Las víctimas de Billy el Niño responden a Zoido: "No cejaremos hasta que haya justicia"

Antonio González Pacheco era un nombre que sonaba, y mucho, dentro los círculos estudiantiles de la década de los 70. Conocido con el sobrenombre de Billy el Niño, por su facilidad para desenfundar la pistola a la primera de cambio, este exagente de 67 años fue uno de los hombres fuertes de la extinta Brigada Político-Social durante el franquismo y la Transición. A las órdenes del comisario Roberto Conesa, su paso por las dependencias de la Dirección General de Seguridad estuvo marcado por sus brutales técnicas de interrogatorio. Culatazos con el arma, palizas y simulaciones de ahogamiento a los detenidos que han desembocado en los últimos años en un aluvión de querellas por tortura. Hasta la fecha, nunca ha sido condenado por estos hechos. En su expediente delictivo sólo constan un par de manchas: dos multas leves que le fueron impuestas en 1973 y 1974 por malos tratos y coacciones al profesor de la Complutense Enrique Aguilar Benítez de Lugo y al periodista Francisco Lobatón.

Tras su paso por la Político-Social, la Brigada Central de Información y la Brigada Central de la Policía Judicial, el único castigo que ha tenido que aguantar González Pacheco es el de soportar los gramos que pesa la medalla de plata al mérito policial que le concedió en el verano de 1977 el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. Este distintivo está reservado exclusivamente para todos aquellos agentes muertos o heridos de gravedad en acto de servicio, así como policías que hayan dirigido o realizado algún servicio de “trascendental importancia” o que hayan tenido “una actuación ejemplar y extraordinaria”. Y, además, lleva aparejado un plus del 15% sobre su pensión vitalicia. Un emolumento del que lleva años beneficiándose Billy el Niño y que no le ha sido retirado a pesar de que su nombre, incluso, llegó a sonar en el juicio por la matanza de los abogados laboralistas de Atocha.

Esta semana la cuestión llegó al Congreso de los Diputados de la mano de Unidos Podemos. Con algunas de las víctimas de González Pacheco sentadas en la tribuna de invitados, el enfrentamiento entre el portavoz parlamentario del grupo confederal, Pablo Iglesias, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, fue intenso. “Señor ministro, ¿ha valorado usted retirar la condecoración policial, alias Billy el Niño?”, preguntó desde su escaño el líder de la formación morada. “Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración. (…) Nadie ha solicitado oficialmente que se retire. Tampoco parece que haya justificación legal para ello. Pero también le voy a decir, no se tiene constancia que esa condecoración se le haya retirado a nadie. Cumplamos con la ley y seamos serios”, respondió Zoido, que recibió una ovación por parte de la bancada conservadora mientras las víctimas escuchaban atónitas la explicación.

“Acaban ustedes de aplaudir que se condecore a un torturador. Su Gobierno tiene competencias para retirar esa medalla, que es una ignominia para la democracia española”, replicó Iglesias, que leyó al ministro algunos testimonios de las víctimas de Billy el Niño y pidió al próximo ministro del Interior “que nombre el Partido Socialista” –en referencia a la moción de censura– que retire la medalla “a ese malnacido”. “Si todo lo que usted aquí acaba de relatar estuviese reconocido en una sentencia, ningún diputado de esta cámara podría pensar que no solo no era merecedor de la condecoración sino de que hubiese recaído sobre él todo el peso de la ley”, aseveró el titular de Interior, que señaló que “han pasado gobiernos socialistas y tampoco se la han retirado” y trató de desviar la conversación por otros derroteros ajenos al tema a debatir.

