El Gobierno podría intervenir RTVE

Hace seis largos años, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy cambió la legislación sobre RTVE para poder designar a la dirección con la mayoría absoluta obtenida meses antes en las urnas. En aquella ocasión, la medida fue justificada por el PP ante el vacío de poder en la radio y televisión pública estatal, provocado por la dimisión de su presidente, Alberto Oliart, y la presidencia rotatoria de distintos miembros del consejo de Administración que carecía de poderes ejecutivos. En la práctica, la medida supuso el punto final al periodo, de casi ocho años, en que RTVE disfrutó de las mayores cotas de independencia profesional en los Informativos, lo que se tradujo en pluralismo y tratamiento profesional de las noticias sin servilismo hacia el poder político.

Por desgracia para la libertad de expresión y la noble confrontación política, la ley del PP convirtió la etapa de Zapatero en un simple paréntesis y retomó la tradición de poner RTVE al servicio del Gobierno de turno, cultivada sin distingos por UCD, PSOE y PP. No obstante, y como desarrollo de normativa instaurada por Rodríguez Zapatero, existía ya un órgano de representación y control interno denominado Consejos de Informativos, con la función de vigilar el cumplimiento del Estatuto, muy en especial en los aspectos de neutralidad, pluralismo e independencia de los Informativos. Se trata de un organismo institucional novedoso y de gran importancia futura.

Para analizar las decisiones parlamentarias de estos días, conviene recordar lo acontecido en el seno de RTVE durante los años de Rajoy, y cómo ha trascendido a la ciudadanía, legítima propietaria de este como de cualquier otro medio público. En estos seis años, los Consejos de informativos han sumado cientos y cientos de denuncias sobre malas prácticas informativas, censuras, manipulaciones, dobles raseros y un largo etcétera; por citar un número concreto, desde la llegada del actual equipo directivo, a las órdenes de José Antonio Sánchez, han sido 617 los casos documentados por ese órgano de representación de la redacción en TVE.

También en estos años, una representación de dicho Consejo ha visitado dos veces el Parlamento Europeo para denunciar la situación, la segunda de ellas ante la Comisión de Peticiones, que no solo las ha admitido a estudio, sino que ha realizado una petición de explicaciones al Gobierno español, de todo ello se han hecho eco los medios de comunicación internacionales. En paralelo, se ha pedido amparo a los grupos políticos representados en el Congreso, a los que se les ha facilitado amplia documentación y a los que se ha urgido a buscar soluciones a situaciones límite en cuanto al tratamiento sesgado de la información. Aún cuando se trataba de reivindicaciones profesionales, y no estrictamente laborales, sindicatos como UGT, CCOO, CGT y CNT se han unido y han apoyado estas iniciativas, mientras creaban otras, como los lazos naranjas reclamando la independencia de la corporación. Organizaciones profesionales en el ámbito de la comunicación nacionales e internacionales han suscrito las mismas denuncias, en las que han participado personajes relevantes de la cultura y de la sociedad civil. En definitiva, lo que se inició como unas denuncias internas de hechos puntuales ha traspasado al conjunto de los ciudadanos, que ven con preocupación la deriva experimentada por RTVE, tal y como se manifestaba en la caída de la credibilidad de sus Informativos a menos de la mitad del periodo anterior.

Por fin, el pasado septiembre, y por unanimidad de todos los grupos políticos se aprueba una nueva ley "para devolver la neutralidad e independencia informativa a RTVE", que dispone un plazo de tres meses para realizar un concurso público que sustituya a la actual dirección. Pero pasan semanas y meses y los partidos no se ponen de acuerdo para desarrollar la ley, entre acusaciones mutuas de poner obstáculos. Mientras, en el orden interno, la situación se torna angustiosa: los trabajadores que habían puesto su esperanza en una pronta renovación, ven como en el Parlamento se vive una situación de bloqueo, mientras la actual dirección prosigue su mandato y aumentan las malas prácticas informativas. En marzo, consiguen que todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PP, firman un acuerdo para desbloquear la situación, pero la presidenta del Congreso, Ana Pastor, encarga informes jurídicos que ralentizan el proceso. Surge el colectivo Mujeres RTVE y la campaña #AsíSeManipula, con ejemplos concretos de esa mala práctica; al tiempo, convocados por este colectivo, representaciones sindicale, y consejos de Informativos, nacen los #ViernesNegros que visualizan en pantalla a la mayoría de los trabajadores enlutados como protesta ante el bloqueo y la manipulación.

