha aprobado una medida que había pedido Junts para que España se adhiera a un protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que permite a los Altos Tribunales de los países pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) opiniones sobre asuntos relativos a la aplicación de derechos y libertades.

Sobre esta medida, fuentes del Ejecutivo han reconocido que es una petición de Junts y que ha formado parte de las negociaciones y de la reunión de la semana pasada en Suiza. Consideran que es una cuestión "sobre todo testimonial" pero que demuestra que "el Gobierno cumple".

El PP rechazará previsiblemente este martes, en el pleno Congreso, la reforma de la ley del suelo que defenderán conjuntamente el PSOE y el PNV, por considerar que se trata de una propuesta "incompleta" y "precaria" y que "no da respuesta integral al problema de la vivienda".

Aunque el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, no ha querido adelantar el sentido de su voto, ha manifestado en rueda de prensa su rechazo a esa propuesta, frente a la alternativa "sólida" y "muy ambiciosa" que tienen registrada los populares en el Senado.

Fuentes del PP han señalado a EFE que los socialistas vuelven a presentar a debate esta reforma sin contar con el respaldo suficiente precisamente ante la "inminente" aprobación en el Senado de la proposición de Ley del Desarrollo Urbano y Vivienda del Partido Popular.

Los votos del PP son decisivos para que la reforma de la ley del suelo que se debate hoy en el Congreso comience a tramitarse y su abstención bastaría para ello, ya que los socios de la izquierda se oponen, igual que hace nueve meses, cuando el Gobierno la retiró por falta de apoyos.

No obstante, una abstención obligaría a los populares a trasladar su ley en forma de enmiendas a una futura negociación, lo que no ven viable, señalan desde el grupo parlamentario.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha preguntado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si "está por condonar la deuda o condenar a los ciudadanos", en respuesta al rechazo de las comunidades populares a la propuesta de condonación de 83.000 millones de deuda autonómica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha pedido al PP "responsabilidad" para no oponerse a una medida que ha insistido en que favorece a "todas" las comunidades y de la que se benefician los ciudadanos, solo "porque la propone el Gobierno".

Alegría ha opinado que de Núñez Feijóo se está "escuchando una serie de excusas absolutamente peregrinas" para no respaldar la propuesta de condonación de deuda del Gobierno, y ha manifestado que un voto negativo del PP este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) le resultaría "inexplicable" porque supondría "votar en contra de los intereses de sus comunidades, de los intereses de sus ciudadanos".

Fuentes del Gobierno han indicado al respecto que con la quita de la deuda planteada, en la que han destacado que se respalda a las comunidades con más esfuerzo fiscal, que deben ser premiadas, se da un pequeño paso hacia el objetivo de reformar el sistema de financiación autonómica.

De hecho, han subrayado que el Ejecutivo no renuncia a reformar el modelo de financiación, aunque hoy por hoy no hay mayoría para lograr un acuerdo y ni siquiera hay acuerdo entre las comunidades del PP.

El empresario Luis Medina ha reconocido que no informó al Ayuntamiento de Madrid de que iba a cobrar comisiones por la compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia, porque “no tenía la obligación de decirlo” y “tampoco” se lo preguntó la responsable municipal de compras.

La Audiencia Provincial de Madrid celebra este martes la sexta sesión del juicio a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, en tres contratos de compraventa de material sanitario en los que se embolsaron 6 millones de euros en comisiones.

Visiblemente nervioso, Medina ha comenzado a declarar poco después de la una menos cuarto y, a preguntas del fiscal, ha asegurado que las comisiones no se pactaban hasta que no se completaban las ventas, y que el pago del material lo recibía la empresa malaya Leno, que es quien vendía las mascarillas y pagaba la eventual comisión.

“Por anticipado no podíamos saberlo, ni anticiparlo”, ha subrayado el aristócrata, que ha afirmado que “nunca” habló con la empresa Leno, ya que su interlocutor en la operación era Luceño.

Según su relato, tampoco fijó el precio de las mascarillas, sino que eso lo hacía su socio, quien tenía contacto con la empresa suministradora del material: “Eso tendrá que preguntárselo a Alberto (Luceño)”, ha respondido al Ministerio Fiscal.

Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, ha negado este martes en el Tribunal Supremo que sean suyos los 90.000 euros que la empresaria Carmen Pano dice haber entregado en dos bolsas en la sede del PSOE en Madrid. El juez que investiga al exministro José Luis Ábalos por el caso Koldo ha escuchado este martes dos versiones opuestas en relación con esta supuesta entrega: Carmen Pano ha confirmado que hizo dos entregas de 45.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz y Claudio Rivas ha negado todo poco más de una hora después, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Según la versión de la empresaria Carmen Pano, recogida en un informe de la Guardia Civil, ese dinero procedía de Claudio Rivas y fue entregado al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que fue quien se lo dio a la primera para que lo llevase a Ferraz.

Pano ha confirmado ante el juez que, tras recoger el dinero del despacho de Aldama, fue en dos ocasiones a Ferraz, una en taxi y otra en un coche que conducía un amigo de Rivas, cuyo nombre ha aportado al juez por si le quiere citar. Allí, dijo que iba a entregar dos paquetes a nombre de De Aldama, subió a la segunda planta y se los dio a una persona, sobre la que no ha entrado en detalles y ha señalado que todo fue rápido.

Sin embargo, según las fuentes, Claudio Rivas ha negado que él diese dinero para entregar al PSOE, y se ha desvinculado al mismo tiempo de la compra del chalé con el que la Guardia Civil cree que la trama premió al exministro José Luis Ábalos.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado este martes su apoyo Álvaro García Ortiz después de que el juez del Tribunal Ángel Hurtado haya considerado en un auto que el fiscal general del Estado "ha hecho desaparecer pruebas" que podrían encontrarse en sus móviles.

La posición del Gobierno "no ha cambiado sobre esta cuestión", ha dicho Alegría, quien ha hecho referencia al auto de Hurtado conocido esta mañana en cuya parte dispositiva el magistrado "plantea que se impongan medidas para evitar las continúas filtraciones", ha indicado la portavoz. "En este caso parece importante que se resalte esta cuestión", ha subrayado.

Pregunta de nuevo por el auto y las evidencias sobre la desaparición de las pruebas, Alegría ha instado a respetar un proceso de instrucción que sigue abierto y ha añadido que la posición del Gobierno "la conocen porque es clara y manifiesta desde el primero momento y no ha variado". 

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este martes a los partidos políticos "transparencia" para que los militantes y la ciudadanía conozcan la existencia y funcionamiento de sus protocolos antiacoso.

Redondo ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras ser preguntada por su opinión sobre cómo ha reaccionado Unidas Podemos al conocerse los testimonios de violencia sexual contra Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido.

"La mayoría de los partidos políticos tienen ya un protocolo antiacoso, el problema es que muchas veces no se conocen, no hay transparencia", ha lamentado la ministra, quien ha exigido que esos reglamentos "se apliquen en todos los casos en los que se produzca una denuncia".

Redondo ha rechazado valorar la reacción de Unidas Podemos, pero sí ha señalado que cada formación "tiene que asumir sus responsabilidades". "En política hay que ser especialmente ejemplar, decente y coherente con el ideario del partido en el que se milita, y más si se es un representante público", ha reivindicado la titular de Igualdad, quien ha recordado que el machismo es "transversal y estructural".

La ministra también ha hecho hincapié en la importancia de denunciar, porque, en sus palabras, "pone en marcha todo el mecanismo de protección de las víctimas". "Denunciar cada vez es una opción más valorada por las mujeres", ha celebrado Redondo, quien ha asegurado que las denuncias se han incrementado un 15 % en el último año, algo que, a su parecer, "implica que las mujeres confían cada vez más en el sistema de protección".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no había llegado al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) cuando el pasado 29 de octubre se envió el mensaje SMS de alerta a la población por la dana, a las 20:11 horas, según ha informado este martes el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, al resto de portavoces políticos de la corporación provincial.

Tampoco se conectó de forma telemática al centro en ningún momento de la tarde, ha detallado Mompó en la primera sesión de la comisión de investigación de la dana, celebrada este martes, y sobre cuyo contenido han informado Carlos Ferández Bielsa, portavoz socialista, y Dolors Gimeno, de Compromís.

Ambos portavoces han confirmado a EFE esta información que les ha transmitido Mompó, y que el presidente de la Diputación no ha desmentido al ser preguntado por ella al término de la comisión.