El asunto volvió a ponerse de nuevo sobre la mesa este viernes en la Cámara Baja después de que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy. En los pasillos del Congreso, y preguntado por la primera medida que solicitaría a Sánchez nada más llegar a la Moncloa, Iglesias fue claro: “La retirada de la medalla al torturador González Pacheco”. No es la primera vez que el nombre de Billy el Niño suena en la Cámara. Ya en 1981, el Grupo Parlamentario Comunista le incluyó en una pregunta parlamentaria sobre las posibles conexiones de sectores de la Policía española con comandos terroristas de extrema derecha: “Reiteradamente se señala la zona valenciana como centro operativo de estos comandos y se cita al Comisario Conesa, ex comisario superior de Policía de Valencia y ex Jefe de la Brigada de Información, como principal responsable de las conexiones establecidas en su día. Al parecer, en estos momentos, tales funciones las desempeña Antonio González Pacheco”.

“Tonterías, patochadas y payasadas”

Las víctimas de Billy el Niño se muestran indignadas con las palabras de Zoido. “Es increíble que tengamos que aguantar esas declaraciones”, apunta en conversación con infoLibre Felisa Echegoyen, que tuvo que aguantar en octubre de 1974 tres intensas jornadas de amenazas, insultos, acusaciones y palizas en las que González Pacheco llevó la voz cantante. En la misma línea se posicionan en conversación con este diario Chato Galante y Luis Suárez. El primero, que recuerda al exagente de la Político-Social como un “torturador compulsivo que le encantaba su trabajo”, afirma que nunca antes había salido de un lugar con “tanta sensación de esperpento”. El segundo, que soportó en 1973 tres largos días de “malos tratos, golpes y amenazas” de un tipo que “cuando te torturaba, le gustaba resaltar”, define la intervención de Zoido como un compendio de “tonterías, patochadas y payasadas”.

“Con las respuestas absurdas, casi rozando la provocación, que dio en el Congreso, parece que se quiere burlar de nosotros”, asevera Luis Suárez. Las víctimas comienzan reprochando que se defienda el mantenimiento de la condecoración con el argumento de que González Pacheco no ha sido condenado por estos casos, algo que consideran “un insulto”. “¡No se están permitiendo los juicios!”, critica Galante al otro lado del hilo telefónico. “[Zoido] sabe perfectamente que si no se ha condenado a este señor no es por falta de pruebas, sino porque el Estado le protege. Se ha negado a dar curso tanto a la querella argentina como a todas las que se han interpuesto en España contra Billy el Niño”, añade Suárez. Hasta la fecha, han llegado a los juzgados de Plaza Castilla hasta siete querellas diferentes contra González Pacheco por torturas. “Cinco se han archivado y están recurridas y otras dos están pendientes de la decisión de los jueces”, explica Galante.

En segundo lugar, cargan contra el argumento de que nadie ha solicitado oficialmente la retirada de la condecoración. Una afirmación que se encargó de desmentir la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pocas horas después de que el asunto fuese tratado en el hemiciclo. En un mensaje a través de las redes sociales, la ARMH hizo público un escrito, fechado el pasado 10 de mayo y dirigido a Interior, en el que exigían la retirada de una condecoración “que no merece quien cometió incontables violaciones de derechos humanos” y solicitaban que “se estudie la posibilidad de recuperar todas las cantidades” que ha percibido Billy el Niño “desde que le fuera concedida la citada medalla”. “Consideramos que desde el Gobierno no puede haber ninguna claudicación a la defensa de los principios de la democracia”, añadía la misiva.

 

¿No hay “justificación legal”?

Las víctimas del exagente de la Político-Social tampoco aceptan que desde la cartera de Interior se escuden en que “no hay justificación legal” ni tampoco antecedentes de que esa insignia se le haya retirado a nadie. “Las condecoraciones se conceden de forma discrecional, política, sin que medie ningún procedimiento”, apunta Suárez. “Claro que el Gobierno le puede retirar perfectamente la medalla”, añade con contundencia Echegoyen. Las condecoraciones policiales se rigen actualmente por la Ley 5/1964, una norma que establece los diferentes tipos de medallas –Medalla de Oro, Medalla de Plata, Cruz con distintivo rojo y Cruz con distintivo blanco–, los requisitos para que un agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueda optar a dichas insignias y los pluses en las pensiones que llevan anejas las tres primeras distinciones. Sin embargo, dicha ley no fija en ninguno de sus artículos ni el procedimiento, ni tampoco los requisitos, para la retirada de dichas insignias.