En el escrito de marzo, refrendado la pasada semana por los partidos políticos del Congreso, desde Bildu y UPN, hasta otras formaciones nacionalistas, Ciudadanos, Podemos y PSOE se demanda una representación de todos en la elección del Comité de Expertos que han de examinar a los candidatos para el nuevo Consejo de Administración y Presidencia; serán un total de 17, con mayor número de votos para las formaciones con mayor representación, pero con al menos uno a cargo de cada minoría. Y se llega a la Mesa del Congreso de este martes, en la que Ciudadanos cambia de criterio y abraza el patrocinado por el PP, en base a los escritos de los letrados de la cámara, que fija en 13 el número de votos y otorga seis al PP y uno a Ciudadanos, con lo que un acuerdo de esas dos formaciones impondría el resultado final, en lugar del consenso promovido por la ley.

PSOE y Podemos, presentes en minoría en la Mesa, se niegan a votar esa solución, y abandonan la reunión entre quejas de sus portavoces. Minutos después, Adriana Lastra, máxima representante del PSOE en la institución, recuerda las palabras del presidente del Gobierno en la entrevista televisiva y denuncia maniobras del todavía presidente de RTVE para gozar del control de la Corporación, aún después de cesar en su cargo: "José Antonio Sánchez ha vuelto a empoderar a sus directivos y ha delegado en ellos más competencias más de las que tenían. El riesgo que corremos es que siga bloqueada RTVE mientras no se resuelve el concurso. No podemos permitir que siga pudriéndose la situación dentro de RTVE, no podemos permitir que un derecho fundamental de la ciudadanía como el derecho a la información veraz siga siendo vulnerado por los directivos de RTVE. Y no vamos a mirar para otro lado, ni el grupo socialista ni el Gobierno de la nación".

¿Y ahora qué?

Entre los trabajadores, que en su mayoría están participando en las movilizaciones de protesta, y que han urgido al Parlamento una solución, ha surgido en el primer momento un sentimiento de indignación, al que ha sucedido la zozobra ante el inmediato futuro de RTVE. Efectivamente, ese ¿y, ahora, qué? estaba presente en todas las conversaciones, con respuestas de llamamiento a redoblar las protestas, en algunos casos, pero con cierto desconcierto en casi todos, mientras se aludía a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el asunto.

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Si hablamos del recorrido parlamentario, el asunto pasa ahora a la Mesa del Senado, cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta, por lo que, con total seguridad, refrendará la decisión tomada por la del Congreso. Así, y al margen de posibles impugnaciones por parte de PSOE y Podemos, se podría llegar a la votación del Comité de Expertos con trece personalidades elegidas por los grupos, y en la que tendrá mayoría de siete miembros los designados por PP y Ciudadanos. Ese comité procederá al examen de los candidatos para el Consejo de Administración que libremente quieran someterse a dicho proceso, lo que elimina de antemano a figuras de la comunicación y de la gestión de medios que, difícilmente, dejarían aparcados sus actuales empleos para someterse a esa prueba sin garantías de éxito. Conviene recordar en esa dirección que los consejeros no tienen sueldo asignado, por lo que el único que recibiría una retribución sustanciosa sería el que entre ellos fuera elegido presidente. En el supuesto caso de que fueran superados los inconvenientes anteriores, serían cinco hombres y cinco mujeres los que habrían de someterse a la votación del pleno del Congreso, en el que PP y Ciudadanos no llegan a la mayoría absoluta, por lo que una votación similar a la de la moción de censura daría al traste con los designados.

Como acabamos de ver, el proceso tiene un final incierto, pero además es de prever que se alargue en el tiempo durante varios meses, máxime si tenemos en cuenta la cercanía de las vacaciones parlamentarias. Entre tanto, habría una presidencia rotatoria entre los actuales miembros del Consejo de Administración, sin poder real de decisión, y un día a día que, según la portavoz del PSOE en el Congreso, llevarían a cabo los actuales directivos de RTVE, situación que podría chocar con la normativa tradicional en la que todos los altos cargos cesan junto al presidente. En cualquier caso, se produciría una provisionalidad similar a la que utilizó Mariano Rajoy para sustentar el cambio de la ley en 2012 e imponer una dirección a su servicio.

Así las cosas, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno en ejercicio, podría utilizar la vía del decreto ley para designar una presidencia, más o menos provisional, buscar apoyos parlamentarios para refrendarla y dar tiempo a la convocatoria del concurso público, rodeado de un nuevo consenso, y que evitara que la radio y televisión pública se pusiera al servicio de un partido político con el apoyo de otra formación. Una solución que pretendía evitar la ley aprobada en septiembre y que preveía que, en caso de no alcanzar el acuerdo para el concurso, la cúpula de RTVE tendría que ser aprobada por la mayoría del Parlamento y con el apoyo de, al menos, la mitad de las formaciones políticas representadas.