El Gobierno sugiere a Puigdemont que “empiece a sellar la fractura” por el Parlament

El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, insistió este viernes en la necesidad de que las autoridades catalanas vuelvan a la legalidad de las instituciones y añadió que "sería bueno empezar a sellar la fractura" en el Parlament, donde están sentados los representantes de los ciudadanos y donde se debe recuperar "el diálogo" y la convivencia "rota". 

El ministro portavoz pidió como ya ha venido haciendo estos días el presidente del Gobierno que no se den "pasos irreversibles en la mala dirección". E insitió en que para establecer un diálogo es necesario hacerlo "dentro de la legalidad".

En este sentido, demandó al Govern que se sitúe "en el orden constitucional" porque la vuelta a la ley es una "condición fundamental", informa Europa Press.

Después de que el expresidente José María Aznar y un sector del PP defienda actuar ya ante la situación que se vive en Cataluña, con medidas como el artículo 155 de la Constitución, Méndez de Vigo señaló que se trata de una situación "enormemente compleja y complicada". Se tomarán medidas, subrayó, en el momento en el que sea necesario.

"El Gobierno, en ese afán de volver a la legalidad todos los días se empeña en ello y todos los días lo explica", aseguró, para añadir que "hay muchísima gente" que quiere que se vuelva a la legalidad y eso es lo que en este momento es "importante". Además, apeló a la necesidad de mantener la unidad política en este momento.

Al ser preguntado si el Ejecutivo está esperando a que se produzca una declaración unilateral de independencia para actuar, el ministro recordó las palabra de Rajoy, en una entrevista a la agencia Efe, asegurando que hará lo que crea "mejor" para España y en el momento que le parezca "más oportuno". De esas decisiones, dijo, se está hablando con el PSOE y con C's.

Al ser preguntado si el Gobierno interpretaría como un paso atrás el hecho de que hubiera una declaración de independencia aplazada, Méndez de Vigo sostuvo que es necesario volver a la senda de la legalidad porque, en caso contrario, crece es la "incertidumbre" y se producen decisiones empresariales como los cambios de sedes sociales de las empresas fuera de Cataluña.

Una política que "genera alarma"

En la misma rueda de prensa, posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros. compareció el ministro de Economía, Luis de Guindos, para informar del decreto ley que permitirá a las empresas que así lo deseen cambiar su domicilio social en un breve periodo de tiempo sin necesidad de la convocatoria de una junta de accionistas. Se trata de una herramienta, aclaró el ministro, que se ha implementado después de la petición de determinados grupos empresariales. Y que contaría con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos. 

"La política irresponsable de la Generalitat genera alarma", justificó el titular de Economía. "El Gobierno no decide absolutamente nada [...] Es absolutamente voluntario por parte de las empresas", dijo negando una alianza entre el Gobierno y los empresarios para presionar a la Generalitat. 

"Quienes tendrán que dar explicaciones, y las van a dar, son quienes toman ese tipo de decisiones", añadió.

El Gobierno da este paso cuando todavía no ha transcurrido una semana del 1-O y con la amenaza en el horizonte de que Carles Puigdemont pueda hacer una declaración unilateral de independencia de Cataluña la semana que viene. La entrada en vigor será este sábado, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado.

"Afecta a todas las sociedades que tengan su domicilio en España, independientemente de dónde sea el capital", precisó De Guindos.

Tras Banco Sabadell...

Sólo un día antes, el Banco Sabadell, que no precisó de este real decreto al permitir sus estatutos este tipo de decisiones sin reunir a la junta de accionistas, anunció que cambiaba su sede social de Barcelona a Alicante. Y los consejos de Caixabank y Gas Natural se reúnen este mismo viernes para debatir si sacan sus sedes de Cataluña.

Con este tipo de anuncios, el poder económico presiona para forzar al presidente de la Generalitat, Carles Puigemont, a dejar a un lado sus planes de hacer una declaración unilateral de independencia. 

El decreto que recibió luz verde en este Consejo de Ministros fue avanzado en la tarde del jueves por la agencia Reuters. Fuentes conocedoras del proceso aclaraban que había sido Caixabank quien habría reclamado al Ejecutivo este cambio legislativo para poder agilizar el proceso de traslado de sede social de Cataluña a otra comunidad autónoma en el supuesto de una declaración unilateral de independencia.

No obstante, aclaraban que esta vía exprés para los traslados de sede social servirá a las empresas para tomar decisiones de forma ágil si temen que la inseguridad jurídica y la inestabilidad puede afectar a sus clientes y trabajadores.

El decreto ley facilita que las empresas que quieran trasladar su domicilio social puedan realizarlo sin necesidad de que esta decisión requiera una aprobación por parte de la junta general de accionistas de la compañía. En definitiva, una fórmula para engrasar la salida de Cataluña de las empresas que así lo deseen. Fuentes conocedoras del proceso apuntan a que ha sido la propia entidad financiera la que ha reclamado este cambio legislativo. 

Técnicamente, implica un cambio en la Ley de Sociedades de Capital de 2015. Esta fija que "el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional", salvo que los estatutos digan lo contrario. Con la nueva redacción se eliminaría la salvedad de los estatutos, de forma que se facilitaría que Caixabank pueda cambiar su domicilio social sin necesidad de pasar por la junta de accionistas.

Presiones para el diálogo

Activada la vía económica, desde el Gobierno Partido Popular se sucedieron este viernes las llamadas al presidente de la Generalitat para que de marcha atrás en su intención de poner en marcha una declaración unilateral de independencia.

Así, Méndez de Vigo pidió la vuelta al diálogo y "cerrar la brecha de la confrontación en Cataluña". Algo que, destacó piden desde sindicatos a editoriales de los medios de comunicación.

En todo caso, subrayó que el Gobierno tomará las decisiones que tenga que tomar cuando las tenga que tomar.

Además, lamentó que tras las cargas policiales del 1-O se produjeran heridos.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, pidió al presidente y al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que abandonen sus cargos y den paso a las urnas "de verdad".

Por su parte, el vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, insistió en que "el Estado de derecho tiene un montón de herramientas para hacer cumplir las leyes" en Cataluña y "todas las posibilidades están sobre la mesa y hay que ponderarlas".

En este sentido, advirtió de que el pleno del Parlamento catalán previsto para el lunes y suspendido por el Constitucional no se debe celebrar y, "si no es así, el estado de derecho y el propio Gobierno tendrán que actuar en consecuencia".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente conservador consideró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no debe adelantar su "estrategia", en caso de que finalmente se produzca una declaración de independencia en Cataluña, para "no adelantar acontecimientos".

Conscientes de la división en el bloque independentista, los conservadores van a multiplicar en los próximos días sus llamadas al diálogo y a la vuelta a la legalidad. 

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"Todas las posibilidades sobre la mesa"

En esta línea, preguntado por la posibilidad de utilizar instrumentos como el artículo 155 de la Constitución o la presencia del Ejército, insitió en que "el estado de derecho tiene un montón de herramientas para hacer cumplir las leyes y la defensa de la soberanía nacional". "Todas las posibilidades están sobre la mesa y siempre hay que ponderarlas porque todas tienen efectos a corto y largo plazo", subrayó.

Sólo un día antes, Faes, la fundación liderada por el expresidente José María Aznar, emitió un comunicado en el que se instaba a Mariano Rajoy a tomar ya medidas para afrontar la situación en Cataluña o a convocar elecciones generales.