A pesar de ello, los últimos movimientos de Interior en relación con las condecoraciones dejan entrever que la decisión está en sus manos. En octubre, por ejemplo, se hizo público que la cartera que hasta este mismo viernes capitaneaba Zoido tenía intención de retirar estas distinciones a todos aquellos Mossos d’Esquadra que no expresaran de manera formal “la lealtad a los principios constitucionales”. En el caso de Billy el Niño, asegura el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz, incluso se le podría retirar con la Ley de Memoria Histórica en la mano: “[La norma] habla de la retirada de simbología, y los méritos entran dentro de ese grupo”, apunta. En concreto, la ley recoge en su artículo 15 que las Administraciones Públicas tomarán las medidas oportunas para retirar, además de escudos o placas, “otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

“No cejaremos hasta que haya justicia”

Durante su etapa en el núcleo duro de la Político-Social, por los brutales interrogatorios de González Pacheco pasaron más de un centenar de personas. “Tenemos constancia de que entre 120 y 140 personas fueron torturadas, en distintos grados, por este canalla”, señala Horacio Sainz, otra de sus víctimas y miembro de La Comuna de Presxs del Franquismo. Muchos de estos desgarradores testimonios están incluidos, además de en los procesos que se han intentado abrir en los tribunales españoles, en la famosa querella argentina, que se interpuso el 14 de abril de 2010 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires y a la que se han ido sumando con el paso del tiempo centenares de víctimas de la dictadura franquista. Una causa, la 4591/2010, que ocho años después todavía sigue viva a pesar de los obstáculos puestos desde España. “Es una lucha que merece la pena seguir”, dice en conversación con este diario Ana Messuti, una de las abogadas de la querella.

 

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El expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

El camino ha estado lleno de victorias y jarros de agua fría. En los últimos años, la jueza que instruye la causa, María Servini, ha imputado y ha dictado órdenes de detención internacional contra 20 personas, entre las que se encuentran ocho exministros franquistas –Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina, entre otros–, un excapitán de Policía, siete expolicías –entre ellos, González Pacheco–, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado. Sin embargo, todos sus movimientos se han encontrado con el inmovilismo del Gobierno y el bloqueo de la Fiscalía General del Estado a la toma de declaración ordenada desde Argentina de los querellantes y los acusados. “La causa se encuentra ahora en una etapa en la que es necesaria la cooperación de la justicia española”, comenta Messuti, que solicita que se dejen de poner “obstáculos” porque se está hablando de “crímenes de lesa humanidad” que no pueden “obviarse”.

Para Manuela Bergerot, experta en políticas de Memoria, lo que se ha visto esta semana en el Congreso es “la confirmación” de cómo el PP “protege y ampara a los criminales franquistas” y evidencia un “negacionismo” que “en otros países es delito”. En su opinión, la querella argentina ha supuesto un revulsivo en la opinión pública. “Ha generado muchísimos valores. (…) Gracias a ella se ha abierto un debate en la sociedad y la ciudadanía ha empezado a entender que hay victimarios que todavía siguen vivos y que sus denuncias nunca se han investigado”, dice Bergerot, que recuerda que para los represaliados de la dictadura el simple hecho de “ser escuchados por la justicia” ya tiene un gran “valor aliviador”. Coincide con ella Suárez, que celebra que cada vez haya “más interés en la sociedad”. Por eso, los torturados por González Pacheco se muestran fuertes y aseguran que no cejarán “hasta que haya justicia”. Porque, dicen, “si la situación no se resuelve esta democracia se derrumba”.