Cinco datos clave para entender la crisis política y social en Venezuela

Venezuela atraviesa una grave crisis política con enfrentamientos cada vez más fuertes entre partidarios del Gobierno y la oposición. El Ejecutivo de Nicolás Maduro celebró el pasado domingo los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente, en la que según los datos oficiales participaron ocho millones de personas (41,5%), cifra que la oposición cuestiona. Los grupos opositores se opusieron a la votación y no presentaron candidatos, de modo que los miembros electos, que tienen el mandato de redactar una nueva constitución, son afines al Gobierno.

Esta semana el departamento del Tesoro estadounidense aprobó sanciones económicas contra Maduro y prohibió a los ciudadanos estadounidense hacer negocios con él. La administración Trump llegó a calificar de "dictador" a Maduro, a quien acusó de "no respetar la voluntad del pueblo venezolano". El presidente venezolano calificó esas sanciones de "muestra de desesperación y odio" del "imperialismo estadounidense". Mientras tanto, el Supremo venezolano revocó el arresto domiciliario de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, que volvieron a ser encarcelados.

Tampoco la UE ni España reconocen los resultados electorales. En nuestro país la crisis venezolana ha acaparado la atención de políticos –especialmente críticos se han mostrado PP, PSOE y Cs– y medios –el diario El País, por ejemplo, ha dedicado hasta tres editoriales críticos a Maduro en los últimos diez días–. Pero, ¿cómo de grave es la situación en Venezuela? ¿Es un país democrático o está más cerca de convertirse en una dictadura? ¿Realmente hay presos políticos? ¿Cómo marcha la economía? infoLibre repasa indicadores e informes internacionales sobre la situación en Venezuela.

Venezuela: ¿Democracia o dictadura?

Es, quizá, la pregunta básica: ¿Es Venezuela una democracia? Y aunque sería complicado contestar con un monosílabo, hay indicadores que permiten elaborar una respuesta. El índice más reconocido para medir la calidad democrática de un país lo publica cada año el semanario The Economist. Esa clasificación otorga a cada Estado una puntuación con un máximo de diez puntos y diferencia cuatro grandes categorías: las democracias plenas, las democracias imperfectas, los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios (o dictaduras).

¿Y en qué escalón está Venezuela? En el penúltimo: aparece clasificada como régimen híbrido. En el índice de democracia 2016 el país obtuvo 4,68 puntos y se situó en el puesto 107 de 167 países. The Economist le otorgó 5,67 puntos sobre 10 a los procesos electorales y el pluralismo venezolano, 5,56 al nivel de participación política, 5,29 a los derechos civiles en el país, 4,38 a la cultura política y 2,5 al funcionamiento del Gobierno. Hay que tener en cuenta que esta clasificación del año pasado no recoge el posible efecto en esas notas de los últimos acontecimientos políticos.

¿Y cómo está Venezuela en relación a otros países? Si se compara con países de su entorno geográfico, la respuesta en términos generales sería que peor. Su vecina Colombia obtiene 6,67 puntos (57º puesto), Brasil 6,9 (51º), Perú 6,65 (59º), Ecuador 5,81 (82º), y Bolivia 5,63 (90º), por citar algunos ejemplos. The Economist considera que esos tres primeros países son democracias imperfectas, mientras que los dos últimos los encuadra, como a Venezuela, en la categorías de regímenes híbridos.

Si, en cambio, se compara la calidad democrática de Venezuela a lo largo de los años, la conclusión es que está en su punto más bajo de la última década: The Economist le otorgó 5,42 puntos en 2006 y, desde entonces, la tendencia ha sido a la baja año tras año –a excepción de 2012, cuando le subió la nota unas pocas centésimas–. El retroceso más acusado se dio, precisamente, entre los dos últimos informes: pasó de un 5 en 2015 al citado 4,68 de 2016. La publicación explicó de que ese retroceso se debía a la reacción del Gobierno ante la victoria electoral de la oposición en diciembre de 2015.

Pese a todo ello, el clima democrático de Venezuela es mejor que el de uno de cada tres países analizados por el semanario. ¿Cuáles están peor? Por detrás de Venezuela, ya encuadrados como dictaduras, aparecen Cuba (128º puesto), Egipto (133º), Rusia (134º), China (136º), Emiratos Árabes Unidos (147º) o Arabia Saudí (159º). También multitud de países africanos y de pequeñas monarquías del golfo árabe. España mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchos de estos países –el rey, sin ir más lejos, visitó Arabia Saudí a comienzos de este año– y es infrecuente que la prensa preste atención a lo que allí sucede.

