Así se destruye la selva colombiana en busca de oro

Durante siglos se ha buscado oro enterrado en la cuenca del río Atrato, en el Chocó, uno de los lugares más singulares y con mayor biodiversidad del mundo, enclavado en lo más profundo de las verdes selvas del noroeste de Colombia.

Pero la minería artesanal tradicional se ha ido extinguiendo desde que llegaron los extranjeros hace dos décadas. La batea utilizada durante mucho tiempo para buscar metales preciosos ha sido sustituida por enormes dragas, conocidas como dragones, que succionan grandes cantidades de tierra de las orillas y el fondo de los ríos.

Antes, "buscábamos cuidadosamente granos de oro para comprar comida", aseguró Jaime, un minero local, a los periodistas de Cuestión Pública frente a su casa de madera a finales del año pasado. "Esas máquinas lo consumen todo. Sales a buscar [oro] y no encuentras nada".

Las selvas del Chocó albergan una gran cantidad de flora y fauna raras, incluidas varias especies en peligro de extinción y aves que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. La región también es conocida por su patrimonio cultural afrocolombiano. Pero hoy, gran parte de ella está controlada por guerrillas y grupos criminales que se enriquecen con la industria minera ilegal.

Las excavadoras y los dragones han remodelado el paisaje del Chocó, desviando muchos de los ríos que serpentean por la selva. El mercurio, que los mineros utilizan para separar el oro del sedimento, ha contaminado los ríos de la región, matando a decenas de niños y dejando a muchos habitantes locales con agónicos problemas de salud.

Jaime, cuyo apellido el OCCRP omite por su seguridad, dijo que se vio obligado a buscar tratamiento para la intoxicación por mercurio en Medellín y en la capital, Bogotá. "Me iba a morir", dijo. "Tenía problemas cardíacos, cerebrales, me dolía todo el cuerpo, se me agarrotaban las piernas del dolor".

Mientras el Chocó sufre, no siempre está claro quién se beneficia

El OCCRP y sus socios localizaron a varias personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses –un quiropráctico y un agente inmobiliario– que están siendo investigados por su papel en una operación minera ilegal en la región que, según las autoridades, causó grandes daños medioambientales. Los periodistas encontraron a los dos hombres a miles de kilómetros de distancia, en los ricos suburbios de Miami.

Los dos iraníes-estadounidenses niegan categóricamente su participación en cualquier actividad ilegal. Pero sus antiguos socios y un exempleado cuentan una historia muy diferente sobre quién se benefició de la operación minera que provocó este atentado medioambiental.

Detrás de la disputa hay un intrincado y a veces extraño juego de supuestas traiciones, señalamientos e intimidaciones. Aunque algunos de los hombres relacionados con la explotación minera han sido condenados, otros, incluidos los estadounidenses, no lo han sido y la Fiscalía colombiana dice que la investigación sigue abierta.

Los documentos judiciales presentados por los fiscales colombianos en 2018 dicen que los estadounidenses Hassan Jalali-Bidgoli y Amir Mohit-Kermani comenzaron las actividades mineras en 2011, cuando crearon dos empresas para extraer y comercializar oro. Los documentos muestran que la Fiscalía del distrito de Bucaramanga emitió órdenes de arresto en diciembre de 2018 para los dos estadounidenses y otras 11 personas, cinco de las cuales han sido condenadas desde entonces por delitos ambientales relacionados con la operación minera.

Pero la investigación sobre Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani parece haberse estancado desde entonces. La Fiscalía explicó a los periodistas que los hombres siguen formando parte de una investigación en curso, pero ninguno de ellos ha sido acusado y no está claro si las órdenes de detención colombianas siguen activas.

Tanto Jalali-Bidgoli como Mohit-Kermani fueron localizados en Miami, donde tienen negocios y propiedades. Los registros muestran que los dos hombres, junto con la esposa de Jalali-Bidgoli, poseen propiedades en Florida por un valor conjunto de más de 30 millones de dólares, aunque no hay pruebas de que ninguna de ellas se haya comprado con dinero procedente de la minería en Colombia.

Juan José Salazar, un abogado de los dos hombres en Colombia, negó la evidencia de las órdenes de arresto proporcionadas por los reporteros, escribiendo en un correo electrónico que "nunca ha habido, ni hay actualmente en Colombia una orden de arresto contra mis clientes." "Mis clientes han estado en Estados Unidos, a la vista de todos", añadió su abogado estadounidense, David Núñez. Afirmó que habían proporcionado al fiscal general de Colombia "materiales que establecen su inocencia en relación con cualquier actividad minera ilegal". Nuñez y un abogado colombiano prometieron proporcionar pruebas de su inocencia, pero ninguno de ellos compartió esos materiales.

