Los independentistas inician la campaña del 1-O con sus actos en el punto de mira del Gobierno

Ha comenzado la campaña electoral más tensa en Cataluña. En la noche del jueves, el bloque independentista que conforman PDeCAT, ERC y la CUP ha dado el pistoletazo de salida pidiendo el voto para el sí en el referéndum del 1-O en un acto conjunto que comenzó a las 20.00 del jueves en el recinto Tarraco Arena de Tarragona, al que asistieron el president Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los principales dirigentes de sus respectivos partidos y de las organizaciones civiles soberanistas. El Gobierno avisó por escrito al responsable del edificio de que, de tener lugar el mitin, estaría acogiendo un evento ilegal, pero éste se celebró finalmente sin ninguna traba, en presencia de más de 4.000 personas (otras 3.000 tuvieron que quedarse fuera del recinto). Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre afirman que los independentistas tienen vías para sortear eventuales prohibiciones de sus eventos durante las próximas dos semanas de campaña.

El acto en el Tarraco Arena ha sido el primero de los tres que los partidos defensores del sí en el referéndum tienen previsto celebrar conjuntamente en una campaña electoral que durará, según lo establecido por la Generalitat, del 15 al 30 de septiembre.Desde el escenario, Puigdemont se preguntó: "¿Alguien cree que el 1 de octubre no votaremos?", y los asistentes corearon ya hasta el final "¡votaremos, votaremos!" Los distintos oradores pronunciaron frases irónicas respecto a las advertencias judiciales y gubernativas acerca de la ilegalidad del acto. "¿Qué país se creen que somos? ¿Qué clase de gente se creen que somos los catalanes?", insistió Puigdemont después de que Junqueras proclamara: "Ya hemos ganado, aunque ellos no lo saben".

Tan sólo los partidos independentistas harán campaña, y a ellos se unirán las asociaciones secesionistas Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència (AMI). Los partidos defensores del no –Ciudadanos, PSC y PP– rechazan la consulta por considerar que es ilegal y no tiene garantías de ningún tipo y no tienen previsto pedir el voto en contra de la independencia, mientras que los comuns la consideran un mero acto de movilización política sin carácter vinculante.

Además de los eventos conjuntos, los tres principales partidos que defienden la opción de que Cataluña se independice también tienen pensado hacer campaña por separado. Pero el Gobierno, que insiste en que el referéndum no se va a celebrar, tiene en el punto de mira estos actos y no ha tardado en comenzar a moverse. Este mismo jueves, el Ejecutivo avisó tanto a los responsables del evento celebrado en Tarragona como a los encargados de gestionar otro acto que comenzó a las 22 horas en Badalona de que el referéndum está suspendido y, por tanto, estos mítines son ilegales, si bien ambos pudieron celebrarse sin problemas.

Un veto muy complicado

Pero, ¿tiene capacidad el Estado de vetar la realización de los actos de campaña? Los constitucionalistas consultados por infoLibre opinan que, jurídicamente, lo tiene complicado, al menos utilizando la vía del Tribunal Constitucional. "Tanto los poderes públicos como los individuos están obligados a obedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional, y es cierto que éste podría prohibir un acto de campaña como prohíbe la propaganda del referéndum. Pero los participantes en ese evento tienen derecho a ejercer su libertad ideológica, y pueden argumentar que el acto no es un acto de campaña, sino un acto en favor del derecho a la autodeterminación", explica a este respecto Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

"España no impone en su Constitución una democracia militante, y esto quiere decir que la propia Constitución ampara que se hagan manifestaciones contrarias a ella", abunda Arbós a este respecto. Por ello, "aunque el TC podría ordenar personalmente al organizador de un acto de campaña que lo cancele" en virtud de la suspensión cautelar del referéndum, "si el organizador dice que no se trata de un evento de campaña sino de un acto a favor de la independencia, el TC tendría que detenerse ahí", explica el catedrático. Y es que, señala, "en casos de duda, como puede ser éste, hay que aplicar el principio de favor libertatis", es decir, decantarse por la opción que ofrezca mayor garantía del respeto a las libertades.

Por su parte, Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), sostiene que, según su criterio, paralizar mitines o cancelar actos "excede las competencias del Constitucional", si bien admite que otros juristas interpretan que la reforma del TC de 2015 –que otorgó al Tribunal competencias para obligar a ejecutar sus sentencias– sí permiten estas actuaciones. En todo caso, señala Escudero, "los actos primero tendrían que celebrarse", ya que las sanciones, multas o inhabilitaciones que puede imponer el TC son "de carácter reactivo" y no preventivo.

Fuentes del propio TC admiten que tienen complicado intervenir en la campaña del referéndum, aunque sostienen que los actos serían ilegales porque se refieren a un referéndum ya suspendido. Pero, además, señalan que, de entrar a valorar los actos de la campaña de cara a una eventual suspensión, también tendrían que tener en el punto de mira actos como la manifestación de la Diada del pasado lunes, donde se pidió explícitamente el sí en el referéndum antes del inicio de la campaña electoral. "En una votación legal, esa manifestación no podría haber tenido lugar, porque estaba pidiendo el voto antes del inicio de la campaña", explican.

"Democracia" frente a "represión"

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No obstante, el Ejecutivo central lleva meses advirtiendo de que cualquier empresa que colabore con el referéndum declarado ilegal por el Constitucional será denunciada. Y, en el inicio de la campaña, tiene pensado intensificar los controles para que no se destine "ni un euro público" a la consulta, además de comprobar con más ahínco si la Generalitat está recibiendo financiación privada para costear los gastos de la organización del referéndum.

Por de pronto, el Ministerio de Hacienda está estudiando asumir directamente la responsabilidad de responder directamente a los gastos que reclamen los proveedores a la Generalitat, toda vez que este miércoles Cataluña rechazó seguir enviando informes semanales al Gobierno sobre sus gastos argumentando que esta medida supone "un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria".

Y este argumento utilizado por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en su carta al Ejecutivo central, será también uno de los ejes centrales de la campaña electoral de los independentistas. Un alto dirigente de la administración catalana asegura que PDeCAT, ERC y la CUP van a insistir en que celebrar el referéndum es una cuestión de "democracia" frente a "represión", un extremo que también confirman fuentes de la CUP. "Votaremos el 1-O de octubre, y no nos van a parar las amenazas", aseguró en este sentido Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT este jueves en el mitin de Tarragona.