Los presos políticos

Los "presos políticos venezolanos" son otra cuestión peliaguda en esta crisis y con frecuencia salta a los medios de comunicación españoles. Este mismo martes, sin ir más lejos, el PP exigió a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que organice "ya" un acto institucional para pedir la liberación de "presos políticos en Venezuela" y demuestre que "no le es indiferente" el proceso de "involución política y democrática" en ese país y el "atentado contra la libertad y los Derechos Humanos perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro" con la detención de Leopoldo López y Antonio Ledezma.

En su último informe anual publicado hasta la fecha, que recoge las opiniones emitidas durante 2014, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas contabilizó cuatro casos de detención arbitraria en Venezuela: el del opositor Leopoldo López, el del exalcalde de San Cristóbal y también opositor a Madura Daniel Ceballos, el del capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Nieto, y el de Maikel Giovanni Rondón. Y otras 316 personas fueron detenidas arbitrariamente durante "protestas pacíficas de estudiantes", según este grupo de la ONU.

En ese mismo informe anual, el grupo consideró probada la existencia de casos de detención arbitraria en 27 países. China encabezaba la clasificación con siete casos, seguida de Bahrein con seis. Venezuela, con cuatro casos, aparecería empatada con Yemen. Por detrás figuraban países como Myanmar –tres casos–, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Congo, Tailandia, Camerún, Líbano y Omán –con dos casos cada uno– y otros 14 países donde se registró un caso, y entre los que figuran, por ejemplo, Canadá, México, Bolivia, Estados Unidos y Australia.

En 2015, el GTDA emitió una serie de opiniones en las que consideró arbitrarias las detenciones de Vicenzo Scarano, exalcalde de San Diego; Rosmit Montilla, el líder de la sección juvenil del partido opositor Voluntad Popular; y de cinco estudiantes detenidos durante las protestas de mayo de 2014. En las tres reuniones que celebró durante 2016 y en la única que ha celebrado en 2017 hasta la fecha, el citado grupo de la ONU no emitió ninguna opinión referente a la situación en Venezuela. 

Otra fuente, el informe 2016 / 2017 de Amnistía Internacional, también cita casos de detención y reclusión arbitraria en Venezuela y afirma que en el país se encarcela a "personas que se oponían políticamente al Gobierno". La misma organización ha publicado varias notas en las que advierte de la "política premeditada de represión violenta contra cualquier forma de disidencia" por parte del Gobierno y de un uso "ilegal" del sistema de justicia "para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente".

Los datos de Venezuela, en todo caso, distan mucho de ser los peores del mundo, un dudoso honor que corresponde a Corea del Norte, donde hay, según Amnistía Internacional, hasta 120.000 personas recluidas en cuatro campos para presos políticos y que son sometidas a trabajos forzados y tortura. No muy lejos, en China, existe según la organización una "campaña de represión sin precedentes": en agosto del año pasado se condenó a tres personas a penas de entre tres y siete años por "subvertir el poder del Estado" y en los meses siguientes se detuvo y condenó a activistas políticos, en varios casos sin asistencia de un abogado durante el juicio

El pasado 13 de junio, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz de 2010, Liu Xiaobo, murió a los 61 años a causa de un cáncer de hígado que desarrolló durante su última estancia en prisión. Xiaobo había sido condenado en 2009 a 11 años de cárcel por pedir reformas democráticas en un manifiesto. El activista fue detenido en numerosas ocasiones y las autoridades chinas le impidieron incluso viajar a Oslo a recoger el Nobel. Fue excarcelado días antes de su muerte. El Gobierno de China le impidió viajar el extranjero para ser tratado de su enfermedad. Según El País, su viuda está ahora desaparecida: sus allegados no logran localizarla.

Mucho más cerca de España, en Marruecos, un tribunal de primera instancia de Alhucemas condenó a mediados de junio a 25 manifestantes rifeños a año y medio de prisión por manifestarse de forma ilegal, entre otros delitos. En los últimos meses se han sucedido decenas de detenciones durante protestas civiles en el Rif y casi 100 activistas han sido llevados a juicio o están pendientes de comparecer ante los tribunales. Este mismo martes, otro tribunal condenó a otros diez manifestantes a entre seis meses y un año de cárcel.