Varias fuentes, incluidos los abogados de los dos estadounideneses, reconocieron que se emitió una notificación azul de Interpol para localizarlos, aunque el propio organismo internacional declinó hacer comentarios, diciendo que la información era "confidencial".

Destrucción del medio ambiente

Los expedientes judiciales colombianos dicen que Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani se involucraron en la minería en el Chocó hace poco menos de una década. El OCCRP y su socio colombiano Cuestión Pública solicitaron esta documentación, pero los fiscales se negaron a publicarlos porque la investigación está en curso. Sin embargo, los expedientes de los casos judiciales contra los cinco hombres que fueron condenados por delitos ambientales sugieren que Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani trabajaron con ellos, formando un grupo de empresas que extraían y comercializaban oro.

En 2011, Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani crearon dos empresas: Talbras SAS, para extraer metales preciosos, y Comercializadora Internacional CI Tala Internacional Trading SAS, para venderlos. La documentación de Talbras pone que vendía el oro a nivel local, aunque el propósito comercial declarado de Comercializadora Internacional –"comercializar productos colombianos en el extranjero"– sugiere que el oro podría estar destinado a la exportación.

Los expedientes judiciales explican que Talbras recibió inicialmente la aprobación para la explotación minera del Consejo Comunitario de Paimadó, en el Chocó, que gestiona las tierras en nombre de las comunidades afrocolombianas locales. Sin embargo, un alto funcionario de la agencia regional de minería, Codechocó, aseguró que la aprobación era ilegítima, ya que el Consejo no tenía la licencia ambiental necesaria para permitir la minería. En cualquier caso, el Consejo Comunitario de Paimadó retiró posteriormente su aprobación y Talbras se disolvió como resultado en 2013, según los registros de la empresa.

Un punto de discrepancia entre las distintas partes es quién estaba involucrado en las operaciones mineras ilegales. Los reporteros encontraron cuatro casos judiciales relacionados con la minería ilegal, aunque tres de ellos están todavía bajo investigación, por lo que los fiscales no quisieron proporcionar documentos. En el cuarto caso se condenó a cinco personas por delitos medioambientales y el expediente incluye acusaciones, pruebas de los fiscales, órdenes de detención, sentencias... e información sobre otras personas que podrían aparecer en los casos aún sellados.

El caso público se refiere a una "organización criminal" que realizaba operaciones mineras, llamada posteriormente "la organización". Los archivos del caso dicen que esta organización se inició cuando Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani crearon Talbras y Comercializadora Internacional. A lo largo de varios años se añadieron otras empresas, pero los fiscales las consideraron parte de la misma organización.

Por ejemplo, el expediente asegura que en abril de 2013, la organización añadió otra empresa llamada Vencol Mineral SAS, y pronto se puso a trabajar con excavadoras pesadas y dragas en el río Quito, en Chocó. Los abogados de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani señalaron que no estaban involucrados en Vencol Mineral, y que no tenían conocimiento de que el grupo estuviera involucrado en la minería ilegal.

Aunque se discute quién controlaba la organización, no se discute el daño que causó.

En junio de 2013 y de nuevo al año siguiente, Codechocó envió a un ingeniero ambiental para evaluar el impacto de las operaciones de Vencol Mineral. El ingeniero, Erbin Rodrigo Velásquez Mosquera, explicó a Cuestión Pública que la empresa había causado una destrucción ambiental que tardaría "miles de años" en recuperarse.

"Llegamos en barco y el primer impacto que vimos fue que habían desviado el curso de agua", renoció. "Ya no era el curso natural del río, lo redirigieron... Lo secaron [y] lo inundaron a su conveniencia". Los árboles que bordeaban las orillas del río habían sido cortados y sustituidos por montones de tierra tallada en el lecho del río, admitió. El agua, que antes era "cristalina", estaba manchada de aceite de las dragas.

Otra persona cercana al caso, que declinó ser nombrada porque no se le permite manifestar públicamente, confirmó que la minería causó estragos en el río Quito. "Aparte de desviarlo, lo contaminaron de manera brutal con la extraordinaria cantidad de mercurio que pusieron en el río", admitió esta fuente, que añadió que "hay nichos ecológicos que no se recuperarán".

Posteriormente, Codechocó multó al representante legal de Vencol Mineral con más de 427 millones de pesos (unos 124.246 euros) por el daño ambiental. A la fecha, la sacción aún no ha sido pagada, según Codechocó.

