Este viernes puede ser clave para la continuidad y viabilidad de Telemadrid. En esa jornada se producirá una reunión de representantes del gobierno regional con la dirección de la cadena pública, y miembros del Consejo de Administración. Sobre la mesa la posibilidad de romper el bloqueo económico, al no renovarse el contrato-programa finalizado en diciembre, y que supone que, cincuenta días después, la empresa no haya recibido del ejecutivo regional ni un solo euro de la habitual aportación, por lo que mantiene en suspenso los pagos a proveedores y productoras externas, y haya tenido que pagar las nóminas del personal correspondientes al mes de enero con los excedentes de caja de ejercicios anteriores.
Desde la Consejería de Hacienda se ha llegado a calificar a la actual dirección de "negligente", por no haber enviado la propuesta de renovación del contrato-programa 2021-2024 hasta entrado enero. No obstante, infoLibre ha podido saber que, en los primeros días de noviembre tuvieron lugar reuniones en las que el ejecutivo planteó rebajar la aportación desde los 77 millones hasta menos de 68. "Se trataba –dicen desde la empresa pública– de un recorte de casi diez millones en plena pandemia, que ha disminuido los ingresos por publicidad, y en contra de la práctica realizada por otros gobiernos autonómicos del mismo signo político, como en Andalucía, donde se aprobó una dotación suplementaria para Canal Sur por las nuevas necesidades que exigió la pandemia".
Una historia llena de turbulencias
Para entender el actual conflicto es necesario retroceder en el tiempo. Telemadrid tuvo una etapa inicial de esplendor bajo los gobiernos de Leguina y Gallardón, pero en 2003, y tras el tamayazo, accedió a la presidencia regional Esperanza Aguirre y la televisión regional dio preferencia en sus espacios informativos a la política nacional, protagonizando la oposición al gobierno de Rodríguez Zapatero, y sumándose con entusiasmo a la "teoría de la conspiración" sobre la autoría de los atentados del 11 de marzo de 2004. Durante una década Telemadrid abandonó las calles, poblaciones y movimientos sociales de la Comunidad para convertirse en portavoz de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, a pesar de las denuncias internas de manipulación y censura, que los directivos elegidos por el PP soslayaron con cientos de contrataciones externas tanto de personal como de productoras privadas hasta llegar a una plantilla de más de mil cien empleados, imposible de sostener en el tiempo, y más en plena crisis económica.
A principios de 2010 el director general, José Antonio Sánchez, puso en marcha un ERE, posteriormente declarado por la Justicia como "no ajustado a derecho", y que supuso el despido de más de ochocientas personas. A partir de ese momento, los medios de comunicación van desvelando sucesivos escándalos financieros de Ignacio González, incluidos contratos multimillonarios tremendamente onerosos para Telemadrid, mientras los espectadores abandonan la radio y televisión madrileña (casi la mitad de la audiencia ni siquiera tiene sintonizado el canal en su mando a distancia) y muchas de sus emisiones se acercan al cero técnico.
Tras las elecciones de 2015, que otorgan la presidencia regional a Cristina Cifuentes, se pone en marcha una nueva ley para Telemadrid, que pasa de depender de la Asamblea al Gobierno. La presidenta declara su deseo de que la radio y televisión de la Comunidad esté al servicio de los ciudadanos y no de los grupos políticos y presenta al parlamento el nombramiento de José Pablo López como nuevo director general, que obtiene el apoyo parlamentario. Poco después, el máximo responsable conversa con infoLibre y avanza su intención de que la empresa se centre en el servicio público para los madrileños, con neutralidad política y máxima prioridad a todo lo que suceda en las calles y poblaciones de la Comunidad, dentro de una gestión económica austera y transparente. La legislatura, primero con Cifuentes y tras su dimisión con Ángel Garrido, culmina sin conflictos con el gobierno, y una lenta pero sostenida recuperación de la credibilidad, aumento de audiencia y presencia de Telemadrid en la sociedad madrileña.
En las elecciones de 2019 el PP pierde el liderazgo, mantenido desde 1987, pero un pacto con Ciudadanos, y el apoyo externo de Vox, otorga la presidencia a Isabel Díaz Ayuso. La nueva presidenta deja clara desde el principio su hostilidad a la dirección de la radio y televisión pública. Primero por medio de su entonces asesor externo, Miguel Ángel Rodríguez, que despliega en redes sociales ácidas críticas a Telemadrid; después es ella misma quien ningunea y escasea su presencia en los informativos, al tiempo que significados miembros del ejecutivo mantienen en sede parlamentaria encontronazos con el director general. El enfrentamiento se visibiliza cuando es entrevistada tras anunciar de la creación del Hospital Isabel Zendal, y es preguntada por cómo va a ser dotado de personal sanitario. La respuesta, visiblemente enojada, de Ayuso es casi un exabrupto: "Esas preguntas no se le hacen a una presidenta".
¿Y ahora qué?