Asesinatos y violencia

La violencia es otro de los grandes problemas que afecta a Venezuela. Según la oficina de Nacionas Unidas contra las drogas y el crimen (UNODC), la tasa de homicidios se situó en el país en 57,15 casos por cada 100.000 habitantes en 2015, último año del que hay datos disponibles. En esa fecha fueron asesinadas 17.778 personas, lo que supone la segunda peor cifra para Venezuela desde el inicio de la serie histórica, que arranca en 2003. Sólo en 2014 hubo más víctimas de actos violentos (19.030). Si se compara el dato de 2015 con el de una década atrás, el incremento es del 53,5% en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.

A nivel mundial, la cifra de 2015 coloca a Venezuela como el tercer país con más homicidios, sólo por detrás de El Salvador –con 108,64 casos por cada 100.000 habitantes– y Honduras –63,75 casos por cada 100.000 habitantes–. Países de su entorno como Brasil y Colombia registran cifras mucho más bajas –26,7 y 26,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente–, y México y Puerto Rico tienen aún menos casos de muertes violentas –entre 15 y 16 por cada 100.000 habitantes–. En España la cifra es de 0,66 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El Gobierno venezolano, por su parte, cifró en 112 las personas que resultaron "víctimas fatales de la violencia política" entre el 6 de abril y el 7 de julio de este año, de acuerdo con un informe del Ministerio para la Conmunicación e Información [ver en PDF]. De esos 112 fallecidos, el Ejecutivo de Maduro admite que 35 murieron mientras se manifestaban contra el Gobierno, mientras que 77 no eran parte activa de una manifestación. El informe reconoce que de 12 de los casos derivaron hasta 40 órdenes de detención contra funcionarios del orden público, mientras que 30 civiles también resultaron detenidos en el transcurso de las protestas.

Pobreza y desabastecimiento

También son muy frecuentes en la prensa española las imágenes de supermercados venezolanos donde faltan productos básicos y los artículos sobre la elevada inflación, un indicador que el Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de actualizar en diciembre de 2015. Según el Fondo Monetario Internacional, los precios se incrementarán un 720,5% en 2017 y subirán otro 2.068,5% en 2018. Para esos dos años, la institución prevé una contracción del PIB del 7,4% y el 4,1% respectivamente.

Se cumplan esas cifras o no, parece innegable que los precios suben de forma muy rápida: a principios de 2017, de hecho, el Gobierno se vio obligado a poner en circulación billetes de mayor denominación. Hasta entonces, el billete de mayor valor era de 100 bolívares. En la nueva familia, el de mayor importe alcanza los 20.000 bolívares, 200 veces más. Entre enero y junio de 2017 la estadística del BCV refleja que se pusieron en circulación billetes por valor de 1,1 billones de bolívares, más que la suma de toda la nueva moneda puesta en circulación entre 2008 y 2016.

Sin embargo, los indicadores de pobreza han evolucionado de forma favorable en las últimas dos décadas, desde que Chávez llegara al poder a finales de 1998. Según datos del Banco Mundial, la pobreza afectaba al 55,7% de la población venezolana en 1997. La tasa cayó hasta el 33,1% en 2001 y, tras un repunte en 2003 y 2004, se mantuvo en niveles del 26-27% entre 2007 y 2012. Desde entonces, muestra una evolución favorable: siempre de acuerdo con los datos del Banco Mundial, la pobreza afectó al 29,4% de venezolanos en 2013, al 29,5% en 2014 y al 33,1% en 2015, último año con datos disponibles hasta ahora.

En comparación con los países de su entorno, el dato de Venezuela en ese último ejercicio es peor que el de Brasil (7,4% en 2014), Perú (21,8 en 2015%), Ecuador (23,3%) y queda no muy lejos del de Colombia (27,8%), mientras que es claramente mejor que el de Bolivia (38,6%) o Honduras (62,8% en 2014). Las estadísticas del Banco Mundial están actualizadas, en el caso de la mayoría de países, hasta 2014. En ese año la institución constató que al menos 14 países tenían a una mayor parte de su población en situación de pobreza que Venezuela. En ese grupo figuraban Estados como Nicaragua, Armenia, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, México y Guatemala.