Después, en 2015, la organización trasladó su operación hacia el sur, al corregimiento de San Miguel, para evitar la represión de la minería ilegal en la zona donde habían estado operando, dicen los documentos judiciales.

En julio de 2015, según los registros judiciales, el grupo creó otra empresa llamada Dragados Asociados San Miguel SAS, que en ese momento era propiedad del primo de la suegra de Jalali-Bidgoli, Moisés Ortiz Martínez.

Ortiz Martínez fue posteriormente declarado culpable de conspiración y delitos medioambientales y condenado a cuatro años de prisión y a una multa de casi 12.000 millones de pesos (3,5 millones de dólares), que fue conmutada por una sentencia suspendida. Un abogado de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani reconoció la relación, pero aseguró que no tenían conocimiento de las actividades ilegales de Ortiz Martínez.

En 2017, según los documentos judiciales, la organización criminal había creado un negocio minero integral que extraía oro y platino en la selva y lo vendía en el extranjero. Según Codechocó y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, ninguna de las empresas del grupo tenía licencia para extraer metales preciosos.

Núñez, el abogado estadounidense que representa a Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani, negó que sus clientes hayan extraído o exportado oro de Colombia. Los registros de una base de datos comercial de importación y exportación no mostraban ninguna mención a Comercializadora Internacional CI Tala Internacional Trading SAS, la empresa exportadora mencionada en los documentos judiciales.

Las cosas comenzaron a torcerse para la organización en junio de 2017, cuando la policía nacional, las fuerzas militares y Codechocó descubrieron tres de sus dragas en el río San Juan.

En diciembre de 2018, se emitieron órdenes de captura contra 13 personas relacionadas con la presunta operación minera ilegal, incluidos los dos estadounidenses. Cinco de ellos fueron capturados ese mes y condenados al año siguiente por varios delitos ambientales, entre ellos contaminación del medio ambiente y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales.

Los abogados de los acusados, Harlan Lozano Quinto y Cristino Parra Mosquera, señalaron a la OCCRP que sólo responderían a las preguntas en persona en sus oficinas en el Chocó. Los periodistas no pudieron reunirse con ellos allí por razones de seguridad.

La fiebre del oro

Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani se negaron a ser entrevistados directamente, pero afirmaron, a través de su abogado estadounidense, que se habían visto envueltos en el asunto de forma involuntaria cuando un préstamo bienintencionado se convirtió en algo malo.

Según su relato, el problema comenzó en 2010, cuando la pareja prestó dinero a Juan Carlos Marulanda, un colombiano con el que Jalali-Bigdoli había trabajado en el sur de Florida. El dinero estaba destinado a comprar oro en Colombia para venderlo en Estados Unidos, pero Marulanda lo gastó en equipos de minería, que luego entregó a Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani para saldar su deuda.

En un intento de recuperar sus pérdidas, crearon entonces las empresas auríferas colombianas, según su abogado. Admitió que sus clientes habían prestado su equipo minero a Ortiz Martínez, pero argumentó que no tenían idea de que iba a utilizarlo para la minería ilegal.

"No tenían conocimiento de que el señor Ortiz utilizara sus equipos para cualquier actividad minera de oro no autorizada/ilegal", reconoció Núñez a los periodistas.

Sin embargo, los antiguos socios comerciales de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani contaron historias muy diferentes, acusando a los estadounidenses de traicionarlos y de enviar a gente para intimidarlos para que entregaran su negocio.

Una antigua asesora jurídica de Talbras, la abogada Ángela Salazar Ríos, afirma que les dijo a Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani que sus operaciones de extracción de oro eran ilegales. "Les expliqué: 'Esto no es como en cualquier país, aquí las cosas ya están reguladas, esto es un delito, ustedes han cometido muchos delitos'", dijo a los periodistas.

Núñez afirmó que Salazar Ríos fue despedida de Talbras después de que Ortiz Martínez la acusara de robar, y agregó: "El relato de la señora Salazar es totalmente inexacto. Nada de eso es cierto".

Salazar Ríos dijo que se le debían salarios atrasados, y presentó una demanda alegando violaciones laborales, que fue desestimada en lo que ella consideró circunstancias "extrañas".

Marulanda también refutó la versión de los hechos de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani, diciendo que el dinero que supuestamente le prestaron era en realidad una inversión de 100.000 dólares destinada a ampliar las operaciones mineras de uno de sus socios en la región. Ese socio, Josecarlo Souffront Mozzicato, respaldó por separado la versión de Marulanda.