 La jueza del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha abierto diligencias previas ante la denuncia presentada contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por filtrar datos de periodistas y ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede investigarlo.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la decisión de la jueza, paso previo a la admisión o inadmisión a trámite de la denuncia presentada por el PSOE contra Rodríguez.

La denuncia se refiere a la filtración en un chat con periodistas de los datos personales de dos informadores de El País obtenidos por un policía que les pidió identificarse mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de Ayuso y su pareja.

Los hechos, que según la denuncia serían constitutivos de un delito de revelación de secretos, ocurrieron el 19 de marzo de 2024, unos días después de conocerse que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la fiscalía por un fraude fiscal de 350.000 euros.

Un escolta de la presidenta pidió identificarse como periodistas a dos reporteros de El País que se encontraban en las inmediaciones del domicilio que comparten Ayuso y Amador.

Unas horas más tarde, según relata el PSOE en la denuncia, Rodríguez colgó en un chat que comparte con periodistas los datos personales de esos dos reporteros, que supuestamente obtuvo de los policías del equipo de seguridad de la presidenta.

El PSOE solicitó en su denuncia la citación de Rodríguez como investigado y que se investigue su teléfono móvil, además de identificar a los dos periodistas cuyos datos fueron revelados, para que puedan ser citados como testigos y se les ofrezca presentar acciones como perjudicados.

La entidad Nueva Mutua Sanitaria prestará la asistencia sanitaria de Muface a unos 8.000 funcionarios destinados en el extranjero durante los próximos tres años.

Según consta en la plataforma de contratación del Estado, la oferta presentada, la única a esta licitación, se ajusta a los pliegos y cumple con los requisitos exigidos para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios.

En consecuencia, la mesa de contratación ha acordado proponer como adjudicataria del servicio a esta entidad y requerirle la documentación necesaria para su adjudicación.

Para estos servicios, el presupuesto ascendía a 77,7 millones de euros.

"Tras las comprobaciones oportunas se concluye que Nueva Mutua Sanitaria cumple los requerimientos económicos y técnicos exigidos para dar cobertura en 118 países a un colectivo de más de 8.000 mutualistas", añade Muface en una nota.

A partir de ahora, la empresa tendrá un plazo de 10 días para presentar toda la documentación que les sea solicitada antes de la adjudicación definitiva por el órgano de contratación.

El colectivo de mutualistas en el exterior y sus familias, recuerdan, sigue plenamente cubiertos por la orden de continuidad dictada por la entidad aseguradora actualmente prestadora del servicio hasta el momento en que exista concierto en vigor.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Función Pública, Óscar López, ha insistido en trasladar un mensaje de tranquilidad sobre la licitación del concierto de Muface en España y que debe quedar resuelto la próxima semana tras mejorarse las condiciones con un presupuesto total de 4.429 millones de euros.

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha rechazado este martes "la tomadura de pelo, el engaño, el timo" de la condonación de la deuda, que en opinión del Ejecutivo autonómico es una "operación de marketing financiero" para "blanquear" un pacto con los independentistas catalanes.

Sanz, que ha participado en un acto sobre ciberseguridad en Málaga, ha reafirmado la posición que desde este lunes mantiene el Ejecutivo andaluz y ha asegurado que Andalucía no participará en lo que considera "una estrategia de blanqueo" para que el presidente, Pedro Sánchez, "se garantice el poder" en La Moncloa.

"Andalucía no tiene un problema de deuda, no necesita que condonen ninguna deuda y no lo hemos pedido", ha dicho Sanz, quien ha explicado que la cifra de 19.000 millones para la comunidad es "mentira" y "un timo", porque ha dicho que como máximo, "si se pudiera, que hay dudas", se beneficiaría exclusivamente del ahorro en intereses, que son 140 millones al año.

Ha acusado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "reírse de los andaluces" con "una gran mentira", mientras "retira" del Consejo de Política Fiscal y Financiera el tema de la financiación autonómica.

Sanz ha hablado de "deslealtad, frade y traición a Andalucía" por parte de Montero, que es la nueva secretaria general del PSOE-A.

Andalucía seguirá defendiendo el cambio del modelo de financiación autonómica, por el que denuncia que pierde 1.500 millones al año.