De lo que no hay estadísticas oficiales es del nivel de desabastecimiento, pues el Banco Central de Venezuela dejó de actualizar la serie estadística en abril de 2014, cuando el índice de escasez se situaba en el 25,3%, unos 12 puntos por encima del promedio de la década 2003-2013 (13,1%). La institución modificó en enero de 2016 ese índice por un nuevo indicador de "acaparamiento", y cifró en un 87% la "apreciación de existencia de acaparamiento", aunque no dio más explicaciones en torno a esa cifra ni la ha actualizado posteriormente.

Libertad de prensa

Venezuela aparece en el puesto 137 –de un total de 180 países– en la edición de 2017 de la clasificación mundial sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Hace 15 años, cuando se elaboró ese estudio por primera vez, estaba en el puesto 77. En la serie histórica hay cuatro momentos en los que la valoración de Venezuela cae especialmente: en 2003 pasó del puesto 77 al 96; en 2005 cayó del 90 al 115; de 2008 a 2010 perdió otros 20 puestos –del 113 al 133– y, tras una remontada entre 2012 y 2014 –cuando ocupó las posiciones 116 y 117–, se hundió de nuevo en 2015, cuando apareció en 137º posición. En 2016 fue el 139º país y en este 2017 está nuevamente como 137º clasificado.

Entre los países del continente americano sólo México puntúa peor –aparece en el puesto 147–. Están también por detrás de Venezuela países como Rusia (148º), Turquía (155º), Egipto (161º), Cuba (173º) y China (176º). La clasificación la cierra Corea del Norte (180º). En el caso de Turquía, por ejemplo, a finales de julio comenzó un juicio contra 18 periodistas, dibujantes, abogados y directivos del diario Cumhuriyet, críticos con Erdogan y que se enfrentan a peticiones de cárcel de entre 7 y 43 años. Su editor jefe, Can Dündar, que en 2016 recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, fue condenado a seis años de prisión en mayo por, supuestamente, revelar secretos de Estado.

La oposición venezolana se presenta a la elecciones regionales de diciembre

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El informe de RSF también recoge datos de periodistas asesinados en cada país. El último caso confirmado en Venezuela data de 2009. Entre 1992 y 2017 murieron cinco periodistas asesinados en ese país. Hay, además, otros cuatro casos de muertes que la organización considera sospechosas y que podrían estar vinculadas a su actividad profesional, aunque no están confirmados. Venezuela no está entre los países con más periodistas asesinados: desde 1992, los cinco peores fueron Irak (182 asesinatos), Siria (109), Filipinas (78), Somalia (62) y Pakistán (60). Entre los diez primeros figuran también Algeria (60), Rusia (58), Colombia (47) y México (41).

En el país tampoco se han registrado casos de periodistas encarcelados en 2017. En cambio, siempre según datos de RSF, en los primeros ocho meses del año hubo 37 países que enviaron a un total de 190 profesionales de la información a prisión. Al frente de esa clasificación aparece Turquía, con 49 periodistas encarcelados. Le siguen China (21), Egipto (14), Azerbaiyán (12) y Eritrea e Irán, con 11 casos cada uno. También han encarcelado a periodistas países como Arabia Saudí (3), India (1), Rusia (4) o Ucrania (1). No son los únicos casos de periodistas a los que se les impide realizar su labor: el pasado 26 de julio la Federación de Asociaciones de Periodistas de España denunció la expulsión de Marruecos de dos periodistas y pidió al Ministerio español de Asuntos Exteriores que "exija explicaciones". Los periodistas se encontraban cubriendo la situación que se vive en el Rif. 

La oposición ha criticado especialmente las injerencias del Gobierno en la televisión del país. En 2007, el Supremo venezolano no admitió a trámite un recurso de Radio Caracas Televisión contra la no renovación de su licencia para emitir. El entonces presidente Chávez había anunciado meses antes que se opondría a la renovación por considerar que la cadena había apoyado el intento de golpe de Estado en 2002. En 2010 el Ejecutivo de Chávez inició un proceso para adquirir acciones de la cadena crítica Globovisión, vendida finalmente en 2013 y ahora en manos de una dirección más próxima al Gobierno. En febrero de 2017 CNN en Español denunció que Maduro había ordenado que se le impidiera difundir su señal en Venezuela. La pluralidad en la televisión venezolana es limitada en la actualidad. Sí hay, en cambio, periódicos críticos con el Gobierno.