Souffront señaló que posteriormente fue presionado para "transferir" sus operaciones a los dos estadounidenses a cambio de unos 50 millones de pesos (unos 28.4000 dólares de la época). Temeroso, dijo que abandonó Colombia en septiembre de 2011, después de presentar una denuncia legal, pero recibió una notificación de que el caso estaba cerrado dos años después.

Un antiguo socio de Souffront, que habló bajo condición de anonimato, apoyó de forma independiente su relato y afirmó haber sido obligado a negociar y despojado de su negocio.

Marulanda también explicó que huyó de Colombia a finales de 2011, después de que los ejecutores lo visitaran exigiendo dinero.

El abogado de la pareja, Núñez, negó que sus clientes hubiesen contrado a alguien "para cobrar la deuda del préstamo" y desmiente "cualquier acusación de que estuvieran de alguna manera involucrados en actividades criminales".

Ninguna de las partes proporcionó documentos para respaldar sus diversas cuentas. Los archivos corporativos muestran que Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani abrieron una empresa registrada en Florida con Marulanda en 2010 y otra empresa colombiana de comercio de minerales con Souffront en marzo de 2011, pero por lo demás no ha sido posible verificar ninguna de las dos versiones de los hechos.

Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani señalaron a través de sus abogados que no han estado en Colombia durante años. Mohit-Kermani es quiropráctico en Miami, y Jalali-Bidgoli es ingeniero arquitectónico y contratista general. Los dos hombres parecen vivir bien.

Los registros muestran que Jalali-Bidgoli y su esposa han acumulado una cartera de 12 propiedades valoradas en más de 22 millones de dólares, entre las que se incluyen apartamentos en primera línea de playa y mansiones en zonas exclusivas. Al menos tres de ellas fueron compradas entre 2013 y 2016, cuando la organización operaba en el Chocó. Mohit-Kermani posee dos propiedades en Miami por valor de 9,7 millones de dólares, según documentos vistos por los periodistas.

Los registros corporativos muestran que Jalali-Bidgoli también está vinculado a una red de al menos 43 empresas en Florida, así como a otras en paraísos fiscales como Panamá.

Los periodistas no encontraron pruebas de que las propiedades de Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani hayan sido compradas con fondos procedentes de la minería ilegal, y su abogado expicó que nunca han obtenido beneficios del oro colombiano.

Pocos procesos ambientales

Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani siguen siendo objeto de una investigación en curso por acusaciones de daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, explotación ilícita de depósitos de oro y conspiración para cometer un delito, según las autoridades colombianas.

Cinco de sus presuntos cómplices fueron declarados culpables de múltiples delitos ambientales en agosto de 2019 y condenados a cuatro años de cárcel y a una multa de cerca de 12.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) cada uno. Pero sus sentencias fueron posteriormente suspendidas por tres años.

Sin embargo, esto sigue siendo más lejos de lo que llegan la mayoría de los casos ambientales en Colombia. Los datos de la Fiscalía muestran que de las más de 10.700 investigaciones por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales registradas entre enero de 2000 y febrero de 2021, sólo 461 han terminado en condena.

Edin Pasovic |  OCCRP

El ex fiscal Jorge Perdomo explicó que la baja tasa de condenas por delitos ambientales se debe en parte a que los fiscales carecen de las habilidades y el equipo para investigarlos, y en parte a que los grupos criminales controlan muchas de las áreas de minería ilegal. "Los delitos asociados a la minería ilegal requieren conocimientos e instrumentos especiales, lo que hace que sean más complejos de investigar".

Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani también han sido representados por el bufete de abogados de alto perfil Diego Cadena, conocido por haber defendido a varios narcotraficantes colombianos extraditados a EEUU. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario por las acusaciones de haber sobornado a testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe, en un caso que involucra a exparamilitares que habían hecho declaraciones perjudiciales sobre el político.

En agosto de 2020, la historia de la minería ilegal en el Chocó resurgió en los medios de comunicación colombianos cuando la policía informó de que un informante confidencial había proporcionado a los fiscales información sobre dos iraníes que podría hacer avanzar el caso. El entonces director de la Policía de Carabineros, general Herman Alejandro Bustamante, señaló al diario colombiano El Tiempo que su reto era "lograr la captura de estos dos extranjeros por el daño causado en el Chocó". El antiguo despacho de Bustamante confirmó la cita a los periodistas del OCCRP.

Sin embargo, la oficina de prensa de la Fiscalía aseguró a los reporteros que el proceso contra Jalali-Bidgoli y Mohit-Kermani está en la "etapa de investigación" y que no podían dar más información.