Estamos ya en pleno 2021. La pandemia afronta su tercera ola y sobre parte de España descarga una gran nevada, con efectos catastróficos sobre la Comunidad de Madrid. Todas las televisiones dedican sus informativos de manera casi monográfica a los efectos de la meteorología adversa, pero es Telemadrid el medio que se vuelca con la noticia con emisiones informativas continuadas de hasta doce horas; el sábado el especial de 10 a 15 horas logra cifras por encima del 25 por ciento, y el director general escribe: "Hoy todos los que hacen Telemadrid, Onda Madrid y Telamadrid.es llevan informando desde las 6 de la mañana. Se llama equipo. Surge cuando las condiciones son adversas pero se comparte y defiende proyecto de servicio público. Gracias compañeros por el trabajazo. Orgullo", y tras la jornada del domingo, dice: "Telemadrid sigue informando. Ayer más de 2,6 millones de madrileños contactaron con nosotros: Nuestro Especial Informativo lidera la mañana con hasta un 19%. Telenoticias 1 es primera opción con un 19.9%". Pocos días después, el 20 de enero, se produce la explosión en la madrileña calle Toledo, y de nuevo Telemadrid se vuelca y lidera durante horas la información sobre el suceso.
Ya en febrero se van entregar los premios periodísticos de la Asociación de la Prensa de Madrid, con la presencia de los reyes Felipe y Letizia. Casa Real, que es experta en los protocolos de este tipo de actos, solicita a la televisión autonómica del lugar que se encargue de la señal pull, que será servida gratuitamente al resto de televisiones; Telemadrid acepta y solicita a la consejería de Hacienda una dotación de dos mil euros para sufragar la contratación de diez técnicos de exteriores, ya que no dispone de ese perfil en la plantilla; Hacienda da la callada por respuesta y finalmente es TVE quien se encarga de recoger el acto.
El PP se queda solo en su intento de asfixiar a Telemadrid
Entre tanto, las fuerzas parlamentaria en la Asamblea buscan una solución al conflicto, y es Ciudadanos, socio en el gobierno regional, quien ha impulsado en la Asamblea una enmienda a la ley que regula Telemadrid con el objetivo de que los contratos-programa del ente se prorroguen automáticamente cuando caducan y no haya otro aún aprobado para sustituirlos. El propio Ignacio Aguado decía en rueda de prensa:“Le puedo decir cómo estaba Telemadrid cuando llegué a la Asamblea, y cómo está. Tenía una audiencia hundida. El siguiente paso era irse a negro, muy pocas personas la veían. Fue una manera de entender la política y la televisión pública que no comparto. Pedimos un cambio en la legislación que supuso un cambio que permitió que Telemadrid fuera plural, con más contenido propio, más profesionalizada, y los resultados están ahí: los índices de audiencia están subiendo. Seguiré trabajando para que siga siendo una televisión imparcial, objetiva, plural. Sus trabajadores están haciendo una magnífica labor, todos los profesionales de Telemadrid, también el director general”. Con todo, y a pesar del apoyo de toda la oposición, el posible cambio legislativo precisa de un tiempo incompatible con las necesidades y urgencias de este medio.
Desde la dirección de Telemadrid se afronta la reunión del viernes como una posibilidad real de "lograr una consolidación del empleo (en este momento la mitad de los trabajadores son temporales), que se le permita acceder a créditos bancarios para financiar la renovación tecnológica, y un marco de financiación estable para los próximos años". Por parte de los trabajadores el presidente del Comité de Empresa, Luis Lombardo, dice a infoLibre que "el Partido Popular en el gobierno debe retomar la senda del consenso y el diálogo y retomar el acuerdo que permita seguir funcionando y seguir trabajando como lo hemos estado haciendo los últimos meses. Ahora, más que nunca y en plena pandemia, la Comunidad necesita un medio propio y cercano, de servicio público, que informe del día a día". No obstante, Lombardo aclara que "viendo los antecedentes, no podemos ser muy optimistas, pero mantenemos la esperanza en el acuerdo. Si no fuera posible, demandamos al conjunto de las fuerzas políticas los cambios legislativos que permitan asegurar la financiación para cumplir el servicio público que la ley nos asigna, quizás por medio de una prórroga del contrato-programa, que permita realizar las contrataciones imprescindibles". Por último, sobre la rumoreada disminución de diez millones en el presupuesto, el representante de los trabajadores lo califica de "auténtica barbaridad, que impediría el funcionamiento de la empresa".
El conjunto de trabajadores y directivos de la empresa recalcan que el coste por habitante no llega a un euro al mes, la mitad que RTVE y muy debajo del resto de televisiones autonómicas.
Este viernes puede ser clave para la continuidad y viabilidad de Telemadrid. En esa jornada se producirá una reunión de representantes del gobierno regional con la dirección de la cadena pública, y miembros del Consejo de Administración. Sobre la mesa la posibilidad de romper el bloqueo económico, al no renovarse el contrato-programa finalizado en diciembre, y que supone que, cincuenta días después, la empresa no haya recibido del ejecutivo regional ni un solo euro de la habitual aportación, por lo que mantiene en suspenso los pagos a proveedores y productoras externas, y haya tenido que pagar las nóminas del personal correspondientes al mes de enero con los excedentes de caja de ejercicios anteriores.